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La Xunta concedió unos 4,5 millones de euros entre 677 beneficiarios para que puedan elaborar a lo largo del año 2021 instrumentos de ordenación o gestión forestal en casi 200.000 hectáreas de monte gallego.
Así, de los casi 700 beneficiarios un total de 58 son de la provincia de A Coruña, 199 de Lugo, 258 de Ourense y 162 de Pontevedra. En cuanto a la superficie a ordenar, case la mitad de las hectáreas son en la provincia de Ourense, con 80.605 hectáreas; otras 66.854 hectáreas son en la de Lugo, 37.228 en Pontevedra y 11.554 en A Coruña.
Con estas ayudas, tramitadas desde la Dirección General de Planificación y Ordenación Forestal, se cumple lo dispuesto en la Ley de montes de Galicia, que establece que los terrenos forestales deberán disponer de un instrumento de ordenación o gestión forestal. De esta forma, se potenciará el desarrollo de la potencialidad multifuncional de los montes en sus valores económicos, sociales y ambientales.
Además, cabe señalar que estos instrumentos de ordenación promueven los servicios ecosistémicos, tales como el secuestro de carbono, la protección de los suelos, del agua, el mantenimiento de la biodiversidad o la preservación de la calidad paisajística. Asimismo, ahondan en la puesta en valor y multifuncionalidade de todos los recursos forestales que proveen los montes; madera, biomasa, resina, setas, pastos o corteza, así como la creación de las infraestructuras verdes y la ejecución de las actuaciones necesarias para la prevención contra los incendios forestales.
El fin último de estas ayudas es la consolidación de la propiedad forestal mediante una gestión sostenible demostrada, toda vez que dichas ayudas están vinculadas a un compromiso de los beneficiarios de obtener un sello de certificación en un período de un año desde su pago. Hace falta recordar que este certificado, expedido por un sistema de certificación forestal reconocido internacionalmente (PEFC o FSC) tras una auditoría previa, asegura que esa gestión forestal cumple con los estándares de sostenibilidad económica, social y medioambiental que exigen las nuevas políticas de neutralidad climática y transición verde.
