La Interprofesional para impulsar el Sector Cunícola, Intercun, ya ha comenzado a autorizar a entidades de certificación para realizar auditorías de Compromiso Bienestar Animal BACI (Bienestar Animal Cunícola INTERCUN), lo que permitirá el uso del sello B+ en los productos de carne de conejo procedentes de granjas e industrias certificadas. Este es el sello común de las seis interprofesionales ganadero-industriales del sector cárnico, que se han unido para garantizar a los consumidores y usuarios un alto nivel de excelencia en cuanto a bienestar animal y trazabilidad en los productos identificados con el B+.

Control en todo el sector

Tal y como explican desde Intercun, la certificación BACI ha contado para su elaboración con la Sociedad Española de Protección y Bienestar Animal (SEPROBA), y ha sido cuidadosamente analizada por un comité científico multidisciplinar. “Esta certificación engloba requisitos basados en criterios científicos y técnicos más exigentes que los recogidos en la normativa europea, así como en la nacional”, explican desde Intercun. Además, esta certificación contempla todos los eslabones del proceso de producción de carne de conejo. Establece requisitos que afectan al bienestar animal y a la trazabilidad desde la maternidad hasta el cebo o los centros de sacrificio y controla la cadena de custodia de los productos en el resto de industrias relacionadas con la carne de conejo.

La firma ICL Speciality Fertilizers acaba de lanzar una campaña informativa sobre los controles de seguimiento a los que somete los abonos para garantizar su calidad. Bajo el eslogan “Nuestra calidad, tu tranquilidad” reivindica el sistema de trazabilidad que utiliza para todos los procesos productivos de sus abonos.

Este seguimiento permite a la firma un control de calidad desde la extracción de las materias primas en las minas hasta que llegan en sus diferentes formulaciones y envases al agricultor, viverista o jardinero. A lo largo de su elaboración, la empresa supervisa que los abonos cumplan con los requisitos normativos y que contengan exactamente lo que se refleja en las etiquetas del producto. “Es imprescindible controlar al máximo todo el proceso”, explican desde la firma.

El control que realizan a los abonos incluye desde la pureza de los minerales utilizados, los procesos de elaboración de cada tipo de fertilizante o la correcta proporción de cada formulado. “Es la única forma de poder asegurar al cliente final que lo que compra responde a las necesidades nutritivas de los cultivos, según el tipo de suelo, clima, tipo de riego…”, reivindican desde la firma.

La empresa incorpora a su proceso de control de calidad el trabajo realizado en sus Centros de Investigación y Desarrollo, lo que le permite desarrollar fertilizantes especializados en cada cultivo, programas de nutrición completos, productos fitosanitarios o semillas de césped de alto nivel.

Logo de la campaña.

ICL asegura que con sus abonos “el agricultor profesional puede tener la certeza de que su programa de nutrición cumple todos los requisitos y normativas legales, tanto de las diferentes administraciones como de la distribución del minorista”, indican.

Además, la firma también dispone de una red técnica y profesional que asesora al cliente final a la hora de analizar las necesidades de sus cultivos y tomar decisiones para elaborar el programa nutricional con los correctos aportes de fertilizante para cada cultivo.

La Consellería de Medio Rural le trasladará al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) un informe del Consejo Gallego de la Competencia que justifica la necesidad de seguir adelante con la tramitación del real decreto que regula el deber por parte de la industria de identificar el origen de la leche. Otros países de nuestro entorno, como Francia, Portugal o Italia ya lo hicieron. Sin embargo, esta semana la Comisión Nacional de Competencia, órgano dependiente del Ministerio de Economía, emitió un informe desfavorable al decreto sobre la identificación del origen de la leche, alegando que pueda tener un "efecto proteccionista de la industria nacional (....), constituyendo una restricción a la libre circulación de mercancías (entre países)". La postura de Competencia enfada al sector ganadero, que le pidió al Ministerio que haga oídos sordos al informe de Competencia y apruebe la norma, como ya hizo con el decreto que obligó a las industrias a informar al Ministerio de Agricultura del precio de venta de su leche a las cadenas de supermercados. Medio Rural: "El informe de Competencia no es vinculante y la identificación del origen de la leche es uno de los compromisos del Acuerdo Lácteo" En la misma línea se sitúa también la Consellería de Medio Rural que "reafirma su compromiso con la regulación de la identificación del origen de la leche, porque representa un apoyo fundamental para los ganaderos gallegos y supone también una defensa del derecho de los consumidores a disponer de información veraz sobre los productos que adquieren en el mercado". Medio Rural no comparte el criterio de esta Comisión al respecto y recuerda además que "su dictamen no es vinculante", por lo que considera que "existen razones de sobra para que el Mapama continúe avanzando en la misma dirección, empezando por lo establecido, también, en el Acuerdo lácteo firmado por los agentes del sector en septiembre de 2015". En este documento las industrias y la distribución se comprometían a "promover la identificación del origen de la leche y los productos lácteos, con el fin de mejorar la información que se facilita al consumidor mediante la inclusión, por parte de las empresas, de forma claramente visible, de estos datos en folletos de promoción, publicidad, carteles, así como en los propios lineales". Así, el Gobierno gallego insiste en que "la medida regulada por el real decreto está plenamente justificada, pues dar información veraz al consumidor sobre el origen de un producto, como la leche y sus derivados, favorece la propia competencia". Galega 100% En este mismo campo de la identificación del origen, la Xunta recuerda también que Galicia ya cuenta con una herramienta muy importante, como es la marca "Galega 100%", que además de asegurar el origen gallego de la leche garantiza también su calidad superior y su trazabilidad.

IMOP, una firma especializada en la realización de estudios de opinión, y Berbés Asociados han puesto en marcha un trabajo para recabar la opinión de los españoles en referencia a cuestiones sobre el etiquetado alimentario cuya nueva legislación entró en vigor a finales del pasado año. El objetivo del trabajo, hecho a través de 754 entrevistas telefónicas, era conocer si con este etiquetado se cumplen con las exigencias de la población respecto a la información presente en el etiquetado y también saber a qué se presta más atención a la hora de copear productos alimentarios. Según los resultados obtenidos, alrededor del 19% de la población española no lee las etiquetas de los alimentos que consumen, siendo la comprendida entre 25 y 34 años la más atenta a la información de la etiqueta (solo el 9% no la lee) y la población de entre 55 y 64 años la que más descuida este aspecto (un 25% de ellos no leen las etiquetas). Sin embargo, entre aquellos que sí prestan atención a las etiquetas informativas en el momento de la compra, destacan por encima del resto los que están de acuerdo con el vigente etiquetado y no echan nada en falta en el mismo, que ascienden a un 28% de los consumidores. Demandan un etiquetado más visible y que se informe sobre posibles alérgenos Respecto a las reclamaciones más pronunciadas por los españoles se encuentra una mayor visibilidad del etiquetado (14%), elección que se incrementa con el aumento de la edad de los consumidores. También se demanda una mayor información sobre los posibles alérgenos que contengan los productos (9%), opción citada principalmente por las personas entre 25 y 34 años, y siendo bastante menor entre los más mayores. Una mejor visibilidad de la fecha de producción y de caducidad (9%), más información sobre la composición del producto, conservantes e ingredientes (7%) y el origen del mismo (7%) son otras de las reclamaciones principales de los españoles en la encuesta realizada. En menor medida, la población española ha seleccionado como aspectos a mejorar en el etiquetado más información sobre valores nutricionales (6%) y mayor claridad de los contenidos (6%). Con porcentajes más bajos han solicitado información sobre las grasas trans, sobre los transgénicos y sobre el proceso de fabricación. Además, alrededor de un 4% de los consumidores señala otras opciones y otro 4% no sabe o no quiere contestar.

La Comisión Europea acaba de publicar dos informes sobre el etiquetado de origen, conforme a lo solicitado por el Consejo y el Parlamento Europeo en el Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor (1169/2011). Según la Comisión, “en ambos se llega a la conclusión de que los beneficios de los nuevos requisitos obligatorios de etiquetado no compensan claramente los costes y que las normas de etiquetado voluntarias parecen ser la solución más adecuada”. Sin embargo, una mayoría de los consumidores encuestados si que se muestran a favor de indicar el origen en la etiqueta de los productos alimentarios. La Comisión se posiciona así hacia una normativa menos exigente en la información al consumidor. En el primer informe se analiza la viabilidad de las diferentes opciones para el etiquetado de origen obligatorio respecto de los productos lácteos y carnes menores, en particular la carne de caballo, carne de conejo y carne de caza y de aves (silvestres o de granja), teniendo en cuenta que ya existen normas de etiquetado para la carne de vacuno, carne de porcino, carne de aves de corral, carne de ovino y de caprino. Habida cuenta de la actitud de los consumidores hacia la información adicional y los costes suplementarios potenciales, así como los requisitos técnicos y administrativos derivados para las empresas y las autoridades públicas, el informe llega a la conclusión de que, en el caso de los productos lácteos, “se produciría un impacto desigual en los productores, más gravoso para algunos y menos para otros”. “Parece también -interpreta la Comisión- que los consumidores no están dispuestos a pagar más por la información adicional”. Por consiguiente, el informe sugiere que las opciones existentes de etiquetado voluntario podrían responder a algunas de las demandas de los consumidores, manteniendo al mismo tiempo la necesaria flexibilidad para los Estados miembros y los operadores del sector alimentario. Para las «carnes menores», el informe también llega a la conclusión de que el etiquetado de origen obligatorio implicaría costes operativos que no compensarían los beneficios. Los consumidores prefieren el etiquetado del origen El segundo informe analiza la necesidad de informar a los consumidores sobre el origen de los alimentos no transformados, los productos con un solo ingrediente único e ingredientes que representan más del 50% de un alimento. Llega a la conclusión de que los consumidores están interesados en el etiquetado del origen para todas estas categorías de alimentos, pero no así para categorías de alimentos como la carne, los productos cárnicos y los productos lácteos. En el informe también se analizan los costes y beneficios de la normativa en materia de etiquetado, incluido el impacto en el mercado interior y en el comercio internacional, y llega a la conclusión de que el etiquetado del origen voluntario, en combinación con los actuales regímenes de etiquetado de origen obligatorio para determinados alimentos o categorías de alimentos, es la mejor manera de avanzar.

Desde el 1 de abril han entrado en vigor en la Unión Europea las nuevas normas de etiquetado en las que será obligatorio indicar el origen de la carne fresca, refrigerada o congelada de porcino, ovino, caprino y aves. En concreto, se trata del Reglamento de Ejecución (UE) nº 1337/2013 de la Comisión Europea, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la indicación del país de origen o del lugar de procedencia para la carne. Se trata de nuevas normas de etiquetado en las que será obligatorio indicar el origen de la carne fresca, refrigerada o congelada de porcino, ovino, caprino y aves. Queda excluida la carne de vacuno De este sistema de etiquetado han quedado descartados los modelos de carne de vacuno, que ya cuentan con una normativa propia, y la carne picada junto a los magros. Normas para la carne de porcino. En el caso de la carne de porcino se utilizará la indicación de origen criado en seguido del nombre del país: En que haya estado los últimos 4 meses de vida cuando el animal haya sido sacrificado con 6 o más meses de vida y más de 80 kg de peso vivo. En que haya estado desde los 30 kg hasta su sacrificio cuando se sacrifique con menos de 6 meses de vida pero con más de 80 kg de peso vivo. En que haya estado si se sacrifica con menos de 80 kg vivo y tiene menos de 6 meses. Normas para ovino, caprino y aves Para la carne de ovino-caprino se debe indicar en la etiqueta el Estado miembro de la Unión Europea o país tercero en el que ha sido criado el animal durante los últimos 6 meses de vida, o de todo el periodo de cría si es sacrificado con menos de 6 meses. En la carne de aves se debe indicar el país donde han sido criadas durante el último mes de vida o de toda si esta es sacrificada antes de un mes. Otras menciones que deberán incluirse en el etiquetado son las de sacrificado en con el nombre del país, sea de la UE o no, y el código de lote para poder verificar la trazabilidad. El objetivo de esta normativa, según la Comisión Europea, es mejorar la trazabilidad de la carne, estableciendo una relación entre la carne comercializada y el animal del que procede.