La conselleira del Medio Rural, María José Gómez, presidió esta mañana la toma de posesión del nuevo director general de la PAC y del Control de la Cadena Alimentaria, Juan José Cerviño Varela. En el acto, que tuvo lugar en el complejo administrativo de San Caetano, la conselleira destacó su trayectoria profesional, siempre ligada al sector primario. Por su parte, el nombrado agradeció la confianza depositada en él por la titular del Medio Rural y reafirmó su compromiso a favor del rural gallego. El Consello da Xunta ha aprobado en su reunión de hoy el nombramiento de Juan José Cerviño Varela como nuevo director general de la PAC y del Control de la cadena alimentaria, dentro de la Consellería de Medio Rural. Licenciado en Veterinaria por la USC, viene desempeñando desde principios de este año el cargo de secretario del Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga), organismo pagador de los fondos agrarios europeos, adscrito a la Consellería. Con este nombramiento, se dividen las competencias de la anterior Dirección xeral de Gandería e Agricultura, en la que continúa José Balseiros, y se crea esta nueva, centrada en la PAC y en el control de la cadena alimentaria, aspectos ambos que ganaron protagonismo en los últimos años por los cambios legislativos y de normativa. Con anterioridad, Cerviño Varela fue jefe del Servicio de Auditoría Interna del Fogga entre 2021 y 2024 e inspector de Salud Pública en el área de Pontevedra, tras ser nombrado, en el 2020, funcionario de carrera en la escala de veterinarios. Antes de esa fecha ya había tenido experiencia en el Fogga, como técnico del Servicio de Intervención de Mercados. Su trayectoria profesional en el Fogga estuvo vinculada, entre otras cuestiones, a la gestión de la tasa láctea hasta su desaparición en el 2015. A partir de entonces, y con la entrada en vigor del “paquete lácteo” y de la Ley de funcionamiento de la cadena alimentaria, realizó labores de control de los contratos alimentarios en el sector lácteo durante cinco años. En el sector privado, ejerció como veterinario clínico en ganado vacuno de leche desde 1994 hasta 2007.

Los pagos por los ecorregímenes de la PAC cubrirán en Galicia cerca de 23.000 solicitudes en la actual campaña, con un importe de casi 15 millones de euros, que se abonarán en el plazo establecido, según avanzó este miércoles la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en respuesta a una pregunta sobre esta cuestión en el Pleno del Parlamento. La conselleira explicó que pidieron estas aportaciones casi el 67% de los solicitantes gallegos de la PAC, que el importe a pagar representa en torno la un 7% del total de las ayudas de la Política Agraria Común en Galicia y que “estas aportaciones están dentro del plazo normal de pago”. Añadió que los pagos pendientes de la campaña 2023 “se efectuarán dentro del plazo fijado, antes del 30 de junio de 2024”. Todo esto, advirtió Gómez, a pesar de lo “poco atractivo” de los ecorregímens para los productores gallegos. Así, la conselleira señaló que “esta novedad de la PAC, lejos de representar un polo de captación de fondos, se instauró en detrimento de nuestra comunidad, ya que muchos de los ecoesquemas o no tienen aplicación en Galicia o cuentan con requisitos muy dificultosos de conseguir que no les compensan a las explotaciones, en consideración de los bajos importes que percibirían”.

Modificación de la PAC

Por eso, censuró el enfoque dado por el Gobierno central a esta cuestión, con una “mirada puesta en el sur de España” y sin mirar hacia Galicia. En esta línea, María José Gómez recordó que la Xunta demandó, en todas las propuestas de modificación de la PAC solicitadas al Ministerio -desatendidas, en su mayor medida- el cambio de los ecorregímenes. Así, manifestó que se procuró una postura común con las comunidades de la Cornisa cantábrica, así como con las principales asociaciones profesionales agrarias y cooperativas de Galicia, a favor de una modificación y adaptación de la PAC a la totalidad del territorio, frente a su orientación claramente “mediterránea”. En esta línea, Gómez añadió que “Galicia no sólo demanda la adaptación de los ecorregímenes, sino que también reclama su simplificación, y por eso aplicó en la convocatoria de 2023 todas las agilizaciones que permite la normativa estatal”. “Así, se redujo a un total de 90 días el período mínimo en el continuo del pastoreo; se estableció en los meses de julio y agosto el período de no aprovechamiento de las superficies de pastos permanentes y temporales objeto de siega sostenible y se consolidó un período obligatorio de cuatro meses -desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo- en el que la cubierta vegetal debe permanecer viva”, explicó.

Las protestas de agricultores y ganaderos han llevado tanto a la Comisión Europea como a los Gobiernos de la mayoría de países a reaccionar. En España, el Ministerio de Agricultura ha anunciado un paquete de 43 medidas que cuentan con el beneplácito de organizaciones agrarias como UPA o Unión de Uniones, pero que son consideradas insuficientes por COAG y Asaja. Algunos de los cambios más destacados afectan a las granjas de vacuno, modificando las últimas normativas aprobadas, bien en los plazos de su entrada en vigor o en los requisitos exigidos, flexibilizando de este modo su aplicación. Repasamos a continuación los principales cambios tanto para ganaderías de leche como de carne:   El veterinario de explotación se retrasa un año Una de las modificaciones anunciadas tendrá aplicación inmediata. Es la relativa a la designación de veterinario de explotación por parte de todas las granjas de ganado vacuno con más de 5 UGM. La obligatoriedad de nombrar a un facultativo como responsable de la granja antes del próximo día 18 de mayo se pospone un año, hasta el 1 de junio de 2025, “con el objetivo de proporcionar más tiempo a los titulares de las explotaciones para adaptarse a la normativa”, argumenta el Ministerio.

La designación de un facultativo de referencia será obligatoria a partir del 1 de junio de 2025 y desde el 1 de julio de 2025 se llevará a cabo la identificación electrónica de los animales nacidos en la granja

Asimismo, se prorroga durante un año la exigencia de contar con Plan Sanitario Integral. Se trata de un documento previsto en el Real Decreto 364/2023 que integra medidas sanitarias, de higiene, bioseguridad y uso racional de medicamentos, que deberá ser elaborado por el veterinario de explotación y que forma parte del Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones (SIGE), al que deberán adherirse las granjas de vacuno que cuenten con 20 o más UGM. Se modificará también el Real Decreto 787/2023 aplazando un año la obligatoriedad de la identificación electrónica en bovino, prevista para los animales nacidos a partir del 30 de junio de este año y que pasará a aplicarse a los animales nacidos a partir del 30 de junio de 2025. Plan de Bienestar Animal a partir de 2027 Otro de los cambios afecta a aspectos relativos a la normativa de bienestar animal incluidos en el Real Decreto 1053/2022 de Ordenación de Granjas Bovinas. El Plan de Bienestar Animal, exigible a todas las explotaciones de vacuno, se aplicará a partir de 2027 en todos los casos, eliminando su entrada en vigor con anterioridad en el caso de las granjas de nueva creación (que estaba previsto para 2026) y en las ya existentes de mayor tamaño (el 1 de enero de 2025 en las de más de 180 UGM).

El Ministerio regulará las características que deberán tener los patios exteriores al que deberán tener acceso los animales estabulados

Durante este impasse de tiempo, el Ministerio procederá a clarificar diversos aspectos de la normativa, relativos a la movilidad de los animales entre las explotaciones y el acceso a un ambiente exterior, ya que en lugares con climatoloxía adversa como Galicia la viabilidad de estos patios exteriores había sido puesta en duda por los representantes del sector.  En cuanto a las explotaciones que realizan pastoreo con sus animales, el Gobierno se compromete a la puesta en marcha de un Foro de ganadería extensiva, en el que participarán también las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas con el objetivo de que sus conclusiones sirvan para reorientar la legislación aplicable y proponer medidas para garantir la continuidad y rentabilidad de las granjas haciendo frente a desafíos sanitarios como la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica. El MAPA avanza, en este sentido, que participará en la financiación de los gastos sanitarios que se deriven del tratamiento de la EHE por parte de las explotaciones. Cuaderno digital voluntario e incentivado Como ya había anunciado el Ministerio, la puesta en marcha del cuaderno digital, prevista para el mes de septiembre de este año en explotaciones de más de 30 ha declaradas en la PAC, tendrá carácter voluntario. Se concederán ayudas tanto a la creación y prestación de servicios de asesoramiento digital a los agricultores y ganaderos, así como a la formación e intercambio de conocimientos, de modo que estos servicios sean gratuitos para los productores. Del mismo modo, el Ministerio reitera, aunque sin concretarlos, que concederá incentivos directos a los agricultores y ganaderos que utilicen el cuaderno digital de manera voluntaria, simplificando además el contenido e información que se deberá volcar en él. Más tiempo para enterrar el estiércol en las fincas En relación al Real Decreto 1051/2022 de Nutrición Sostenible de Suelos Agrícolas, el Ministerio ofrece “flexibilizar las condiciones de apilamiento de estiércoles en la explotación y la ampliación del plazo para la aplicación en el suelo mediante enterramiento”, fijado actualmente en la normativa en las 12 horas posteriores, aunque sin aclarar un nuevo plazo. Para la aplicación de purines, también se propone “flexibilizar los requisitos en determinadas zonas en donde no es posible el uso de medios de aplicación mejorados”, lo que abre la puerta a permitir la utilización de cisternas convencionales en fincas de pequeño tamaño y a autorizar como alternativa a inyectores y tubos colgantes otros sistemas como el plato invertido.

La obligatoriedad de contar con planes de abonado y analíticas de suelos se retrasa a septiembre de 2025

En cuanto a los plazos establecidos en la normativa para que las explotaciones de más de 10 ha de superficie se doten de planes de abonado, en los que se realice una estimación de los nutrientes necesarios en cada finca, se retrasa un año esta obligación, de modo que queda establecida a partir de septiembre de este año para granjas situadas en zonas vulnerables a nitratos y a partir de septiembre de 2025 en el resto de los casos. Tal como se recoge en la normativa, el plan de abonado deberá contar con análisis de suelo de cada parcela así como con analíticas sobre la composición de los abonos orgánicos que se apliquen. También se aplaza un año la necesidad de contar con asesoramiento técnico, de forma que las explotaciones situadas en zonas no vulnerables deberán contar con un asesor en fertilización (o en su caso con una aplicación informática validada oficialmente) a partir del 1 de septiembre de 2026.

Marcha atrás en la condicionalidad reforzada y modificación de los ecorregímenes de la PAC

Se podrá sembrar durante tres años maíz y en el cuarto rotar con pradera Otro de los bloques principales en los que el Ministerio actuará para satisfacer las demandas de los productores será en la aplicación de la PAC, mediante diversas modificaciones del Plan Estratégico español (PEPAC). Estos cambios tocan algunos de los aspectos clave introducidos para el nuevo período 2023-2027, como son el cumplimiento de la condicionalidad reforzada para el derecho a cobro de las ayudas, de la que se exime a las granjas de menos de 10 ha y se suaviza para el resto de explotaciones, o los incentivos establecidos mediante prácticas beneficiosas para el medio ambiente (ecorregímenes), cuyos requisitos se vuelven también menos exigentes.

De la exención de la condicionalidad reforzada en las explotaciones de menos de 10 hectáreas se beneficiarán 345.000 productores, más de la mitad del total de perceptores de la PAC en España

Algunos de estos cambios (como las excepciones establecidas a la cobertura mínima del suelo en tierras de cultivo, la eliminación de la obligatoriedad de mantener un 4% de superficie no productiva o los cambios en las rotaciones de cultivos exigidas) tienen efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024, por lo que se aplicarán ya a la actual campaña de solicitud de la PAC de este año, que ya está en marcha. Rotación de cultivos El cambio más significativo para las explotaciones lácteas gallegas se introduce en la BCAM 7 sobre rotación en tierras de cultivo, de forma que se da la posibilidad de cumplir con esta exigencia bien mediante la rotación de cultivo en la parcela tras tres años del mismo cultivo o bien mediante la diversificación, con los mismos umbrales de cultivos principales definidos para el pago verde en el período PAC anterior.

No será necesario dejar un 4% de la superficie sin cultivar para poder cobrar la PAC

En caso de que la explotación opte por la rotación, el año de referencia para comenzar a computar será 2023 en vez de 2021, de modo que una granja podrá sembrar únicamente maíz en la misma finca en 2023, 2024 y 2025 siempre que rote en 2026. Asimismo, se admitirá el uso de un cultivo secundario dentro del mismo año (por ejemplo una rotación intraanual maíz-hierba) para cumplir en una campaña con el requisito de rotación sin que la explotación haya tenido que hacer uso de este cultivo secundario en las dos campañas anteriores, tal como se establecía hasta ahora.

La obligación de rotación de cultivos se iguala a las condiciones del pago verde anterior

En cuanto a los ecorregímenes, el porcentaje de elementos no productivos necesarios para el cobro del ecorregimen de islas de biodiversidad se reduce del 7% al 4% de la superficie de pastos la explotación. Del mismo modo, para cumplir con los requisitos fijados en el ecorregimen de siega sostenible, el ganadero podrá decidir el período de 2 meses en el que no realizará la siega y no se limitará el número de cortes fuera de ese período. Una única inspección anual por granja El Ministerio propondrá a la Comisión Europea que se elimine la obligación de que los agricultores tomen fotos georreferenciadas de las distintas parcelas para demostrar el estado de sus cultivos, por lo que cuando la Administración responsable (en el caso de Galicia el FOGGA) requiera estas fotos para realizar un control, su envío será voluntario, y en caso de negarse el agricultor a realizar esta tarea, la Administración deberá realizar el control por otros medios. Cuando haya indicios de incumplimiento, se descontará la parcela objeto de la incidencia, sin que se apliquen penalizaciones.

Los titulares de las explotaciones no tendrán obligación de enviar fotos georeferenciadas de las parcelas para demostrar los cultivos existentes

De igual forma, se pretende que las comunidades autónomas alcancen el compromiso de coordinar a sus servicios de inspección de manera que se unifiquen todos los controles a realizar en una explotación en una única visita que concentre los distintos aspectos a comprobar, con independencia del tipo de control y normativa de aplicación. A nivel fiscal, los ecorregímenes mantendrán su exención de tributación hasta 2027 y se ampliará de 20.000 a 25.000 euros el límite de cobro de ayudas de minimis para agricultura y ganadería tanto a nivel de subvenciones convocadas a nivel estatal como de comunidades autónomas u otras administraciones.

La Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia considera que los acuerdos alcanzados ayer en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE para flexibilizar las exigencias medioambientais de la nueva PAC son "un paso en la buena dirección pero es obvio que sigue quedando muchísimo trecho para satisfacer las demandas de Galicia". En concreto, desde el departamento que dirige José González valoran positivamente la simplificación de ciertos aspectos de la PAC, "que como señaló Galicia desde el comienzo de su negociación presentaba dificultades que la hacían muy difícil de cumplir y dificultaban la viabilidad de las explotaciones". Sin embargo, desde la Consellería lamentan que "hoy estamos muy lejos de lo que aseguró ayer el ministro Luis Planas: tener reglas claras y seguridad jurídica para los agricultores y ganaderos". "Mas bien al contrario", advierten. Así, subrayan que "estamos en el ecuador del plazo de solicitud única de las ayudas de la PAC y no tenemos la certeza de las modificaciones que se van a adoptar ni cuales de ellas van a ser ya efectivas en la campaña 2024". Además, desde Medio Rural recuerdan que 2la aplicación informática SGA empleada por los beneficiarios de la mayoría de las Comunidades Autónomas y desarrollada por el Gobierno a través del FEGA, no contempla los cambios normativos que se están produciendo, por lo que nos genera una obvia preocupación cerrar estas solicitudes sin estar plasmados los cambios" . "Tampoco sabemos, por ejemplo, si la modificación propuesta para reducir la necesidad de fotografías geoetiquetadas va a tener vigencia en esta campaña, y además, remarcar que resulta insuficiente para las explotaciones gallegas, que en algunos casos tendrán que volver a presentar cientos de imágenes de este tipo", añaden. Ante esta situación, la Xunta considera que "hoy tiene todo el sentido volver a reclamar una moratoria temporal de las políticas comunitarias cuestionadas en este proceso mientras se terminan de perfilar estos cambios y determinan su profundidad (que, por el bien del sector, deben alcanzar el nivel de estructurales)".

"Hay que ajustar los ecorregímenes a la España húmeda"

Por otra parte, desde lo gobierno gallego echan en falta "mucha más contundencia en estas negociaciones por parte del Gobierno central, al que también le insistimos en pedir atención a lo que reclaman CCAA cómo Galicia ante la modificación del nuevo Pepac, en cuestiones tan fundamentales como ajustar los ecorregíimenes a la España húmeda" Como resumen, la Consellería de Medio Rural concluye que "es absolutamente necesario seguir trabajando en Bruselas y Madrid para revertir la tendencia de aumento de la burocracia soportada por nuestras explotaciones, en una tendencia al alza en los últimos años y que fue acentuada con el nuevo Pepac. Un plan que también acusa una clara vocación mediterránea que el Gobierno debe corregir para adaptarse a las particularidades de Galicia y el resto de comunidades de la cornisa cantábrica, con las que la Xunta avanza en una hoja de ruta compartida con las organizaciones agrarias y cooperativas gallegas". .

La Consellería de Medio Rural ha publicado hoy la orden que regula la convocatoria 2024 de las ayudas de la PAC en Galicia. La orden recoge tanto las ayudas directas a las explotaciones (ayuda básica a la renta, ayuda redistributiva complementaria, ecorregímenes, ayudas asociadas, etc.) como las medidas de desarrollo rural (pagos a zonas con limitaciones naturales, agroambientales comprometidas en el 2023, etc.). Las ayudas siguen la línea del año pasado, cuando arrancó el nuevo periodo de la PAC 2023-2027. Este año, como novedades principales, Medio Rural hace algunas precisiones sobre los ecorregímenes, sobre la normativa de condicionalidad y aclara la cuantía 2024 de los pagos para zonas con limitaciones naturales. Ecorregímenes En relación a las prácticas de los distintos ecorregímenes, la Consellería subraya las siguientes cuestiones:

• Pastoreo extensivo: se reduce a 90 días el período mínimo no continuo de pastoreo. El pastoreo de todas las parcelas se registrará en el cuaderno de explotación indicado en la web del Fogga.
• Siega sostenible: el período de no aprovechamiento de las superficies de pastos permanentes o temporales objeto de siega se establece en los meses de julio y agosto.
• Islas de biodiversidad en superficies de pastos: para mantener la superficie en buenas condiciones agrarias a partir del 31 de agosto, la actividad principal de mantenimiento será la siega, que deberá declararse en la solicitud única.
• Cubiertas vegetales espontáneas o sembradas: se establece un período obligatorio de 4 meses que va del 1 de diciembre de 2023 a 31 de marzo de 2024 en que la cubierta vegetal debe permanecer viva.
Condicionalidad reforzada La principal novedad es que en la norma 4 de las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales se establece que el ancho mínimo de las franjas de protección de los cauces fluviales (sin trabajar) sea de 5 metros, excepto en el caso de los canales de riego, en que podrá ser de 1 metro. Zonas con Limitaciones Naturales El importe de la ayuda será de hasta 280 euros por hectárea en las zonas con limitaciones naturales de montaña y de hasta 210 euros por hectárea en las zonas con limitaciones naturales distintas de montaña. Estos importes serán decrecientes en función de la superficie indemnizable, según se indica: la) A las primeras 5 ha les corresponde el 100 % del importe. b) Entre más de 5 ha y 25 ha incluida, el 75 %. c) Entre más de 25 ha y 100 ha incluida, el 50 %. d) A partir de más de 100 ha no se concede ayuda.

Petición de subsanación de “errores, negligencias y retrasos”

Un día antes de la publicación hoy la convocatoria de ayudas de la PAC, el Sindicato Labrego Galego (SLG) organizó una rueda de prensa para transmitir su malestar con la gestión de las ayudas europeas por parte de la Xunta. Estos son los principales puntos que cuestionaron Ana Rodríguez, Brais Álvarez y María Ferreiro (SLG):

• Retrasos “A día de hoy, ninguna explotación en Galicia cobró un euro de los ecorregímenes 2023”, cuestiona Ana Rodríguez, ganadera de leche y economista del Sindicato Labrego. “En cuanto a las agroambientales y a las ayudas de incorporación y planes de mejora, tuvimos que esperar hasta estos primeros meses del año para que se hayan resuelto. Pensamos que esta situación es una negligencia por parte de la Consellería”, critica Ana.
• Cierre de la convocatoria de nuevas agroambientales y ayudas de ecológico “Desde la Consellería hay una falta de transparencia sobre la convocatoria de este año -explicaba ayer Ana Rodríguez-, pero por el ‘me dijo, me dijo’ sabemos que no se van a convocar ayudas de agroambientales y de ecológico en el 2024. Es decir, aquellas granjas que fueran beneficiarias por la convocatoria del 2023 sí tienen comprometidos apoyos por 5 años, pero por ejemplo, no hay apoyos para nuevos productores que se quieran pasar este año a ecológico”, detalla la organización agraria. Así las cosas, “¿quién va a hacer el cambio a ecológico sin apoyos?”, se pregunta el Sindicato, que recuerda que la Comisión Europea marcó el objetivo de lograr un 25% de producción ecológica en la UE para el 2030.
• Errores en la clasificación de granjas prioritarias, lo que lleva a la pérdida de ayudas para zonas con limitaciones naturales. - Personas con 65-67 años. “Cuando una persona se jubila, su explotación pierde la categoría de prioritaria, pero eso a día de hoy no pasa a los 65 años, sino a los 66-67 años. Sin embargo, se le está quitando la calificación de prioritaria a las granjas cuando su titular cumple 65 años, lo que lleva a que pierda las ayudas para Zonas con Limitaciones Naturales durante un par de años”, cuestionan. - Personas jóvenes. “Para acceder a los pagos de alta montaña, se le pide a las personas jóvenes que estén en una granja prioritaria y que demuestren ingresos de la ganadería del año anterior, pero si son personas que se incorporan este año, no tuvieron ingresos del año anterior. Debería ser suficiente con que la granja demuestre esos ingresos, pero no la persona joven”, piden en el Sindicato Labrego.
• Correcciones en las bases de planes de mejora y ayudas de incorporación de personas jóvenes El Sindicato Labrego asegura haber detectado numerosas lagunas y errores en las bases de los planes de mejora. “Eso se está solucionando con instrucciones internas, pero volvemos a lo mismo, la falta de transparencia. Deberían publicarse las correcciones que fueran necesarias”, piden. La organización agraria advierte también de que detecta de nuevo el riesgo de que personas jóvenes que se quieran incorporar queden fuera de ayudas por falta de presupuesto. “En el 2022, hubo más de 70 personas jóvenes a las que se les denegó la ayuda de incorporación. Con el problema de falta de relevo que tenemos en el campo, nos parece una situación increíble”, cuestionan.
• Petición de solución para las ayudas de la Covid a las granjas de carne con menos de 10 vacas Tras la sentencia judicial que reconocía el derecho de las granjas de carne con menos de 10 vacas a cobrar ayudas de la Covid, el Sindicato Labrego señala que la Consellería aún no les comunicó como pretende cumplir la sentencia. Por ese motivo, solicitaron en el juzgado que inste a la Xunta a la ejecución de la sentencia.

Las movilizaciones convocadas hoy en toda la Cornisa Cantábrica por las organizaciones agrarias han contado con diez concentraciones en Galicia, en las que se juntaron alrededor de 3.000 productores y unos 600 tractores, según los datos de las organizaciones agrarias. Las principales movilizaciones se han desarrollado en Santiago y en las capitales provinciales de Lugo, A Coruña y Ourense, junto a protestas más locales en A Gudiña (Ourense), Pedrafita y Ribadeo (Lugo), Ortigueira y Vimianzo (A Coruña), y Lalín (Pontevedra). Las protestas, que siguen la línea de las que se están desarrollando a nivel estatal, ponen el foco en la burocracia y en las exigencias que generan las nuevas normativas. Tractores en la concentración de A Coruña. “Son obligaciones que nos imponen burocracia y aumento de los costes de producción, pero que no generan ningún beneficio ni para los animales ni para los alimentos que producimos. Es seguir ofreciendo el mismo producto, con el mismo bienestar animal, pero con más gastos y más papeleo”, resume José Manuel Liste, un ganadero de Trazo que atendió a los medios de comunicación en la concentración de Santiago.

"Vamos a seguir ofreciendo el mismo bienestar animal y la misma calidad de alimentos. Las nuevas exigencias sólo aumentan gastos y papeleo" (José Manuel Liste, ganadero)

En Santiago, se concentraron alrededor de la Xunta medio centenar de tractores llegados de la comarca compostelana y Ordes. Las organizaciones agrarias convocantes, Unións Agrarias, Sindicato Labrego y Asaga (Asaja), aprovecharon para entregar un escrito con la tabla reivindicativa en la Xunta, igual que se hizo en las subdelegaciones del Gobierno en Ourense y Lugo y en la Delegación del Gobierno en A Coruña. Concentración en Santiago ante Medio Rural. El decálogo de demandas del sector se resumen en cuatro puntos principales:

• Precios que cubran costes de producción. Las organizaciones convocantes apelaron a la creación de observatorios de precios que marquen unos costes de producción mínimos, por debajo de los cuales no puedan bajar los precios.
• Eliminación de los decretos de nutrición sostenible de suelos, de ordenación de granjas y del cuaderno digital. Este último ya se comprometió a modificarlo el Ministerio, en el sentido de convertirlo en voluntario. En cuanto al decreto de nutrición de suelos, las organizaciones agrarias reclaman que se vuelva a permitir la aplicación de purines con plato. “La actual normativa no está pensada para Galicia ni para la Cornisa Cantábrica. Refleja un profundo desconocimiento de nuestra realidad y dispararía los costes de la maquinaria”, valoran.
• Cambios en la PAC y de los ecoesquemas, para acomodarlos a las necesidades de la Cornisa Cantábrica. “Es necesaria una PAC para las personas, no para los territorios”.
• Control de los acuerdos de libre comercio y exigencia a los productos importados de los mismos requisitos que se le piden a los de aquí.

Concentración ante la subdelegación del Gobierno, en Lugo. Valoraciones de las organizaciones agrarias El sentir común del sector es que existe una burocratización que está creando problemas donde no existían. “La Administración tiene que favorecer el trabajo en el campo, no obstaculizarlo”, resumía Félix Porto, de Unións Agrarias, en la concentración de Santiago. Por parte del Sindicato Labrego, Xulio Fernández tachó de “muy agresiva” la nueva normativa y señaló que los trámites administrativos están aumentando los costes. Como elemento principal, tanto Félix Porto como Xulio Fernández apelaron a la creación de índices autonómicos de costes de producción, de manera que esos índices permitan fijar un suelo de los precios agrarios. “Es cierto que el Ministerio y Europa tienen la mayor responsabilidad en las nuevas normativas, pero la Xunta tiene transferidas las competencias en agricultura y tiene capacidad de hacer más”, valora Félix Porto.

"En Galicia tiene que permitirse la aplicación de purines con plato, la nueva normativa no tiene sentido"

Por parte de Asaga, integrada en Asaja a nivel estatal, Francisco Bello insistió en reclamar también precios y políticas justas: “Pero lo más importante es defender la dignidad de vivir en el rural y producir alimentos. Es muy fácil legislar desde los despachos, pero la ciudadanía debe conocer la verdadera situación en la que estamos. El futuro de la agricultura y de la alimentación está en grave riesgo en Europa y la UE tiene que replantearse sus políticas. Esta no es la PAC que necesita Galicia, que está asfixiando a miles de explotaciones”, concluyó. En Lugo, el sector se manifestó a pie entre la Delegación de la Xunta y la subdelegación del Gobierno. Reunión europea el 26 de febrero A las protestas de hoy, se espera que le sigan nuevas convocatorias en próximos días. El 26 de febrero se celebra una cita trascendente a nivel europeo, donde los ministros de Agricultura de todos los países debatirán sobre la situación y posibles medidas. En función de lo que suceda ese día, el sector tomará decisiones. Tractores ante la Delegación del Gobierno, en A Coruña. https://www.campogalego.es/lalin-sale-calle-para-defender-al-sector-agroganadero/

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado hoy un paquete de medidas para atender a las demandas de agricultores y ganaderos, que desde hace semanas se están movilizando a nivel de toda España. Planas se reunió esta tarde con las organizaciones agrarias Asaja, Upa y Coag, con las que comprometió una serie de cambios. “Escuchamos y damos respuesta. Pero los sentimientos e inquietudes del campo tienen que transformarse en cuestiones concretas que seamos capaces de resolver”, valoró Planas. “Las protestas de agricultores y ganaderos nacen de preocupaciones legítimas y respetamos toda protesta pacífica. El problema -valoró Planas- son las interferencias políticas espúreas”. En rueda de prensa tras el encuentro con las organizaciones agrarias, Planas subrayó que este primer paquete de medidas se seguirá trabajando en reuniones técnicas, así como en próximos encuentros con las comunidades autónomas y a nivel europeo el 26 de febrero. Las medidas concretas ya comprometidas por el Ministerio son las siguientes:

1) Simplificación de la PAC y de las normativas

• El cuaderno digital pasa a ser voluntario, en lugar de obligatorio. Agricultura habilitará incentivos para promover su uso, pero no será una cuestión obligatoria. Quedan por definir qué tipo de incentivos decide el Ministerio. “Hay que decir que el cuaderno digital es algo fundamental para el campo, pues nos permite llevar un control sobre aspectos como el uso de fitosanitarios. La cuestión es que tenemos muchos tipos de explotaciones diferentes, también pequeñas explotaciones”, valoró Planas. “Por eso decidimos hacer su uso voluntario, aunque estoy convencido de que el cuaderno digital se popularizará en el campo al nivel del que tiene un smartphone hoy en día”, comparó.
• Flexibilización de la normativa de condicionalidad de la PAC 2024. El ministro aludió a la flexibilización de los requisitos 7 y 8 de las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales, que abordan la rotación de cultivos y las superficies no productivas. Queda por ver el detalle de los compromisos y si Bruselas los valida.
• Eliminación de las fotos georreferenciadas de las parcelas en la declaración de la PAC. “Es necesario que haya una correcta justificación del destino de los fondos públicos de la PAC, pero también hay que eliminar requisitos superfluos”, opina Planas al respecto de esta medida.
• Régimen simplificado de la PAC. “Le propondremos a la Comisión Europea el día 26 que se ponga en marcha un rexime simplificado de la PAC, con menos requisitos, para los beneficiarios que cobren menos de 5.000 euros”, señaló el ministro.
• Ampliación del catálogo de ecoesquemas en zonas áridas, donde menos se solicitaron ecoesquemas. “Tres de cada cuatro explotaciones solicitaron ecoesquemas y vamos a gastar el 100% de los fondos en esa partida, lo que no pueden decir muchos Estados miembros, pero sí es cierto que en las zonas áridas detectamos que hay problemas para entrar en los ecorreximes”, reconoció Planas.
• Veterinario de explotación. El ministro anunció la convocatoria de un foro de ganadería extensiva para abordar la normativa del veterinario de explotación, que preocupa en el sector.

2) Reforzamiento del control de la cadena alimentaria

El ministro abogó por una mayor coordinación con las comunidades autónomas, “que tienen que asumir su responsabilidad en la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria”, valoró Planas. En cuanto a medidas concretas, el ministro señaló las siguientes:

• La Agencia de Información y Control Alimentario (Aica) eleva su rango al nivel de agencia estatal y contará con más medios materiales y humanos. El objetivo es aumentar las inspecciones y controles de oficio.
• Se publicarán las sanciones totales acumuladas por empresa en la categoría de sanciones graves o muy graves. “Es una medida pedagógica que preocupa a las empresas, pues el daño reputacional es importante”, valora el ministro.

3) Controles en frontera

• Reorganización de los controles en frontera para mejorar la eficacia de los controles. “No es cierto que no haya controles, como he escuchado estos días, pero hay que mejorarlos”, valoró Planas.
• España vetará la entrada de frutas o hortalizas en las que se detecten residuos de productos fitosanitarios no autorizados en la UE, con independencia del volumen de estos residuos. El Gobierno defenderá además en los foros internacionales que las clausulas espejo se apliquen de manera generalizada en la UE, es decir, que los productos que se importan tengan que cumplir los mismos requisitos que los producidos en la UE.

Relevo generacional

El Ministerio de Agricultura anuncia una Conferencia Sectorial con los consejeros de las comunidades autónomas para abordar la cuestión del relevo generacional, uno de los problemas estructurales que arrastra el agro. Más información: Puedes leer en la web del Ministerio la nota de prensa que han emitido después de la reunión con las organizaciones agrarias, en la que detallan el paquete de medidas acordado. https://www.campogalego.es/tractoradas-el-martes-20-para-urgir-medidas-adicionales-para-galicia-en-purines-y-ecorregimenes/ https://www.campogalego.es/la-comision-europea-confirma-la-exencion-del-barbecho-en-la-pac-en-2024/

Cata de tomates en el Ministerio, tras la reunión entre Luis Planas y las organizaciones agrarias El ministro de Agricultura, Luis Planas, está dispuesto a “seguir trabajando con las organizaciones agrarias y el conjunto del sector en la búsqueda de soluciones para asegurar la rentabilidad y la competitividad de las explotaciones”. Así se lo ha trasladado este viernes a los sindicatos agrarios Asaja, COAG y UPA, con los que ha mantenido un encuentro. Pero las palabras del ministro no impedirán que las protestas de agricultores que en las últimas semanas se han extendido por varios países europeos lleguen también a España. Los sindicatos agrarios reiteran sus peticiones y mantendrán el calendario de movilizaciones mientras negocian con el Gobierno medidas concretas. “Se abre un proceso de negociación de los distintos temas pero no hay cambios en las movilizaciones previstas, no vamos a dejar de manifestarnos; no vamos a hacer esta negociación sin la presión necesaria”, ha avanzado tras la reunión con el ministro Miguel Padilla, secretario general de COAG.

Se abre un proceso de negociación de los distintos temas pero no hay cambios en las movilizaciones previstas

A nivel estatal, los sindicatos urgen a “corregir las deficiencias de la Ley de la Cadena Alimentaria en un plazo brevísimo” y a “buscar solución a la falta de infraestructuras y dotaciones de riego para seguir produciendo pesa a la sequía”. También a revisar las franquicias de los seguros agrarios para “convertirlos en herramientas seguras” y a hacer frente a los problemas de relevo generacional en el sector. “Dentro de 10 años 6 de cada 10 personas activas a día de hoy en la agricultura se habrán jubilado”, alertan. “Asfixia normativa” Los sindicatos agrarios exigen también cambios a nivel europeo y han demandado el “compromiso del Ministerio para mediar ante Bruselas”. “O se cambia la política agraria europea o se va a destruir a los profesionales agrícolas porque se está legislando de espaldas a la realidad del sector”, aseguran. Junto con el Ministerio, se creará una mesa de trabajo para tratar de flexibilizar la PAC. “Tenemos una asfixia normativa y el ministro ha reconocido esa asfixia”, asegura Padilla. “Simplificar no significa dejar de cumplir, pero si hacerlo de manera más sencilla”, ha aclarado sin embargo Luis Planas.

El agro teme que el acuerdo de libre comercio con Mercosur suponga una entrada masiva de carne de vacuno de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

Asaja, COAG y UPA denuncian al mismo tiempo la “hipocresía de la política europea, que no exige los mismos requisitos a los productos que vienen de fuera” y en relación al acuerdo de libre comercio con Mercosur aseguran que “puede provocar una invasión total de carne de vacuno de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay”. En el sector existe también preocupación de cara a la primavera con la enfermedad de la EHE en vacuno. Se mantiene la bonificación al gasóleo agrícola Una de las medidas que los sindicatos han logrado arrancar al ministro de Agricultura, al igual que ha sucedido en países como Francia o Alemania, es el compromiso para el mantenimiento de las ayudas fiscales al gasóleo agrícola. Luis Planas ha confirmado, en este sentido, que  el Gobierno mantendrá la devolución del impuesto especial de hidrocarburos esta legislatura. En relación a la PAC, la Comisión Europea propone permitir a los agricultores de la UE acogerse a derogaciones para el año 2024 de las normas de la Política Agrícola Común que les obligan a mantener zonas no productivas.

El Ministerio respalda una transición justa a un modelo sostenible de producción

En concreto, la norma BCAM 8, incluida en la PAC, exige dedicar el 4% de la tierra cultivable a áreas o elementos no productivos, lo que se refiere a tierras en barbecho pero también a elementos como setos o árboles. La Comisión ofrece la posibilidad de que todos los agricultores de la UE queden exentos de este requisito este año manteniendo su derecho a recibir el pago directo básico de la PAC. La medida será votada en los próximos días por los Estados miembros. Después de eso, la Comisión procederá a la adopción formal. El Reglamento se aplicará retroactivamente a partir del 1 de enero de 2024 y los Estados miembros que deseen aplicar la excepción a nivel nacional deben notificarlo a la Comisión en un plazo de 15 días para que los agricultores puedan ser informados lo antes posible.

Las protestas en Galicia, para después de las elecciones

Reunión de los conselleiros de Medio Rural e Infraestruturas, José González y Ethel Vázquez, con los sindicatos Unións Agrarias, Sindicato Labrego Galego, Asociación Agraria de Galicia y Asociación Galega de Cooperativas, han cerrado este viernes la “unidad de acción” con el objetivo de programar un calendario de movilizaciones conjunto y una tabla de reivindicaciones en la defensa de los intereses y derechos del sector productor. Estas organizaciones entienden que “sobran motivos para la movilización” y hacen un llamamiento a todos los agricultores y ganaderos a sumarse, pero retrasan las protestas a después de las elecciones gallegas, que tendrán lugar el 18 de este mes. Los sindicatos y las cooperativas aseguran que existen “motivos más que de sobra para que el sector productor salga a la calle”, así como un contexto, tanto a nivel europeo como estatal, en el que la agricultura y la ganadería gallega “no puede mantenerse al margen”, pero, al mismo tiempo, manifiestan su rechazo a “mezclar” movilizaciones y citas electorales, por lo que retrasan cualquier acción hasta que pasen los comicios autonómicos.

La agricultura y la ganadería gallega no puede mantenerse al margen de las protestas pero rechazamos mezclar movilizaciones y elecciones

La entrada en vigor de la nueva normativa de nutrición de los suelos agrarios, que limita la aplicación de purines y obliga a hacer inversiones “inasumibles” para muchas granjas familiares; los nuevos requerimientos en materia sanitaria, como la obligatoriedad de contar con un veterinario de explotación; o la aparición de nuevas amenazas, como la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) en el ganado vacuno o la flavescencia dorada de la vid son algunos de los problemas que más preocupación están generando en el sector productor. La Xunta apunta hacia arriba Siguiendo la misma estrategia que está llevando en los últimos años ante la mayoría de los problemas que afectan al sector, la Xunta se está limitando nuevamente en este caso a dar la razón a las organizaciones agrarias y a trasladar la responsabilidad al Ministerio y a la Unión Europea a la hora de dar solución a los problemas planteados por los productores. Este mismo viernes el conselleiro del Medio Rural, José González, mantenía una reunión con las organizaciones agrarias, con las que dijo compartir su preocupación, e instó al Gobierno de España a actuar, rechazando al mismo tiempo cualquier acto violento que se pueda producir en las protestas.

La consellería considera “evidente” el descontento común en toda Europa porque “Bruselas legisla de espaldas“ al sector

Añadió que “resulta evidente que hay un descontento común a toda Europa, por algo que desde Galicia se lleva mucho tiempo tratando de hacer ver al propio ministro Luis Planas. Esto es, que Bruselas legisla de espaldas a los agricultores y ganaderos imponiendo burocracia y exigencias de todo tipo que no respetan el papel decisivo del ámbito primario en la producción de alimentos y en la consecución de una verdadera soberanía alimentaria europea”, aseguró. Sobre las demandas del sector primario, González trasladó que “la Xunta lleva ya tiempo apoyando medidas como la flexibilización, que no eliminación, de los requerimientos ambientales de la PAC y la adaptación de los ecorregímenes a la realidad de Galicia”.

La Xunta apoya la flexibilización, "que no eliminación", de los requerimientos ambientales de la PAC

Además, recordó que desde la Xunta también se aboga por “evitar innecesarias cargas burocráticas a las explotaciones, como el Cuaderno Digital”, y que el Gobierno gallego ha reclamado al Ministerio el cumplimiento de la prohibición de la venta a pérdidas recogida en la Ley de la Cadena Alimentaria, así como la necesidad de mantener la bonificación al gasóleo agrícola, entre otras cuestiones.

El Fondo Español de Garantía Agrícola (FEGA) ofreció recientemente datos que relacionan el número de personas cotizantes a la Seguridad Social Agraria, bien porque estén dadas de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) o en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA), con el número de solicitantes de las ayudas de la PAC correspondiente a la campaña 2023. Según el FEGA solamente el 41,57% de los solicitantes de la PAC 2023 en España tienen la condición de cotizantes a la Seguridad Social Agraria, siendo el caso más extremo el de Castilla-La Mancha, en donde apenas el 25,12% de los perceptores cumplen esta condición, es decir, que de las 97.013 personas solicitantes de la PAC en esta comunidad solo 24.374 están dadas de alta como cotizantes agrarias. En situación parecida se encuentra Andalucía, donde de las 219.523 personas solicitantes tan sólo 60.217 cotizan a la agraria, esto es el 27,43%. Ligeramente por encima del 30% se encuentran la Comunidad Valenciana y Extremadura.

Galicia es la única comunidad en la que hay más personas cotizantes de la Seguridad Social Agraria que solicitantes de la PAC

"Galicia es el único caso en el que se da que hay más personas cotizantes que solicitantes. Siendo el número de cotizantes de 24.511 y el de solicitantes 24.395, esto significa en términos porcentuales el 100,48%. Situación que tiene su explicación porque la mayoría de las explotaciones agropecuarias gallegas son de carácter familiar, donde mayoritariamente, si la explotación esta regida por una pareja, lo más normal es que estén los dos dados de alta y la solicitud se haga a nombre de uno de ellos, incluso se dan casos de tres cotizantes por explotación, el matrimonio con un hijo o hija incorporada, situación que como se ve no se da en el resto del Estado español, incluso entre las comunidades del arco cantábrico”, explica Manuel Da Cal, coordinador de la Federación Rural Gallega.

La condición de agricultor activo no ha sido bien resuelta y debería revisarse

“Desde la FRUGA reclamamos que por parte de las Administraciones públicas se corrija esta anomalía. Del Gobierno gallego demandamos que inicie las conversaciones necesarias delante del Gobierno español para cambiar las condiciones para definir apropiadamente la figura de persona beneficiaria del cobro de los pagos directos de la PAC, recayendo exclusivamente sobre todas aquellas personas que puedan demostrar su condición de agricultor o agricultora a título principal, profesional o activo agrario mediante el alta en la Seguridad Social Agraria”, solicitan. De esta manera un total de 636.669 solicitantes de la PAC en España que no acreditan estar dados de alta en la Seguridad Social Agraria quedarían excluidos, “dándose la posibilidad de acrecentar los importes a cobrar por parte de las personas que sí demuestran su condición de profesionales del sector agropecuario”, razona Da Cal. Agricultor activo si el 25% de los ingresos procede de la actividad El Real Decreto 1048/2022 de 27 de diciembre de 2022 establece la normativa básica de las intervenciones en forma de pagos directos, aplicable para el período 2023-2027, y en el que se determinan los requisitos comunes para tener derecho al cobro de las ayudas de pagos directos de la PAC, y dentro de ellos quien ostenta la calidad de beneficiario, para lo cual es necesario ser agricultor o agricultora activa. Es decir, ser titular de una explotación agraria situada en el Estado español y además cumplir una de las siguientes condiciones: a) Que los ingresos agrarios superen el 25% de los ingresos totales b) Que la persona física o los socios en atribución de rentas estén dados de alta en la Seguridad Social Agraria (RETA o SETA) con actividades relacionadas con el sector agroalimentario.

Desde la Fruga siempre hemos defendido que las ayudas de la PAC tendrían que ser cobradas por las personas que se dedican a la actividad agraria profesionalmente

“En el momento en el que estuvieron a debate las condiciones de la PAC para el período 2023-2027 este fue un asunto de gran controversia, el de quien debería tener derecho a cobro de las ayudas de la PAC, y no resuelto adecuadamente a nuestro entender, como ahora los dados vienen a demostrar”, asegura Da Cal. “Desde la Fruga siempre hemos defendido que las ayudas de la PAC tendrían que ser cobradas por las personas que se dedican a la actividad agraria profesionalmente, y lógicamente se entiende que toda persona que figura de alta en la Seguridad Social Agraria cumple esta condición”, argumenta.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha coordinado el pago de más de 3.475 millones de euros de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a los primeros pagos de la nueva PAC 2023-2027, que entró en vigor el 1 de enero de 2023, cuyo plazo de pago anticipado se inició el pasado 16 de octubre. Este importe, pagado a 31 de diciembre, es similar al efectuado en otras primeras campañas en las que se ha puesto en marcha una nueva Política Agraria Común, debido a las especificidades que implican estos años de transición. En el caso concreto de la campaña de la PAC 2023, el periodo de presentación de solicitudes comenzó en marzo, un mes después de lo habitual, ya que la normativa exigía realizar la conversión de derechos de pago básico a derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad antes de realizar la apertura del plazo de presentación. Además, la nueva PAC ha incorporado nuevas intervenciones, como los ecorregímenes, o nuevos requisitos, como los establecidos en este periodo de cara al cumplimiento de la condición de agricultor activo, que requieren controles adicionales a realizar por parte de las comunidades autónomas con anterioridad al pago de las ayudas, con el fin de garantizar así el uso adecuado de los fondos de la Unión Europea. De igual forma, se han reforzado los controles para evitar que se puedan solicitar ayudas directas de forma fraudulenta sobre superficies que el solicitante no tiene a su disposición (ya sea en propiedad o en régimen de usufructo, arrendamiento o aparcería). Todas estas cuestiones han implicado adaptaciones en el calendario de pagos de las diferentes intervenciones, por lo que resulta preciso esperar a que finalice el periodo de pago de las ayudas directas, el 30 de junio de 2024, para que se completen los 4.875 millones de euros que deben percibirán los 622.400 agricultores y ganaderos que presentaron su solicitud única en 2023. Total en euros invertidos por régimen de ayudas. / Fuente: Ministerio de Agricultura A partir del 1 de diciembre se autorizó el abono de hasta el 90 % de la ayuda básica a la renta y sus pagos complementarios. También desde el 1 de diciembre se pudo transferir hasta el 90 % del pago de los ecorregímenes y los regímenes de ayudas asociadas a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal, arroz, remolacha azucarera, tomate para transformación, frutos secos en áreas con riesgo de desertificación, producción tradicional de uva pasa y olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental, así como de ayudas asociadas a la ganadería, excepto las ayudas al engorde de terneros. Una vez se haya llevado a cabo la asignación de derechos procedentes de la Reserva Nacional de Ayuda Básica a la Renta (el 1 de abril de 2024 como fecha límite), así como el cálculo de importes unitarios definitivos, remanentes y transferencias entre intervenciones (antes del 1 de mayo de 2024), se autorizará el abono del 10 % restante, cuyo plazo para hacerse efectivo concluye el 30 de junio de 2024. Respecto al pago específico al algodón y las ayudas al engorde de terneros, los requisitos de admisibilidad de estas ayudas no podrán ser verificados hasta el inicio del año 2024, ya que el cálculo del importe unitario se basa en las unidades de producción (hectáreas y número de animales) que cumplen todos los requisitos de estos regímenes de ayudas. Al igual que en los demás regímenes, el plazo para hacer efectivo los pagos para estas dos ayudas concluye el 30 de junio de 2024. De este modo, la distribución por comunidades autónomas, de los pagos ya realizados de las ayudas directas de la campaña 2023 sería la siguiente: Total en euros invertidos por Comunidad Autónoma. / Fuente: Ministerio de Agricultura Cada comunidad establece su propio calendario de pagos en función de la planificación y ejecución de los controles que tienen que realizar sobre todos los expedientes para verificar los requisitos de admisibilidad de las ayudas.

El Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) denuncia que "a día de hoy, 4 de enero del 2024, la Consellaría de Medio Rural sigue sin pagar la PAC 2023. Es decir, la Xunta de Galicia no sólo no realizó el anunciado adelanto de la PAC, sino que ni tan siquiera la está pagando en tiempo". Según la organización agraria, "esta situación contradice el anuncio realizado por la Xunta a mediados de noviembre en el que se aseguraba que Galicia iba a estar entre las primeras comunidades en pagar los anticipos de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), e incluso se aventuró a exaltarse de que el FOGGA realizaría el pago del 70% de la ayuda total en el anticipo y del 90% en las ayudas de saldo". En concreto, según el Sindicato Labrego, "como norma general los pagos son inferiores a los realizados en otras fechas, ingresándose menos conceptos. Así, tenemos un número considerable de granjas que no cobraron los derechos de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS), ni el pago redistributivo asociado. Hasta ahora, los pagos equivalentes habían sido cobrados siempre en el mes de diciembre". Desde el SLG-CCLL consideran que esta situación "se debe a la mala organización de la Consellaría de Medio Rural, que no está dotando al Fondo Gallego de Garantía Agraria (FOGGA) de personal bastante para poder tramitar los expedientes en tiempo. Ni tan siquiera se hizo pública una fecha aproximada para la publicación de las personas beneficiarias". "De igual manera -advierten- acontece con las cuantías asociadas a los ecorregímenes, que históricamente también se venían cobrando en diciembre, y que este año a 4 de enero todavía no cobró nadie". Además, desde el Sindicato Labrego critican que "tampoco están publicadas todavía las concesiones correspondientes a las ayudas integradas en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Galicia, tales como las de pastoreo, pastoreo en zonas de grandes carnívoros, producción ecológica o agroambientales". Por último, advierten de que "a 4 de enero del 2024, un año después de ser publicada la Orden en el 2023, tampoco sabemos que incorporaciones, planes de mejora y ayudas a pequeñas explotaciones fueron aprobadas"

El Consejo de Ministros ha modificado en su reunión de este miércoles varios Reales Decretos que afectan al sector agroganadero, entre ellos diversos aspectos de la aplicación en España de la Política Agrícola Común, así como la ratificación del aplazamiento al mes de septiembre de 2024 de la entrada en vigor del Cuaderno Digital.   Justo un año después de su publicación en el BOE, el Gobierno decide modificar estas normativas “en base a la experiencia adquirida en el primer año de vigencia de la nueva PAC” con el objetivo de “facilitar una mejor comprensión y aportar seguridad jurídica a los agricultores y ganaderos”, asegura en nota de prensa el departamento que dirige Luis Planas. Una de las principales novedades es la relativa a los controles por parte de la Administración, ya que se anuncian “controles in situ de conteo de animales en ayudas relacionados con la actividad de pastoreo”, tanto en explotaciones que hayan solicitado el ecorregimen de pastoreo extensivo como en aquellas que hayan pedido la ayuda agroambiental de fomento de pastos.

Se prevén nuevos métodos de control de las prácticas ligadas a pastos para aquellos titulares que no mantengan un Cuaderno Digital de explotación

Con este incremento de inspecciones, el Gobierno pretende fomentar la adopción voluntaria del Cuaderno Digital por parte de las ganaderías extensivas, ya que, avanza el Ministerio, “se prevén nuevos métodos de control de las prácticas ligadas a pastos para aquellos titulares que no mantengan un Cuaderno Digital de explotación”. Explotaciones de vacuno de carne inscritas en distintos sistemas productivos El resto de cambios en la PAC, aclara el Ministerio, son “de índole técnica”, como ajustes en la práctica de rotación de cultivos con especies mejorantes para explotaciones de menos de 10 hectáreas. En el caso de las ayudas asociadas a vacuno de carne, se introduce una excepción para explotaciones que cuenten con varias unidades de producción inscritas en distintos sistemas productivos (por ejemplo vacas nodrizas y cebadero), ya que se exigía la calificación de la explotación como extensiva para el cobro de ayudas asociadas a la producción de carne. También se clarifica la redacción de los artículos relativos a la condición de agricultor activo y se limitan los arrendamientos de derechos sin tierra. Se establece además preferencia de acceso a la Reserva Nacional a las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y se recoge esta particularidad también para el pago del complemento a jóvenes. En viñedo, finalmente se permitirá el laboreo en la dirección de la máxima pendiente de la finca en plantaciones que hubieran sido realizadas antes de la entrada en vigor de la nueva PAC el 1 de enero de 2023 pero no en nuevas plantaciones.    

Se confirman los plazos de entrada en vigor del Cuaderno Digital, a partir del 1 de septiembre de 2024

A falta de su publicación en el BOE en los próximos días, el Gobierno mantiene los plazos de entrada en vigor del Cuaderno Digital a partir del 1 de septiembre de 2024, según el tamaño de la explotación y las demás condiciones establecidas en una Nota Aclaratoria publicada el pasado mes de agosto. Así, la entrada en vigor del Cuaderno Digital de explotación se llevará a cabo el 1 de septiembre de 2024 para las explotaciones que trabajen más de 30 hectáreas de tierras de cultivo y un año más tarde (1 de septiembre de 2025) para el resto. Las explotaciones más pequeñas (las que cuentan con una superficie igual o menor a 5 hectáreas, siempre que la superficie de regadío no supere una hectárea), así como aquellas explotaciones que únicamente dispongan de pastos en los que no se realicen aplicaciones de fertilizantes, quedan exentas de su uso obligatorio.

Estas últimas semanas se han sucedido las quejas de organizaciones agrarias y granjas por lo que consideran retrasos en los pagos de las ayudas de la PAC, pues se trata de ayudas que cada año son esperadas como agua de mayo para ganar liquidez y cuadrar cuentas. La Xunta anuncia ahora que a partir de mañana afrontará el pago ordinario de los apoyos europeos, con la previsión de tener abonados 96 millones de euros a lo largo de este mes. Esa cantidad se suma a los 44 millones de euros ya anticipados en octubre y noviembre. El foco de la polémica está en los anticipos otoñales de la PAC, pues la normativa comunitaria permitía este año anticipar el 70% de los pagos antes del 1 de diciembre . Traducido a Galicia, eso supondría el pago de alrededor de 130 millones de euros a las granjas, según los cálculos del PSdeG, que esta semana protagonizó un acto en Lugo con un centenar de ganaderos. El acto contó con la participación del candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro, junto a representantes de Unións Agrarias, que acusaron a la Xunta de “mala gestión” por no hacer esos pagos en tiempo. Las críticas llegaron también desde el Sindicato Labrego, que emitió sucesivos comunicados criticando la gestión de la Consellería por no pagar mayores anticipos (en octubre y noviembre) y por retrasar el pago ordinario de la PAC, que se puede hacer a partir de 1 de diciembre . Desde Medio Rural, en declaraciones a Europa Press, tacharon las acusaciones del Sindicato Labrego de “irrespetuosas” y de “faltar a la verdad”. Medio Rural asegura que pagará 96 millones de euros a partir de mañana jueves. De esa cantidad, la mayor parte (78 millones de euros) corresponde a ayudas directas, en concreto a ayuda básica a la renta, pago redistributivo, ayudas a jóvenes agricultores, vacuno extensivo de carne y vacuno de leche, según detalla la Consellería. Los otros 18 millones de euros que se pagarán este mes corresponden a ayudas de desarrollo rural, en particular a los apoyos a zonas con limitaciones naturales. De este modo, el Fondo Galego de Garantía Agraria destaca que se completará el año con el pago de alrededor de 140 millones de euros de ayudas de la PAC. Las restantes cantidades pendientes de abono, alrededor del 25-30% del total de pagos de la PAC, se efectuarán previsiblemente en los primeros meses del 2024.

Entre el paquete de normativas en materia de sanidad animal aprobadas en los últimos meses desde la Unión Europea para las ganaderías, uno de los cambios significativos es la obligación de contar con un veterinario de explotación. Este fue precisamente uno de los temas tratados en la última edición de los Encontros Gandeiros organizados por la ADS Xundeva, en Lalín, debido a las dudas que suscita este requisito de la normativa. “Muchas de las ganaderías gallegas ya están cumpliendo buena parte de los requisitos que se exigen ahora con la figura del veterinario de explotación”, apunta Ignacio Arnáiz, responsable de área del Laboratorio de Sanidad Animal del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (Ciam), durante las jornadas celebradas en la capital dezana. Aún así, tener que incorporar un veterinario de explotación supondrá trámites burocráticos específicos y cambios para buena parte de las ganaderías.

“El veterinario de explotación se asemeja al médico de cabecera, es el profesional que tendrá acceso a toda la información en materia sanitaria de la granja”: Gloria Martínez, coordinadora de Xundeva

“El veterinario de explotación se asemeja al médico de cabecera, es el profesional que tendrá acceso a toda la información en materia sanitaria de la granja, pudiendo ver todos los informes de los distintos profesionales que trabajen en la ganadería”, ejemplificaba la veterinaria Gloria Martínez Sanz, veterinaria y coordinadora de los servicios veterinarios de la ADS Xundeva. Gloria Martínez e Ignacio Arnáiz en la presentación realizada en esta edición de los Encontros Gandeiros de Xundeva.

Obligaciones para los ganaderos y los veterinarios

Aunque aún está por concretar por parte de la Administración, se estima que las ganaderías deban de disponer de este veterinario de explotación a partir del 15 de mayo del 2024, ya que esta fue la fecha provisional que se hizo pública con la aprobación de la norma. Estas son algunas de las obligaciones que se le presentan al titular de la ganadería al tener que incorporar esta figura de veterinario de explotación: -Este veterinario de explotación debe ser un profesional o empresa que disponga de servicios veterinarios para todas las especies de la ganadería. “Puede contarse con un solo veterinario de la granja que gestione todas las especies o pueden nombrarse varios veterinarios de explotación para las distintas especies”, indica Martínez Sanz. -Será el titular de la ganadería quien deba acreditar que cuenta con este profesional o empresa mediante un modelo de declaración responsable. -El titular de la granja deberá comunicar la designación o cese de este veterinario de explotación. Para ello dispone de un plazo de 7 días hábiles. -En el caso de cese del veterinario de explotación, el titular de la granja dispone de un plazo de 3 meses para designar a un nuevo profesional para el cargo y de nuevo tendrá que comunicarlo a la Administración. -El propietario de la granja debe proporcionarle al veterinario o facilitarle que obtenga en su nombre la información necesaria sobre la situación epidemiológica de su ganadería. -El titular de la ganadería también debe asegurarse de que todas las personas que trabajen en la granja con el ganado tengan una formación adecuada y suficiente. Así, deberán acreditar una formación mínima de 20 horas en un plazo de 6 meses contados desde el comienzo de su trabajo en la granja. Estos cursos ya se han impartido en distintas Oficinas Agrarias Comarcales y está previsto que sigan ofertándose. Estarán exentos de recibir esta formación aquellos trabajadores que acrediten un mínimo de experiencia práctica de 3 años en el manejo de ganado bovino. Tampoco deberán tomar esta formación mínima los trabajadores que ya tengan un título técnico de Producción Agropecuaria o el título técnico superior en ganadería y asistencia en sanidad animal. Por su parte, el veterinario de explotación se compromete a cumplir una serie de funciones en la granja: - Todas las ganaderías, independientemente de la especie que sea, deberán contar con un Plan Sanitario Integral (PSI) en formato digital o papel que debe elaborar el veterinario de explotación, el personal veterinario de la ADS o la integradora o entidad asociativa a la que se pertenezca. -Este Plan Sanitario Integral debe incluir actuaciones sanitarias, de higiene, bioseguridad y el uso racional de antibióticos. “Es fundamental que el PSI esté adaptado a la especie y a las características de la ganadería”, apunta la veterinaria Gloria Martínez Sanz.

Cómo debe ser el Plan Sanitario Integral (PSI)

Uno de los requisitos imprescindibles que se pedirá a las ganaderías y que está asociado a la figura del veterinario de explotación es el Plan Sanitario Integral (PSI). Este Plan debe adaptarse a las diferencias existentes entre los distintos tipos de granjas y responder a las necesidades y características de cada ganadería. Así, dependerá de cada especie, tipo de explotación, sistema productivo, situación epidemiológica y características particulares de la ganadería. “En el caso de que convivan en la misma ganadería diferentes especies, puede establecerse un plan sanitario único o bien proponerse planes sanitarios específicos para cada una de ellas y bajo la responsabilidad de más de un veterinario”, explica la veterinaria Martínez Sanz. Además, en el caso de las ganaderías pertenecientes a una ADSG que tenga asignado un veterinario de explotación distinto del veterinario de la ADSG, el Plan deberá contemplar como mínimo un programa sanitario de la ADSG.

El Plan Sanitario Integral debe actualizarse cada 5 años o cada vez que haya cambios destacados en la granja

Este Plan debe actualizarse por lo menos cada 5 años y siempre que se modifiquen substancialmente las instalaciones o las prácticas de manejo en la ganadería. Debe estar firmado tanto por el veterinario de la explotación como por el propietario. Además, es el propietario de la ganadería el responsable de que se cumplan las medidas que se recogen en este Plan.

Decálogo del Plan Sanitario Integral

El Plan Sanitario Integral debe contar con un contenido mínimo para asegurar las medidas sanitarias imprescindibles en la ganadería. A continuación se recoge un decálogo de acciones para incluir en dicho Plan: - 1. Medidas de higiene y bioseguridad. En este apartado se incluyen todas las acciones preventivas que tengan que ver con el control de acceso de animales a la ganadería bien sea recría, reposición externa, animales ajenos a la granja, animales en cuarentena… También se contemplan las medidas de prevención en relación al personal de la granja y ajeno a ella, así como vehículos. En este apartado deben figurar también medidas que contemplen un control sobre la higiene y la bioseguridad de la alimentación del ganado, así como al suministro y calidad del agua. Se incluyen además, medidas específicas sobre el manejo de los animales. “Deben figurar protocolos para la separación del ganado enfermo o en cuarentena”, especifica la veterinaria. En este apartado deberán figurar además las medidas que adopta la granja con respecto de la gestión de los residuos sanitarios, así como la revisión periódica de ciertos aspectos de las instalaciones o la recogida y almacenamiento de los cadáveres, entre otros aspectos. 2. Plan de vigilancia y control de parásitos internos y externos de los animales. 3. Protocolo de vigilancia del estado sanitario de los animales. “La detección temprana es fundamental, ya que tratar de forma rápida marca la diferencia”, explica la veterinaria. 4.Programa de muestreo rutinario frente a las enfermedades objeto de control en la granja. “Deben incluirse también los animales de nueva incorporación a la ganadería”, detalla Martínez Sanz. 5. Planes de vacunación que se realicen en la granja. 6. Plan de un uso racional de los medicamentos. “En las ganaderías se está haciendo ya un uso muy controlado de los medicamentos”, apunta la veterinaria. 7. Plan de cumplimiento y control de higiene de la leche en las ganaderías. 8. Plan sanitario de la ADSG, si el veterinario de explotación designado es distinto al de la ADS. 9. Plan sanitario en relación con las enfermedades de declaración obligatoria o que sean de interés para la propia ganadería, la comarca, provincia o comunidad autónoma. 10. Visitas zoosanitarias. El veterinario de la explotación debe realizar de manera presencial el seguimiento sobre las medidas recogidas en el propio PSI y el Plan de Bienestar animal de la granja. “El veterinario emitirá las recomendaciones que considere oportunas a la persona titular de la ganadería sobre las deficiencias que observe o el uso de antibióticos en la granja”, explican los técnicos. Las visitas zoosanitarias se realizarán una vez cada 6 meses en las ganaderías con un riesgo alto, cada año en las granjas de riesgo medio y cada 18 meses en las que tengas un riesgo bajo. “La autoridad competente será la que determine el nivel de riesgo para cada ganadería”, apuntan.