Las comunidades de la Cornisa Cantábrica se unen para pedir más hectáreas elegibles en la PAC

Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco firman un documento conjunto en el que advierten al Ministerio de que tienen un porcentaje de superficie con derechos a ayudas inferior al promedio estatal

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Las comunidades de la Cornisa Cantábrica se unen para pedir más hectáreas elegibles en la PAC

Ganadería gallega. / Archivo.

La nueva Política Agraria Común (PAC), que entrará en vigor en el 2023, supondrá importantes novedades en las ayudas dirigidas al campo. Uno de los principales cambios es la eliminación de los derechos históricos de la PAC, de forma que las explotaciones pasarán a cobrar un pago por hectárea elegible. El problema en la Cornisa Cantábrica es que el porcentaje de hectáreas elegibles sobre el total de la superficie agraria útil es inferior al promedio español.

Los gobiernos autonómicos de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco se han unido para enviarle un documento conjunto al Ministerio en el que, entre otras cuestiones, le solicitan una corrección de este desequilibrio. Así lo explicó hoy en rueda de prensa el conselleiro de Medio Rural, José González, quien consideró «inaceptable» que se esté hablando de la posible entrada de otros cultivos en la PAC, como viñedo, frutas y hortalizas, «mientras las comunidades de la Cornisa no lleguen a la superficie media española».

Las cuatro comunidades consideran que el Ministerio tiene que establecer un periodo de transición en la eliminación de derechos históricos durante el que se puedan corregir los actuales desequilibrios. Galicia y el resto de la Cornisa quiere que las ganaderías del Norte puedan introducir más tierras como hectáreas elegibles para la PAC.

Los puntos en común acordados por las comunidades abarcan otras cuestiones, como la definición de agricultor genuino, los pagos asociados, los ecoesquemas o el llamada «capping» (tope de ayudas que podrá cobrar una explotación).

Agricultor genuino
Para cobrar las ayudas a partir del 2023, el beneficiario tendrá que acreditar la condición de «agricultor genuino». En España, el Ministerio proyecta exigir un mínimo de un 30% de ingresos agrarios para acreditar tal condición. Es una postura con la que coinciden en parte las comunidades de la Cornisa, que plantean también la alternativa de que el perceptor de las ayudas esté dado de alta en la seguridad social agraria.

Sin embargo, las comunidades están en desacuerdo con la propuesta ministerial de permitir que las personas con menores ayudas de la PAC puedan seguir cobrándolas, aunque no cumplan los requisitos, «pues se desvirtua el concepto de agricultor genuino».

Pagos asociados y ecoesquemas
Las comunidades ganaderas del Norte defienden la necesidad de mantener los pagos asociados en vacuno de leche, vacuno de carne y ovino – caprino. El Ministerio ya confirmó el mantenimiento de los pagos en vacuno de leche y de carne, si bien el caballo de batalla está ahora en definir las cuantías que tendrán esos pagos.

Sobre los ecoesquemas, hay descontento de Galicia y del resto de comunidades, pues se percibe que están más orientados para el centro y sur peninsular.

«Capping» y pagos redistributivos
Los reglamentos definitivos de la PAC están pendientes de las negociaciones entre Consejo Europeo, el Parlamento y la Comisión Europea, pero todo apunta a que el documento final diluirá la propuesta de establecer topes de ayudas por explotación, el llamado «capping». De todas las maneras, las comunidades de la Cornisa le piden al Ministerio que establezca la normativa más estricta posible, de forma que se comiencen a reducir los pagos a partir de los 60.000 euros. Proponen también que para ese cómputo, no se puedan deducir los costos laborales, salvo en explotaciones asociativas en lo relativo a los socios trabajadores.

Parte de los fondos de la PAC, entre ellos los recaudados por el «capping», se destinarán a un pago redistributivo. El Ministerio ya anunció que primará con ese pago a las primeras hectáreas de cada explotación, pero desde Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco se pide que sólo puedan cobrar el pago redistributivo los agricultores profesionales dependientes de los ingresos agrarios.

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