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Félix Porto e Xosé Ramón González na rolda de prensa
El lunes de esta semana Unións Agrarias presentó denuncia ante la AICA española y la gallega y ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia por lo que consideran “venta a pérdidas que las industrias gallegas están forzando en el sector cárnico de vacuno”.
“Con un diferencial de más de un euro entre lo que cuesta producir un kilo de carne y que las explotaciones están percibiendo por él; y vista la homogeneidad de unos precios que, al igual que acontecía en la leche, se les imponen a productoras y productoras de manera unilateral y sin margen para la negociación; entendemos que hay indicio más que de sobra para que las administraciones y los organismos competentes inicien actuaciones, investiguen a fondo y actúen para poner fin a unas prácticas que atentan contra la rentabilidad y el mantenimiento de las explotaciones cárnicas de vacuno de nuestro país”, justifican desde Unións.
Los datos hechos públicos por la Xunta de Galicia, correspondientes a un estudio de costes encargado por la administración autonómica a la Fundación Juana de Vega, son la base que sustenta la denuncia realizada por Unións Agrarias. “Y es que de acuerdo con las cifras hechas públicas en 2023, tras el fuerte incremento de los costes de producción que la invasión de Ucrania y la sequía trajeron al sector productor, producir un kilo de carne de vacuno costaba el año pasado 7,60 €. Sin embargo, el precio que las explotaciones gallegas percibieron fue tan sólo de 6,20 €”, explican.
Añaden desde Unións Agrarias que “no se trata de una situación nueva, pues ya en 2022 otro estudio realizado por el mismo organismo también a instancias de la Xunta cifraba ese coste de producción en 6,20 €; un euro por debajo de los 5,20 € que entonces cobraron las granjas”.
Al margen de las sanciones que “este comportamiento generalizado y reiterado” podría acarrear para las más de 100 industrias cárnicas que operan en Galicia, Unións Agrarias pretende que su denuncia “sirva de punto de atención para que las cosas comiencen a hacerse de otro modo”.
Por eso, reclama que todas las industrias englobadas dentro de Asogacarne sean investigadas e insta a las administraciones a habilitar la ya tan demandada figura del mediador. “No pretendemos que se sancione a nadie, sino que se constate la realidad que tanto tiempo llevamos denunciando y que las administraciones activen los mecanismos pertinentes para frenar este tipo de comportamientos que impiden que las ganaderas y ganaderos cobren precios justos por sus producciones”, precisan.
Dentro de la IGP Ternera Gallega se comercializan anualmente 60.000 becerros de un promedio de 200 kilos. Unas cifras que, según los cálculos de Unións, elevan hasta los 12 millones de euros al año el diferencial entre los costes de producción que soportan las explotaciones y los ingresos que perciben por su trabajo. Unas cifras a las que habría que sumar las correspondientes al 30% de la producción que se comercializa al margen de la Indicación Geográfica Protegida.
