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El sector alimentario gallego se reunió en Santiago de Compostela este jueves 7 de marzo para asistir a un desayuno informativo sobre la Ley de la Cadena Alimentaria, una normativa que supone un cambio significativo en las relaciones comerciales con implicaciones para todos los operadores de la cadena de valor. Esta iniciativa, organizada por el Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) y su reciente asociada, la Fundación Juana de Vega, sirvió para revisar el contexto normativo de esta ley, su aplicación e impacto, así como los principales deberes, problemáticas y retos que supone para el sector.
El evento reunió a más de 60 representantes de pequeñas y grandes empresas alimentarias y de la distribución, sindicatos, grupos de desarrollo rural (GDR), universidades y entidades sectoriales. La bienvenida corrió a cargo de Roberto Alonso, director de Clusaga; y de José Manuel Andrade, director de la Fundación Juana de Vega. Entre los ponentes estuvieron Gema Hernández, directora de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación; y Paula Sevilla, coordinadora del área de la Cadena e Inspección. En representación de la Xunta de Galicia, acudió Orlando Vázquez, jefe del servicio de la Cadena Agroalimentaria de la Consellería de Medio Rural.
Por su parte, Simón Beceiro, del despacho Garrigues, repasó las implicaciones prácticas de la ley. Durante la bienvenida, el director del Clúster señaló que “la sensibilización y la formación sobre los derechos y deberes que establece esta ley son fundamentales para su cumplimiento e implementación efectivo, y eso es lo que pretendemos conseguir con esta jornada”. Así, subrayó la importancia de que las autoridades a nivel autonómico y estatal continúen trabajando en la supervisión y aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria, “así como en la cultura empresarial basada en la transparencia, equidad y respeto entre todos los actores de la cadena”. Finalizó indicando que esta ley permitirá “forjar relaciones comerciales más justas y sostenibles en el sector”.
Por su parte, el director de la Fundación Juana de Vega destacó la actualidad de este evento en el contexto de movilizaciones del sector primario “en las que, entre otras muchas cosas y muy diversas, reclaman unos precios justos que cubran los costes de producción y garanticen la viabilidad de las explotaciones, así como un endurecimiento de la Ley de la Cadena, que el propio presidente del Gobierno ya se comprometió a realizar”. Diez años de la Ley de la Cadena Alimentaria en el contexto europeo, España fue pionera con la publicación de la Ley de la Cadena Alimentaria en 2013, a la que siguió la creación de una serie de instrumentos previstos en la norma y orientados la velar por el equilibro entre las partes.
En 2014 constituyera la AICA y, un año después, se ponía en marcha el Observatorio de la Cadena Alimentaria y el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. El objetivo fundamental de la ley es equilibrar las relaciones entre los distintos operadores a lo largo de la cadena, evitar las prácticas comerciales abusivas y fortalecer el poder de negociación de los productores cómo lo eres más débil, evitando la venta a pérdidas. En esta década, la ley sufrió varias modificaciones orientadas a mejorar su aplicación, generalmente coincidiendo con crisis de precios, o bien para introducir cuestiones derivadas de la transposición de normativa comunitaria como la Directiva 2019/633 sobre prácticas comerciales desleales.
“La realidad es que diez años después de su aprobación los objetivos de la Ley de la Cadena Alimentaria, y según denuncian de manera continuada las organizaciones agrarias, no acaban de alcanzarse, o al menos no de la manera que pretenden los productores”, continou José Manuel Andrade. Con el fin de analizar estas cuestiones y las problemáticas derivadas de la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, Clusaga y la Fundación Juana de Vega consideraron de máximo interés la convocatoria de este encuentro que reunió a los principales agentes de control y supervisión a nivel estatal y autonómico. En su turno de la intervención, Gema Hernández, directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), adscrita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA); y Paula Sevilla, coordinadora del área de Cadena e Inspección de la AICA, hicieron balance de las principales actuaciones que están llevando a cabo: como se desarrolla una inspección, prácticas comerciales prohibidas, y las principales infracciones y sectores que están siendo sancionados.
Alén de eso, la directora de la AICA destacó la “importancia de la denuncia como herramienta para había mejorado eficacia de los controles y reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria”. A este respecto, llamó la atención sobre la posibilidad de “tramitación por vía telemática a través de la web de la AICA”, y sobre “la garantía de confidencialidad del denunciante”. Tras esto, Orlando Pablo Vázquez, jefe del Servicio de la Cadena Agroalimentaria, adscrito a la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia abordó en su relatorio la situación actual y perspectivas de futuro al respeto del control de prácticas comerciales desleales en Galicia, reguladas por la norma.
““Se están desarrollando controles para la verificación del cumplimiento de esta ley en el ámbito gallego”, declaró el jefe del Servicio. Sobre las perspectivas de futuro, apuntó que esperan “desarrollar elementos relacionados con el Observatorio de Precios, la evaluación de costes de producción y el mantenimiento del valor de la cadena alimentaria”. Por su parte, Simón Beceiro, abogado y asociado del Departamento de Derecho Mercantil de Garrigues, se centró en los principales deberes de la ley como son la formalización de contratos escritos, el contenido mínimo de los contratos, la determinación del precio y el coste efectivo de producción, plazos máximos de pago e inscripción en el Registro de Contratos Alimentarios.
“La Ley de la Cadena Alimentaria implica múltiples deberes para los operadores de toda la cadena, y su incumplimiento puede conllevar sanciones de hasta un millón de euros”, destacó al respecto. También abordó novedades legislativas como la “Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales” y de su incidencia o implicaciones en la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria.
