La ministra asegura que el 83% de las explotaciones lácteas beneficiadas por las ayudas de mínimis serán gallegas

La ministra  asegura que el 83% de las explotaciones lácteas beneficiadas por las ayudas de mínimis serán gallegas

Isabel García Tejerian

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, Isabel García Tejerina, aseguró hoy que el 83% de los beneficiarios de las ayudas de minimis a las explotaciones lácteas en dificultades serán gallegos “y recibirán más PAC”.

Tejerina respondía esta mañana en el Congreso de los Diputados a una pregunta de la diputada del BNG, Olaia Fernández Davila, sobre el método elegido para la concesión de ayudas al sector lácteo, una fórmula que la parlamentaria consideró “discriminatoria al dejar fuera a buena parte de los productores gallegos”.

En su respuesta, la ministra no explicó los criterios establecidos, ni aclaró el umbral de precios para poder acceder a las ayudas, pero sí aseguró que de la partida “todas las explotaciones del estado recibirán ayudas, sobre todo las que más lo precisen” y que el criterio es que no cierren explotaciones.

Tejerina replicó a Davila que “todo lo que dijo sobre los cálculos de las ayudas es absolutamente falso”. Señaló que “hay un único umbral para todos los ganaderos” pero no dijo cual era. Dijo que “el 83% de los beneficiarios serán gallegos (…) y recibirán más PAC” e indicó que “no dejará a nadie fuera del apoyo”.

En cuanto al montante de las ayudas, la titular de Agricultura dio dados ya anunciados: que se habilitarán 45 millones adicionales, 20,5 de fondos comunitarios y 20 del presupuesto del estado. Unas partidas, dijo, que “se sumarán a los 250 que recibirán de la PAC”.

“Un acuerdo voluntario no puede tener sanciones”

Por otra parte, la ministra defendió el Acuerdo conseguido, y atacó a la diputada del BNG por  “defender cosas inviables”, en relación a la demanda de que haya un precio de referencia obligatorio y con sanciones para que se cumpla. En su respuesta a Ministra dejó claro que está en contra de un régimen de sanciones en caso de que no se cumplan los precios, y apeló “a la legalidad existente” para defender el carácter voluntario de la referencia de precios. En ese sentido, sostuvo que “un Acuerdo voluntario no puede tener un régimen de sanciones”.

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