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Fincas en las que en otros tiempos se cultivaban patatas, maíz, trigo o en las que pacía el ganado y que ahora quedan abandonadas o se transformaron en una plantación forestal. Es una estampa de sobra conocida y que da cuenta de la situación actual de la tierra agraria en Galicia. Hoy, sólo la quinta parte del territorio está dedicado a cultivos o pasto y por lo menos otro tanto está abandonada o sin gestión. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y lo más importante, ¿cómo salimos de esta? ¿Puede ser de utilidad para afrontar esta situación la nueva ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia?
Estas fueron algunas de las cuestiones que abordó el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Edelmiro López Iglesias durante su participación en una reciente jornada organizada por la Consellería de Medio Rural coincidiendo con la aprobación de la nueva ley para gestión de la tierra.
La superficie arbolada casi se ha triplicado desde mediados del siglo XX y abarca 1,4 millones de hectáreas, mientras que las tierras de cultivo y pasto ocupan ahora sólo el 21% del territorio
En los últimos 60 años se han producido importantes cambios en los usos de los suelos que han ido transformando el paisaje agrario en Galicia. López puso sobre la mesa algunas de las cifras que dan cuenta de esta realidad. Por una parte se produjo un fuerte retroceso del espacio agroganadero, tanto es así que hoy las tierras dedicadas a estos usos ocupan sólo el 21% de la superficie, unas 622.000 hectáreas, frente a 1.570.000 hectáreas de tierras de cultivo o de pastos que había a mediados del siglo pasado.
Evolución de la superficie forestal arbolada de Galicia durante la segunda mitad del siglo XX.
Al mismo tiempo se ha incrementado la superficie de arbolado, pasando de 540.000 hectáreas a 1.400.000 hectáreas, lo que supone cerca del 50% del territorio. Ha aumentado aún más la superficie de tierra abandonada debido, en gran medida, al cese de actividad agraria y ganadera y a la desaparición de los usos tradicionales de las tierras de monte. Así, tenemos hoy un mínimo de unas 600.000 hectáreas de monte de mato o abandonado en las que crece de forma incontrolada la vegetación.
Más de 1,7 millones de propietarios de tierra
López señala que una de las principales causas detrás de esta situación es la acusada división de la propiedad de la tierra en Galicia y su desconexión de la gestión de las superficies, una situación que llevamos décadas arrastrando y que se ha agudizado en los últimos tiempos. Los datos manejados en el 2020 apuntan a que 1,73 millones de gallegos son propietarios de tierra, en concreto tienen un promedio de 1,6 hectáreas de terreno agrario o forestal repartidas en 5 o 6 parcelas. «Todo gallego adulto es propietario de tierra o lo acabará siendo», señala el experto.
«Todo gallego adulto es propietario de tierra o lo acabará siendo»
La fuerte división de la propiedad contrasta con la acelerada caída de mano de obra en la agricultura. «En Galicia tuvimos una abrupta y tardía desagrarización, nosotros afrontamos en 60 años un fenómeno que en otros países de Europa se repartió en más de siglo y medio», indica Edelmiro López. Se ha reducido en un 95% la mano de obra tanto del sector agrario y esto ha provocado también un declive de la economía y la demografía del rural, así como una creciente desagrarización del medio rural.
«En la actualidad, la mayoría de los propietarios de las tierras y de la población del rural está desvinculada de la gestión de la superficie agraria o forestal», explica el profesor. Contrasta que frente al 1,73 millones de propietarios, en Galicia apenas se contabilizan unas 76.400 explotaciones vinculadas al sector agrario y de ellas sólo unas 30.000 tienen una actividad relevante. «Tres colectivos (personas que viven en el rural, propietarios de las tierras y personas o empresas interesadas en su aprovechamiento) que históricamente coincidían en el rural, cada vez lo hacen menos», apunta.
En este punto surge también uno de los retos que señala López y al que debe hacer frente la nueva norma: conseguir un marco legal que aporte un nuevo equilibrio entre propietarios y usuarios (tanto activos como potenciales) que priorice el aprovechamiento adecuado de la superficie en base a una ordenación de usos frente a los derechos de la propiedad, sobre todo por parte de aquellos que no utilizan la tierra.
Vinculado a esta reducción de la mano de obra, el abandono de las tierras y la falta de movilidad de las tierras agrarias se deriva la intensificación de la actividad ganadera, sobre todo en el sector lechero. Estos cambios son también determinantes para comprender lo que acontece en buena parte de Galicia donde hay una gran demanda de tierra, como ocurre en las comarcas ganaderas de A Coruña, Lugo y nordeste de Pontevedra.
Las 3 Galicias rurales y los 3 tipos de propietarios
Para comprender la situación actual de la tierra agraria de Galicia, López echa mano de una clasificación acuñada por los investigadores Eduardo Corbelle y el difunto Rafael Crecente. Los autores apuntan a que en la comunidad se identifican 3 Galicias rurales, con características diferenciadas y que también hace falta tener presente a la hora de abordar la gestión y estructuración de la tierra para poder atender a sus necesidades.
«Precisamos tener presente la diversidad de situaciones y problemáticas del rural gallego, porque poco se parece la situación y las necesidades de las comarcas lecheras con las zonas despobladas de Ourense»
Constatan un rural urbanizado y forestado, que se extiende por el Eje Atlántico y otras áreas costeras y periurbanas. Existe un rural activo, donde la tierra está destinada sobre todo a un uso agroganadero, de cultivo y pastos; y por último se aprecia un rural abandonado, donde predomina el mato y la masa forestal de crecimiento espontáneo y sin ningún tipo de gestión.
Tipologías de las parroquias según el tipo de usos del suelo entre 1985 y 2005. Funte: Corbelle y Crecente (2014).
A estas realidades se añaden tres perfiles de propietarios de la tierra. Por una parte, se encuentran las tierras en manos de propietarios individuales que desarrollan una actividad agrroganadera, se trata de unas 864.000 hectáreas. Mientras, alrededor de un 1,1 millones de hectáreas de tierra pertenecen a propietarios desvinculados del sector primario y otras 665.000 hectáreas están en los montes vecinales. «Si combinamos los tipos de propietarios y las 3 Galicias rurales tenemos al menos 9 tipos de situaciones que requieren políticas diferentes. Precisamos tener presente la diversidad de situaciones y problemáticas del rural gallego, porque poco se parece la situación y las necesidades de las comarcas lecheras con las zonas despobladas de Ourense», resalta López Iglesias.
Incendio forestal en Baiona en la ola de fuegos que asoló Galicia en el outoño de 2017.
Los fuegos de 2017, un factor clave
En un análisis propio sobre la evolución de las políticas de gestión y estruturación del territorio llevadas a cabo en las últimas décadas, López apunta varios hechos significativos para comprender cómo hemos llegado a tener esta situación actual de las tierras. Una revisión de las actuaciones en esta línea en la segunda mitad del siglo XX muestra como los procesos de concentración parcelaria fueron casi las únicas acciones impulsadas. «Tuvieron efectos positivos, pero limitados, con un costo elevado y fueron lentas y poco racionales en ocasiones, eso llevó a que hayan sido los mercados agrarios y forestales los que determinaron la evolución de las estructuras y los usos del suelo», explica López.
Para el experto, uno de los puntos de inflexión llega con la puesta en marcha de nuevos instrumentos y políticas entre 2006 y 2009 como el Banco de Tierras en el 2007, creado para impulsar la movilidad de las tierras agrarias y que contemplaba sanciones para las propiedades abandonadas. También destaca en estos cambios la ley de prevención de incendios forestales, de ese mismo año; o la creación de las llamadas Uxfor, Unidades de Gestión Forestal conjunta. Pese a seguir activos buena parte de ellos, López señala que la falta de impulso real de su aplicación hizo que no llegaran a tener los efectos que se esperaba de estas herramientas.
«Los incendios pusieron de manifiesto los límites de una política centrada en la extinción y la necesidad de abordar las causas estructurales de los fuegos»
La ola de fuegos que arrasó Galicia en el 2017 supone para López uno de los factores desencadeantes de los cambios recientes anunciados en las políticas agrarias y forestales. «Los incendios pusieron de manifiesto los límites de una política centrada en la extinción y la necesidad de abordar las causas estructurales de los fuegos», señala. Las conclusiones aprobadas en 2018 en la Comisión Parlamentaria sobre los incendios ya no centran el foco solo en los incendios, sino que los vinculan con los problemas estructurales del medio rural, en particular con el abandono de tierras y las deficiencias en la gestión del territorio.
Para López, la nueva ley de recuperación de la tierra agraria es la plasmación de ese giro en las políticas de estruturación y gestión del territorio y completa un ciclo de ida y vuelta para retomar medidas necesarias que quedaran en suspenso, según él, en las prioridades políticas desde 2009.
Destaca que esta ley se presenta cómo una «caja de herramientas» útil con la que poder afrontar la reestructuración de la tierra, pero que llega con 10 años de retraso, donde los problemas se fueron agravando y queda pendiente que realmente se lleve a la practica y se ajusten las líneas de ayuda y programas con los instrumentos de esta nueva norma.
