Español
El conselleiro de Medio Rural, José González, participó hoy por videoconferencia en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, donde instó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a que propicie un gran acuerdo entre la distribución, la industria y los ganaderos de vacuno de leche a nivel nacional, que haga que se habiliten los mecanismos necesarios para incrementar el precio actual de los contratos de venta de leche con una prima de emergencia que garantice la viabilidad y sostenibilidad económica del sector.
Según el consejero, esta prima debe ser -cuando menos- de hasta 4 céntimos por litro, con un tope de 41 céntimos, y debería mantenerse durante todo este año. El objetivo de esta prima, ya aplicada por el Gobierno de Italia, es paliar las dificultades que está atravesando el sector por el incremento de los costes de producción.
En esa línea, el titular de Medio Rural apuntó que se viene constatando una subida de costes de producción superior al 10% que repercute en 4 céntimos en el litro de leche y en 75 céntimos en el caso del kilo de carne. De este modo, señaló, queda acreditada una venta a pérdidas generalizada, en un contexto internacional de encarecimiento de las materias primas y de insumos como la luz, el combustible y los fertilizantes, entre otros.
En esta coyuntura, José González reclamó la habilitación de mecanismos específicos de control que garanticen el cumplimiento de la prohibición de venta a pérdidas, especialmente en las relaciones en las que intervengan los productores primarios. Así, de cara a que las comunidades autónomas vayan a asumir las funciones de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo que hasta ahora tenía carácter estatal, el consejero solicitó una mejor regulación de estos mecanismos de control. A mayores, apuntó a la necesidad de que el Estado contribuya de manera financiera al desempeño de estas nuevas competencias, haciéndose cargo del coste que supondrían hasta una veintena de inspectores en la comunidad a través del Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del sector agroalimentario.
En su intervención, el consejero insistió -además- en que en la normativa estatal se reconozca como medio de prueba del coste efectivo de producción el que se determine a través de aplicaciones o plataformas informáticas específicamente diseñadas al efecto por parte de organismos públicos con competencias en materia agraria, como la ya implementada en Galicia Conta Láctea. La implantación de esta herramienta está permitiendo ya -apuntó- tener datos homogéneos que sirvan de referencia para la negociación de los contratos de los ganaderos con la industria.
Las prioridades del Ministerio de Agricultura para el próximo Consejo de Ministros de la UE
Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, destacó que los principales asuntos que se van a tratar en el Consejo de Ministros de la Unión Europea del 21 de febrero son la deforestación, cuestiones comerciales y la sequía, ninguno de ellos relacionado con la reclamación de Galicia, donde se concentra el 40% de la producción de leche de España y el 55% de las granjas.
Luis Planas se refirió a la preocupante situación por la que atraviesan las explotaciones del sur de Europa, como consecuencia de la sequía y a la que se suma el incremento de los costes de producción. Por eso, España pedirá, junto con Portugal, que el Consejo de Ministros de la Unión Europea, active medidas para paliar estas dificultades que padece especialmente el sector ganadero.
España solicitará al Consejo que evalúe la posible aplicación de medidas como la ampliación del anticipo de los pagos directos y de desarrollo rural, la puesta en marcha de la cláusula de fuerza mayor en relación con determinadas disposiciones de la Política Agraria Común (PAC) o la implementación de medidas para compensar a los agricultores por la situación de sequía. Entre estas últimas se incluyen habilitar un instrumento de apoyo temporal que permita disponer de fondos destinados al desarrollo rural para aplicar una ayuda inmediata al igual que se aplicó para hacer frente al impacto de la pandemia de la COVID-19 o hacer uso de los mecanismos recogidos en la Organización Común de los Mercados Agrarios.
