Millares de personas marcharon ayer por las calles de Santiago para advertir de las consecuencias del abandono del rural. La movilización estuvo protagonizada por ganaderos, propietarios forestales y cazadores pertenecientes a más de medio centenar de colectivos. El lema de la convocatoria, “Creamos naturaleza y vida en el rural: no somos el problema, somos la solución”, quiso poner el foco en las dificultades que tienen las personas que desarrollan su actividad en el rural gallego.
Una de las cuestiones que más descontento suscita estos días es la amenaza de multas que pende sobre los propietarios forestales que incumplan la normativa de prevención de incendios forestales. La ley obliga a los propietarios a desbrozar y retirar eucaliptos y pinos de los laterales de las carreteras y en una franja de protección de 50 metros en torno a viviendas y núcleos de población.
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Las medidas de prevención son consideradas excesivas por los silvicultores, aunque están de acuerdo en la necesidad de una estructura forestal que contribuya a la prevención de los fuegos. "En situaciones meteorológicas como las del otoño pasado, con fuertes vientos, las franjas de 10 metros previstas en torno a las carreteras no serían capaces de detener un fuego" -valoró antes del comienzo de la marcha Ramón Reimunde, presidente de Promagal, una organización de asociaciones de productores de madera del norte gallego.- "Si la Administración quiere crear esas franjas, lo que tiene que hacer es expropiar las tierras que corresponda", propone.
La protesta contó también en la parte forestal con el apoyo del Cluster de la Madera de Galicia y de la Asociación Forestal de Galicia. En representación del sector agrícola y ganadero, intervino antes de la marcha en declaraciones a los medios el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, que destacó el riesgo de abandono al que se enfrenta el rural, con el peligro de incendios forestales catastróficos si desaparecen los cortafuegos naturales que representan las tierras de cultivo.
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García advirtió también de la necesidad de una Política Agraria Común (PAC) fuerte, que preserve las rentas de agricultores y ganaderos y que contribuya a mantener la producción de alimentos seguros en la Unión Europea.