Los actuales convenios que mantiene la Xunta con las comunidades de montes vecinales concluirán a más tardar el 31 de diciembre del 2021, fecha en la que estarán extintos todos los acuerdos. La Administración autonómica mantiene en la actualidad convenios en una superficie de 315.000 hectáreas, que representa la mitad del monte vecinal y un 15% de toda la superficie forestal de la comunidad. ¿Qué sucederá con esos terrenos cuando se retire la Xunta?
La Asociación Forestal de Galicia advierte sobre la necesidad de un consenso entre la Administración y las comunidades propietarias. El colectivo teme que la Xunta inicie las cancelaciones de oficio de los convenios, cancelaciones que fueron autorizadas recientemente para determinados casos por la Lei de medidas fiscais e administrativas, la conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos 2018 de la Xunta.
La posible cancelación preocupa en especial a las comunidades de montes afectadas por los incendios y que mantienen convenios con la Xunta, pues temen el posible abandono en el que pueden quedar sus montes.
La salida de la Xunta como gestora de los montes vecinales afectados por incendios dejaría a las comunidades propietarias con un monte quemado y descapitalizadas para afrontar su recuperación. El problema se constató en una reunión que mantuvo la pasada semana la Asociación Forestal de Galicia con comunidades de montes socias de Pazos de Borbén y Fornelos de Montes (Pontevedra). Los representantes de las comunidades coincidieron en demandar un plan público para la recuperación de los montes vecinales, pues de lo contrario -advierten-, quedarán en el abandono y representarán una “bomba de relojería” ante nuevos fuegos.
Evitar las cancelaciones de oficio
La Asociación Forestal de Galicia mantiene que deben evitarse las cancelaciones de oficio si no está garantizada la capacidad económica o de gestión de la propiedad. Demanda un protocolo consensuado con las comunidades de montes y resalta que debe tenerse en cuenta la situación demográfica en muchas de las áreas rurales de Galicia, ya que la inexistencia de un relevo generacional en las juntas rectoras de las comunidades les dificulta asumir la gestión de sus montes.
En el caso de montes afectados de forma grave por los fuegos, la Asociación incide en que es necesario un plan de restauración de los montes antes de transferir la gestión.
¿Cuándo se pueden cancelar de oficio los convenios?
La Lei de medidas fiscais e administrativas, que entró en vigor a finales de diciembre del 2017, prevé, entre otras, las siguientes posibilidades de cancelaciones de oficio:
– Cuando el monte vecinal objeto del convenio no presente deuda con la Administración. Esta ley, además, precisa que para el cálculo de la deuda no se tendrán en cuenta las inversiones y cargos realizados por la Administración antes del 2005, por lo que es posible que, en cuanto se ajusten las cuentas, comunidades de montes que hasta el momento mantenían deudas con la Xunta dejen de tenerlas.
– Cuando el monte no haya cumplido las finalidades previstas en el convenio. Se considerará que esa situación se produce cuando un 30% de la superficie del monte no esté arbolada o con arbolado menor a cinco años. Los montes vecinales que hayan sufrido graves incendios en otoño o en años anteriores podrían verse, por tanto, en esta situación.
¿Qué pasará con los montes en los que se cancelen los convenios?
La Xunta manifestó su intención de sustituír parte de los convenios por contratos temporales de gestión pública, si bien la Administración dejará otra parte de los montes. La previsión de la Xunta es abandonar 100.000 hectáreas a lo largo de la próxima década y otras 100.000 en la siguiente.
Todas esas superficies deberían ser gestionadas, en teoría, por las propias comunidades. Desde el sector forestal, colectivos como la Organización Galega de Montes Vecinales han manifestado que el abandono de los convenios por parte de la Xunta constituye una “maniobra” para dejar los montes vecinales en manos de empresas de servicios forestales.
Reunión
La Asociación Forestal de Galicia tiene solicitada una reunión con la Dirección Xeral de Ordenación e Producción Forestal para abordar diversas preocupaciones de los propietarios forestales y comunidades de montes, tales como la situación de los montes con convenio o el problema de las masas quemadas que aún no fueron comercializadas. También solicitaron reuniones con todos los grupos parlamentarios.