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Unións Agrarias-UPA compareció este jueves en la Audiencia Nacional en el marco de unas de las demandas interpuestas contra el llamado «cártel de la leche», un presunto acuerdo entre buena parte de las industrias lácteas por pactar precios a la baja en el campo entre los años 2000 y 2013..
A esta demanda de la mano de Unións Agrarias, ya se han sumado más de 7.000 ganaderías que reclaman a las industrias unos 1.500 millones de euros, más intereses.
Unións volvió a condenar hoy «la actitud más que cuestionable de las industrias lácteas» e incidió en la importancia de conseguir «que ese comportamiento ilícito, que nada tiene que ver con el que muestran otras industrias de la cadena agroalimentaria, quede acreditado».
En este sentido, desde la organización agraria denuncian que «después de haber sido sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia por pactar precios a la baja para la leche entre 2000 y 2013, las industrias han seguido incurriendo en el mismo tipo de prácticas, reduciendo tarifas sin justificación de mercado y, recientemente, intentando tumbar con un contencioso en el Tribunal Supremo la prohibición de compra a pérdidas introducida en la Ley de Cadena Alimentaria».
«El pacto ilícito del Cártel de la Leche provocó un empobrecemento de 2.600 millones de euros para las ganaderías; un dinero que quedó en el bolsillo de las industrias y que ahora queremos que devuelvan al sector productor», subrayan desde Unións.
Las ganaderías gallegas reclaman 1050 millones de euros
En lo que respeta a las cifras gallegas, a Galicia pertenecen más de 5.000 de las 7.000 ganaderías que han canalizado su reclamación a través de Unións Agrarias y Eskariam (la empresa de servicios jurídicos con la que colabora la organización); que suman una reclamación total de 800 millones de euros a los que habría que sumar otros 250 corresponsales a los intereses de demora acumulados.
El secretario general de la organización, Roberto García, aprovechó la ocasión para «hacer un llamamiento al entendimiento y consensuar un acuerdo que devuelva a los afectados lo que les corresponde y evite el gasto de tiempo y recursos que los procedimientos judiciales implican para todas las partes».
En la misma línea recordó que el plazo para sumarse a la reclamación al cártel aún sigue abierto, por lo que el número de ganaderías que opten por esta vía podría seguir creciendo en los próximos meses.
