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España tiene más perceptores de la Política Agraria Común (PAC) que Francia y Alemania juntas. Son 800.000, por los alrededor de 660.000 que suman dos de las principales potencias agrarias europeas. La anomalía española se debe al alto porcentaje de beneficiarios jubilados o que compaginan una segunda actividad con el campo. De cara al próximo ciclo de la Política Agraria Común, la idea de la UE es priorizar el apoyo al denominado ‘agricultor genuino’, aquel que tiene unos ingresos agrarios relevantes en comparación con el conjunto de su renta. ¿Qué implicará eso para España?
Cada Estado establecerá su propia definición de agricultor genuino, es decir, de quien puede y quien no cobrar las ayudas de la PAC. En España, el Ministerio de Agricultura proyecta exigirle a las explotaciones un mínimo de un 20 -30% de ingresos agrarios sobre el total. Es una condición aparentemente muy restrictiva, pues de los 800.000 beneficiarios de la PAC en España, hay 600.000 que no cumplirían con esa condición. En el caso gallego, los que tienen menos de un 30% de ingresos agrarios serían alrededor de 7.400 sobre un total que ronda los 23.200.
En Galicia, hay 7.400 beneficiarios de la PAC con menos de un 30% de ingresos agrarios sobre el total. En España son 600.000
Esa obligación, sin embargo, se matizará, pues el Ministerio propone que queden exentos de cumplir la condición de un mínimo de ingresos los agricultores que perciban menos de 2.000 euros de pagos directos. Es un umbral -calcula Agricultura- que se corresponde con un pequeño agricultor que tiene hasta 10 hectáreas de terreno.
La aplicación de la excepción se debe a que el Ministerio considera que hay que tener en cuenta el elevado nivel de pluriactividad de gran parte de la agricultura española, en particular de las pequeñas explotaciones, que tienen un papel social relevante en el rural. Con esta medida, se evitaría que quedaran fuera del sistema de ayudas.
Las organizaciones agrarias y cooperativas, por su parte, son partidarias en general de un endurecimiento de la figura del agricultor genuino, de forma que los apoyos vayan destinados principalmente a las personas profesionales, descartando jubilados.
En España, un 38% de los perceptores de la PAC son actualmente jubilados, que reciben el 26% de todos los fondos de las ayudas directas de la PAC que llegan al país. Las cifras gallegas son menores, pues se calcula que las personas jubiladas representan un 21% de los perceptores y un 6,5% de las ayudas.
Posturas en el sector
En general, organizaciones agrarias y cooperativas abogan por filtrar a los perceptores de la PAC, de forma que se excluya a jubilados o a personas con una mínima vinculación con el campo. La postura más restrictiva es la del Sindicato Labrego, que propone que para cobrar las ayudas se exija que un 50% de los ingresos proceda de la actividad agraria y que la persona dedique más de un 50% del tiempo laboral a la agricultura.
Desde la Asociación Galega de Cooperativas (Agaca), son partidarios también de endurecer más la figura del agricultor genuino, pidiendo un mínimo de un 40% de ingresos agrarios sobre el total.
Para Unións Agrarias, sería correcto el mínimo del 30% de ingresos agrarios que propone el Ministerio, pero siempre que haya una afiliación a la seguridad social y se establezca lo que ellos llaman un “agricultor genuino plus”, con un mínimo de un 50% de ingresos del campo, que se pueda beneficiar de mayores pagos redistributivos o acoplados.
En la propuesta de Unións, se permitiría también que las personas con menos de 5.000 euros de ingresos de la PAC la continuaran cobrando, aunque no entraran en la definición de agricultor genuino.
Debate sobre el porcentaje de la PAC reservada para los ecoesquemas
El Consejo de Ministros de Agricultura de la UE está reunido hoy para continuar avanzando en la reforma de la PAC, que se quiere dejar cerrada antes del verano. Sobre la mesa, una de las cuestiones principales a debate radica en el porcentaje de fondos que se va a destinar a los llamados ecoesquemas, una línea de pagos por compromisos ambientales.
El Parlamento Europeo es partidario de que un 30% de los pagos directos se destine a los ecoesquemas, si bien en el Consejo de Ministros de Agricultura, hay países que son partidarios de reducir esa cifra a un 20%. En la búsqueda de un acuerdo, se espera que en el Consejo de hoy se debatan propuestas intermedias.
España, entre tanto, continúa trabajando en su Plan Estratégico Nacional, del que quiere tener un primer borrador esta primavera. Será en este documento donde queden plasmados los aspectos en los que España tiene margen para regular.
El problema de los agricultores de sofá no es menor. Un 6% de los perceptores de la PAC cobra casi un 30% de las ayudas
Algunas de las incógnitas por despejar en el Plan Estratégico Nacional son las regiones agronómicas que propondrá el Ministerio, cómo quedarán los pagos asociados o qué tipo de pagos redistributivos se fijarán, de cara a beneficiar a las explotaciones con menor superficie, como las de la Cornisa Cantábrica.
También la decisión final sobre el ‘capping’, es decir, sobre el tope de ingresos que podrá cobrar un beneficiario. Si el desvío de fondos para los agricultores jubilados puede representar un problema, el hecho de que un 6% de beneficiarios de la PAC en España cobre un 30% de las ayudas no es un asunto menor. Son los que las organizaciones agrarias llaman ‘agricultores de sofá’, grandes latifundistas del centro y sur peninsular, que venían hasta ahora acaparando gran parte de los apoyos.
