La Asociación Forestal de Galicia (AFG), que celebró este fin de semana en Forcarei su XXXIII Asamblea General, acordó una serie de propuestas para la revisión de la normativa de prevención de incendios. Los propietarios forestales abogan por una normativa realista, que sea posible aplicar en la práctica, y que sirva para mejorar la seguridad pública. A lo largo de los próximos meses, la Asociación Forestal de Galicia contactará con el resto de entidades de la cadena de la madera para desarrollar propuestas de consenso.
Los primeros pasos para encarar la revisión de la normativa se dieron esta semana. Una delegación de la Asociación Forestal de Galicia (AFG) mantuvo una reunión con el director xeral de Defensa do Monte, Tomás Fernández Couto, para avanzarle la necesidad de cambios, una cuestión en la que, según la AFG, estuvo de acuerdo Fernández Couto, quien comprometió una próxima revisión de la normativa.
Desde la óptica de la Asociación, uno de los principales problemas radica en la magnitud de las talas y desbroces que exige la actual Lei en torno a viviendas y núcleos de población, en las llamadas redes secundarias de gestión de la biomasa. El colectivo calcula que sólo por esas redes secundarias sería precisa la tala del arborado y el desbroce anual de unas 150.000 hectáreas, lo que supondría un coste de más de 50 millones de euros anuales.
Territorialización de las medidas de prevención
En consecuencia, la Asociación Forestal de Galicia es partidaria de una territorialización de las medidas de prevención. Al entender de la entidad, los criterios de prevención deben ser distintos en función de los riesgos de fuego que hay en cada comarca, “ya que en Galicia hay determinadas zonas con problemas estructurales de incendios, como por ejemplo parte de la provincia de Ourense, y otras zonas donde la declaración de incendios y los riesgos asociados a los mismos son escasos”.
Sistema público de gestión de la biomasa
La Asamblea Xeral de la AFG pidió también que la Xunta ponga en marcha un sistema financiado íntegramente con fondos públicos para la gestión de la biomasa, de forma que se garantice la seguridad pública de la ciudadanía. Para tal fin, los propietarios forestales “ponemos a disposición los terrenos precisos en el entorno de viviendas, núcleos de población y vías de comunicación”, subrayan.
De cara a financiar el sistema, la Asociación Forestal considera que la Xunta deberá hacer las oportunas gestiones a nivel europeo, “pues los incendios en el sur de Europa constituyen un problema de seguridad pública para el que la UE está ofreciéndole colaboración a los Estados miembros”.
En aquellas zonas con mayores riesgos, la Asociación Forestal de Galicia aboga también por la puesta en marcha de planes de emergencia que incluyan formación a la población sobre que hacer y que no hacer en caso de un incendio forestal.
Cambios en la Lei do Solo
Otro de los ejes sobre los que el colectivo considera preciso actuar es en el desorden urbanístico que se produce en Galicia en la interfaz forestal, pues la proliferación de viviendas y nuevas urbanizaciones colindantes con el monte genera situaciones de riesgo en caso de incendios forestales.
La Asociación Forestal de Galicia aprobó en su Asamblea de ayer trasladarle a la Xunta la necesidad de modificar la Lei do Solo para que toda nueva construcción que se ubique en las cercanías de áreas forestales esté obligada a garantizar el cumplimiento de la normativa de prevención de incendios, en especial en lo que respecta a las distancias de separación entre el arbolado y las nuevas construcciones.
Para eso, la Asociación Forestal propone que el promotor de la vivienda o urbanización asuma la gestión de la biomasa en las distancias que marque la normativa. Esos terrenos deberán ser del promotor de la obra o éste deberá establecer un convenio de mutuo acuerdo con los propietarios forestales afectados para la gestión de la biomasa.