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Los contratos entre viticultores y bodegas son los que más inspecciona de oficio la Consellería
La Xunta de Galicia llevó a cabo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 un total de 28 inspecciones de oficio en relación al cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, 20 de ellas en el sector del vino, 7 en el sector vacuno de leche y 1 en el de leche cruda de oveja. Además han sido revisados un total de 250 contratos.
Según los datos hechos públicos este miércoles durante la reunión del Consejo Asesor de la AICA, la Comunidad Valenciana (0), Murcia (4), Navarra (11), Extremadura (12), Cantabria (13), Asturias (16), Canarias (18), Aragón (19), Baleares (20), País Vasco (20) y La Rioja (27) llevaron a cabo el año pasado menos inspecciones de oficio que Galicia; frente a las 44 de Cataluña, las 47 de Andalucía, las 49 de Madrid, las 73 de Castilla-La Mancha o las 324 de Castilla y León.
De estas inspecciones se derivaron un total de 167 sanciones, de las que 7 fueron impuestas en Galicia, todas ellas al eslabón de la industria alimentaria: 4 de ellas a la industria cárnica bovina por no formalizar contratos por escrito, 2 a las bodegas vitivinícolas por el incumplimiento de los plazos de pago y 1 a la industria láctea por no incluir en los contratos todos aquellos extremos que por ley han de contener. En cuanto a las denuncias presentadas, en todo 2023 la Xunta de Galicia tan solo investigó 2 en el sector de la producción avícola de carne.
El 62% de las denuncias presentadas ante la AICA desde su creación acabaron en imposición de multas
Desde su creación, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria con la colaboración de las comunidades autónomas, ha recibido un total de 210 denuncias, de las que 130 acabaron en sanción. Un total de 23 de estas multas corresponden al sector lácteo, derivadas de 44 denuncias presentadas, la mayor parte por productores y organizaciones de productores. Otras 23 sanciones corresponden al sector vitivinícola, mientras la mayor parte (57 en total) proceden del sector de las frutas y hortalizas.
Un 40% más sanciones en 2023
A lo largo de 2023, la AICA impuso un total de 382 sanciones a operadores de la cadena alimentaria, lo que supuso un aumento del 40,4% en comparación con el año precedente. Casi la mitad de ellas (un 48%) correspondieron a infracciones por incumplimiento de plazos de pago, sobre todo, en el eslabón mayorista.
El año pasado la AICA impuso 382 sanciones al amparo de la Ley de la cadena alimentaria, un 40,4% más que en 2022, a las que hay que sumar otras 167 de las comunidades autónomas (+33,6%)
También han sido objeto de sanción la ausencia de contratos o la falta, en los que sí se han realizado, de elementos mínimos como, por ejemplo, el precio del producto motivo de transacción. Las modificaciones unilaterales no pactadas por contrato y la destrucción de valor en la cadena alimentaria también aparecen en la lista de los principales motivos de penalización.
Por sectores, los que registraron más infracciones con sanción fueron el de frutas y hortalizas, que acaparó 165, seguido del vitivinícola (96), el de aceite de oliva (40), bovino (37), aceituna de mesa (19) y lácteo (17).
Reparto de competencias
A estas sanciones hay que sumar las aprobadas por los organismos autonómicos que también tienen competencias en el control y vigilancia del cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria. El año pasado impusieron 167 sanciones, un 33,6% más que en 2022. Estas últimas han recaído principalmente en empresas del eslabón de la industria alimentaria.
Todas las sanciones son fruto de los controles de oficio de la AICA y las comunidades autónomas, así como de las investigaciones realizadas en ambos casos tras las denuncias recibidas por presuntos incumplimientos de la Ley de la cadena.
La AICA, en concreto, ha investigado durante el pasado ejercicio 32 denuncias, un 39,1% más que en 2022, y las comunidades autónomas, otras 18. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha subrayado durante la primera reunión del Consejo Asesor de la AICA de este año la necesidad de que se traslade a los organismos de control y vigilancia del funcionamiento de la Ley de la cadena alimentaria toda irregularidad comercial que se constate. Ha remarcado el carácter confidencial de las denuncias y ha precisado que el año pasado, casi dos tercios de las recibidas e investigadas terminaron en sanción.
La AICA vigila las relaciones entre empresas de distintas comunidades y los gobiernos autonómicos los contratos que se firman dentro de su territorio
En total, las denuncias y las actuaciones de oficio durante 2023 se tradujeron en el control de un total de 2.371 relaciones comerciales de la cadena alimentaria, lo que representa un 59,4% más que en los doce meses anteriores, según el Informe de la actividad inspectora y de control de AICA en el ámbito de la cadena alimentaria en 2023. La AICA tiene competencia sancionadora en relaciones comerciales que tienen lugar entre empresas con sedes en distintas comunidades autónomas o en las que, por razones de trazabilidad previsible del producto objeto del contrato, exceda del ámbito autonómico.
Los organismos de inspección de cada comunidad autónoma, por su parte, han controlado en su territorio otras 2.871 relaciones comerciales, según el Informe de la actividad de las comunidades autónomas en 2023. El ministro, durante la sesión inaugural del encuentro, ha resaltado “el buen funcionamiento de cadena alimentaria”.
Descuentos no acordados previamente en los contratos
El ministro ha aprovechado para recordar que desde el 30 de junio de 2023 es obligatorio inscribir en el Registro de Contratos Alimentarios, al que se accede a través de una aplicación de la web de AICA, los contratos alimentarios con productores primarios y agrupación de productores. A su juicio, dicho registro se ha convertido ya en una “herramienta determinante” para la labor de inspección de este organismo.
A lo largo de 2024 se priorizará el cumplimiento de contratos alimentarios, con especial atención a la modificación del precio a partir de descuentos
El ministro también ha avanzado que a lo largo de 2024 la actividad de la AICA priorizará la comprobación y el cumplimiento de los contratos alimentarios, con especial atención a la modificación del precio a partir de la aplicación de descuentos no acordados previamente. También se dará preferencia al control de los sectores con más riesgo de que sus liquidaciones y pagos no sean superiores al coste efectivo de producción, así como a la vigilancia de cancelación de pedidos.
Cambios legales a nivel español y en la UE
El ministro de Agricultura ha confirmado además durante la apertura de la primera reunión del Consejo Asesor de la AICA de este año, que la conversión de este organismo en agencia estatal se traducirá en “una mayor estructura, con más medios humanos y materiales para desempeñar sus funciones”, lo que le permitirá “reforzar significativamente su capacidad inspectora”.
El ministerio quiere dar una respuesta rápida a una de las principales preocupaciones de los agricultores y ganaderos que se han movilizado estas semanas, el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria en todos los eslabones, para que en las relaciones comerciales, sobre todo en las que participan los agricultores y ganaderos, el precio sea justo, supere el coste efectivo de producción y asegure la viabilidad económica de los operadores.
La conversión de la AICA en agencia estatal la dotará de más personal y medios para reforzar significativamente su capacidad inspectora
Luis Planas ha explicado que la puesta en marcha de la agencia estatal requiere la aprobación de una norma con rango de ley, por lo que el Gobierno estudia en la actualidad el menor recorrido temporal para su creación, bien a través de un texto legal ad hoc o mediante la introducción de una disposición adicional en la futura Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. La futura Agencia Estatal de Inspección de la Cadena Alimentaria mantendrá el acrónimo de AICA.
Se prevén además modificaciones legislativas sobre prácticas comerciales en la Unión Europea. De hecho, la Comisión presentó a mediados del pasado mes de diciembre una serie de propuestas a medio plazo para revisar la Directiva de prácticas comerciales desleales de 2019 y el Reglamento de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCM) que, en buena medida, siguen la senda emprendida a nivel nacional en países como Francia o España. El Ejecutivo comunitario ha propuesto la instauración del Observatorio de costes de producción, márgenes y prácticas comerciales, y la implementación de nuevas regulaciones para garantizar el cumplimiento de las prácticas comerciales a nivel transfronterizo.
