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La pasada semana el Gobierno anunciaba la aprobación en Consejo de Ministros del nuevo decreto de etiquetado de la miel, una norma que obligará a algo tan básico como que en el etiquetado de la miel se indique el país o países de procedencia, un cambio que permite la legislación de la Unión Europea y que ya han aplicado estados como Francia o Italia.
Sin embargo, la información que ha trascendido de la norma aprobada en Consejo de Ministros no cumple con las demandas de los apicultores y asociaciones de consumidores, ya que no se obliga a indicar el porcentaje de miel que procede de cada país, así como si esta ha sido sometida a pasteurización.
En este sentido, distintas organizaciones han exigido al Gobierno que cambie la norma antes de publicarla en el Boletín Oficial del Estado y que no ceda a los intereses de las industrias envasadoras y a las presiones de países como China, principal exportador de miel y sucedáneos a la Unión Europea.
Así, desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), su responsable del sector apícola, Pedro Loscertales lamenta que «el Ministerio de Agricultura ha dejado al consumidor con la miel en los labios. Que no se incluyan porcentajes de cada país en los que casos que haya mezclas supondrá que, una miel con un porcentaje de mezcla del 1% cosechada en España y del 99% cosechada en China, tenga la misma leyenda en el etiquetado que otra con un 49% de miel española y 51% china, cuando son productos sustancialmente diferentes».
Los apicultores también reclaman que se indique si la miel ha sido sometida a tratamientos de calentamiento por encima de 45°C o microfiltrados que eliminen el polen intrínseco de la miel.
Los productores y las organizaciones agrarias ya han señalado que seguirán reivindicando como lo llevan haciendo hace más de 15 años para que el etiquetado de la miel recoja la realidad del producto y no se “engañe a los consumidores”.
