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Un total de 3.462 parroquias podrán beneficiarse de la rebaja fiscal para adquisición de vivienda habitual de jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad en el medio rural. Así, la Xunta va a eliminar los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para estos colectivos en el 91,3% de las parroquias de Galicia, que representan cerca del 94% de la superficie de la Comunidad.
Así se recoge en uno informe sobre la rebaja selectiva de impuestos en el ámbito rural para evitar la despoblación y que fue presentado este jueves por el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, en la reunión semanal del Consello da Xunta. Esta rebaja fiscal se aplicará en todas las parroquias gallegas calificadas como zonas poco pobladas, es decir, aquellas en que es más necesario recuperar población con el objetivo de dinamizar las zonas menos habitadas.
En concreto, el 36,1% de las parroquias beneficiadas por esta bonificación fiscal pertenecen a la provincia de Lugo (1.251); el 25,9% a la de Ourense (895); el 23,5% a la provincia de A Coruña (813) y 14,5% a la de Pontevedra (503).
Metodología
Para la elección de las zonas poco pobladas y de las parroquias que se beneficiarán de la rebaja fiscal se tomó como referencia una estadística del Instituto Gallego de Estadística (IGE) que clasifica las parroquias gallegas según su grado de urbanización.
El grado de urbanización es una variable ya utilizada por organismos estadísticos internacionales como Eurostat, que clasifica los territorios en tres categorías según su carácter urbano o rural: zonas densamente pobladas (ZDP), zonas intermedias (ZIP) y zonas poco pobladas (ZPP).
Programa “impuestos cero”
Esta bajada fiscal complementa el programa de impuestos cero en el rural aprobado por la Xunta de Galicia en 2016. La medida tiene como objetivo favorecer la movilidad de tierras, propiciando su transmisión al sector agrario, y facilitar que las explotaciones accedan al suelo agrario con menos coste.
Gracias a este programa, desde el gobierno de la Xunta destacan que más de 8.000 contribuyentes no pagaron impuesto sobre transmisiones patrimoniales e impuesto de actos jurídicos documentados en 2016, el primer año de aplicación de este programa. “En concreto, 8.078 gallegos no pagaron estos impuestos en el momento de adquirir un bien rústico o ampliar una explotación agraria”, subrayan desde el gobierno gallego.
