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El Sindicato Labrego Galego ha elaborado un decálogo de medidas que considera «imprescindibles para revitalizar el medio rural y hacer de la agricultura y de la producción de alimentos su principal motor económico». Esta misma semana, el SLG hará llegar estas propuestas al a los grupos parlamentarios gallegos con representación en las Cortes Generales del Estado. El decálogo que presenta la organización agraria es el siguiente:
1. «Reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria. Actualmente, esta ley no responde a los retos a los que se quería dar respuesta cuando fue creada. Las grandes industrias y cadenas de distribución siguen ejerciendo una posición de dominio en el mercado de productos agrarios y los productores siguen percibiendo a menudo precios por debajo de sus costes de producción. Hace falta, de una vez por todas, que esta ley ampare el trabajo agrario garantizando unos precios mínimos que lleguen para cubrir los costes de producción y dejar margen suficiente para garantizar unas rentas y unos salarios dignos en el campo, nunca por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.
2. El Gobierno Español debe rechazar el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur y cualquiera otro tratado comercial que ponga en peligro nuestros propios sectores agrarios y ganaderos. Además, cualquier tratado de libre comercio con países trasatlánticos lastraría la respuesta que el Estado Español pretende darle a la crisis por emergencia climática, por lo que, si queremos enfrentarla y reducir las emisiones de CO2 ligadas al transporte, debemos mudar con urgencia hacia políticas basadas en la Soberanía Alimentaria y en la producción y consumo de alimentos de cercanías.
3. Apuesta por la agroecología. Una conversión ordenada hacia un modelo agroecológico va a ser la única manera eficaz de que la agricultura sea una herramienta útil en la lucha contra la emergencia climática. Además, aplicando la agroecología de manera integral en cuestiones como el fomento del consumo de productos de cercanías, con la compra pública de alimentos con relaciones comerciales justas en circuitos cortos de comercialización o garantizando condiciones laborales dignas de las personas que trabajan la tierra, el modelo agroecológico será indispensable reactivar la economía agraria y rural y enfrentar la desertización del campo. Queremos hacer especial hincapié en la compra pública de alimentos ecológicos y de cercanías, ya que a través de ella podríamos garantizar la revitalización de las economías locales el acceso a una alimentación saludable de poblaciones vulnerables como la infancia (comedores escolares), personas con problemas de salud (hospitales) o la tercera edad (residencias y centros de día). Con el objetivo de que las diversas administraciones apuesten por alimentos ecológicos y de cercanías para suministrarse, desde el SLG proponemos que se trabaje en un programa gradual para que, en 2021, las administraciones adquieran como mínimo el 20% de los alimentos que compren con criterios agroecológicos; que en 2025 sea el 50%; y, finalmente, en 2030 la totalidad de los alimentos de compra pública sean agroecológicos. Para finalizar, hace falta no olvidar que la conversión de nuestro modelo agroalimentario hacia la agroecología es indispensable para combatir la crisis climática, por lo que la compra pública de alimentos podría ser una extraordinaria herramienta en este sentido.
4. Protección de la tierra agraria. El suelo agrario de valor agronómico está totalmente desprotegido frente al acaparamiento de tierras que están perpetrando otros sectores económicos como la minería, o la producción de energía y celulosa; al igual que contra fenómenos adversos como la desertización o la erosión. La tierra agraria, como base indispensable para la producción de alimentos y nuestra Soberanía Alimentaria, debe estar protegida por ley de la especulación y de procesos de acaparamiento declarando como uso prioritario la producción de alimentos. Desde este punto de vista, esperamos que las distintas fuerzas políticas con representación en las Cortes Generales y, en especial, las que tienen responsabilidades de gobierno, apoyen la proposición de Ley de Protección de los Suelos de Alto Valor Agrológico y de los Suelos de Interés Agraria que registramos en el Congreso las organizaciones y colectivos que formamos parte de la red Intervegas.
5. Defensa de una Política Agraria Común (PAC) social y labradora. El Estado Español debe defender en la Unión Europea una PAC hecha a la medida de los campesinos, que defina con precisión la figura del agricultor o de la agricultora activa para evitar la dilapidación de miles de millones de euros de fondos públicos agrícolas en seguir engrosando las cuentas bancarias de terratenientes, grandes industrias, fondos de inversión y especuladores. En ese sentido, hace falta eliminar los derechos históricos de cobro y redistribuir los fondos de la PAC entre los agricultores que realmente trabajan la tierra y viven de ella, sea cuál sea el sector o sectores agrarios en los que desarrollan su profesión. Además, a las personas que tengan más de un 50% de sus ingresos de origen agrario debe garantizárseles una ayuda mínima equivalente al importe de la subvención media de la PAC, evitando así la discriminación actual de las personas jóvenes y del colectivo de mujeres.
6. Apoyo al relevo generacional dotado con presupuestos suficientes. Uno de los principales desafíos al que se debe enfrentar nuestra agricultura es el del relevo generacional, evitando que siga produciéndose la sangría de cierres de granjas y garantizando el acceso de jóvenes a la tierra, a la vivienda, a las ayudas, al crédito y al mercado. Una medida concreta que reivindicamos desde el SLG a este respeto es que las ayudas para la incorporación de gente joven o la transmisión de granjas de un titular a otro estén exentas de tributar.
7. Gestión pública de la fauna salvaje. Ya es hora de que las diversas administraciones se pongan de acuerdo para responsabilizarse de una fauna salvaje que forma parte de nuestro patrimonio natural común y de la que, ahora incluso, están responsabilizándose en grande medida las granjas que la sostienen con sus cultivos y su ganado. Hace falta dotar de presupuestos suficientes mantenimiento de la fauna salvaje para que cualquier daño causado por ella, sea cuál sea la especie o el daño, sea costeado por la Administración.
8. Garantizar la existencia de servicios públicos de calidad suficientes en el medio rural. Sin crear una red de servicios públicos que garantice la misma asistencia y los mismos derechos a la totalidad de la población, con independencia de que resida en espacios urbanos o rurales, no conseguiremos frenar la despoblación. Dentro de este apartado, hace falta destacar la necesidad de mantener los servicios administrativos en el rural. La digitalización de las relaciones entre la Administración y las personas administradas en el campo rural y agrícola no puede suponer una pérdida de derechos de aquellas personas que, por edad o formación, no sean quien de relacionarse telematicamente con los diversos órganos del Estado o de la Xunta. Por eso, es preciso que se sigan manteniendo las oficinas y el funcionariado que hasta hace poco se encargaban de la burocracia ligada al campo y no utilizar la telematización como excusa para desmantelar la reducida red administrativa que queda en las zonas rurales.
9. La Seguridad Social debe observar la especificidad de los sectores agrarios y ganaderos. La edad de jubilación de una profesión dura y con grandes exigencias físicas como la agrícola no puede ir más allá de los 65 años. Además, deben tomarse medidas para mejorar las pensiones de jubilación de los labradores y, en especial, de las labradoras, por ser de las más bajas. Debería crearse un sistema de cotización que fuera proporcional a los ingresos de las personas que cotizan de cara a garantizar que cualquier persona trabajadora va a tener garantizada, al final de su vida laboral, una renta digna que nunca debería ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional.
10. Avance en políticas de igualdad en el rural. Debería enfrentarse seriamente la aplicación de la Ley de Titularidad Compartida para que miles de agricultoras y ganaderas que siguen trabajando sin cotizar y sin ver reconocidos sus derechos laborales puedan hacerlo. Además, hace falta avanzar en igualdad en cuestiones como la paridad de cargos y responsabilidades en ámbitos como las cooperativas agrarias, las organizaciones sindicales del campo o las listas electorales en el rural. Otros espacios donde se echan de menos condiciones de igualdad para hombres y mujeres en el rural es en el acceso a formación, ayudas y coberturas sociales. En especial, es necesario enfrentar la violencia machista con las especificidades que se da en el rural y dotar los programas de erradicación con suficientes medios humanos y materiales para que se lleven a cabo con éxito».
