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La Comisión Europea prolongará finalmente a la campaña de 2023 la excepcionalidad a las normas de condicionalidad sobre diversificación y rotación de cultivos y a las tierras de barbecho de la Política Agraria Común (PAC), con el objetivo de incrementar la producción agrícola.
Las medidas contenidas en la propuesta de reglamento se refieren concretamente a la derogación de dos de las denominadas Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) de la condicionalidad establecidas según el reglamento por el que se regula la nueva PAC 2023-2027.
Por un lado, se propone la derogación de la BCAM 7, en la que se regulan las prácticas de diversificación y rotación de cultivos. Esto supondría que no sería obligatorio, en el año 2023, realizar dichas prácticas para poder cobrar los pagos directos y determinadas ayudas de desarrollo rural de la PAC.
Se podrán cultivar los barbechos siempre que no sea de maíz o soja
Por otro lado, respecto a la norma incluida en la BCAM 8 que obliga a dedicar anualmente al menos un 4% de la tierra de cultivo a superficies y elementos no productivos incluido el barbecho, la excepción que propone la Comisión es que estas superficies de barbecho puedan ser cultivadas, siempre que no sea de maíz y soja, dos cultivos destinados normalmente a la alimentación animal. El objetivo que persigue la Comisión es incrementar la producción europea, especialmente la de girasol, trigo y colza, cultivos más usados en la alimentación humana y de los que es más dependiente de Ucrania o Rusia.
Ambas excepciones a las reglas normales de la condicionalidad podrán aplicarse en 2023 sin considerar que se produce un incumplimiento de la condicionalidad y por lo tanto sin que dé lugar a una reducción de los pagos de la PAC para el agricultor.
Estas dos excepciones serán de aplicación voluntaria por parte de los Estados miembros. España había solicitado en varias ocasiones a la Comisión Europea la flexibilización de estas medidas dada la situación provocada por la invasión rusa de Ucrania, por lo que está previsto que en España se apliquen ambas excepciones. Ello requerirá realizar los cambios necesarios en la normativa nacional, una vez se finalice la tramitación de la propuesta de reglamento dada a conocer.
La Comisión Europea estima que con esta medida se podrán poner en producción un total de 1,5 millones de hectáreas en el conjunto de la Unión Europea. El impacto real de la medida dependerá de las decisiones que tomen para su aplicación los Estados miembros y las que posteriormente tomen los agricultores en el momento de realizar sus siembras.
