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La Consellería de Medio Rural ha sometido a información pública el proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento que regirá los contratos temporales de gestión pública de los montes. El plazo de información pública de este borrador será de veinte días hábiles, contados a partir del lunes.
En línea con lo definido en el Plan Forestal de Galicia, la Xunta proyecta finalizar los actuales convenios y consorcios, que mantiene principalmente con montes vecinales. Son acuerdos que datan del siglo XX y por eso la Administración decidió diseñar un nuevo modelo de contratos temporales de gestión pública de los montes. El objetivo es firmar, antes de finales de 2025, contratos que sumen entre 150.000 y 200.000 hectáreas de gestión pública bajo esta figura, según señala Medio Rural.
De alcanzarse esas cifras, la gestión pública de montes vecinales mantendría una importancia considerable, pues Medio Rural gestionaría alrededor del 25-30% de la superficie vecinal, si bien lejos de las 300.000 hectáreas que llegaron a sumar las superficies en convenio o consorcio.
Una vez que se apruebe la nueva normativa, los montes vecinales que mantengan en la actualidad convenios con la Xunta tendrán seis meses de plazo para firmar contratos de gestión pública, siempre y cuando quieran mantener ese modelo.
La Xunta señala que este decreto se basa en la necesidad de superar los modelos anteriores de convenios y consorcios, centrados exclusivamente en la repoblación, enfocando la gestión pública en la multifuncionalidad y en la gestión forestal sostenible del monte, pudiendo incluir aprovechamientos como pastos, resina, miel o setas.
Fondo de mejoras
El decreto establece un fondo de mejoras que la Xunta asegura que permitirá incrementar las inversiones en los montes de gestión pública. Este fondo tendrá tres secciones: montes catalogados de dominio público, montes patrimoniales de la Comunidad Autónoma y montes con contratos temporales de gestión pública.
El fondo se financiará con aportaciones de la administración autonómica gallega y de otras administraciones públicas, con las procedentes de donaciones u otras aportaciones del sector privado, así como con los rendimientos derivados de las propias operaciones del fondo.
En el caso de los montes con contratos de gestión pública, las personas firmantes del contrato ingresarán en el Fondo un mínimo del 30% de los ingresos obtenidos por todos los aprovechamientos y de los derivados de actos de disposición voluntaria, de los ingresos procedentes de expropiaciones, o cualquier otro ingreso de naturaleza extraordinaria, hasta satisfacer las cantidades invertidas por la administración forestal en el monte en concepto de anticipos
reintegrables.
El documento completo del decreto se puede consultar en este pdf, que está en el Portal de Transparencia y Gobierno Abierto para consulta pública. Los interesados pueden entrar en el Portal de Transparencia para hacer sus aportaciones al borrador.
