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El rural gallego presenta una vulnerabilidad creciente ante los incendios forestales por factores como la pérdida de población en amplias zonas del interior, el envejecimiento y la reducción de la actividad agroganadera. En definitiva, hay una menor actividad sobre el territorio, lo que lleva a que se pierda la protección natural que proporcionaban prados y tierras de labor en torno a los más de 30.000 núcleos de población que tiene Galicia. Ante este escenario, colectivos como la Asociación Forestal de Galicia (AFG) o la Asociación Sectorial Forestal Galega (Asefoga) abogan por declarar de utilidad pública la intervención en las fajas de seguridad, como medida de protección civil frente a los incendios forestales.
Ambos colectivos, que representan a propietarios forestales y comunidades de montes, entienden que la futura Lei de Loita Integral contra os Incendios Forestais de Galicia, de la que la Xunta presentó un anteproyecto, es la ocasión para buscar una solución realista de seguridad ciudadana ante los fuegos, que están agravando sus riesgos por el cambio climático. Esa solución -entienden- pasa por que la Administración asuma la responsabilidad del mantenimiento de las fajas de seguridad alrededor de núcleos de población.
Situación legislativa
La actual Lei 3/2007 de Prevención de Incendios Forestais de Galicia y el anteproyecto de Lei de Loita Integral contra os Incendios Forestais mantienen un enfoque que los colectivos forestales consideran “errado”, pues cargan con el coste del mantenimiento de las fajas a comunidades de montes y propietarios forestales, “a los que se les pide que financien de su bolsillo medidas de protección civil para garantizar la seguridad colectiva”.
La Asociación Forestal de Galicia insiste en que no es de recibo que se les pida a propietarios y comunidades de montes que financien la seguridad pública. “El anteproyecto de la Ley ahonda además en el montaje de un sistema punitivo orientado a culpabilizar a propietarios forestales y comunidades de montes, pues se prevén multas coercitivas, multas punitivas, ejecución subsidiaria de trabajos de prevención, repercusión de gastos de extinción en terrenos afectados por el fuego (con carga de biomasa) e incluso expropiaciones, en caso de que el valor de los trabajos ejecutados supere a los de la propiedad”, enumeran.
Estas exigencias legislativas y amenazas de sanciones “pecan de falta de realismo” -al entender de la Asociación Forestal de Galicia-. “Puede comprobarlo la propia Administración en las más de 295.000 hectáreas de monte que gestiona en virtud de convenios o consorcios con comunidades de montes y propietarios. De mantenerse esta línea legislativa -afirman- la propia Xunta de Galicia estaría incurriendo en graves responsabilidades en las superficies forestales de gestión pública, ante cualquier falla en el cumplimiento de las disposiciones preventivas de fuegos”.
Ordenación del territorio
Los colectivos de propietarios advierten además de que la legislación premia el desorden urbanístico, “pues responsabiliza a los propietarios forestales de la defensa de viviendas y construcciones sin licencia que invaden zonas forestales o su perímetro”.
Así las cosas, la Asociación Forestal de Galicia emplaza a la Administración a buscar soluciones prácticas de consenso con el conjunto del sector forestal.
La cuestión es que Galicia tiene alrededor de 85.000 hectáreas en zona de interfaz urbana – forestal, las llamadas fajas secundarias de seguridad, sin tener en cuenta las fajas primarias y terciarias alrededor de vías de comunicación y de caminos.
En el caso de las fajas secundarias, el sector estima que alrededor de un 30% de ellas precisa de desbroces periódicos, en tanto el resto de la superficie se está manteniendo despejada por la actividad agraria y ganadera. El coste del desbroce de ese 30% de fajas secundarias que lo requieren rondaría unos 32 millones de euros anuales, según estiman desde Asefoga.
Los colectivos forestales apuntan que buena parte de estas franjas que precisan de desbroce se corresponden con parcelas minifundistas, con escasa superficie y, con frecuencia, faltas de gestión por ese mismo minifundismo.
Sistema público de gestión de la biomasa de terrenos rústicos incluidos en fajas secundarias
El sistema público de gestión de biomasa actualmente en vigor desde 2018 viene regulado en la propia Ley 3/2007 de prevención de incendios de Galicia. Engloba a la Consellería de Medio Rural, a la Federación Gallega de Municipios y Provincias y a la empresa pública SEAGA como órgano instrumental para la ejecución de los trabajos de mantenimiento en las fajas. Actualmente agrupa a 273 de los 315 Concellos de Galicia y cuenta con un presupuesto anual de 12.250.000 euros.
Las intervenciones que contempla este convenio para los ayuntamientos adheridos son de dos tipos:
- Ejecuciones subsidiarias en parcelas de desconocidos y propietarios que no compren en plazo y forma sus deberes de gestión. Hay un tope de 10 hectáreas por ayuntamiento, por lo que esta parte del Convenio intervendría en 2.730 ha.
- Ejecuciones a través de convenio con personas propietarias para la ejecución de los trabajos de mantenimiento, únicamente en las 154 parroquias clasificadas como prioritarias, y que suman 10.287 hectáreas totales, de las que 1.378 ha (13 % del total) suscribieron convenio sus propietarios a través de los Concellos, para el desbroce de sus fajas, a un coste bonificado para las personas propietarias de 350 euros/ha.
En la actualidad, apuntan las asociaciones de propietarios, solo se le está dando una solución de gestión pública a las fajas de 154 parroquias declaradas de alta prioridad por el riesgo de incendio. En estas parroquias, los propietarios pueden acceder a unadesbroce de sus terrenos a un precio bonificado de 350 euros / hectárea, que se puede estimar, como media, que representa un 25-30% del precio real de los trabajos.
“Esta situación representa una grave discriminación en relación al resto de propietarios y comunidades de montes vecinales de Galicia, por lo que es preciso que la Xunta busque una solución de gestión pública para el conjunto de fajas de seguridad”, cierra la Asociación Forestal de Galicia.
Acusan a la Xunta de “criminalizar a la sociedad” por los incendios forestales
Otro colectivo que se pronunció por medio de una nota de prensa contra el anteproyecto de la Lei de Loita Integral contra os Incendios Forestais es la Organización Galega de Comunidades de Montes, que considera que la Consellería de Medio Rural está criminalizando a la sociedad, y en particular a las comunidades de montes, ante posibles incendios.
“El anteproyecto de la Lei especifica que las comunidades de montes pueden ser sancionadas cuando se produzca un fuego en sus tierras, aunque el fuego sea provocado por terceros”, argumentan.
En lugar de un sistema basado en sanciones, la Organización Galega de Comunidades de Montes propone que la Consellería impulse medidas para promover un monte vecinal multifuncional y llama a combatir lo que considera causas estructurales de los fuegos: “monocultivos forestales con especies de crecimiento rápido, desordenación de las masas boscosas o abandono del rural y despoblación, entre otras”.
Otra cuestión en la que incide la Organización Galega de Comunidades de Montes -también advertida por el Colexio de Xornalistas de Galicia- es la posible limitación a la libertad de información que introduciría la nueva Lei.
“El anteproyecto parece apuntar implícitamente a los datos oficiales de la Administración como única fuente posible en materia de superficies quemadas”, advierte el Colexio de Xornalistas. El texto establece que se perseguirá la comunicación de “hechos y datos falsos” sobre los incendios, pero queda en la indefinición lo que se pueden considerar hechos y datos falsos.
