La obligación legal de mantener desbrozados y sin pinos ni eucaliptos los 50 metros circundantes alrededor de viviendas y núcleos de población está generando en los últimos días una intensa polémica. El debate se inició este martes en la comisión de Agricultura del Parlamento, cuando el diputado del Bng Xosé Luis Rivas ‘Mini’ acusó a la Xunta de “chantajear en toda regla” a los Concellos con la creación de un sistema público de gestión de biomasa.
El sistema público de gestión de biomasa, que se propone desbrozar 4.000 hectáreas anuales, le ofrecerá a los vecinos de los Concellos que se adhieran desbroces bonificados a un precio de 350 euros por hectárea. Desde la perspectiva del Bng, las exigencias de la Xunta dejarán a los Concellos que participen en el sistema entre la espada y la pared.
“Si se suman al sistema, tienen un evidente riesgo de colapso, pues estarán obligados a la ejecución subsidiaria de los desbroces en las franjas de protección, un proceso que puede exigir hasta cinco meses de trámites legales de notificaciones a cada propietario individual. Los Concellos no tienen personal para afrontar ese proceso y mucho menos personal preparado” -criticó Rivas.- “Claro que si un Concello no se adhiere al sistema, pobre de él si le pasa una desgracia con los fuegos, pues va a caerle todo encima. Estamos ante un chantaje en toda regla”.
En respuesta al diputado del Bng, intervino en el Parlamento el director xeral de Ordenación e Producción Forestal, Tomás Fernández Couto, que se mostró sorprendido por las críticas del Bloque: “Estoy sorprendido. Parece que fue un Gobierno del PP el que decidió en el 2007 este reparto competencial que hace responsables a los Concellos de controlar las franjas de protección contra incendios”, cuestionó. Fernández Couto fue más allá y declaró que había Concellos con recursos suficientes que no estaban haciendo nada para la prevención contra los fuegos.
Tal acusación llevó en los últimos días a un pronunciamiento público de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que acusó a la Xunta de usar a los Concellos “como escudo para licuar responsabilidades políticas”. Desde la Fegamp se destacó que en junio del 2017 le pidieron ayuda a la Xunta para la limpieza de las franjas de protección y “recibimos como respuesta una copia de lo que dice la ley al respecto”, critican. Tras aquello, llegaron los incendios de octubre, en los que ardieron 50.000 hectáreas de monte y murieron cuatro personas.
¿Qué va a resolver el sistema público de gestión de las franjas contra incendios?
En Galicia, se calcula que hay alrededor de 150.000 hectáreas de monte afectadas por las franjas de protección, lo que de la idea de la dimensión del problema. Mantener desbrozada toda esa superficie es una tarea titánica que desde el sector forestal se ve como un imposible a nivel de recursos humanos y materiales. El sistema público de gestión de biomasa, promovido por un acuerdo entre Xunta y Fegamp, aspira a desbrozar 4.000 hectáreas al año entre 2018 y 2021, lo que representa un total de 16.000 hectáreas.
De los 315 Ayuntamientos de Galicia, alrededor de 140 han solicitado participar en el sistema, según publicó esta semana ‘Faro de Vigo’. Una comisión mixta integrada por Xunta y Fegamp tendrá que determinar ahora cuales y cuantos de esos Concellos se integran en el sistema, pues resulta evidente para el sector forestal que deberán ser mínimos o, en último caso, afrontar desbroces mínimos.
Si los 140 Concellos se integraran en el sistema, podrían afrontar cada año el desbroce de menos de 30 hectáreas, cuando de promedio, en cada ayuntamiento gallego hay alrededor de 500 hectáreas que integran las franjas de protección contra los fuegos.