Los ganaderos gallegos presentan casi 7.000 reclamaciones contra las empresas del cártel lácteo

Había dudas pero los productores de leche gallegos se han lanzado finalmente en masa a informarse e intentar recuperar las cantidades que las industrias lácteas que les recogen la leche les pagaron, teóricamente, de menos durante años. Ha habido avalancha de solicitudes en los últimos días y, a pocas horas de que finalice el plazo del 11 de julio (cuando se cumple un año desde la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las principales empresas del sector por haber pactado los precios entre 2000 y 2013) sindicatos, asociaciones agrarias y bufetes de abogados calculan en cerca de 7.000 las reclamaciones presentadas en Galicia.

La cifra coincide con el número de ganaderías productoras de leche que siguen en activo a día de hoy, según el último informe FEGA, correspondiente al mes de mayo, pero en la lista de reclamantes hay un importante número de explotaciones que han dejado la actividad en estos últimos 20 años, bien por cierre, por cambio o jubilación de su titular o por haberse pasado a la producción de carne. Sumando estos casos, algunas fuentes calculan en unas 30.000 las personas con derecho a indemnización en Galicia.

En los últimos días ha habido una avalancha de solicitudes, aunque el plazo para poder reclamar podría verse ampliado a septiembre a causa del estado de alarma o incluso hasta 2024 teniendo en cuenta una disposición europea

El proceso judicial se prevé largo y costoso, pues algunas de las principales empresas sancionadas por Competencia, como Puleva o Danone, han recurrido la multa ante la Audiencia Nacional, que está pendiente todavía de pronunciarse. Por eso, a la espera de ese fallo y previa presentación de las demandas de carácter individual en los correspondientes juzgados, lo que los ganaderos están haciendo estos días es evitar que su derecho a indemnización prescriba, interrumpiendo, mediante el envío de un burofax a la industria, el plazo de prescripción.

Sobre esto existen también dudas, ya que aunque este sábado se cumple un año desde la multa de la CNMC a las industrias, la declaración del estado de alarma como consecuencia de la pandemia del coronavirus podría servir para alargar ese plazo teórico hasta el mes de septiembre, e incluso, si se tiene en cuenta una Directiva europea de reciente transposición al ordenamiento jurídico español, hasta 5 años. Pero todas las entidades que están tramitando reclamaciones han querido «curarse en salud» presentando el mayor número de reclamaciones antes del 11 de julio para evitar cualquier resquicio que pueda servir a las empresas para evitar tener que pagar.

El sector espera que sirva de escarmiento a la industria láctea para que opere con mayor transparencia y librecompetencia

El sector ha vivido en los últimos meses una especie de fiebre del oro, que ha atraído a numerosos bufetes de abogados a la caza de recompensas, al más puro estilo del Far West americano. La importante cuantía de las posibles indemnizaciones a percibir ha animado tanto a grupos de abogados gallegos como a importantes grupos de Madrid o Barcelona, respaldados en algunos casos por fondos de inversión internacionales, que han desembarcado en Galicia en busca de un apetecible negocio no exento de riesgos.

Algunos tienen experiencia en causas como la del Prestige o la del cártel de los fabricantes de camiones, que pactaron cobrar un sobrecoste sobre los vehículos vendidos entre 1997 y 2011 y la Unión Europea les obliga ahora a devolverlo, el precedente más parecido hasta el momento en materia de derecho de la competencia en España, pero el caso de la leche es más complejo ya que la cuantía ha de calcularse de forma individual según el precio por litro de leche percibido por cada ganadero y el tiempo transcurrido dificulta en muchos casos la recopilación de la documentación.

El sector ha vivido en los últimos meses una especie de fiebre del oro, que ha atraído a numerosos bufetes de abogados a la caza de potenciales clientes

Campo Galego ha querido hablar con sindicatos, asociaciones y bufetes de abogados para conocer su valoración sobre una causa que se prevé larga, pero también histórica, y que ha servido para mobilizar a los ganaderos frente a las industrias que les recogen la leche como hasta ahora sólo había sucedido puntualmente con tractoradas en momentos de bajadas acusadas de precio. Pero ahora las armas son distintas: en vez de con tractores, la lucha es a través de los tribunales de justicia.

UUAA: «No podemos dejar pasar esta oportunidad y los pasos que se están dando son firmes»

UPA fue, con su apoyo a la denuncia presentada en 2012 ante las autoridades de Competencia, quien abrió el camino a la multa a las empresas y a las actuales indemnizaciones y es la organización que más reclamaciones está tramitando en Galicia, donde acumulan unas 4.000 solicitudes, a las que se sumarían otras 1.000 en otras comunidades como Asturias, Castilla y León o Extremadura.

Félix Porto, abogado y responsable del área externa de Unións Agrarias, afirma que «es una alegría ver que los ganaderos y ganaderas han acudido mayoritariamente a reclamar, con un número espectacular de reclamaciones que ha rebasado todas las expectativas que había», reconoce.

Considera que «el boca a boca es importante» y asegura que «los últimos días han sido desbordantes», pero espera que incluso pueda crecer el número de reclamaciones con una segunda tanda en el mes de septiembre si se confirma la ampliación de plazo como consecuencia del Real Decreto 463 por el que se declaró el estado de alarma.

Cualquier ganadero que haya vendido leche durante los años 2000 a 2013 puede reclamar, aunque no haya entregado a alguna de las 10 empresas sancionadas, habría una responsabilidad solidaria porque lo que se generó fue un daño a los productores en su conjunto por la alteración del mercado

UUAA tramita las peticiones de los ganaderos a través de su propio gabinete jurídico a cambio de un 10% de lo que logren recuperar en caso de afiliados y del 20% en caso de personas ajenas al sindicato. «Llevamos trabajando en este proceso mucho tiempo, son ya 9 años y quedan aún algunos más, pero los pasos que se están dando son firmes y parece que aquello que decíamos cuando iniciamos este proceso se va ratificando. A expensas de lo que pueda dictaminar la Audiencia Nacional, pensamos que poder recuperar el diferencial entre lo que cobraron los ganaderos y lo que tenían que haber cobrado es una posibilidad real. Por eso, no podemos dejar pasar esta oportunidad», dice.

Félix explica además que «cualquier ganadero que haya vendido leche durante los años 2000 a 2013 puede reclamar, aunque no haya entregado a alguna de las 10 empresas sancionadas, porque si la Audiencia Nacional ratifica en los mismos términos la resolución de la CNMC habría una responsabilidad solidaria porque lo que se generó fue un daño a los productores en su conjunto por la alteración del mercado, independientemente de que entregaran o no leche a esas industrias sancionadas», aclara.

Asimismo, considera que «no ha habido un cambio significativo en la forma de actuar de las industrias después del periodo al que hace referencia la multa de Competencia, ya que antes y después del año 2013 han seguido empleando las mismas prácticas, aunque la cuestión es probarlo, eso es lo difícil», concluye.

SLG: «A nosotros nos consta que a día de hoy el cártel sigue activo, hay dificultades para cambiarse de empresa»

A diferencia de UUAA, el Sindicato Labrego Galego no tramita directamente las reclamaciones, sino que deriva a sus afiliados al bufete catalán Redi, que está llevando unas 1.100 reclamaciones en toda España, 300 de ellas en Galicia, aunque la cifra total podría verse finalmente notablemente incrementada a falta de contabilizar las solicitudes recibidas en los últimos días.

«No llevamos nosotros directamente el caso porque sería una temeridad, nuestros abogados no son expertos en derecho mercantil y de la competencia. Además, se habla de una prueba pericial de un millón de euros y es necesario pagarse un seguro de costas para no arriesgarse, así que no hay posibilidad de llevar un caso como este si no es con el respaldo de un fondo de inversión», admite Xulio Fernández, coordinador del sector lácteo del SLG.

Hace hincapié además en la necesidad de informar a los ganaderos de los «riesgos reales» que entraña una demanda judicial como esta. «No sé si la gente es consciente de los monstruos económicos que son estas empresas, que cuentan con unos gabinetes jurídicos muy potentes y que van a pelear muy duro hasta el final», advierte.

Las empresas siguen estirando el chicle, están acostumbradas a hacer lo que les da la gana y a nosotros nos consta que a día de hoy muchos ganaderos tienen problemas para cambiar de empresa y todas están rescindiendo contratos y bajando los precios a 29 céntimos

El Sindicato Labrego inició en el mes de noviembre sus asambleas por toda Galicia para informar a los productores de las posibilidades de reclamar y constata que en un primer momento quienes se decidían a hacerlo eran «personas que no tenían miedo a las represalias que las industrias podían adoptar contra ellos, la mayoría jubilados o personas que ya no entregan leche», pero a medida que han ido transcurriendo los meses se han animado también a solicitar indemnizaciones productores en activo, a pesar de que, asegura Xulio, «hubo algunas industrias que han presionado a los ganaderos para que no reclamaran, con prácticas de extorsión, tenemos constancia de ello a través de los ganaderos».

Pero a pesar de este boicot, el SLG considera que el actual proceso «es una oportunidad para los ganaderos de poner a la industria en su sitio y a la industria le tendría que valer para cambiar de actitud», dice Xulio, aunque lamenta que «las empresas siguen estirando el chicle, están acostumbradas a hacer lo que les da la gana y a nosotros nos consta que a día de hoy el cártel sigue activo ya que los ganaderos nos cuentan que en ocasiones tienen muchos problemas para cambiar de empresa y que en algunos casos, para poder hacerlo, tienen que pasar una especie de periodo de cuarentena entregando su leche a una quesería para poder pasarse después a otra industria», relata.

Hemos presentado facturas de leche cobrada a 25 céntimos, esos son los ganaderos a los que compensa de verdad seguir para delante con la reclamación

Otros ejemplos de la estrategia concertada por parte de las empresas lácteas sería, a juicio del SLG, el hecho que «la mayoría de empresas están aprovechando en estos momentos la Lei de la Cadena Alimentaria para rescindir contratos y todas están bajando el precio a 29 céntimos, esas dos cosas las están copiando y haciendo todas ahora lo mismo», insiste. Lo mismo ocurre, dice Xulio, en el caso de la leche ecológica, donde «hasta ahora había competencia y los precios eran buenos pero parece que ya se están poniendo de acuerdo y los precios están cayendo», afirma.

Finalmente, Xulio recomienda a los ganaderos que no se dejen llevar por cantos de sirena de grandes indemnizaciones y, aunque hayan enviado el burofax interrumpiendo los plazos de prescripción, estudien y valoren su caso concreto antes de presentar la demanda definitiva en los tribunales, ya que la cuantía a percibir va a ser muy distinta en función de las circunstancias de cada explotación. «En ningún lugar de la resolución de la CNMC se habla de 3 céntimos por litro de leche entregada, eso se demuestra después, y esa cuantía sale de calcular un perjuicio de un 10% sobre un precio teórico de 30 céntimos, pero nosotros hemos tramitado reclamaciones de ganaderos a los que habían estado pagando la leche a 25 céntimos, esos son a los que compensa de verdad tirar para adelante con la reclamación», afirma.

ASAGA: «Hay mucho bulo interesado de las industrias sobre que van a repercutir la multa en el precio de la leche»

También relata presiones de las empresas Francisco Bello, presidente de la Asociación Agraria de Galicia (Asaga) está trabajando con Sabín Abogados, el bufete santiagués que representó a 17.000 afectados y 70 cofradías tras el desastre del Prestige, y que tramita una cifra aproximada de 400 reclamaciones de ganaderos en este momento.

«Independientemente de que unos abogados sean más optimistas que otros y que se saque un resultado u outro, está demostrado que hubo la existencia del cártel, esperemos que se haga justicia», afirma Francisco. Pero los años transcurridos dificultan en algunos casos la presentación de las reclamaciones. «En estos años hubo gente que ya se jubiló, otros que formaron o se integraron en una SAT; el proceso de tramitación y reunión de la documentación es laborioso y complicado y hay casuísticas de todo tipo. Hay gente que incluso ha perdido los papeles de las entregas y es difícil reunir facturas a veces después de 20 años», indica.

Está demostrado que hubo la existencia del cártel, esperemos que se haga justicia

A las dificultades inherentes al paso del tiempo se unen las presiones, abiertas o más sibilinas, de las propias industrias. «Hay mucha incertidumbre y a gente tiene cierto miedo, sobre todo la que sigue en activo y entregando a la misma industria desde hace muchos años, porque se ha corrido la voz de que las industrias van a repercutir la multa en el precio de la leche. Está habiendo mucho rumor y mucho bulo interesado por parte de las propias industrias», denuncia.

Con todo, Francisco constata que a última hora muchos ganaderos se han decidido a dar el paso de denunciar a su empresa. «Esta última semana ha sido una locura, ha habido una avalancha de consultas», asegura. Asaga no ha buscado abogados fuera de Galicia. «Queríamos que fuesen de aquí y hemos negociado con ellos para que sólo cobren en caso de que venzan, será un porcentaje, el 10%, de lo realmente cobrado, no de lo reclamado», aclara.

Hay gente que incluso ha perdido los papeles de las entregas, es difícil reunir facturas a veces después de 20 años

Esta semana han presentado ya una primera tanda de reclamaciones y si el plazo finalmente se alarga reunirán un segundo lote de envíos. «Nosotros ya le estimamos una cantidad a cada ganadero en los burofaxes que estamos enviando, pensamos que de esta forma las solicitudes tienen más consistencia», concluye. Las hay de una cuantía importante, próxima al millón de euros, y otras de menor importe, pero en total las reclamaciones tramitadas por Asaga suman una cifra que rondaría los 15 millones de euros en indemnizaciones, la mayoría exigidas a industrias sancionadas hace un año por la CNMC, pero también en algún caso contra empresas que no figuran como integrantes del cártel en base a la responsabilidad solidaria que se desprende de la resolución de Competencia.

Agromuralla: «Se trata de cantidades importantes que ayudarán a paliar los bajos precios que seguimos sufriendo»

En la provincia de Lugo, casi 300 ganaderos han tramitado sus reclamaciones a través de la asociación Agromuralla. Su presidente, Roberto López, espera que las resoluciones en los tribunales sean favorables a las demandas de los ganaderos y que se puedan recuperar «las cantidades que los productores hemos dejado de percibir durante más de una década, importantes ingresos que son fruto de nuestro trabajo y esfuerzo, que nos pertenecen y que tenemos derecho a recuperar». «Se trata de cantidades muy importantes que sin duda ayudarán a la viabilidad de muchas de nuestras explotaciones y a paliar los bajos precios en origen que seguimos percibiendo a día de hoy», asegura el presidente de Agromuralla.

E insiste: «además de recuperar un dinero que es nuestro, sólo con la reclamación de los daños sufridos podremos lograr que no se repitan estas conductas irregulares en contra de los productores». «Debemos hacernos respetar y defender nuestro trabajo y el futuro de nuestras familias, igual que hicimos en 2015 cuando sacamos nuestros tractores a la calle», recuerda en referencia a las tractoradas por los bajos precios de la leche de ese año, germen de la constitución de la asociación creada en la provincia de Lugo.

Como resultado de las prácticas de las industrias, un alto porcentaje de explotaciones ganaderas cerraron durante estos años y los que continuamos lo hicimos recibiendo un precio inferior por cada litro de leche que vendíamos

Según dictaminó hace un año la CNMC, debido a los acuerdos entre las industrias, los ganaderos no tenían margen para negociar los precios ni para cambiar de empresa, lo que provocaba en muchos casos la venta a pérdida de la leche. «Durante años no tuvimos más opción que escoger entre vender nuestra producción perdiendo dinero o no vender y tener que tirar la leche que producían nuestras vacas, con el coste que esto conllevaba. Como resultado, un alto porcentaje de explotaciones ganaderas cerraron durante estos años y los que continuamos lo hicimos recibiendo un precio inferior por cada litro de leche que vendíamos», recuerda Roberto López.

Agromuralla ha llegado a un acuerdo con el bufete madrileño Eskariam, una empresa especializada en demandas colectivas respaldado por un fondo de inversión internacional y que ha defendido a camioneros en el caso del cártel de los fabricantes. Eskariam, que ha llevado a cabo una fuerte campaña publicitaria en Galicia, suma en toda España más de 1.700 ganaderos a lo que denomina «macro-demanda contra el cártel de la leche», por un valor cercano a los 1.000 millones de euros, aunque debido al gran volumen de nuevas solicitudes que han recibido en la recta final de este proceso, prevé alcanzar los 2.200 reclamantes, de los que la mitad se encontrarían en Galicia, donde además de las 300 solicitudes tramitadas por Agromuralla en Lugo han tenido una importante presencia en otras de las principales zonas productoras, como por ejemplo en la comarca de Xallas. Castilla y León y Asturias acapararían el grueso de las reclamaciones de Eskariam en el resto de España.

La normativa europea establece que puede haber un plazo de prescripción de 5 años. Nosotros creemos que finalmente se va a dar esa opción, lo que daría la oportunidad a seguir reclamando, sobre todo a ganaderos jubilados y explotaciones que hayan cerrado y que a día de hoy todavía no han dado el paso

Eskariam, que en un principio defendía que el plazo finalizaba este sábado 11 de julio, está publicitando en estos momentos su ampliación al mes de septiembre. Marcos López Mallo, de AC Abogados, despacho colaborador de Eskariam en la provincia de A Coruña, justifica el cambio: «El Tribunal Supremo ha declarado que el plazo de prescripción es improrrogable y no se puede suspender. Por tanto, a pesar de la declaración del Estado de Alarma, mantuvimos como plazo máximo para reclamar la fecha del 11 de julio para evitar que las empresas pudiesen alegar que las indemnizaciones estaban prescritas por llegar después de esa fecha. Pero seguiremos tramitando solicitudes hasta septiembre en base al Decreto de Estado de Alarma, que justificaría la ampliación del plazo. Incluso la normativa europea establece que puede haber un plazo de prescripción de 5 años. Nosotros creemos que finalmente se va a dar esa opción, pero a día de hoy no hay nada formal y no se puede dar garantías al ganadero en ese sentido. Probablemente a finales de año ya pueda haber una base jurídica para esa ampliación hasta 2024, lo que daría la oportunidad a seguir reclamando, sobre todo a ganaderos jubilados y explotaciones que hayan cerrado y que a día de hoy todavía no han dado el paso», enfatiza.

Caruncho, Tomé & Judel: «Los ganaderos han perdido el miedo, un boicot de las empresas sería imposible»

Uno de los despachos gallegos que se ha prestado a defender a los ganaderos en esta causa es el bufete coruñés Caruncho, Tomé & Judel, especializado en materia de competencia y con una dilatada experiencia contra las prácticas de diferentes cárteles, ya que han ganado al de los fabricantes de camiones y ahora se enfrentan al de las industrias lácteas, que pactaron precios de compra durante años, según han dictaminado las autoridades de Competencia.

El abogado Ignacio Caruncho, director de este despacho con sede en A Coruña, constata que «al principio los ganaderos manifestaban miedo a que las industrias les hicieran boicot y les dejaran de comprar la leche, pero al ver que hay tantos que van a reclamar en las últimas semanas muchos han perdido el miedo, porque un boicot con este número de reclamaciones es imposible, es distinto que reclamen dos a que sean miles los que lo hagan», afirma.

Las empresas se juegan mucho dinero y no van a llegar a acuerdos

Su despacho tramita medio millar de casos en toda Galicia, en provincias como A Coruña, Lugo o Pontevedra, pero también en Asturias, León o Valladolid. «Ha sido muy rápido, una avalancha, y hay casos de todo tipo, granjas en activo de más de 200 vacas pero otras de 7 vacas, muchas ya jubiladas, todas son bien recibidas y todas reciben el mismo trato, porque no es una cuestión de negocio, sino de justicia, los han estafado y vamos a intentar que se les restablezca esa cantidad», explica Ignacio.

Dada su experiencia en casos de este tipo, asegura que «las empresas se juegan mucho dinero y no van a llegar a acuerdos con los ganaderos demandantes. Sólo en el caso Bankia, y una vez que ya habían perdido un montón de demandas con costas, el banco decidió negociar con los afectados». Pero considera que «no debería haber problema para que los ganaderos ganasen, porque los hechos están probados ya. Es sólo una cuestión de cuantificar el importe de la indemnización, que esa cuestión la resuelves con un buen informe pericial. Pero esa es la única discusión, lo otro no, los hechos ya están investigados y probados por la CNMC, sólo falta que lo ratifique la Audiencia Nacional», advierte.

No debería haber problema para que los ganaderos ganasen, porque los hechos están probados ya. Es sólo una cuestión de cuantificar el importe de la indemnización, esa es la única discusión, lo otro no, los hechos ya están investigados y probados por la CNMC

«Ahora empieza la guerra pero hay que actuar con prudencia porque en cuestión de derecho de la competencia en España no había experiencia en esa materia hasta el cártel de los camiones, en EEUU por ejemplo sí. Pero esas pautas que ha dado a los juzgados el caso de los camiones van a venir muy bien en este nuevo procedimiento», asegura. «Las sanciones impuestas tienen que adquirir firmeza y una vez que eso suceda ya hay más seguridad a la hora de demandar, aunque las demandas se pueden presentar ya mañana mismo si se quiere, pero en un procedimiento de este tipo no presentas el grueso de las reclamaciones todas juntas, primero vas a ver como respiran los juzgados. Desde que presentas la demanda en un año podría haber sentencia, un proceso judicial como este no debería de ser muy largo», añade.

En cuanto a los plazos para reclamar, «hablaríamos de un plazo ordinario que finalizaría el día 11 de julio y de un plazo extraordinario. Pero está bien que haya un plazo extraordinario para que los que han quedado rezagados no se queden fuera. Después está la discusión de si hay un año o 5 años para ejercer el derecho de indemnización, basándonos en una directiva comunitaria de reciente trasposición al ordenamiento jurídico español, pero lo prudente es evitar ese tipo de cuestiones e interrumpir la prescripción en el plazo de un año, que con la ampliación por el coronavirus acabaría en septiembre. Con toda probabilidad serán finalmente 5 años pero no es algo seguro y si la gente se confía se puede quedar finalmente fuera por eso», alerta.

Lucuslex: «La gente no puede dar por ganado este caso ni mucho menos, es un tema complejo»

Igual que Sabín Abogados, de Santiago, y Caruncho, Tomé & Judel, de A Coruña, Lucuslex, de Lugo, también ha puesto su granito de arena para defender a los ganaderos gallegos en esta causa. Llevan ya unas 550 reclamaciones, unas 350 en la provincia de Lugo y otras 200 en el resto de Galicia. La mayoría son de ganaderías en activo y de un volumen importante, ya que defienden a alguna de las explotaciones más grandes de la provincia de Lugo.

«Estamos un poco decepcionados porque no se está informando como se debería a la gente. Lo primero que no se está explicando es que la sanción no es firme y está recurrida por las industrias. La gente no puede dar por ganado este caso ni mucho menos, porque es un tema complejo y, por nuestra experiencia en estos asuntos, van a pasar al menos dos o tres años hasta que se resuelva», advierte Adrián Núñez, que está coordinando las reclamaciones de Lucuslex.

Lo primero que no se está explicando es que la sanción no es firme y está recurrida por las industrias. Y va a ser clave qué informe pericial utiliza cada uno, porque son cálculos econométricos complejos que no puede hacer un economista cualquiera

«Nosotros somos un despacho de 8 abogados de Lugo, no nos vamos a marchar cuando esto pase y queremos ser claros con los clientes, por eso hemos tenido contacto directo y personal con cada una de estas explotaciones», añade. Desde el principio, Lucuslex ha defendido que «el plazo no finaliza el día 11». «El plazo es de 5 años por trasposición de una directiva europea, pero somos los primeros que estamos interrumpiendo prescripción por cautela y prudencia, pero ese plazo del 11 de julio es irreal», asegura Adrián.

Para el éxito de las demandas considera que «va a ser clave qué informe pericial utiliza cada uno, porque son cálculos econométricos complejos que no puede hacer un economista cualquiera. Nosotros optamos por Compass Lexecom, que ya participó en el cártel de los camiones, que es el antecedente lógico en este caso», dice.

4atro: «Me da pena que las explotaciones que han tenido que cerrar por los bajos precios de la leche no reclamen»

De la unión puntual para este caso de otros tres despachos de abogados de Lugo surge 4atro. Jacobo Vázquez, uno de los integrantes del equipo, explica que también en su caso la mayor parte de reclamantes son ganaderos que continúan produciendo leche a día de hoy. «Son los que están más al día de las cosas y más informados y aunque les cueste a veces tomar la decisión por miedo a represalias, al final se deciden a reclamar porque en muchos casos la cuantía que les corresponde es importante», indica.

Como los demás bufetes, 4atro está enviando burofaxes para interrumpir la prescripción aunque considera que se pueden presentar reclamaciones hasta septiembre. «Jurídicamente es defendible poder llegar hasta septiembre por la interrupción de plazos procesales que ha supuesto el coronavirus, aunque nosotros preferimos también presentar antes del día 11 las que ya tenemos para curarnos en salud y evitar que las industrias puedan tener el más mínimo resquicio para oponerse», indica.

Sea con quien sea, lo importante es que los ganaderos reclamen. A los que siguen en activo les cuesta tomar la decisión pero son los que están más informados

Del centenar de clientes que han conseguido en Lugo, A Coruña y el occidente asturiano, «el 80% son personas en activo y el 20% restante jubilados», cuenta. «Me da pena que las explotaciones que han tenido que cerrar por los bajos precios de la leche no reclamen, pero en algunos casos la persona que era titular ya ha fallecido y son los herederos los que tienen que hacerlo», explica.

Jacobo considera que entre los ganaderos jubilados hay una «bolsa importante» de personas con derecho a indemnización que podrían recuperar un dinero que les pertenece y que serviría para completar sus pensiones, dado que los cotizantes gallegos del régimen agrario están entre los pensionistas que cobran las pensiones más bajas de todo el Estado.

Por eso, dice, llegar a los jubilados o a las explotaciones que han cerrado para animarles a reclamar es la gran asignatura pendiente de este caso. «Son gente que ha trabajado muy duro y de los que la industria se ha aprovechado sin ningún tipo de escrúpulo», lamenta.