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El paso dado por casi 7.000 ganaderos gallegos que han decidido reclamar a las empresas que les han estado recogiendo la leche estos años la cantidad que les habrían pagado de menos entre el año 2000 y 2013 es el inicio de un largo proceso judicial que tardará años todavía en resolverse.
Los burofaxes enviados estos días tienen por finalidad evitar que el derecho a indemnización prescriba pero, por si solos, no servirán para que los ganaderos cobren. Aunque podrían avenirse a negociar, lo más probable es que las empresas hagan caso omiso a esas comunicaciones, por lo que los ganaderos tendrían que dar un paso más, llevando a las industrias a las que han estado suministrando leche a los juzgados.
Las denuncias habrían de presentarse ante los respectivos Juzgados de lo Mercantil acompañadas de un complejo informe pericial, en base a los años de entrega de leche y el precio de venta, que justificase la cantidad solicitada en calidad de daños y perjuicios, más los intereses. Ya hay una denuncia presentada en Granada y se ha celebrado ya la vista del juicio, que está pendiente de sentencia.
Las multas no son firmes todavía y los juzgados podrían imponer costas
Entre otros motivos, porque algunas de las principales industrias multadas, como Puleva o Danone, presentaron recurso en la Audiencia Nacional contra la sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ya se ha visto obligada a corregir en una ocasión su resolución inicial a consecuencia de un recurso contencioso-administrativo anterior por parte de las empresas.
Las multas, por lo tanto, y con ellas el derecho a pedir daños y perjuicios por parte de los productores, no son firmes todavía y los abogados que asesoran a los ganaderos en este caso aconsejan esperar a que la Audiencia Nacional se pronuncie para empezar a presentar las demandas en los juzgados, un principio de prudencia necesario ya que los tribunales podrían imponer costas y en la mayoría de los casos los propios bufetes de abogados se han comprometido a asumirlas ellos mismos.
Las sanciones impuestas por la CNMC a las empresas gallegas son de menor cuantía: 60.000 euros en el caso de Aelga y 53.310 euros en el caso de Celega
Las empresas, gigantes multinacionales en muchos casos, no darán su brazo a torcer y pelearán hasta el final para no tener que hacer frente a pagos millonarios que podrían incluso poner en riesgo la viabilidad de las propias industrias, sobre todo las de menor tamaño y con menor capacidad de afrontar imprevistos, como las gallegas Central Lechera de Galicia (Celega), con planta en Escairón y propiedad desde el año 2017 de las cooperativas Lemos de Monforte (80%) y Coreber de A Laracha (20%); o la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga) constituída para representar en el Laboratorio Interprofesional Lácteo Gallego (Ligal) a las empresas que recogen leche en Galicia, entre ellas Feiraco o Leche Río, que se libraron de la multa individual por haber prescrito su infracción.
Documentación recabada en registros en las sedes de las empresas
Por eso, el caso del denominado cártel lácteo, que acumula ya casi una década desde sus inicios, podría dilatarse aún 2 o 3 años más como mínimo. Según consta en la propia resolución de la CNMC, con fecha 8 de marzo de 2011 el Servicio de Defensa de la Competencia de Castilla y León envía al organismo estatal de Competencia un estudio sobre el sector lácteo en la comunidad en el que, en base a encuestas realizadas a ganaderos, se pone de manifiesto la posible existencia de conductas que infringirían la Ley de Defensa de la Competencia, en concreto la fijación de precios. Meses más tarde, en septiembre de ese mismo año, Unións Agrarias denuncia ante Competencia hechos similares en Galicia y hace constar las dificultades de los ganaderos para poder cambiarse de empresas.
A raíz de estas denuncias, las autoridades de Competencia realizan registros simultáneos los días 11 y 12 de julio de 2012 en las sedes de distintas empresas, entre otras la de Lactalis en Vilalba o la de la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, domiciliada en Lugo.
La CNMC considera probado el acuerdo entre empresas para influir en mercado del aprovisionamiento de leche cruda de vaca bajando los precios y maniatando a los productores
La investigación concluyó con una resolución en 2015 que sancionaba a las empresas con 88 millones de euros, aunque las compañías afectadas recurrieron y la Audiencia Nacional ordenó retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior a abril de 2014 por defectos de forma. Por este motivo, Competencia revisó en 2019 el expediente y rebajó la sanción a 80 millones de euros, resolución que también ha sido recurrida y se encuentra pendiente de fallo definitivo.
Se prevé, por lo tanto, un proceso judicial largo, que podría durar años y la mayoría de bufetes se decantan por esperar el fallo definitivo de la Audiencia Nacional antes de presentar el grueso de las demandas en los Juzgados de lo Mercantil, aunque seguramente probarán con alguna, bien con intención publicitaria, bien para analizar cómo respiran los jueces y poder corregir su estrategia en las posteriores demandas.
A la espera del pronunciamiento de la Audiencia Nacional
Contra la resolución de Competencia de 2019, las industrias presentaron de nuevo un recurso contencioso-administrativo, que se encuentra a la espera de sentencia definitiva de la Audiencia Nacional, que ya ha aceptado sin embargo las medidas cautelares propuestas por las industrias. En un procedimiento que es habitual en los juzgados españoles, a finales del pasado mes de junio la Audiencia Nacional ha dado opción a Danone, como había hecho unos meses antes con Puleva, a depositar un aval que les permite no tener que hacer frente al pago efectivo de la sanción en este momento, mientras no haya sentencia firme.
El recurso actual presentado por Danone y Puleva ante la Audiencia Nacional se encuentra en una fase muy inicial del procedimiento y no se espera que la Audiencia Nacional dicte sentencia hasta finales de 2021, pero mientras tanto se permite a la empresa francesa, que haga frente a la multa de 20,27 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como también había hecho antes con Puleva (10,3 millones), mediante un aval bancario, lo que no quiere decir que las exima de pagar la sanción.
No se espera que la Audiencia Nacional dicte sentencia hasta finales de 2021
Danone y Puleva quedan así exentas por el momento de ingresar el importe de la sanción en las arcas del Estado, condicionado a aportar garantía en forma de aval bancario por el importe de la multa que le exigía la CNMC, según señala el auto de la Audiencia Nacional, que justifica que la no suspensión de la sanción produciría “perjuicios de irreparable reparación”, poniendo en “grave riesgo” la propia viabilidad y continuidad de la empresa o, al menos, perjuicios de “suficiente entidad e importancia”, por lo que decide no hacerles pagar la multa hasta que haya una sentencia definitiva.
Esta es la segunda vez que la Audiencia Nacional atiende a la petición de las industrias (ya hiciera lo mismo en 2015, aceptando avales en todos los casos excepto en el de las asociaciones Aelga y Gremio de Indistrias Lácteas de Cataluña) y el fallo se une a la larga historia procesal, donde ya hubo una primera suspensión del pago de la multa y una posterior anulación de la resolución original de la CNMC por parte de la Audiencia Nacional, que ha obligado a la CNMC a revisar su multa inicial de 88 millones de euros.
Multa de 80 millones de euros a 10 empresas por formar un cártel
La sanción actual impuesta por la CNMC data de julio de 2019 y ha consistido en una multa de 80.600.000 euros a las 10 empresas o asociaciones de empresas responsables: Capsa (21,8 millones), Danone (20,2 millones), Lactalis (11,6 millones), Industrias Lácteas de Granada (10,3 millones), Calidad Pascual (8,5 millones) y Nestlé (6,8 millones) son las grandes empresas sancionadas. Además, la multa de la CNMC afecta también a Celega, Senoble, Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña y Asociación de Empresas Lácteas de Galicia.
El importe de las sanciones impuestas por la CNMC se ingresará en las arcas del Estado, pero los ganaderos perjudicados pueden reclamar a las industrias lácteas el importe que han dejado de cobrar por la manipulación de precios que el ‘cártel lácteo’ llevó a cabo durante el plazo en el que ha estado vigente
Uno de los principales factores que ha motivado la sanción es que las principales industrias lácteas han formado lo que se denomina como cártel, un acuerdo ilegal entre empresas que, en lugar de competir entre ellas para ofrecer mejores precios, deciden fijar un mismo precio de mercado para obtener más beneficio, lo que habría incidido en un precio de la leche más bajo. Así, Competencia considera demostrado que las principales industrias lácteas que operan en España actuaron entre 2000 y 2013 de forma concertada en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca en vez de competir entre ellas, repartiéndose el mercado y pactando el precio que pagaban por la leche, lo que ha supuesto para los ganaderos un perjuicio económico que podrían reclamar.
Recuperar un 10% de facturación por la leche vendida durante 14 años
Tal como resolvió el año pasado la CNMC, las principales industrias lácteas que operan en España actuaron entre 2000 y 2013 de forma concertada en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca, en lugar de competir entre ellas, repartiéndose el mercado para impedir a los ganaderos el cambio de empresa y pactando el precio que pagaban por la leche, lo que ha supuesto para los productores un perjuicio económico que ahora tienen derecho a reclamar.
De conformidad con la resolución sancionadora de la CNMC, que habla expresamente de un perjuicio para los ganaderos en el precio de venta de la leche, se estima una manipulación del precio aproximada del 10%, aunque podría ser incluso mayor en función del resultado concreto del peritaje de cada granja, lo que significa que cada ganadero podría reclamar, dependiendo del caso, entre 10% y el 12,5% de su facturación relacionada con la venta de leche cruda de vaca durante esos 14 ejercicios, más intereses.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el organismo público que se encarga de investigar y sancionar prácticas ilícitas en materia comercial o de libremercado
Según los cálculos de los distintos bufetes de abogados, los ganaderos afectados podrían recuperar, dependiendo de cada caso, en la mayoría de los casos en torno a 3 céntimos por litro de leche producida, aunque en otros casos podría ser incluso más, que sería la cantidad detraída entre el 1 de enero del 2000 al 31 de diciembre del 2013 por parte de las industrias lácteas. Estas cantidades podrían recuperarse a partir de demandas individuales, pues, al depender del precio cobrado en cada caso, las reclamaciones no se pueden vehicular de forma colectiva.
La mayoría de entidades que tramitan reclamaciones han ofrecido a los productores no pagar nada en todo el proceso judicial (gastos de procurador, poder notarial, gasto pericial), salvo que cobren los ganaderos. En ese caso las comisiones varían entre un 10 y un 30%, dependiendo de la opción escogida.
Galicia concentra la mayor parte de afectados
Aunque hay afectados en toda España, la mayor parte de ganaderos con derecho a reclamar se encuentran en Galicia, donde se concentran más de la mitad de los productores lácteos de todo el Estado y donde los ganaderos cobran los precios de la leche en origen más bajos de todas las comunidades autónomas. Además, se han presentado también reclamaciones de ganaderos de Asturias, Cataluña, Castilla y León, Extremadura o Andalucía.
La CNMC da pie en su resolución a que todos los ganaderos afectados que hayan entregado leche durante esos años puedan reclamar ante los tribunales incluso cuando no hayan vendido la leche producida a las empresas sancionadas, pues la conducta de las empresas distorsionó los precios de todo el mercado, incluido los precios de compra de otras industrias lácteas, fabricantes de quesos, etc.
Pueden reclamar tanto ganaderos en activo como jubilados, hayan entregado leche a las industrias sancionadas o a otras del sector
Es lo que se denomina efecto paraguas, si bien, se trata de una reclamación de mayor complejidad, que exige un informe pericial específico. Dado que la resolución de la CNMC únicamente declara probada la práctica anticompetitiva entre los años 2000 y 2013, en estos años el ganadero sólo tiene que probar mediante facturas o ingresos bancarios que vendió leche para poder reclamar, pero las reclamaciones correspondientes al periodo posterior al sancionado (años 2014 a 2020), exigen asimismo probar que en estos años también continuaron las prácticas contrarias a mercado.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la responsabilidad de las industrias que formaron parte del cártel es solidaria, lo que permite reclamar a una industria distinta a la que se haya vendido la leche, una opción a la que podrían acogerse aquellos productores que continúen en la misma empresa en la actualidad para evitar posibles represalias.
Por tanto, todos aquellos ganaderos que hayan vendido leche entre el año 2000 y 2013 pueden reclamar, aunque hayan cerrado su explotación ganadera desde entonces, bien por jubilación bien por cambio de actividad. En Galicia siguen en activo en estos momentos unas 7.000 explotaciones de producción de leche, aunque más de 20.000 se habrían jubilado o cerrado por falta de relevo o rentabilidad en estos 20 años transcurridos y algunas de ellas se habrían pasado a la producción cárnica.
SAT San Antón, la cooperativa navarra que levantó la liebre y acabó en suspensión de pagos
Durante años desde el ámbito de los productores de leche se escuchaban continuas quejas sobre los acuerdos entre las empresas para pactar precios. Pero no pasaban de eso, de simples quejas. Hasta que en 2011 los 16 socios de la cooperativa de ganaderos SAT San Antón, de Peralta, en Navarra, decidieron denunciarlo.
Aquella valiente e inédita denuncia ante las autoridades de Competencia permitió a la CNMC tirar del hilo y acabar demostrando que las industrias lácteas pactaban precios y se repartían el mercado. Competencia recogió el guante y se puso a investigar y acabó desentramando los acuerdos de las principales industrias que operan en España para repartirse el suministro de materia prima a bajo precio. Aquella denuncia ante Competencia permitió al organismo público encargado de velar por la transparencia en los mercados actuar frente a las empresas que pactaban los precios y que se ponían de acuerdo para tener a los ganaderos cautivos.
La cooperativa de ganaderos navarra SAT San Antón, que tenía entonces 16 socios, abrió en 2011 el camino que ha permitido la reclamación masiva por parte de los productores contra unas industrias que se habrían estado beneficiando de ellos al haber pactado precios a la baja
El caso del cártel de la leche arranca con esa denuncia, pero la cooperativa navarra que levantó la liebre ante Competencia acabó pagando, en sus carnes, las consecuencias. SAT San Antón sufrió esas represalias de la industria, las mismas que temen ahora muchos ganaderos que no se han atrevido a reclamar. Una tras otra, las industrias dejaron de comprarles la leche y la cooperativa entró en concurso de acreedores y se encuentra en liquidación.
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Granada
A raíz de la sanción de la CNMC del año 2015, que demostraba que las empresas lácteas acordaron precios durante años y que daba la razón a la denuncia presentada por SAT San Antón, la cooperativa navarra inició una reclamación judicial contra cuatro empresas a las que había estado entregando leche para lograr el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por su actuación.
En septiembre de ese año enviaron los burofaxes a las empresas (lo mismo que están haciendo ahora el resto de ganaderos de toda España) y en el mes de noviembre ya presentaron las demandas judiciales en Granada (por ser donde se encuentra la sede fiscal de Puleva, contra quien la cooperativa de ganaderos navarros reclamaba la mayor cuantía), admitidas a trámite a principios de 2016.
Ya se ha celebrado la vista en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada contra Puleva, Corporación Alimentaria Peñasanta (Central Lechera Asturiana), la gallega Celega y Senoble (ahora Schreiber, proveedora por aquel entonces de Mercadona), a las que SAT San Antón reclama 16,4 millones de euros, y en las cuatro sesiones del juicio han ido pasando por delante de la jueza los distintos ganaderos, empresas y peritos. Esa cantidad se correspondería con los daños por una merma de ingresos del 12,87%, teniendo en cuenta que el precio medio de venta de la leche de la cooperativa entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2013 fue de 31,38 céntimos.
«Tú mira la que hemos liado»
Como ya había hecho en 2011 con su denuncia ante Competencia, esa primera demanda judicial contra las industrias marcará los pasos a seguir por el resto de ganaderos, pero previsiblemente las demandas presentadas no serán resueltas por los diferentes Juzgados hasta que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el recurso presentado por las industrias afectadas, que niegan las acusaciones de Competencia. De hecho, el juzgado granadino todavía no ha dictado sentencia tras la celebración de la vista hace un año.
Los 10,5 millones de daño nominal más intereses desde entonces que reclama SAT San Antón servirían a la cooperativa navarra para saldar sus deudas con los bancos y serían, aunque fuese de manera póstuma, su venganza contra un sistema en el que el productor sigue siendo el eslabón débil de la cadena.
La raíz de aquella denuncia, primero ante Competencia y después en el Juzgado, la cooperativa de ganaderos navarra, que había nacido a mediados de los años 80, fue considerada proscrita por las industrias lácteas, que los amenazaron con dejarles de recoger.
Lactoduero dejó de recogerles la leche a principios de 2016 a las explotaciones más grandes, que poco a poco fueron cerrando en los siguientes meses
SAT San Antón tenía contrato con Lactoduero hasta el 31 de diciembre de 2015 pero la empresa se negó a renovar y exigió negociar de manera individual con cada una de las 16 explotaciones que la integraban, ofreciéndoles a algunas de ellas un contrato de compra de la leche a 16 céntimos y excluyendo a las 6 ganaderías más grandes, que se vieron obligadas a tirar la leche durante la primera semana de enero de 2016 (alguna con una producción de más de 7.000 litros diarios) hasta que intermedió el Gobierno Navarro para que les reanudaran la recogida.
En esas condiciones tan sólo aguantaron las explotaciones más pequeñas y el resto, fueron vendiendo las vacas y cerrando en los meses siguientes. Las que continúan hoy dando leche, unas seis, entregan en la actualidad a Iparlat, con planta en Urnieta (Gipuzkoa) y que es interproveedora de Mercadona.
Por eso ahora esos ganaderos que se vieron obligados a abandonar el sector miran con esperanza a la justicia. «Tú mira la que hemos liado. Pero seguiremos adelante, con el juicio de Granada aún no damos por acabado, no vamos a permitir que nuestro cierre les salga gratis», afirma hoy uno de esos ganaderos, que, pese a todo, mantiene aún la misma determinación que cuando, en el año 2011, presentaron aquella primera denuncia ante Competencia.
