La buena demanda y altos precios que alcanzaron los pinos en los últimos años han hecho que propietarios forestales y comunidades de montes hayan recuperado la ilusión en las masas de coníferas. Entrevistamos al ingeniero de montes Jorge Bouzas, de la Asociación Forestal de Galicia, para hablar con él de la gestión que deben tener los pinares, de cara a producir madera de calidad. Visitamos además con él trabajos forestales en la comunidad de montes de Balouta y Fontecova (Dodro, A Coruña). - Explícanos unas recomendaciones generales para planificar las masas de pino. - En la Asociación Forestal de Galicia partimos de modelos silvícolas de producción de madera de alta calidad, con dos itinerarios posibles: la regeneración artificial, que se hace mediante plantación, y la regeneración natural tras tala, que es muy habitual en comunidades de montes. En el caso de la regeneración artificial por plantación, siempre aconsejamos emplear planta con mejora genética, con I+D. Partiendo de esa planta de calidad, tenemos la opción de un marco abierto de 4x4 metros, casi definitivo, con planta muy buena, y hay también la posibilidad de un marco más denso, de 4x2,50 metros, que nos permite hacer una posterior selección de los pies de porvenir, así como acceder a ayudas públicas para la gestión de la masa. En cualquier caso, siempre recomendamos distancias de 4 metros en las filas para evitar en los posteriores trabajos dañar el arbolado, con toques del tractor o maquinaria. En los trabajos de preparación de terreno, recomendamos siempre un subsolado profundo, si puede ser cruzado mejor. Otra opción es la apertura de agujeros de plantación con mini pala. En el caso del regenerado natural, tras la tala hay que hacer un tratamiento de los restos y esperar a ese regenerado natural, para ver si es suficiente, y después abrir unas calles y selecionar los árboles que se dejan. Poda en un pinar del monte vecinal de Balouta e Fontecova, en Dodro (A Coruña). - Estamos en la comunidad de montes de Balouta y Fontecova, un monte vecinal que es un ejemplo de apuesta por el pino en las alrededor de 500 hectáreas que gestiona. Cuéntanos la situación silvícola del monte. - La comunidad de montes de Balouta y Fontecova principalmente tiene masas de pino que siempre acuden a regeneración natural. Tienen una regeneración natural muy buena en el monte, tienen muy buena planta y entonces siempre optan por hacer talas, tratamiento de los restos y aprovechar el regenerado para abrir calles el primer o el segundo año, ayudando con regeneración artificial en las zonas puntuales donde no nazca el pino. - ¿Cuáles son los trabajos silvícolas precisos a lo largo de todo el ciclo de una plantación o de un regenerado natural de pinos? - Una vez hecha la plantación, hay que hacer un seguimiento a los 6 meses o primer año, para proceder a una reposición de marras. Esto es importante sobre todo si estamos en un marco de densidad bajo, de 4x4 metros, para asegurar el número de plantas. Después es recomendable, en los primeros 3-4 años hacer un desbroce, para el control de la vegetación acompañante y facilitar el desarrollo de los pinos. Este trabajo, dependiendo del crecimiento, se puede acompañar de una poda muy somera de los verticilos inferiores de los pinos. En el caso de una regeneración natural, si esa regeneración es viable hay que abrir calles, con un ancho de labor de 2,5 – 3 metros. En el metro restante, iremos seleccionando los pies que queremos , hasta conseguir las calles y densidad buscada. A partir de ahí, los tratamientos son comunes. Consisten en hacer una primera poda baja, que se debe hacer, en función de los crecimientos, entre los 8 y 10 años. Conviene no retrasarla mucho para que las ramas no sean gruesas cuando se podan. Las ramas de 3 centímetros o menos son las ideales para que las heridas cierren lo antes posible y para concentrar los nudos en el interior de los árboles. Después, una vez hechas esas podas, son también importantes los clareos para rebajar la densidad, sobre todo en los modelos de densidad más alta. Se harían rareos para eliminar los pies más bajos, que están dominados, bifurcados, que están torcidos o con algún daño. Se favorecerá así que queden en la finca los pies mejores, más rectos, más cilíndricos, con poda correcta, en los que intentaremos concentrar el volumen de madera para tala final. - En cuanto a la elección de especie de pino, ¿qué recomendaciones estáis dando en la Asociación Forestal? - Hay varios tipos de pino en el mercado, que son sobre todo el ‘Pinus pinaster’ (pino del país) y el ‘Pinus radiata’ (pino radiata o insigne). El ‘pinaster’ es un pino más agradecido si hay poca gestión, porque tiende a hacer una mejor poda natural, tiende a tener menos enfermedades. En el caso del ‘radiata’, es recomendable una silvicultura para reducir esos nudos, que no debe haber en la madera de calidad, por lo que hay que hacer esas podas tempranas. También son necesarios los clareos para que la masa esté saneada y circule bien el aire por ella, evitando los hongos, que son habituales en las masas de pino radiata. - En la actualidad y de cara a los próximos años, ¿cuáles son las perspectivas de sanidad en las masas de pino? - Los principales problemas son la plaga del nematodo del pino, que por ahora está concentrada en la zona sur de Pontevedra, y los hongos de las bandas, que afectan sobre todo al pino radiata en la zona de Lugo. En el caso del nematodo, no se sabe hasta qué punto quedará retenido en la zona sur de Galicia. En todo caso, hay ensayos de progenie hechos para encontrar familias de pino que manifiesten más resistencia al nematodo. La recomendación sería que en el momento en que esas familias testadas estén disponibles en los viveros, claramente identificadas, optar por esas familias para la plantación. En el caso de las bandas, sí es cierto que hubo un aumento, por entradas de la enfermedad de las bandas desde País Vasco y Asturias, algo fomentado por inviernos cálidos. Ahora estamos en un ciclo en el que la enfermedad de las bandas está teniendo bastante importancia, sobre todo en la zona de Lugo y en pinares de insigne. La recomendación es tener las masas lo más saneadas posible, con podas bajas y clareos que permitan mejorar la aireación de la masa. Llegado el caso, a nivel de tratamientos también se puede intervenir con productos fungicidas para intentar rebajar el nivel de esporas del hongo y controlar la enfermedad. - ¿Cuál es la perspectiva de rentabilidad de las plantaciones de pino a medio plazo? - Venimos de un ciclo de alta demanda y precios muy altos. Eso demostró que el propietario, cuando percibe que el pino tiene un valor, va a apostar por él. Estamos ahora mismo en un ciclo de menor demanda, pero Europa es deficitaria en madera, con lo cual la previsión es que exista demanda para esa madera. Tenemos que trabajar nosotros también para hacer los trabajos silvícolas necesarios, de cara a poner en el mercado madera de alta calidad que le permita valor añadido a la industria y usos que hasta ahora no éramos capaces de alcanzar. - Los trabajos silvícolas de los que hablamos, ¿serían la principal clave para obtener madera de calidad? - Efectivamente, en los pinares siempre son muy importantes los cuidados silvícolas de podas, clareos y entresacas. Estos trabajos van siempre encaminados a producir madera de un elevado diámetro, muy cilíndrica y sin presencia de nudos. Si hacemos podas en el momento que proceda, entre los 8 y los 10 años, y clareos en años posteriores, vamos a concentrar el volumen de madera en pies de calidad de mayor diámetro, lo que nos permitirá pensar en destinos de sierra, chapa y desenrollo. En caso de que partamos de marcos amplios de plantación, son importantes las entresacas de madera adulta, a los 15-18 años, en las que vamos a extraer siempre los pies dominados, partidos, enfermos o dañados. - Hablabas antes de que los altos precios del pino confirmaron que el propietario forestal, cuando hay buenas perspectivas, apuesta por el pino. ¿Qué evolución estáis viendo del interés en la especie? - Las comunidades de montes siempre fueron más fieles a la especie, por ejemplo en el Barbanza y en el sur de Pontevedra, siempre tuvieron bastante superficie de pino, con tendencia a mantenerlo. En el caso de los propietarios particulares, sí que es cierto que cuando los precios fueron bajos hubo un claro cambio al eucalipto por tema de rentabilidad. Pero en el momento en que el propietario vio que el pino alcanzó un precio muy superior al eucalipto, hubo una apuesta clara por la plantación de pino. - En la Asociación, ¿qué recomendaciones estáis haciendo en cuanto a elección de especies y ordenación del monte? - Distinguimos entre pequeño propietario y comunidades de montes. Lo recomendable es no apostar siempre por una especie, sino diversificar. Para las comunidades de montes, aparte de las masas de pino, recomendamos apostar por frondosas en las zonas de ribera, en las franjas de los caminos y cerca de las viviendas. Son zonas condicionadas por la normativa de prevención de incendios y se pueden hacer ahí plantaciones de frondosas con vistas a controlar el sotobosque, de manera que los trabajos posteriores de desbroce se abaraten. En el caso de los propietarios particulares, la diversificación es más complicada, pues hablamos de pequeñas propiedades en las que no tiene sentido rodalizar en exceso. Lo normal es hacer ahí una apuesta más monoespecífica, teniendo en cuenta la normativa que le afecte a cada persona. - Las masas de pino presentan en los últimos años un cierto auge de aprovechamientos multifuncionales, a mayores de la madera. ¿Qué posibilidades destacarías? - Hoy en día, ya hay cada vez más comunidades de montes que tienen sus cotos micológicos. Está también la extracción de resina, que probaron bastantes comunidades, como forma de tener la masa limpia y personal trabajando en el monte en época en la que es importante la prevención de incendios. Otra opción a tener en cuenta es la de los mercados de carbono, que pueden proporcionar un extra de ingresos. Por el momento, en España la regulación del Ministerio de Transición Ecológica permite que entren en los mercados de carbono las superficies forestadas que estuvieran rasas desde 1989 o terrenos afectados por un incendio en los que se haga plantación o apertura de calles para regeneración natural. Extractos en vídeo de la entrevista

Dos de cada tres hectáreas de Galicia son forestales. El resto del territorio se divide entre tierras agrarias y más de 30.000 núcleos de población. Durante décadas, las tierras agrarias constituían una frontera natural entre aldeas y monte, pero la progresiva pérdida de actividad agraria, unida a la pérdida de población en el interior gallego, difuminó la barrera de prados y tierras de cultivo. Otro fenómeno paralelo fue el acercamiento de urbanizaciones y viviendas al monte en áreas periurbanas, con el consentemento de las Administraciones. Ese escenario explica la situación actual, en la que la gestión de las alrededor de 85.000 hectáreas forestales que se ubican en franjas de seguridad de viviendas se ha convertido en una tarea titánica. ¿Cómo afrontan montes vecinales y propietarios particulares ese desafío?. Hablamos con técnicos del sector que trabajan con las comunidades de montes y propietarios particulares. Hay coincidencia en dos apreciaciones. Primera, las comunidades de montes están adaptándose de manera progresiva a las exigencias de prevención, básicamente con inversiones propias. Segundo, sería preciso un mayor apoyo público para la gestión de la red seguridad. Xosé Covelo. Director técnico de la Asociación Forestal de Galicia (AFG)

“Las comunidades de montes están invirtiendo en una labor de protección civil que no les corresponde”

La Asociación Forestal de Galicia destaca en primer lugar su trabajo de información y asesoramiento a los propietarios y montes vecinales, “que en general tienen poca información de la Administración, en muchos casos solo por vía de propuestas de sanción”, señala el director técnico de la AFG, Xosé Covelo. En cuanto a las comunidades de montes, Covelo apunta que la mayoría de las redes de prevención figuran en los instrumentos de ordenación de las comunidades. De acuerdo con esos instrumentos, los montes vecinales están procediendo a eliminar pinos y eucaliptos en las fajas de seguridad establecidas (50 metros alrededor del límite de suelo urbano o viviendas). Un segundo paso es la plantación en las franjas de corredores verdes de frondosas caducifolias, “principalmente abedules y robles”, señala Covelo. Tras la plantación, queda el deber de acometer periódicos desbroces del matorral, “que representan un gasto permanente”. “Es un trabajo que con frecuencia se hace en exclusiva con fondos propios, ya que las ayudas de la Xunta para forestación con frondosas obligan al propietario a elegir sólo una línea de forestación: o bien plantaciones en parcelas forestales no ubicadas en redes de seguridad o bien la plantación en fajas de seguridad” -cuestiona Covelo-. Así las cosas, “las comunidades de montes están asumiendo el peso del gasto de una labor de protección civil que no les corresponde”, valora. A pesar de las dificultades, la mayoría de montes vecinales está acometiendo la gestión de las franjas, a excepción, en algunos casos, de algunas zonas que, por su orografía, tienen complicada mecanización. Aumentar la biodiversidad “Para la gestión de las franjas de seguridad alrededor de viviendas, estamos recomendando en general la plantación de frondosas, salvo algunas zonas que no tienen suelo apto para estas especies”, apunta Covelo. “Son una vía para aumentar la diversidad del monte y en 15-20 años, cuando su copa impida el paso de la luz, se reducirá el coste del mantenimiento, pues no crecerá el matorral”, explica. La recomendación principal de especies pasa por el abedul, un árbol pionero que suele implantarse bien, con el complemento del roble autóctono. “En zonas con suelo profundo de orientación norte u oeste, también puede plantarse castaño, pero en orientación sur no tendría sentido”, señala el director técnico de la AFG. “Para zonas de exposición sur, en algunos casos se emplean alcornoques”. Franja plantada con frondosas en una zona de orografía difícil. / Imagen: AFG. Propiedades particulares Entre los propietarios particulares, en zonas marcadas por el minifundio, las actuaciones son más complicadas. Hay que tener en cuenta que una parte de las parcelas es de propietarios desconocidos o ausentes, en tanto en el resto del monte, los propietarios suelen actuar, en general, a requerimiento de la Administración. Alejandro Oliveros. Director de ordenación forestal de Ence.

“Estamos animando a los propietarios a respetar las franjas de seguridad, para las que les entregamos de manera gratuita planta de abedul”

Ence, la principal consumidora de eucalipto en la comunidad, inició este verano una campaña para incentivar la plantación de frondosas caducifolias en las franjas de protección de viviendas y núcleos de población. “Estamos regalándole planta de abedul a los propietarios forestales que nos venden madera de eucalipto y, en esta primera fase, estamos corriendo además con los costes de plantación”, explica Alejandro Oliveros, director de ordenación forestal de Ence. Plantación de abedules por Ence. Oliveros considera que el abedul es una especie que además puede proporcionarle a los propietarios una renta futura, si deciden cortarlo. En Galicia, en la actualidad el principal destino del abedul es para leñas y tableros, si bien se trata de una especie que en países del norte de Europa se emplea también para pasta de papel. Preguntado sobre esa posibilidad, Oliveros no la descarta, si bien precisa que Ence en la actualidad trabaja en exclusiva con eucalipto. La pastera valora también introducir otras frondosas caducifolias en la oferta de planta para las franjas de prevención de los propietarios que les vendan madera. Manuel Méijome. H20 Iniciativa en medio rural

“Los montes con proyectos de ordenación aprobados están dejando las distancias exigidas en todas las repoblaciones”

Manuel Méijome, de la consultora forestal H20 Iniciativa en medio rural, apunta a que la mayoría de comunidades de montes con proyectos de ordenación aprobados están cumpliendo los deberes derivados de las franjas, tanto en el caso de las secundarias, alrededor de núcleos de población, como de las primarias, alrededor de carreteras. “En las carreteras, la idea de la normativa es crear cortafuegos verdes con frondosas en las dos orillas de la carretera. En general, se están empleando para eso abedules y robles. Es un sistema que para tener eficacia, está condicionado a que las frondosas no mueran y a que esa superficie se mantenga desbrozada, lo que es complicado”, apunta. En los propietarios particulares, la gestión de las franjas difiere de unos ayuntamientos a otros, según la experiencia de Méijome. “En el interior de Lugo, tenemos casos como el de O Incio, que cumple al pie de la letra a normativa, con notificaciones a los propietarios en el caso de incumplimiento, en tanto otros Concellos tienen una actitud más flexible”, valora. En cuanto a las dificultades que se están encontrando comunidades de montes y propietarios para cumplir con la normativa, aparte de las económicas, Méijome apunta la carencia de plantas de frondosas de origen gallego. “La orden de ayudas obliga a emplear planta de origen gallega, pero nos encontramos con que no existe suficiente roble de origen gallego”, cuestiona. Ante esa situación, la alternativa que queda es el abedul y el castaño, este último en el caso de suelos profundos con humedad suficiente. “Si el castaño se planta en un sitio equivocado, en un verano seco puede morir la mitad de la planta”, advierte. José Manuel Iglesias. Xesforest Ingeniería

“Los corredores de frondosas alrededor de las carreteras tienen un coste laborioso”

Otro técnico que trabaja en el interior de Lugo es José Manuel Iglesias, de Xesforest Ingeniería, que analiza lo que sucede en el entorno de Friol. “Las comunidades de montes y propietarios están gestionando por sí mismas en gran medida las áreas lindantes con las casas, tanto por iniciativa propia como por requerimientos de los Concellos”, explica. En cuanto a las orillas de las carreteras, donde hay que cortar pinos y eucaliptos y se pueden implantar frondosas, “es un trabajo muy laborioso que exige una inversión anual de desbroces. Es más complicado, sobre todo cumplir en tiempo y forma con los desbroces del matorral cada año”, valora José Manuel. “Lo ideal sería hacer allí una selección de brotes de frondosas, para regenerarlas, pero es un trabajo que tiene un coste laborioso y que no ofrece rendimiento económico”, explica. En cuanto a las especies con las que más se trabaja, José Manuel coincide en señalar el abedul, “que tiene fácil implantación, incluso en terrenos malos” y el castaño para fruto en zonas que fueron tierras de cultivo en su día.

Los beneficiarios de las ayudas de medidas de prevención para daños de fauna salvaje se ven metidos en una carrera contrarreloj, pues les quedan menos de cuatro semanas para contratar, ejecutar y justificar las subvenciones de daños de fauna salvaje. En el caso de actuaciones de prevención contra daños del lobo con vallados y cierres fijos, la misión es casi un imposible. Otras líneas, como la compra de pastores por daños del jabalí, de mallas móviles o de mastines tendrán más posibilidad de ejecución y justificación en tiempo. Desde Unións Agrarias piden que Medio Ambiente amplie los plazos, una cuestión que parece complicada por los condicionantes burocráticos. La organización agroganadera critica que la Consellería de Medio Ambiente haya retrasado casi 6 meses la resolución de esta línea de ayudas y ahora deje solo 4 semanas para que los beneficiarios puedan contratar, ejecutar y justificar las acciones subvencionadas. La Consellería de Medio Ambiente, por su parte, señala que el retraso de la resolución de las ayudas se debió a que tuvo que tramitar un gran volumen de solicitudes y a que tuvo que pedir en algunos casos documentación complementaria. A eso añade las inspecciones que necesitaba hacer en campo para comprobar las fincas en las que los ganaderos querían construir vallados fijos. Ese trabajo de inspección de las fincas parece ahora en vano, visto los plazos que deja la Administración para levantar los vallados. Dada la situación, Unións apela al sentido de la responsabilidad de la administración autonómica para demandar que la Consellería que dirige Ángeles Vázquez apruebe una ampliación del plazo de justificación de las ayudas para prevención de daños de la fauna salvaje. Con el plazo de presentación de solicitudes finalizado el 21 de febrero, Medio Ambiente debía haber hecho pública su resolución en el mes de mayo, según Unións. Sin embargo, no fue hasta hoy que la Consellería hizo pública una resolución que deja a las explotaciones sin margen de actuación. Unións alerta además de que, en algunos casos se reduce el montante de las cuantías solicitadas. Unións tilda de recochineo la ampliación del plazo de justificación publicada también en el día de hoy por la Consellería. Y es que con la nueva fecha límite fijada el 9 de diciembre , los beneficiarios de estas ayudas pasan de contar con casi 5 meses a poco más de 3 semanas, "un plazo en el que muy difícilmente les será posible adquirir los materiales, contratar obreros y acometer actuaciones como instalación de vallados o cercas que en muchos casos alcanzan extensiones kilométricas", indican desde la entidad. La organización insta además a la Consellería a cubrir el 100% del importe de las actuaciones solicitadas; algo que la Administración no hace en todos los casos. Critica que la Xunta de Galicia intente solventar la falta de fondos suficientes con trabas que obstaculizan el acceso de los beneficiarios a un presupuesto raquítico, que deja a las ganaderías sin apoyo para hacer frente a unos ataques que año tras año les ocasionan cuantiosas pérdidas. UUAA recuerda que el cárnico de vacuno en extensivo será el mayor perjudicado, un sector estratégico y que, como denuncian, ya resultó damnificado en el reparto público de ayudas para paliar la subida de costes de producción derivada de la invasión de Ucrania. La organización agroganadera destaca el imprescindible papel que estas ganaderías realizan desde el punto de vista de la gestión del territorio y la prevención de los fuegos. E insta a la Xunta de Galicia a corregir las condiciones de esta resolución.

Desde la entrada en vigor en 2018 del convenio de protección de las aldeas firmado entre la Consellería de Medio Rural, la Federación gallega de municipios y provincias (Fegamp) y la empresa pública Seaga, el porcentaje tanto de parcelas como de superficie gestionada en las franjas secundarias -las más próximas a las viviendas- de las parroquias priorizadas como de mayor riesgo de incendios pasó de representar la mitad del total en 2019 a situarse cerca del 70% en este año 2021.

Desde la Consellería de  Medio Rural de la Xunta de Galicia se valora el buen funcionamiento del convenio, que es resultado, entre otras cosas, de los trabajos de la comisión parlamentaria creada tras los incendios de 2017, por lo que se da así cumplimiento a un mandato de la Cámara gallega.

Precisamente al amparo de este acuerdo, la Xunta acaba de finalizar los trabajos de comprobación de cerca de 180.000 parcelas de parroquias priorizadas, donde los titulares pueden ejecutar la limpieza por su cuenta o contratarla directamente a Seaga por un precio ventajoso de 350 euros por hectárea limpia. En esa inspección, la Xunta constató el incremento en el grado de cumplimiento de las obligaciones de gestión de la biomasa para la prevención de incendios forestales, alcanzándose tres de cada cuatro parcelas gestionadas.

Mientras, a unos 65.000 titulares la Consellería de Medio Rural les enviará una notificación para que procedan a la limpieza advirtiéndoles que, de no hacerla, cada ayuntamiento procederá subsidiariamente y luego les trasladará el coste correspondiente. A día de hoy, ya están advertidos unos 8.000 propietarios y personas jurídicas de los 81 ayuntamientos priorizados mientras unos 31.500 son ilocalizables, por lo que se publicarán las notificaciones en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tras la revisión de las parroquias priorizadas, la Consellería de Medio Rural procederá este año a la revisión de las parroquias no priorizadas de esos 81 ayuntamientos priorizados. Así, se contrataron un total de 30 capataces que se están encargando de la supervisión del estado de gestión de la biomasa, sumados a otras 15 personas que ya venían trabajando en el territorio de las parroquias priorizadas. En esta revisión se están priorizando los ayuntamientos de Porto do Son, Guitiriz, Cualedro, Oímbra, A Gudiña, Verín, Sandiás, Boborás, Arbo y Mondariz.

Operario realizando traballos de desbroce

El convenio

Además de las acciones en las franjas secundarias, el acuerdo contempla la gestión de la biomasa en vías de titularidad municipal hasta un máximo de 10 kilómetros por ayuntamiento y año, con cargo al convenio, así como 10 ha de ejecución subsidiaria, también por ayuntamiento y año.

A mayores, está incluida la puesta en marcha de iniciativas estratégicas, es decir, de proyectos de movilización de tierras en franjas secundarias que se consideren de especial trascendencia, así como de aldeas modelo para recuperar parcelas alrededor de núcleos de población. En esa dirección, hay ya 44 figuras de este tipo en diferentes etapas o fases de ejecución y 14 declaradas en toda Galicia.

Otra actuación viene dada por el refuerzo a actuaciones preventivas mecanizadas en los ayuntamientos adheridos, que permitirá alcanzar una superficie de actuación en áreas cortafuego próxima a las 1.500 ha. También se trabaja en el marco de las iniciativas vecinales para el cumplimiento de las medidas preventivas en las franjas secundarias, como la que supuso la entrega a la Asociación medioambiental «Axuge» de Lobios de media docena de motosierras, una decena de «batelumes y otros utensilios como aserraderos y tijeras cortarramas.

Asistencia técnica

En lo que alcanza a la asistencia técnica a los ayuntamientos, la Xunta sigue apoyando a los consistorios para la tramitación de sus planes de prevención y defensa contra incendios, llegando ya a los 232 planes enviados a otros tantos municipios. De ellos, 130 ya están aprobados y 41 cuentan con informe favorable de la Consellería y están pendientes de la aprobación en el Pleno de los ayuntamientos.

En cuanto a las herramientas tecnológicas la disposición de los 270 ayuntamientos adheridos, el convenio contempla un visor de trabajo que permite determinar y visualizar las parcelas afectadas por franjas secundarias y la aplicación Xesbío, para la gestión de los numerosos registros que genera el convenio.

Siguen diferentes estrategias y medidas de bioseguridad las granjas de Galicia y de Cataluña a la hora de prevenir enfermedades como la rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR) y la diarrea vírica bovina (BVD)? Esta es una de las preguntas a la que da respuesta la investigación de la Universidad de Santiago (Campus Terra) sobre la prevención de estas dos afecciones en las ganaderías. El estudio, realizado entre 2017 y 2018 en 124 granjas, 90 de ellas gallegas y el resto catalanas permite conocer y evaluar las medidas preventivas más implantadas y que mejores resultados están ofreciendo en ambas comunidades. Al mismo tiempo, esta investigación permite saber en qué aspectos deben mejorar las ganaderías para frenar la incidencia y el contagio de sus animales. Los resultados muestran también importantes diferencias derivadas del tamaño del rebaño y entre las dos regiones. En el estudio participaron diferentes ganaderías con perfiles muy variados, tanto pequeñas y medianas granjas hasta de gran tamaño.

El estudio muestra importantes diferencias entre Galicia y Cataluña, relacionadas con el tamaño del rebaño, a la hora de afrontar la prevención de las enfermedades

En las ganaderías gallegas la labor llevada a cabo por las Asociaciones de Defensa Sanitaria (ADS) está siendo fundamental en la prevención tanto de IBR como de BVD, sin embargo las medidas de bioseguridad en el día a día de la granja son aún una tarea pendiente y por mejorar en muchas de ellas. En las ganaderías de menor tamaño está costando más establecer estos parámetros de prevención, al existir mayor colaboración entre ganaderías.

Las ADS, claves en la prevención

La principal vía de entrada de las infecciones de IBR y BVD en las ganaderías sigue siendo la introducción de animales en la granja. "Estas enfermedades entran en las ganaderías, en gran medida a través de animales comprados, aunque no es la única vía de infección", explica Javier Diéguez, profesor del área de Producción Animal en la Facultad de Veterinaria de Lugo y uno de los investigadores participantes en el estudio.

Los controles que realizan periódicamente las ADS sobre IBR y BVD está ayudando a reducir la incidencia de las enfermedades en Galicia

En este sentido, el trabajo que están realizando las ADS en Galicia es fundamental para reducir el número de contagios de ambas enfermedades. ·Buena parte de las granjas gallegas están ya en ADS y estas asociación se encargan de comprobar que todos los animales que entran en la ganadería están libre de, entre otras infecciones, BVD e IBR. Además, los veterinarios de las ADS tienen una amplia experiencia en el tratamiento y detección de estas enfermedades", detalla Diéguez. En la actualidad, en Galicia el 56% de las granjas se encuentran adscritas a alguna ADS, lo que contribuye a detectar y atajar antes estas infecciones. "Es importante que aquellas granjas con perspectivas de futuro se adhieran a la ADS por el control sanitario que se hace de los animales", apunta el investigador.

Es frecuente que en las granjas catalanas las ADS no se encarguen de realizar un control sanitario de los animales que llegan a la ganadería

Sin embargo, tal y como comprobaron en este estudio, en Cataluña pese a contar también con ADS, estas entidades están centradas en otras tareas y no suelen realizar un control del ganado sobre enfermedades como la diarrea vírica o la rinotraqueítis infecciosa. "Es habitual que no se testen los animales que llegan a la granja y no se realiza un control sanitario como el que en Galicia llevan a cabo las ADS", concreta Diéguez en base a las encuestas y a los controles realizados en las 34 ganaderías catalanas que participaron en el estudio.

Mejorar la bioseguridad en la granja

Con el control y la supervisión que realizan las ADS gallegas se está consiguiendo el retroceso de estas infecciones, sin embargo hay otros aspectos en los que las granjas gallegas deben mejorar para atajar otras vías de contagio que también propician la aparición de cualquiera de estas dos enfermedades. En buen número de las ganaderías gallegas la aplicación de medidas de bioseguridad es aún una tarea pendiente, en parte por las propias características de las granjas de vacuno en la comunidad. "A diferencia de lo que ocurre en Cataluña, donde las ganaderías tienen un tamaño medio de unas 110 vacas, las granjas gallegas son pequeñas o medianas y suelen estar muy ligadas a la casa familiar. Además existe una gran densidad de granjas, mientras que en Cataluña suelen estar más separadas entre sí", comenta el investigador. El hecho de que en general las granjas gallegas estén muy vinculadas con la vivienda, bien por su cercanía o porque toda o buena parte de la familia está involucrada en esa actividad, también hace más complicado implantar y respetar ciertas medidas de bioseguridad, tal y como evidencia este estudio. En cambio, el gran tamaño de la mayoría de las granjas en Cataluña hace que las medidas de bioseguridad formen parte de los imprescindibles de la gestión de la granja.

La aldea de Osmo, en el ayuntamiento ourensano de Cenlle, es la primera “aldea modelo” de Galicia, una iniciativa pionera de la Consellería de Medio Rural que busca recuperar la actividad productiva en las tierras abandonadas alrededor de los núcleos de población, de forma que no sólo se le ahorra a los propietarios el coste de acometer las limpiezas obligatorias de la maleza para prevenir los incendios forestales, sino que además perciben unas rentas de las personas que les alquilan los terrenos. En el caso de Osmo, fue el interés de una pareja joven y que no vivía en la aldea, la formada por Martín Touceda y Alba Lombao, la que la está haciendo resurgir. “Yo soy de Cuntis y la Alba de Santiago, donde vivíamos hasta hace 4 años, cuando decidimos venir a la casa de mi suegra en Osmo, una vivienda a la que sólo se venía en las vacaciones del verano. A los dos nos encantaba este sitio y creemos que es el mejor lugar para criar a nuestro hijo Fiz”, explica Martín, que trabaja como comercial. A los dos les tiraba lo de producir huerta en ecológico, un proyecto que les presentaron a Gabriel Alén, el anterior alcalde de Cenlle. “Esto fue a comienzos del año pasado, y sin su ayuda no sería posible este proyecto. Nos dijo que había la posibilidad de las aldeas modelo, que sería muy beneficioso tanto para los vecinos cómo para nosotros, y también para laaldea, pues al estar buena parte de los terrenos llenos de maleza y arbolado era un peligro para las casas en caso de incendio”, explica. Inicialmente, el proyecto de Martín y Alba era poner en cultivo tierras abandonadas en la franja de protección -los primeros 50 metros desde las casas- de la aldea para producir y vender productos de la huerta en ecológico, pero la necesidad de controlar la maleza en los terrenos colindantes los llevó a incluir también ganado. “Barajamos meter vacas cachenas para tener controlada la maleza en la franja secundaria, pero teníamos el problema de que Osmo tiene pocas tierras de pasto, también contemplamos meter un rebaño de cabras u ovejas, pero lo desestimamos porque nos pareció que no tenía tanta salida comercial, y finalmente, nos decantamos por el porco celta. Después de hacer un curso y de visitar varias explotaciones, trajimos los primeros ejemplares en el mes de junio de este año”, explica Martín. Hoy tienen 4 madres, un verraco y 25 cebos que mantienen la vegetación controlada en unas 6 hectáreas que le alquilaron a los vecinos durante 10 años a través del Banco de Terras, después de ser desbrozadas de manera gratuita por la Xunta. La base de su alimentación son las bellotas, las castañas, la hierba y las raíces del bosque mixto en el que viven, complementada con cereal. Algunos de los cerdos ya fueron adquiridos por vecinos y por restaurantes y en diciembre estarán listos para la matanza. “Nuestra idea es seguir aumentando la cabaña y llegar a elaborar embutidos de esta carne de gran calidad, para lo cuál ya tenemos una marca, CienPorCel”, avanza Martín. Además de las 6 hectáreas para el porco celta, que están protegidas por un cierre especial, instalado de forma gratuita por la Xunta, para evitar los ataques de los lobos o del jabalí, esta pareja de jóvenes emprendedores en el rural también va a recuperar otras 3 hectáreas para huerta ecológica y 1 hectárea para la producción de cereal en ecológico con el que alimentar a los cerdos. “Hasta ahora en las parcelas para huerta plantamos nabos para ir preparando el terreno y en primavera comenzar a cultivar”, avanzan. Porcos de CienPorCel nunha carballeira de Osmo

Ejecución de los trabajos de limpieza y cesión de los terrenos

Pero que Martín y Alba hayan podido acceder a estas 10 hectáreas, repartidas en nada menos que 100 parcelas pertenecientes a unos 40 propietarios, en un plazo tan breve no sería posible sin las “aldeas modelo”, una herramienta de la Xunta, ágil e innovadora, que respeta la propiedad de los titulares -no se tocan ni los marcos, ni los vallados ni los caminos- y les garantiza a los propietarios unos ingresos mediante el alquiler de las parcelas a través del Banco de Terras. A los arrendatarios les da una seguridad de poder disponer de la superficie durante un período mínimo de 5 años, ampliable por acuerdo entre las partes. En el caso de Osmo, la iniciativa de presentarle el proyecto a los vecinos partió del anterior regidor, Gabriel Alén. “Los vecinos están contentos con la iniciativa y con que nosotros montemos esto. De hecho, firmaron la autorización para que le limpiaran los terrenos, ahorrándoles un coste, y posteriormente la autorización para cederlos al Banco de Terras de Galicia, para que este a su vez nos los alquilara”, destaca por su parte Martín Touceda. En esta aldea a limpieza de las parcelas la realizó la Xunta, que asumió el coste de desbrozar 24,77 hectáreas de terreno situado en las franjas de protección de este núcleo de población. La limpieza se ejecutó en un total de 169 parcelas propiedad de 51 vecinos y vecinas.

Ya están en marcha 44 proyectos de aldeas modelo en Galicia

El modelo de Osmo sirvió como ejemplo exitoso de cómo transformar un problema y una obligación para los propietarios (limpieza de los terrenos abandonados alrededor de las aldeas) en una oportunidad de generación de riqueza y de fijación de población en el rural. Así, según datos de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader), a día de hoy están puestos en marcha un total de 44 iniciativas, que se encuentran en diferentes etapas o fases de ejecución. En concreto, ya están declaradas como aldeas modelo un total de 12 proyectos, de los cuales tres están en fase de finalización de ejecución. Estos son los de Osmo (Cenlle), aldea destinada a la producción de porco celta en ecológico; y las de Trascastro (O Incio) y Parada dos Montes (A Pobra do Brollón), aldeas que se destinarán a la producción de vacuno de carne de razas autóctonas en ecológico. En cuanto a los otros nueve proyectos ya declarados, ya se completó el proceso de desbroce y limpieza en todo su perímetro, excepto en la aldea de Meixide (A Veiga), en la que se está trabajando al decretarse aun el pasado 22 de septiembre. En estas iniciativas, se procederá a introducir cabras u ovejas en pastoreo con el fin de garantizar el mantenimiento preventivo de estos perímetros de una manera natural, ecológica y, además, productiva. Por otro lado, de los 32 proyectos restantes, nueve están en fase de recogida de firmas de los propietarios de los terrenos, un requisito imprescindible para la declaración de un aldea modelo; y las otras 23 están en fases iniciales, es decir, en fase de estudio previo o de determinación de perímetro.

La diputada nacionalista responsable de Medio Rural de la Diputación de Lugo, Mónica Freire Rancaño, presentó este martes el plan de ayudas al mantenimiento de franjas de biomasa "O que Non Arde" para este año 2020 en su primera convocatoria. El programa "O que Non Arde" servirá de apoyo a los ayuntamientos de la provincia que velen por el cumplimiento de la normativa de prevención y defensa de los incendios forestales mediante planes de gestión y mantenimiento de las franjas secundarias de biomasa y franjas laterales de las redes viarias municipales.

El programa se articula alrededor de dos ejes :

- El eje nº 1 está dirigido al fomento de la prevención de los incendios forestales, haciendo hincapié en el desbroce de masas forestales, matorrales y otras formaciones espontáneas, en las franjas de laterales de la red viaria municipal. - El eje nº 2 está destinado al mantenimiento de la red de franjas de gestión de biomasa fomentando la adquisición de plántulas de especies arbóreas autóctonas. Se trata de un programa de ayudas, al que Oliver Laxe presta su imagen, y que se implementará a través de convenios interadministrativos de colaboración entre el ente provincial y aquellos ayuntamientos que cumplan todas las disposiciones normativas vigentes a día de hoy en relación a la prevención de incendios. Las solicitudes de colaboración se presentarán de forma telemática a través de la sede electrónica: http://sede.deputacionlugo.org o a través de cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas hasta el día 31 de este mes de agosto. Este programa contará con un presupuesto inicial de 60.000 €.

Colaboración con los ayuntamientos

La diputada nacionalista señaló que "el programa pretende mitigar la orfandad en la que sumió la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia a todos los ayuntamientos gallegos al obligarlas a asumir las competencias de vigilancia sobre el cumplimiento de la Ley de incendios, sin habilitar medios o recursos para ejecutarlas". Freire Rancaño se refirió así a la Instrucción 1/2018 que obliga a las entidades municipales a asumir las competencias de vigilancia sobre el cumplimiento de la Ley de incendios en el ámbito de las redes de franjas secundarias de gestión de biomasa (en una franja de 50 metros); alrededor de las edificaciones, viviendas aisladas, depósitos de basura, cámpings, gasolineras, parques e instalaciones industriales situadas a menos de 400 metros del monte; alrededor de las edificaciones aisladas en suelo rústico situadas a más de 400 metros del monte; así como en las franjas perimetrales de 50 metros alrededor de las nuevas instalaciones destinadas la explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales. "O que Non Arde" es el primer programa impulsado por la Diputación de Lugo en este ámbito. Se trata de una iniciativa pionera y prioritaria dentro de las líneas de trabajo que se desarrollarán a lo largo de la legislatura. "En esta primera edición el presupuesto inicial es de 60.000 euros que se irán incrementando progresivamente en futuras anualidades, a medida que se vayan adhiriendo al programa aquellos ayuntamientos que cumplan los requisitos y que lo soliciten al área de Medio Rural de la Diputación. Tenemos previsto también incorporar nuevas líneas de ayuda en ediciones posteriores, orientadas a la promoción de actividades silvopastoríles con ganadería extensiva que contribuyan a reducir el riesgo de fuegos por la elevada cantidad de biomasa existente en nuestros montes", añadió la diputada mariñana. Los ayuntamientos que cumplan los requisitos, podrán solicitar la colaboración hasta finales de este mes de agosto, y para ello, harán una solicitud formal, donde incluirán las acciones a ejecutar de forma valorada. Las solicitudes serán valoradas por una comisión técnica formada por personal del servicio de Medio Rural, que tendrán en cuenta la calidad técnica del proyecto presentado, y criterios objetivos como población afectada, número de núcleos en los que se interviene y superficie afectada.

Oliver Laxe, imagen del programa

El programa de ayudas cuenta con el apoyo de Oliver Laxe, quien se mostró muy ilusionado con la decisión de bautizarlo con ese nombre. El reconocido artista y cineasta, que se estableció en la parroquia de Vilela (Navia de Suarna) para trabajar en proyectos vinculados al desarrollo rural, entiende que se trata "de una iniciativa muy interesante para el fomento del desarrollo económico y social de la provincia y conseguir una fijación real de población en nuestro rural, como la presente que incide en la prevención de los fuegos frente a los gastos insostenibles en extinción". El cineasta considera que "son muy necesarias medidas que incentiven el mantenimiento de superficie agraria útil y la recuperación de zonas de monte abandonadas o improdutivas, y que motiven a la gente joven a ser valientes y emprender nuevos proyectos modernos e innovadores con la gran potencialidad productiva que contamos en nuestro país". El área de Medio Rural y Oliver Laxe anticiparon su intención de iniciar colaboraciones futuras para llevar a la práctica medidas encaminadas al desarrollo rural en la zona de montaña de los Ancares lucenses.

Este año se mantiene en Galicia el esfuerzo en la lucha contra los incendios forestales. En lo que respecta a su extinción, en esta campaña de alto riesgo está desplegado sobre el territorio gallego un dispositivo muy semejante al de años anteriores, pero con mejoras, especialmente de carácter técnico.

Así, entre las novedades destacadas se encuentra el empleo de drones para apoyar tanto las tareas de vigilancia y detección como de apoyo en la extinción e investigación de los incendios. Estos aparatos no tripulados incorporan cámaras de vídeo y térmicas, estas últimas pensadas sobre todo para actuar de noche. Se mejora de este modo la vigilancia móvil en el monte, reforzando especialmente las zonas de alta actividad incendiaria.

Asimismo, estos vehículos aéreos se usan también para vigilar el cumplimiento de las obligaciones en cuanto la gestión de la biomasa en las franjas. De este modo, se refuerza la aplicación práctica del convenio de protección de las aldeas, con una mayor eficacia en las labores de replanteo y planificación de las franjas secundarias que se están limpiando gracias al sistema público de gestión de biomasa. Este acuerdo, que constituye un avance y una novedad importante en el campo de la prevención de los fuegos, fue firmado entre la Consellería de Medio Rural, Seaga y la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp).

Objetivo: Más de 200 ayuntamientos con su propio plan municipal de prevención y defensa contra los incendios

De esta forma, las tres entidades trabajan de la mano para mejorar un campo clave para la seguridad de las personas y de los bienes. Lo hacen a través de diferentes vías. Para eso es imprescindible la adhesión de los municipios al sistema, algo que facilita y agiliza las labores de gestión de la biomasa.

Una línea de actuación viene dada por la obligación que tienen las corporaciones locales de dotarse de su respectivo plan municipal de prevención y defensa. En este aspecto, la Xunta, consciente de las dificultades técnicas que tenían los ayuntamientos para elaborar estos planes, tomó la delantera y ya les facilitó el Plan a un total de 97 ayuntamientos. El objetivo es que a final de año estén entregados los planes de más de 200 municipios sumados al convenio.

Otro pilar es la priorización de parroquias por su historia en cuanto a actividad incendiaria y riesgo de los fuegos para la población. Así, se priorizaron 70 parroquias en las que se limpiará la biomasa en el 100% de las franjas secundarias de manera voluntaria a través de la adhesión de los propietarios al convenio, o subsidiariamente.

Un tercer pilar del convenio es el referido a las llamadas “aldeas-modelo”. Se trata de fomentar la puesta en marcha de actividad agroganadera en la franja de los 50 metros próxima a las viviendas en determinados núcleos, que funcionarán como ejemplo para todo el territorio. De esta forma se creará un cortafuegos natural frente el fuego, ya que desarrollando actividad económica en las franjas no será preciso desbrozar todos los años.

Dispositivo: Más de 7.000 personas implicadas en el operativo

En cuanto al personal y a los medios de lucha contra el fuego, el Gobierno gallego mantiene el esfuerzo de años anteriores, con un dispositivo muy semejante al de las últimas campañas, a pesar de tener una mayor presencia en el tiempo de los efectivos sobre el territorio (así, el personal hizo discontinuo permanecerá desplegado a lo largo de cinco meses, en lugar de cuatro, como fue el caso del año pasado).

En total, son más de 7.000 las personas implicadas en el operativo, contabilizando las de la propia Xunta, de la Administración del Estado y de los ayuntamientos, apoyadas por una treintena de medios aéreos y por 360 motobombas, entre otros medios.

Teléfono de denuncias anónimas: el 900.815.085

En el campo de la sensibilización social y del fomento de la colaboración ciudadana contra la actividad incendiaria, una mejora introducida este año por la Administración autonómica es la puesta en marcha de un teléfono específico y gratuito de denuncias anónimas, el 900.815.085. De esta forma, la población puede denunciar cualquier actividad delictiva cuando tenga conocimiento de ella, bien a través de este servicio o directamente comunicando este tipo de acciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por otra parte, se mejoró también la vigilancia fija, con la incorporación de 30 nuevas cámaras de última generación, que se suman a las 88 ya instaladas en la Red de videovigilancia forestal, por lo que se dispondrá de un total de 118. Con ellas se cubrirán 200.000 hectáreas más de territorio gallego, a mayores de los 1,6 millones de hectáreas ya abarcadas. Por lo tanto, más de la mitad de la superficie de nuestra comunidad estará vigilada por estas cámaras.

Más de la mitad de la superficie de Galicia estará vigilada por cámaras

Se realiza un seguimiento en tiempo real de los fuegos y de los medios de extinción

En este campo tecnológico otra mejora será el desarrollo de un proyecto piloto para contar con alertas tempranas en puntos estratégicos del territorio que recojan observaciones meteorológicas fiables. Se trata de disponer de datos permanentemente actualizados del entorno en la que se pueda estar produciendo un incendio forestal, evaluando variables como la dirección y velocidad del viento, la temperatura, la humedad o la pluviometría.

Así, la Xunta aplicará la tecnología IOT (Internet of Things) y técnicas de Big Fecha a la Red de Videovigilancia de los Espacios Forestales de Galicia. Se tratará de desplegar dispositivos IOT en un mínimo de tres centros de telecomunicaciones de la Red para detectar, analizar y enviar datos relativos a parámetros atmosféricos que tienen incidencia en los incendios forestales como la humedad, pluviometría, temperatura, dirección y fuerza del viento. La aplicación de técnicas de Big Data a esta información permitirá obtener patrones de comportamiento, que contribuirán a mejorar la predicción y coordinación de la extinción de los incendios forestales.

Por otra parte, se ajustó el número de Parroquias de Alta Actividad Incendiaria (PAAI), de acuerdo con la evolución de la cifra de incendios registrados y su virulencia en los últimos años en estas zonas. Como consecuencia, disminuyó en seis el número de PAAI con respecto al pasado año, pasando a ser 71 en el conjunto de Galicia. En estas parroquias se hace un seguimiento especial de la actividad incendiaria y de su incidencia sobre el territorio, aplicando las correspondientes medidas paliativas, tanto en el campo de la prevención como de la extinción, la vigilancia o la disuasión.

Formación del personal para más de 7.000 personas

Se está desarrollando también el plan de formación 2019 del personal; es decir, de los profesionales que se encargan de la prevención y extinción de incendios forestales. Tal y como contempla el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga), se trata de 15 cursos diferentes adaptados y enfocados a cada puesto laboral. En la mayoría de los casos habrá varias ediciones de estos cursos para llegar a todos los especialistas. Serán un total de 272 acciones formativas para 7.142 alumnos (la mayoría del personal recibirá dos cursos). De las acciones previstas, ya se impartieron 173 corresponsales a 8 cursos distintos. En ellas participaron 5.100 alumnos.

Alguno de los cursos es genérico en su contenido y, por lo tanto, dirigido la varias o a todas las categorías profesionales, pero el plan está fundamentalmente estructurado y diferenciado según las categorías del personal. Así, hay cursos específicos dirigidos a bomberos forestales conductores de motobomba, emisoristas, bomberos forestales jefes de brigada, directores técnicos de extinción, etc.

Mediante el plan de formación del personal se busca actualizar la formación en materia de prevención de riesgos laborales y en materia de procedimientos de seguridad en incendios, así como formar al personal de reciente o inmediata incorporación, con la finalidad de contar con un servicio lo más profesionalizado posible.

Renovación del material

En lo relativo a la renovación y mejora del material y de los medios de extinción, se renovaron este año hasta 22 motobombas del Servicio de Prevención y Defensa Contra los Incendios Forestales (Spdcif). Esto confirma la apuesta que está haciendo la Xunta por la profesionalización de este servicio público, único y versátil. El coste de cada una de estas motobombas supera los 217.000 euros, por lo que sólo en estos vehículos renovados se invirtió cerca de 5 millones de euros.

Asimismo, hace falta destacar que desde 2013 se renovaron 77 motobombas, es decir, cerca del 50% de las que tiene el servicio, que está estructurado en 19 distritos forestales. De estos cambios también se benefician los ayuntamientos, ya que se les van cediendo gradualmente aquellas motobombas en buen estado para que sean utilizadas por las brigadas municipales. Este año se entregaron seis vehículos motobomba de segunda mano a varios municipios, con el fin de mejorar el trabajo que se realiza desde las brigadas municipales y contribuir de este modo a renovar su parque móvil.

En definitiva, tanto en lo referente al personal como a los medios materiales, se comprueba que se está intensificando las medidas de mejora del dispositivo frente el fuego. Se mantiene la consideración de que esta es una labor estratégica y de país, en defensa de las personas y de sus bienes, como principal prioridad, y, por extensión, de la riqueza forestal de Galicia.

La creación de las franjas de protección contra el fuego constituye un asunto fundamental en 68 parroquias de 34 Concellos gallegos (Lista abajo). Medio Rural y los propios Concellos identificaron estas parroquias como prioritarias bien por la reiteración de incendios que sufrieron en los últimos años, bien por la dimensión de los mismos o por la peligrosidad que representaron para la población. La Xunta, en colaboración con los Concellos, ya inició reuniones informativas con los vecinos en tres de estos municipios (Boborás, Carballo y Soutomaioir) para ofrecerles el desbroce de sus fincas por medio del sistema público de gestión de biomasa, contratado con Seaga. Medio Rural y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) habían acordado el pasado año la gestión de las franjas de protección por medio de un contrato con la empresa pública Seaga, que le oferta a los vecinos de los municipios prioritarios el desbroce de sus fincas a un coste bonificado de 350 euros por hectárea, inferior al del mercado. Las primeras reuniones para ofrecerle a los vecinos contratos de gestión de la biomasa de sus fincas ya se realizaron en las últimas semanas en Boborás (Ourense), Soutomaior (Pontevedra) y Carballo (A Coruña).

"En las parroquias prioritarias, estamos encontrando buena disposición de los titulares de los terrenos a acometer la gestión de biomasa en sus parcelas" (Medio Rural)

Tras las reuniones, la Xunta espera que los primeros contratos de desbroce entre los vecinos y Seaga se suscriban en breve y que, una vez firmados, los trabajos de desbroce comiencen de inmediato. “En las reuniones que mantuvimos hasta ahora, apreciamos una disposición favorable por parte de los titulares de los terrenos, pero esta es una cuestión que se tiene que substanciar en cada uno de los municipios”, explican desde la Consellería de Medio Rural. Los técnicos de la Consellería tienen previsto continuar las reuniones de trabajo en cada uno de los Concellos que se definieron como prioritarios. El objetivo es iniciar en todos ellos la creación de franjas de prevención lo antes posible. En parte de los casos, la Administración precisa también que los vecinos están ya acometiendo por su cuenta la limpieza de las franjas, en tanto otros terrenos se mantienen libres de matorral por la actividad ganadera y agrícola. Reunión con veciños de Soutomaior. La habilitación de franjas de protección en 68 parroquias de 34 Concellos es un primer paso de un trabajo que se presenta titánico. Los Concellos que se sumaron al sistema público de gestión de biomasa superan ya los 200, tras las adhesiones de los últimos meses. La Administración está delimitando las franjas de protección de los núcleos de población en todos ellos y ya tiene diseñados 92 planes municipales de prevención de incendios, que incluyen los planos de las franjas de 50 metros alrededor de los suelos urbanos y de núcleo rural. A mayores, la Xunta está poniendo a disposición de los Concellos un visor digital que identifica al titular catastral de cada parcela ubicada en las franjas y que permite imprimir en cadena los correspondientes requerimientos de limpieza de parcelas.

“A los propietarios que tengan sus parcelas en una franja de protección les tocó la 'china', eso hay que cambiarlo”

El objetivo de la Administración es que en todos los Concellos los propietarios vayan tomando conciencia de la necesidad de dejar despejadas las franjas de protección, sin pinos, eucaliptos ni matorral en 50 metros alrededor de viviendas, suelo urbano y suelo de núcleo rural; en tanto las frondosas deberán mantener una separación mínima de 15 metros a viviendas y de 2 metros a suelo de núcleo rural, según la normativa vigente. La dimensión que exigiría tal esfuerzo es considerado en el sector forestal “falto de realismo y poco práctico”, pues obligaría a desbroces y talas en alrededor de 150.000 hectáreas alrededor de los núcleos de población, sin tener en cuenta las medidas de prevención en torno a vías de comunicación.

La Asociación Forestal de Galicia aboga por una comarcalización de medidas y por una mayor financiación pública de la prevención

La Asociación Forestal de Galicia (AFG) le trasladó recientemente a Medio Rural la necesidad de una comarcalización de las medidas de prevención que tenga en cuenta el historial de incendios de cada territorio y los distintos riesgos que presentan. El colectivo le propuso a la Xunta la reducción de las franjas de protección en aquellas zonas con menores riesgos, en tanto en otras zonas reconoce que incluso se podrían ampliar si fuera preciso. La AFG aboga además por una modificación de la Lei do Solo que obligue a los promotores de toda nueva edificación a gestionar la biomasa en su entorno, bien con la compra del terreno preciso, bien por medio de un convenio con los titulares de las tierras. Los propietarios forestales consideran que en Galicia existe un desorden urbanístico que está detrás de muchos de los problemas que se plantean ahora en la protección de las viviendas frente al fuego, pues en las últimas décadas se construyeron edificaciones al lado del monte sin que las normativas urbanísticas se hayan preocupado de exigirle a los promotores medidas de protección contra incendios. Financiación de los desbroces Un tercer punto de discrepancia radica en la financiación de los desbroces. El sistema público de gestión de biomasa se marca el objetivo de desbrozar alrededor de 4.000 hectáreas al año a un coste bonificado de 350 euros. El resto del territorio quedaría en el mercado, a costes que en el caso de los desbroces manuales pueden superar los 1.000 euros por hectárea. “Son costes que no pueden recaer en el propietario forestal al que le toca la china de que su parcela esté en una franja de protección. Esto es como si el coste de la limpieza de las aceras en la ciudad tuviera que recaer sobre los vecinos que viven en el bajo de los edificios. Tiene que haber un sistema público de gestión de la biomasa financiado con dinero público”, valoran en la Asociación Forestal de Galicia. La Xunta por el momento confirmó en el Parlamento que va a modificar de nuevo la Lei de Prevención de Incendios, pero queda por saber en qué sentido lo va a hacer. Entre tanto, las noticias que aparecen en los medios sobre posibles multas de la Administración en el caso de parcelas sin desbrozar preocupan entre los propietarios forestales, que se muestran inquietos ante la posibilidad de sanciones. Encuentro de Medio Rural con vecinos de Osmo, en Cenlle. Promoción de la actividad agroganadera en las franjas de protección En aquellas parcelas sin uso alrededor de los núcleos de población, la Consellería tratará de promover la actividad agroganadera. Medio Rural, conjuntamente con los Concellos, entiende que esa es la vía para evitar que las franjas de protección se tengan que rozar cada año, posibilitando al mismo tiempo base territorial para las explotaciones que demanden tierra, bien para pastos, cultivo de cereal, huerta, frutales, castaños, olivos u otros aprovechamientos. El primer núcleo en el que se pretende impulsar la actividad agraria en su franja de protección es en Osmo, en el concello de Cenlle (Ourense), que dispone de alrededor de 20 hectáreas abandonadas en su franja de protección, según indica Medio Rural, que califica a Osmo como la futura primera “aldea modelo” de Galicia.

La separación en la Administración entre gestión del monte y lucha contraincendios era una vieja demanda del sector forestal, que entendía que los incendios se comían buena parte de los presupuestos y esfuerzos públicos dedicados al monte. El dictamen parlamentario sobre la ola de fuegos de 2017 abogó también por esa separación, que se llevó a la práctica con la creación en diciembre del 2018 de la Dirección Xeral de Ordenación e Planificación Forestal, desmarcada de la Dirección Xeral de Defensa do Monte, encargada de los incendios. Casi seis meses después de la división de competencias, hablamos con el director xeral de Ordenación e Planificación Forestal, José Luis Chan, un profesional con una experiencia larga en los servicios forestales de la Consellería de Medio Rural y que en los últimos cuatro años fue jefe de servicio en la provincia de A Coruña. - En el sector forestal hubo descontento en los últimos años por la gestión de las subvenciones en todo lo referente a su convocatoria, plazos e inspecciones. También quejas por los retrasos o falta de inversiones en montes conveniados. ¿Separar gestión forestal e incendios va a permitir una corrección de esos errores? - La separación de la gestión es un hecho. Tenemos ahora mismo una Dirección Xeral de Ordenación e Planificación Forestal con unas competencias diferenciadas, con un servicio dedicado a la propiedad forestal, otro a la sanidad de los montes, otro al fomento forestal y un cuarto servicio centrado en los montes de gestión pública. Por lo tanto, hay líneas del ámbito forestal que corresponden a esta Dirección Xeral, otras a la Dirección Xeral de Defensa do Monte y otras compatibles con las dos direcciones. En función de eso, se irán determinando los presupuestos anuales. En cuanto a las ayudas, ahora mismo tenemos todas las ayudas ya lanzadas, estamos pagando las órdenes de silvicultura y forestación 2018-2019 y estamos a punto de aprobar la orden de forestación 2019-2020. También estamos revisando los expedientes de ayudas de silvicultura 2019-2020, que llevan muy poca anualidad para este año, pues lo importante es que tanto comunidades de montes como propietarios y empresas de servicios forestales tengan tiempo de organizar sus medios para acometer todos los trabajos. Por eso estamos convocando ayudas bianualizadas, que es lo lógico. Por otro lado, tenemos aprobadas ayudas para proyectos de ordenación que afectan a casi 130.000 hectáreas y está aprobado el apoyo a la creación de 12 nuevas Sociedades de Fomento Forestal (Sofor), al amparo de la convocatoria 2018-2019. Para la orden de Sofor 2019-2020, en la que estamos trabajando, haremos alguna modificación. - La figura de las Sofor la crearon en el 2011 con el objetivo de enfrentar uno de los grandes problemas del monte, la reducción del minifundio, pero hasta el momento tuvo un escaso éxito. ¿Barajan otras fórmulas para enfrentar el problema del minifundio forestal?

"Crearemos entre dos y cuatro nuevas figuras para promover la gestión conjunta del monte"

- El movimiento asociativo de buscar fórmulas de gestión conjunta de la propiedad particular en Galicia no es fácil, a nadie se le escapa. El monte no es una excepción, pero en la primera orden de ayudas se aprobaron 10 Sofor, ahora son 12 más (22 en total). El camino, como decía el poeta, se hace andando. Por eso queremos darle continuidad a las Sofor, porque sabemos que ya hay iniciativas fuera de estas órdenes de ayudas para iniciar nuevas Sociedades de Fomento Forestal, pero al mismo tiempo, estamos estudiando todo lo que la ley pone a nuestra disposición para crear entre dos y cuatro figuras nuevas de agrupaciones de gestión conjunta. Algunas de estas nuevas figuras serán más ambiciosas y otras más sencillas, igual encaminadas a garantizar sólo una gestión conjunta de mínimos, manteniendo a la vez la propiedad individual. Esas figuras asociativas pretendemos que aparezcan ya en la Lei de Movilidad de Tierras, en la que está trabajando la Consellería.

"Las fórmulas asociativas deberán contar con una fiscalidad que las incentive, un tema que abordaremos con la Administración central"

En cuanto tengamos las nuevas figuras reglamentadas, habrá que abordar algo que depende de la Administración central, que es tener una fiscalidad idónea para todas esas fórmulas, que esa fiscalidad sea un atractivo que sirva de impulso para que la gente se organice. Si queremos un medio rural activo, las inversiones y aprovechamientos tienen que tener una fiscalidad idónea, cuando además el aprovechamiento forestal se obtiene en un periodo largo de tiempo, no hablamos de cosechas anuales sino de muchos años y unos riesgos evidentes. Precisamos por tanto una fiscalidad que favorezca la gestión forestal. - Pasemos a algunos de los temas que están siendo más polémicos en los últimos años, Plan Forestal y eucalipto. En el borrador del Plan Forestal, hablan de limitar la superficie del eucalipto en Galicia. ¿Tienen previsto establecer restricciones a su plantación en determinadas comarcas? - Respecto al eucalipto, cada uno opina lo que considera oportuno, que es algo válido, pero hay que opinar siempre sobre un eje de coordenadas reales. Si disfrazamos la realidad según nos conviene, estamos haciendo un flaco favor. La política forestal en Galicia está siempre condicionada por un factor clave, el fuego. Somos una comunidad con incendios forestales y que en un porcentaje alto son intencionados. Por tanto, hablo en plural, le ponemos fuego al monte, que es algo inconcebible en otros países europeos.

"Hay qué preguntarse por qué el propietario elige el eucalipto y ya no se plantea otras especies"

Entonces, ante esa situación de inestabilidad y de falta de garantías, la gente reacciona con las cartas que mejor tiene. ¿Qué le garantiza el eucalipto a la gente?. Un rendimiento económico, incluso un rendimiento económico a corto plazo, y una garantía de que, en el caso del eucalipto globulus, tiene una capacidad de rebrote. Es una especie que para los propietarios tiene una serie de ventajas a la hora de valorar que plantar en sus montes. Hay que preguntarse por qué los particulares eligen el eucalipto para sus montes y por qué ya no se plantean la utilización de otras especies que también serían adecuadas para esas superficies. En cuanto a la regulación del eucalipto, en el Plan Forestal, que aún no está aprobado, se habla de la regulación y minoración de la superficie forestal del eucalipto. - ¿Acometerán entonces esa regulación del eucalipto? ¿Que la plantación del eucalipto la hay que regular?. La plantación de eucalipto veremos si hay que regularla más, porque ya está muy regulada. El eucalipto no se puede plantar en núcleos rurales, por supuesto en núcleos urbanos, no se puede plantar en suelo rústico de especial protección agropecuaria, no se puede plantar en la Red Natura, no se utiliza como especie en los montes de gestión pública y hay una serie de distancias detalladas tanto en la Lei de Incendios como en la Lei de Montes que obligan a la retirada de eucaliptos y pinos en determinadas circunstancias: ríos, carreteras, viviendas, núcleos rurales, etc.

"Haremos un inventario forestal cada 5 años, pero de forma anual tendremos datos para valorar la evolución de las distintas especies en el monte"

Por tanto, hay ya mucha regulación que limita la plantación de eucalipto. ¿Con eso mantendremos un umbral de superficie de eucalipto que consideramos adecuado?. Pues eso hay que verlo. Para tomar decisiones, tenemos que basarnos en información contrastada. Los inventarios forestales a nivel estatal se hacen cada diez años. Eso se puede considerar idóneo a nivel de otras comunidades autónomas, pero en Galicia, teniendo especies de crecimiento rápido, no parece que eso permita un seguimiento adecuado de la evolución de las masas. Nuestra intención es plantear un inventario forestal continuo para tener una revisión más detallada cada cinco años, pero anualmente tendremos datos para valorar la evolución de las superficies en base a la información de talas, vuelos satelitales y datos de los viveros. - Habla de que el eucalipto está muy regulado, pero otra cosa es el grado de cumplimiento de la regulación. En las comarcas lácteas, es una queja recurrente la impunidad de las plantaciones ilegales en tierras agrarias. ¿Piensan aplicar un mayor control?

"Llevamos tramitados más de 1.500 expedientes sancionadores por plantaciones ilegales"

- A veces se hacen juicios de valor, como si todo estuviese bien o mal. Cuando bajamos a la planificación territorial, a nadie se le escapa que la ordenación del territorio en muchos Concellos no es de todo correcta. A la hora de determinar si un suelo rústico es ordinario, de protección agropecuaria o de protección forestal, hay dificultades. Hay personas que entienden que porque haya actividad agrícola en una zona, eso ya es agrícola 100%. A lo mejor, esa actividad agrícola está sobre un suelo rústico de protección forestal, con lo cual se puede plantar. Es también cierto que hay plantaciones que se hicieron en un determinado momento sobre suelos que deberían ser agroganaderos exclusivamente. En ese sentido, hay que decir que se llevan tramitados cerca de 1.500 expedientes sancionadores, pero hay más de 4.000 advertencias y apercibimientos, aparte de un trabajo continuo del personal de la Consellería para trasladarle a los propietarios la necesidad de retirar plantaciones sin llegar a la fase de sanción. - En cuanto al Plan Forestal de Galicia, en el que la Consellería lleva trabajando varios años, ¿cuándo está previsto tener un documento final, para su posterior aprobación? - Cuando se creó la Dirección, encontramos el Plan Forestal a punto de ser finalizado, pero coincidió con que la comisión parlamentaria creada en el Parlamento Galego a raíz de la ola de fuegos del 2017 elaboró un dictamen con una serie de 123 recomendaciones. Entonces, parece lógico que esas recomendaciones, que contaron con un amplio consenso, se incluyan en lo que ataña al Plan Forestal para que se reconozcan claramente.

"Nuestra intención es tener finalizado el Plan Forestal en junio o a comienzos del verano"

Por otro lado, estamos elaborando una información estadística, a modo de anuario de estadística forestal, con datos cerrados a 31 de diciembre del 2018, y todas las referencias a talas, montes de gestión pública, etc. van a utilizar esos datos. Estamos a la espera también de que el Ministerio nos remita oficialmente la documentación de un inventario de especies de crecimiento rápido en Galicia, del que ya presentó un avance, a fin de incluir esos datos. Durante el desarrollo del Plan Forestal, hubo además muchas aportaciones y por eso estamos revisando todo el documento. Nuestra intención es tenerlo finalizado a lo largo del mes de junio o comienzos del verano. Con ese documento, se continuará por un lado la tramitación medioambiental y por el otro, la coordinación con las otras fuerzas políticas para que valoren el contenido del Plan Forestal. Sería conveniente que ese Plan fuera respaldado por todas las fuerzas políticas, pues establece las directrices a seguir en el monte en Galicia en el periodo 2020-2040.

La ola de incendios de octubre pasado hizo saltar las alarmas en Galicia sobre la necesidad de acometer nuevas medidas para hacer frente a este problema. Hacemos un repaso sobre los cambios que se han producido y que la Xunta de Galicia ha incluido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2018, por ser el medio más ágil para tramitar estas modificaciones. Se trata de reforzar la regulación para conseguir un mayor y mejor aprovechamiento del monte y para intensificar la lucha contra los incendios.

Medidas administrativas: 

En cuanto a las nuevas medidas legales que la Consellería de Medio Rural ha llevado a cabo y que son de obligatorio cumplimiento, destacan: Limpeza do entorno das casas de especies pirófitas nunha aldea de Camariñas -Se ha aumentado de los 30 a los 50 metros la distancia de árboles pirófitas (de fácil combustión, como eucalipto, pino o acacia) en los lugares en los que está demostrado que existe un mayor riesgo: -Se prohibió totalmente la plantación de acacias a menos de 50 metros de edificios y se obliga a que los eucaliptos y pinos guarden una distancia mínima de 10 metros entre cada ejemplar. -Las viviendas aisladas deben obligatoriamente tener gestionada la biomasa en los 50 metros que las rodeen, independientemente de la distancia a la que se encuentren del monte. -Las subestaciones eléctricas y estaciones de telecomunicaciones están obligadas a retirar especies pirófitas a menos de 5 metros de distancia. Con este cambio, la Administración tendrá más facilidades para actuar cuando esto no se cumpla. -Se agilizó el procedimiento para la limpieza de terrenos forestales que no estén debidamente gestionados por parte de la Administración. Ésta podrá declarar zonas de actuación urgente y prioritaria para aquellas sobre las que se precise actuar, pudiendo hacerlo de manera rápida y simplificada en caso de emergencia. -Aquellos montes vecinales en mano común abandonados o no explotados podrán ser declarados como tales por la Consellería do Medio Rural e incorporados al Banco de Terras para que aquellos que tengan necesidad de terreno lo puedan poner en valor. En este supuesto, los comuneros con explotaciones agroganaderas que necesiten base territorial para sus explotaciones, tendrán un derecho preferente de acceso.

Convenios: 

Por otro lado, la Consellería do Medio Rural elaboró en 2016 un convenio marco con los ayuntamientos para colaborar en la prevención y extinción de incendios. Se adhirieron 267 concellos (y 6 convenios con mancomunidades). Este convenio consta de tres líneas de ayuda: -Brigadas de extinción -Conductor de motobomba -Hectáreas para desbrozar Tras los incendios de octubre pasado, este departamento envió una carta a todas los concellos para mejorar el convenio que tuvieran subscrito o adherirse a él. A día de hoy, hay 16 nuevos municipios interesados en sumarse en alguna de las tres líneas de actuación y otros 19 que quieren hacer mejoras en sus convenios. Así, el 90% de los municipios gallegos tendrán subscrito este verano el convenio de incendios con Medio Rural. Si hablamos de presupuesto, en el primer convenio marco se desembolsaron 33 millones de euros, a razón de 11 millones por año. Pero los cambios actuales suponen un desembolso de otros 672.161 euros, que habría que sumar al presupuesto inicial de los convenios para este año que partían de 11 millones. En total, cerca de 11,7 millones se invertirán este año en los convenios de prevención y extinción con los concellos. En resumen: -285 convenios, de los 279 con concellos -De estos 279 concellos, 206 contarán con brigadas, 97 con conductor motobomba y 234 con desbroce de hectáreas. -Y 69 concellos tienen subscritas las 3 líneas del convenio. -En total habrá 290 brigadas de entidades locales desplegadas en Galicia. -Cerca de 1.800 personas contratadas a través de estos concellos entre brigadistas y conductores de motobomba. Además, la Consellería de Medio Rural está trabajando también en la elaboración del próximo convenio marco, que tendrá una duración de 4 años (2019 a 2022) y un importe anual de 11,7 millones de euros; es decir, con un presupuesto total de 46,8 millones de euros. Devasa en un monte de Cedeira gestionado por la Xunta Con todos estos cambios y mejoras, el departamento que dirige Ángeles Vázquez busca nuevas fórmulas de colaboración con las administraciones locales, muchas de ellas con limitaciones económicas para cumplir la legislación. Por ello, y para ayudarles en su competencia de mantener limpias las franjas secundarias de biomasa, la Consellería está negociando con la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) un convenio de colaboración por valor de 6 millones de euros. En dicho convenio está prevista la delimitación de las redes de franjas secundarias de gestión de la biomasa, su publicación y la actuación directa de la Administración local a través de un acuerdo con los propietarios o bien por vía ejecutiva en el caso de no darse dicho acuerdo. Para impulsar y formalizar este acuerdo, Medio Rural aporta este año un total de seis millones de euros, con lo que asumirá el 100% de los gastos, siendo el porcentaje de un 75% en los próximos años. A mayores, esta Consellería colabora con 3,8 millones de euros en el financiamiento de los Grupos de Emergencia Supramunicipal (GES), que son 24 en total, y que también participan en la prevención y extinción de incendios forestales.

Intensificación de la vigilancia: 

Por parte de la Xunta de Galicia se está intensificando la vigilancia en los montes, reforzando la red de vigilancia de los espacios forestales de Galicia, que contará con un mínimo de 44 cámaras distribuidas entre diferentes distritos. Se localizarán especialmente en parroquias de alta actividad incendiaria y tendrán tanto una finalidad de control como de disuasión. Se trata de un sistema de visualización y detección compuesto por cámaras ópticas que servirá de soporte en las labores de protección y vigilancia de la masa forestal gallega, así como para la optimización de la coordinación de los medios de extinción, en caso de incendio.

Acondicionamiento infraestructuras prevención: 

Entre el pasado año y el presente se destinaron cerca de 8,5 millones de euros para la creación de nuevos puntos de agua y la mejora de pistas y cortafuegos. Con respecto a los puntos de agua, el pasado año se construyeron 58 nuevos depósitos por un importe de 1,5 millones de euros. Gracias a esto, Galicia cuenta a día de hoy con 5.481 puntos de agua operativos, de los cuales 754 son aptos para los medios aéreos (helicópteros). Además, para este año, está prevista la construcción de otros 49 puntos por un importe de algo más de 700.000 euros. Pero también resulta fundamental acondicionar la red de pistas forestales y de cortafuegos, para que, en el caso de producirse un incendio, se pueda frenar el avance del fuego y permita un rápido acceso a las zonas afectadas. Actualmente, Galicia cuenta con aproximadamente unas 10.500 hectáreas de cortafuegos en todo el territorio, pero es necesario repasarlos con el fin de eliminar la capa vegetal que puedan tener y dejar al descubierto el suelo mineral, con el objeto de frenar el avance de los incendios, en el caso de producirse. Durante el pasado año 2017 se aprobó una inversión de 3,4 millones de euros para actuar sobre más de 600 kilómetros de pistas y 3.600 hectáreas de cortafuegos. En este año 2018, el presupuesto es de 2,7 millones de euros para una mejora de casi 500 kilómetros de pistas y más de 1.600 hectáreas de cortafuegos.

Campaña de sensibilización: 

La Xunta planificó para este año 2018 la realización de 324 charlas y actividades divulgativas a favor de un monte sostenible en las que está previsto que participen unos 17.000 alumnos de centros escolares de toda la comunidad. Las jornadas son coordinadas por jefes, agentes y técnicos de la Consellería do Medio Rural y se están realizando en los 19 distritos forestales. Versan sobre aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, las características de los montes gallegos y la prevención, defensa y extinción de incendios. Este número de acciones de sensibilización supone un incremento del 11,5% respecto al 2017 y la cifra de alumnos implicados crece un 30% en relación con el pasado año.

Plan forestal: 

EL borrador de la revisión del Plan Forestal de Galicia (PFG) ya fue remitido a los distintos grupos parlamentarios para recoger sus sugestiones y aportaciones. El jueves 5 de julio fue aprobado inicialmente y publicado en el Diario Oficial de Galicia.

Ayudas para instrumento de ordenación: 

La Xunta publicó este año una orden por la que se convocan subvenciones destinadas a la elaboración de instrumentos de ordenación o gestión forestales (la normativa establece que a partir del 2020 todo monte tiene que disponer de este instrumento). Esta convocatoria tiene un presupuesto de 4 millones de euros, repartidos al 50% entre los años 2018 y 2019.

Mejora de las zonas de pastoreo extensivo: 

Desde 2016 se destinaron más de 800.000 euros en la creación y mejora de sistemas silvopastoriles, incluyendo un estudio en profundidad sobre la ordenación silvopastoril en las comarcas de las provincias de Ourense y Pontevedra con mayor potencialidad para acoger este uso del monte. A partir del resultado de este estudio, se continuará con esta línea de inversiones.

Avances en la reestructuración parcelaria: 

En el período 2009-2017, la Xunta destinó cerca de 92 millones de euros a las obras y servicios técnicos de las reestructuraciones parcelarias en toda Galicia. Con esta inversión, se avanzó en la ordenación del territorio, quedando ahora mismo 128 zonas activas, con un territorio de 112.059 hectáreas. El objetivo del Gobierno gallego es cerrar administrativamente estos procesos en el 2020, lo que redundará en un aprovechamiento de las tierras agrarias.

Agilización de las cortas de madera: 

La Consellería de Medio Rural puso en marcha el pasado mes de abril una aplicación informática que permite la presentación electrónica tanto de la declaración responsable como de la autorización única de cortas, a través de la sede electrónica de la Xunta. Se trata de una ventana única interadministrativa, que reúne en un único visor toda la información necesaria y homogénea de los distintos organismos y administraciones competentes. En ella se incluye una plataforma de información georreferenciada o visor de cortas que permite que con solo introducir la referencia catastral del terreo donde se quiere cortar madera, se visualicen todas las protecciones administrativas que le afectan. Esta plataforma fue precisamente creada para agilizar los aprovechamientos. Esta flexibilización supone un importante ahorro tanto en tiempo como en términos económicos. De hecho, según cálculos del propio sector, el ahorro que supone para las empresas de aprovechamientos forestales, tanto en taxas como en optimización logística y gestión eficiente, se sitúa alrededor de los 8,6 millones de euros anuales. Con el nuevo sistema, la Xunta tramita alrededor de 200 solicitudes de corta al día. De ellas, unas 60 obtienen el permiso en el momento (aproximadamente un 30%), cuando antes de esta agilización ninguna solicitud se atendía inmediatamente.

El director general de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, compareció este jueves en la comisión séptima de Agricultura, Alimentación, Ganadería y Montes del Parlamento gallego y recordó que todas las administraciones tienen competencias en mantenimiento de las faranjas de gestión y del cumplimiento de las distancias de plantaciones se refiere. Así, señaló además que este año se modificó la normativa para facilitar la actuación en aquellas parcelas en las que los propietarios incumplen sus deberes. En concreto, ahora la legislación permite a las administraciones (tanto ayuntamientos como Xunta, según la competencia de cada una) entrar en un predio y desbrozarlo de manera subsidiaria tan solo 15 días después de que el aviso sea publicado en el Diario Oficial de Galicia y en el Boletín Oficial del Estado. De este modo, se desbloquea el problema administrativo con el que se encontraban las instituciones para actuar cuando el propietario no lo hacía. En caso de que lo que se incumpla sean las distancias de las plantaciones el plazo se amplía a dos meses y la administración, tanto ayuntamientos como Xunta, también podría decomisar las especies arbóreas que estén en situación ilegal. Reparto de competencias Respecto al reparto de competencias entre administraciones, Fernández-Couto señaló que esta distribución no es nueva, sino que data del año 2007. "En ese momento se estableció que son las instituciones locales las responsables de la vigilancia de las franjas secundarias (aquellas que tienen por función proteger de los incendios los núcleos de población) y de actuar de manera subsidiaria en caso de que el titular del terreno no intervenga. Es el Gobierno autonómico, en cambio, el competente en las franjas primarias (carreteras y líneas ferroviarias) y terciarias (forestales)", recordó. De este modo, el responsable de Ordenación Forestal incidió en que ninguna administración puede eludir sus responsabilidades sino que, muy al contrario, todas deben "ponerse las pilas" para garantizar el cumplimiento de la ley. "No hablamos de una cuestión de paisajística abierta a debate, es una cuestión de seguridad. Donde vive la gente el concepto de peligro no puede existir", declaró. Por ese motivo apeló a la "responsabilidad" de toda la sociedad para que cada uno actúe en sus terrenos. Respecto a la posibilidad de sanción, insistió en que objetivo no es recaudatorio, "de ahí que se apostara por los apercibimientos a los propietarios". De hecho, indicó que "los distritos forestales disponen de hasta 19.000 carteles para advertir de las plantaciones que no mantienen las distancias establecidas en la ley". Fernández-Couto explicó que lo que se pretende es garantizar que en caso de incendio las llamas no lleguen a los núcleos de población ni viviendas aisladas y, por otro lado, tener "recursos, opciones y posibilidades para atajar los fuegos a través de las infraestructuras del terreno". Ayudas a los ayuntamientos En todo caso, Tomás Fernández Couto recordó que desde la Xunta de Galicia siempre se colaboró con los municipios para facilitar estos trabajos a través de los convenios de prevención y defensa contra los incendios forestales a lo que cualquier ayuntamiento se puede unir. "Gracias a estos acuerdos pueden contratar brigadas, conductores de motobomba y desbrozar a través de una subvención de la Consellería de Medio Rural", aseguró. Además, el director general destacó que en los últimos años se incrementó la colaboración a través de diferentes fórmulas, como la de los tractores para el desbroce y con el convenio propuesto a la Fegamp con un presupuesto de seis millones de euros para el primer año abonados íntegramente por el Gobierno gallego."Con esta aportación podrán trabajar en los espacios de su competencia", subrayó. Por último, destacó que la Consellería de Medio Rural está poniendo en marcha también un visor web para la identificación de las redes secundarias de franjas de gestión de biomasa a través del empleo de nueva tecnología. Será de acceso público y comenzará en aquellos ayuntamientos con planes generales de ordenación municipal adaptados a la Ley de Ordenación Urbanística.

Xosé Manuel López Gallego, técnico superior en prevención de riesgos laborales, analizó en una tesis doctoral la situación de la siniestralidad laboral en el campo gallego. Escogió para su trabajo la década 2004-2014, la primera de funcionamiento de un sistema, el Delt@, que mejora la recogida de datos de los siniestros, pero que aún presenta defectos. Durante esa década, Galicia tuvo un total de 14.660 accidentes laborales ligados al sector agrario y forestal, lo que representa cuatro accidentes al día.

– Una cuestión que subraya en su tesis es la insuficiencia de datos sobre la verdadera dimensión de los accidentes de trabajo en el campo. ¿A qué se debe esta situación?
– En primer lugar, en la agroganadería, al ser en general un trabajo por cuenta propia, una persona no sufre un accidente laboral salvo que pague. Sólo se computan como accidentes laborales los de las personas autónomas que pagan la cobertura por contingencias profesionales. Si no la pagas, esos siniestros se cuentan como accidentes, pero no laborales. Hay otros factores que también dificultan la contabilidad de los siniestros, como el elevado número de ayudas familiares que suele existir en el campo, tanto de personas jubiladas como de estudiantes o de personas que trabajan en otra actividad y echan una mano en la casa.

Por último, también habría que incidir en un factor estructural. La mayoría de los pequeños accidentes no se notifican porque pueden ser molestos pero no incapacitantes, y una persona autónoma no suele darse el lujo de tener bajas.

– ¿Cuál es el perfil más habitual de las personas que sufren siniestros laborales en el campo?
– Hay diferencias marcadas en función del sector. En forestal, los accidentes se dan sobre todo en personas menores de 40 años y con poco tiempo en la empresa. Un dato significativo es que la mitad de los siniestros del sector forestal se registran en personas con menos de tres meses de antigüedad en la empresa. El factor de riesgo es la falta de experiencia de la persona. Una motosierra, que es uno de los equipos que genera una mayor accidentalidad, exige destreza y que el operario sepa como ejecutar los trabajos de la manera correcta.

La mayoría de siniestros en el sector forestal se registran en personas jóvenes con poca antigüedad en la empresa. En el sector agrario pasa lo contrario»

En cambio, en el sector agrario los accidentes se dan con mayor frecuencia en personas de más de 44 años y que llevan más de 5 años trabajando en la explotación.

– El mayor número de accidentes mortales se registran con el tractor. ¿Es la edad del tractor un factor claro de riesgo?
– Un tractor viejo no tiene porque ser inseguro necesariamente. El problema es si no se le hace un buen mantenimiento. En el campo hay un limbo normativo porque dentro de la explotación, el tractor lo puede conducir cualquiera, aunque no tenga carnet, y tampoco se exige que ese tractor tenga la Itv pasada si no sale fuera de la explotación.

Los accidentes con tractores son los más letales y los que tienen normalmente más relevancia, pero algo que mucha gente no se imaginará es que los accidentes con animales son más numerosos que los siniestros con el tractor. En diez años, encontré 1.024 siniestros con ganado vacuno, por los 978 que hubo con tractor.

– Con los animales, detectaste que los mayores problemas se registran en el ordeño, bien por patadas, golpes o aplastamientos. Destacas en la tesis que el ordeño en plaza genera un mayor volumen de accidentes que el ordeño en sala.
– El ordeño es el trabajo que genera más volumen de siniestros con animales, aunque también hay que tener en cuenta que un 23% de los siniestros de este tipo se produce con becerros. En cuanto al ordeño en plaza, es cierto que hay un mayor número de incidentes, ya que el 60% de los siniestros de ordeño se dan en este sistema, pero nos falta conocer más datos, igual que nos falta en el ordeño en sala saber el tipo de sala qué es. Las bases de datos deberían facilitar más información, ya que es la vía para aprender de lo que le pasó a otros.

El sistema de notificación de accidentes en el sector agrario da una información muy limitada. Por ejemplo, para las segadoras sólo hay un código. Da igual que sea una segadora arrastrada, suspendida, un robot cortacesped de un jardín o una ‘Bertolina’.

– Volviendo al tractor, al registrarse la mayoría de siniestros en personas con experiencia, ¿piensas que puede haber situaciones de exceso de confianza?
– Todos los accidentes se dan por errores humanos o imprudencias. El tractor no es peligroso en sí, el problema está en su mal uso. Si no, ¿cómo se explica que haya un alto porcentaje de accidentes en los que la víctima cayó del tractor en marcha? Una de dos, o no llevaba el cinturón de seguridad o estaba haciendo algo que no debía.

«Siempre se piensa en el tractor volcado, pero un tercio de los accidentes con tractor son por algo tan tonto como bajar o subir de la cabina»

Siempre pensamos en el tractor volcado pero cuando analizas los accidentes, encuentras que un tercio de los siniestros con el tractor se producen bajando o subiendo de la cabina. Hay una idea cultural de que si uno baja de cara al tractor es un poco novato y se prefiere bajar de espaldas al tractor, en plan ‘experto’, o incluso saltando. Pues una cosa tan tonta como bajar mal del tractor está provocando bajas prolongadas por daños en tobillos, piernas o brazos.

Es necesario también que los diseños de los fabricantes tengan en cuenta este tipo de siniestros, ya que tiende a dársele mucha importancia a la cabina y poca a su acceso y salida.

– ¿Qué crees que se puede hacer en el campo para mejorar la prevención?
– Un dato preocupante es que en el 39% de los siniestros, el trabajador reconoce que su puesto de trabajo no fue evaluado y en el 20% de los casos no hay constancia de la existencia de un sistema de gestión de la prevención. La solución en la gestión de la prevención sólo puede venir de la Administración, impulsando e incluso tutelando la implantación de sistemas de gestión adecuados y adaptados al sector, es la única manera de que se generalice la prevención.

Una modalidad que sería adecuada para el sector agrario son los servicios de prevención mancomunados. Una cooperativa o un conjunto de explotaciones de un área determinada pueden dotarse de un servicio propio que se encargue de la seguridad laboral. También se podrían crear cooperativas orientadas a la seguridad.

«Los servicios de prevención mancomunados son adecuados para el sector agrario»

Con frecuencia se piensa que los accidentes son cuestión de suerte o una fatalidad, como algo normal que te tocó, pero no tienen que ver con eso. Que por ejemplo un niño pueda tener un accidente por estar jugando en el interior de una explotación en la que hay ganado y máquinas no puede ser algo normal. La responsabilidad es de la explotación, no del niño.

Falta concienciación sobre el problema que representan los siniestros en el campo. Cuestan dinero y tiempo, aparte del daño que suponen para el afectado.

La siniestralidad del sector agrario es superior al promedio del total de actividades y se acerca a los niveles de accidentes del sector industrial. El peor dato, con todo, es el de accidentes mortales, pues el campo dobla las cifras del resto de sectores. La situación de las actividades forestales es la más extrema, con un nivel de accidentes mortales que fue en el mejor año 4 veces superior a la media y 15 veces superior en el peor año analizado, según un informe que ha hecho público el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El estudio gubernamental incide en la necesidad de aumentar las políticas de prevención de riesgos laborales y llama también la atención sobre las irregularidades laborales que se producen en el sector. Un 17% de las inspecciones de Trabajo detectan infracciones, un porcentaje superior a la del promedio de actividades (6%) e incluso peor que el de la hostelería (12,5%), que suele concentrar los mayores datos de infracciones. Condiciones de trabajo La accidentalidad del sector agrícola fue a más en los últimos años, según el diagnóstico publicado por el Instituto de Seguridad en el Trabajo. El organismo incide en factores como el alto porcentaje de ayudas familiares que se producen en el campo, hasta diez veces superiores al promedio del total de actividades; así como en la escasa formación que percibe en los trabajadores, pues un 70% no pasó de la primera fase de la Enseñanza Secundaria. El análisis pone de manifiesto otro dato preocupante, como es la falta de percepción de riesgo entre los trabajadores. Un 20% de los encuestados no identifica ningún riesgo de accidente en el trabajo. Sin embargo, un 9% sufrió algún tipo de incidente o accidente en los últimos tres años, aunque no lo haya tramitado como tal.