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La Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados estableció desde abril la prohibición a las quemas de restos agrícolas, con la excepción de motivos fitosanitarios y siempre con autorización previa. Pasado el verano, cuando toca reabrir las quemas agrícolas, la postura de las distintas comunidades autónomas está oscilando entre ir trampeando, establecer moratorias temporales para permitir la adaptación del campo o aplicar la normativa al pie de la letra. En los próximos meses, el Gobierno tendrá que aclarar y unificar el escenario.
La esperanza de las comunidades autónomas es que la actual Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados se modifique en el Congreso, algo que está a debate, después de que, en principio, ningún grupo se haya opuesto en la Comisión de Agricultura a tramitar un cambio de la normativa.
La cuestión es hasta qué punto España tiene capacidad para cambiar la Ley 7/2022, pues la prohibición de las quemas agrícolas viene marcada por directivas europeas de residuos. Habrá que ver cuál es la postura del Ministerio de Transición Ecológica al respecto.
La actual normativa establece que sólo se pueden permitir quemas agrícolas cuando haya motivos fitosanitarios, y siempre previa autorización individual, según se recoge en el artículo 27.3 de la Ley. En Galicia, por el momento la Xunta optó, sin embargo, por mantener el sistema de quemas agrícolas de una manera similar al anterior, basado en un sistema de comunicaciones previas, sin necesidad de autorización.
La Xunta se acoge al artículo 3e) de la Ley, en el que se establece que no son objeto de la Ley “la paja y otro material natural, agrícola o silvícola no peligroso, utilizado en explotaciones agrícolas y ganaderas, en la silvicultura o en la producción de energía a base de esta biomasa, mediante procedimientos o métodos que no pongan en peligro la salud humana o dañen al medioambiente”.
Claro que esa es una disposición sujeta a la interpretación, pues las partículas finas que emiten las quemas agrícolas representan un problema de salud humana y ambiental, sobre todo en determinadas comarcas y periodos. Así se lo trasladó ya a la Administración un colectivo ecologista, que advirtió de que el mantenimiento de las quemas podría llegar a dirimirse en sede judicial.
Centros logísticos de biomasa y redes de calor locales
En Galicia se hacen cada año alrededor de 400.000 quemas comunicadas de restos agrícolas procedentes de podas y desbroces, pues se trata de un método sencillo y económico para eliminar esos ‘residuos’. La alternativa principal pasa por el triturado, con incorporación al suelo o retirada, pero es más cara y exige una mecanización previa, aparte de generar una huella de carbono por el gasto de combustibles fósiles.
En comarcas de viñedo y kiwi, con un mínimo de 2-3 toneladas de restos por hectárea, ni siquiera habría vías para gestionar esa biomasa de las podas. Hace unos años, el proyecto Biomasa Ap, liderado por el CIS Madera, comprobó que era posible la trituración y retirada de los restos para su procesado posterior. La iniciativa logró obtener pellets de los restos de viñedo que eran aptos para calderas industriales, si bien no se dieron pasos posteriores en esa línea.
Desde el Clúster de Biomasa de Galicia, su presidente, Francisco Álvarez, considera lógica la restricción a la quema de restos agrícolas, pero subraya que hay que ofrecer alternativas, que él encamina a la valorización energética de esa biomasa. «La semana que se abren las quemas agrícolas, estas quemas emiten más partículas finas al aire qué todo el parque de calefacción de España» -señala Álvarez-. «Así que restringir las quemas, sí, ¿pero qué se hace con los restos?».
Una posibilidad que apunta Álvarez pasa por establecer centros logísticos de biomasa, que funcionen con los restos de poda de una manera similar a un punto limpio, con la recogida de restos y su posterior astillado, orientado a calderas de leña y similares. “Es un sistema que ya está funcionando en otras comunidades autónomas y que se podría implantar en Galicia”, valora.
En España, el proyecto Agroinlog ahondó precisamente en la posibilidad de crear centros logísticos de biomasa integrados con industrias agroalimentarias, como bodegas y cooperativas, de manera que las agroindustrias abrieran una línea de negocio paralela con la biomasa, al tiempo que aprovechaban el personal y la maquinaria que quedaba sin actividad fuera del ciclo de las campañas agrícolas.
Otra opción que plantea el Clúster de Biomasa de Galicia pasa por la promoción de redes de calor microlocales, orientadas a aldeas y pueblos. Es un sistema que el Clúster de la Biomasa ya ha propuesto para el proyecto de Aldeas inteligentes que promueve la Xunta en las aldeas modelo (21 declaradas en toda Galicia). La idea es aprovechar en esas redes de calor los restos agrícolas y buscar sinergias con las comunidades de montes próximas, a fin de avanzar en la autosuficiencia energética de los pueblos.
