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Representantes de las Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común de Galicia presentaron este miércoles en Vigo un manifiesto común contra lo que consideran «usurpación» de sus tierras para usos empresariales, y criticando lo que entienden como falta de apoyo del Gobierno de la Xunta.
La presunta ocupación de tierras de montes vecinales por parte de empresas y propietarios particulares, principalmente en el área de Vigo y sur de la provincia de Pontevedra, generó ya por lo menos una decena de denuncias en los juzgados, según trascendió esta primavera. El propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, abogó por un entendimiento entre las partes, con advertencia de que legislará para buscar una solución al problema, algo que las comunidades teme nque se hará sin tenerlas en cuenta en la futura reforma de la ley gallega que regula los montes vecinales.
En este sentido, el manifiesto «El monte vecinal en mano común: Una realidad histórica viva del siglo XXI» fue acordado por la Asociación Forestal de Galicia, la Organización Gallega de Comunidades de Montes
y la Mancomunidad de Montes de Vigo y suscrito también por las Mancomunidades de Montes de Pontevedra, del Barbanza, del Morrazo, de Val Miñor y de Baixo Miño (en constitución), así como por uno amplio abanico de Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común presentes: Salvaterra, Atios, Tameiga, Beluso, Xinzo, Vilaboa, Cabral, Beade, Comesaña, Matamá, Candeán, Teis, Oia, entre otras
Las entidades firmantes manifiestan su «completo desacuerdo con las manifestaciones realizadas por la Consellería de Medio Rural posicionándose en contra del que la legislación establece y la jurisprudencia confirma día tras día»·.
Tampoco están de acuerdo con las declaraciones del Presidente de la Xunta de Galicia en el mes de julio de 2023 en la dirección de que «en la futura ley que regulará los montes vecinales, y que está en elaboración, tendremos que dar una respuesta que dé satisfacción a todos los afectados – viviendas, instalaciones industriales, equipaciones públicas-» y «si no es posible -el consenso- está la capacidad de gobernar y tomar decisiones» sobre el monte vecinal que ya no se usa como tal.
En este sentido, consideran «una falta de respeto absoluto para un montón de comuneros y comuneras que siguen trabajando de manera desinteresada por el bien común, ahora con nuevos retos para atender las necesidades del vecindario y de la realidad socioeconómica que les envuelve».
Y reconocen «auténtica preocupación que a las puertas duna modificación legal de la Ley de Montes Vecinales en Mano Común de Galicia pueda haber un tic autoritario impropio de los tiempos que vivimos y el posicionamiento desafortunado a favor de un colectivo autodenominado Plataforma Gallega de afectados por las Comunidades de Montes que representa a un lobie empresarial que quiere retrotraerse a la usurpación de antaño».
Por todo lo citado, de cara a la próxima tramitación del Libro Blanco de los Montes Vecinales en Mano Común de Galicia, los firmantes trasladan a la sociedad y a los gobernantes autonómicos que «consideramos preciso no se legisle de espaldas al sector de las Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común (CMVMC)».
En este sentido, reclaman:
1. Reconocer la función social que desarrollan las CMVMC en la gestión de sus territorios -recordemos que es la cuarta parte de Galicia y que abarca tantos espacios agroforestales como industrias y sociocomunitarios-. Resulta una visión de corto alcance querer reducirlas a gestoras de espacios forestales, toda vez que en muchos casos las cargas de gestión de superficies industriales vienen derivadas de la herencia recibida de la previa gestión de los ayuntamientos.
2. Recoger que el proceso de normalización del monte vecinal en mano común aun no se cerró y subsisten situaciones de abusos y usurpaciones que limitan la extensión de las propiedades vecinales en mano común, siendo un deber de la Administración autonómica velar y defender este patrimonio identitario de Galicia.
3. Consolidar el carácter germánico del monte vecinal en mano común, lo que conlleva que en ningún momento se puede cuestionar la imprescriptibilidad de los montes vecinales en aras de pretender legalizar situaciones de usurpación y apropiación indebida. En este sentido no se considera de recibo que se quiera intentar colar que haya que demostrar la «constatación inmemorial y continuada del monte de forma consuetudinaria», cuando se acaba de demostrar anteriormente que por lo acontecido, fundamentalmente en la dictadura, esto se vio truncado sin voluntad del vecindario.
4. Mantener con su papel los Jurados provinciales de clasificación de los montes vecinales, lo cual garantiza que se preserve el criterio de que para clasificar a un monte como vecinal en mano común la clave es en la posesión inmemorial y no documentada del uso del monte vecinal, recogido en la legislación vigente.
Dudar de este procedimiento lleva a pensar que se puede estar queriendo trasladar a otro campo de juego -la vía judicial- para precisamente intentar imponer los criterios de «no continuidad» o «abandono» para evitar clasificaciones o incluso desclasificar los mismos, así como que predomine el criterio de exigir documentación registral para la clasificación, saltándose un principio básico del monte vecinal en mano común.
5. Garantizar en el texto legal a declaración de nulos de pleno derecho los actos de disposición llevados adelante antes de que los montes fueran declarados cómo vecinales en mano común. Este proceder evitaría mucho litigio estéril que lo único que pone la prueba es la capacidad económica que tienen las CMVMC para soportar largos juicios y darle falsas esperanzas a empresarios que obtener sus beneficios a cuenta de un bien común.
6. Permitir que se cumpla la legislación de montes vecinales que le abre a las CMVMC la capacidad para negociar con los agentes económicos los diversos usos del suelo mencionados, y no únicamente el forestal, para así proporcionar seguridad jurídica con contratos realizados delante del correspondiente notario y proceder a la posterior comunicación de tales contratos a la Xunta de Galicia.
7. Prevalecer la legislación de montes sobre cualquiera otra legislación de fomento económico o simplificación administrativa para evitar que esta vía sea la que empleen las empresas, consiguiendo la clasificación de singularidad autonómica, para asentarse en los montes vecinales en mano común sin tenerse que sentar a negociar y acordar con sus legítimos propietarios.
