El conselleiro de Medio Rural en funciones, José González, se reunió hoy de forma telemática con sus homólogos de las comunidades de la Cornisa cantábrica para avanzar en una amplia alianza común -en la que también participan las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas de Galicia- con el fin de reclamar, de manera conjunta, mayor flexibilidad en la PAC y su adaptación a la realidad de estos territorios. En la videoconferencia convocada desde Galicia participaron, además del representante de la Xunta, Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias; Pablo Palencia, consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria y Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y Bittor Oroz, viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Agroalimentaria, ambos del Gobierno Vasco.
Según explicó el conselleiro gallego, lo que se pretende con estas reuniones -la de hoy y la del lunes con los representantes del sector- es continuar incorporando consensos para reforzar la posición de Galicia y el resto de los territorios de la España húmeda delante de la negociación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para modificar el Plan Estratégico de la PAC, el llamado PEPAC.
Este encuentro coincide en el tiempo con el que celebra en Madrid el Órgano de Coordinación del PEPAC, en el que participan las comunidades autónomas -entre ellas Galicia- y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En esta reunión de carácter técnico se puso de manifiesto, a juicio de la Xunta, que la Comisión Europea está siendo mismo «más ambiciosa» que el Ministerio a la hora de abrirse a la flexibilización de la PAC, gracias a la presión negociadora de las comunidades autónomas.
Por eso, en este sentido José González señaló que de lo que se trata es de intentar consolidar una alianza cantábrica, porque estamos viendo que, de la misma forma que en la negociación de la PAC la unión de estos territorios fue positiva, entendemos que ahora tenemos que volver a tener esa unión, remarcó. Así, -indicó el conselleiro- al igual que se hizo con las organizaciones agrarias, se les pidió a estas comunidades que trasladen sus propuestas para enriquecer la batería de medidas en las que está trabajando Galicia, con demandas claves para el futuro del sector, alrededor de las políticas estatales y comunitarias.
De este modo, como ejemplos de reclamaciones concretas, el conselleiro mencionó la reducción de la carga burocrática que soportan agricultores y ganaderos derivada de la nueva PAC, la voluntariedad del cuaderno digital de las explotaciones y la no aplicación de la normativa vinculada a la figura del veterinario de las explotaciones. Sobre las trabas de la burocracia, José González subrayó que estas se ven muy agravadas por circunstancias coincidentes en la Cornisa cantábrica, caso del minifundismo, la pluviometría, el relieve y el tamaño de las explotaciones o los tipos de suelo, entre otras.
En esta línea, José González advirtió que las propuestas de modificación del PEPAC realizadas hasta ahora por el Ministerio de Agricultura son ‘insuficientes’ y no se adecúan ni a Galicia ni al resto de la Cornisa cantábrica, ya que tienen mucho más en cuenta a la España mediterránea que a la húmeda.
Adaptar los ecorregímenes y la condicionalidad reforzada a los territorios
En el mismo sentido, el conselleiro insistió en demandar la modificación de los ecorregímenes y la llamada «condicionalidade reforzada», para adaptarse a la realidad específica de la Cornisa y no perjudicar sus agricultores y ganaderos. En esta línea, González advirtió que no hay ningún productor que esté en contra de las exigencias medioambientales de la PAC, pero se están poniendo arriba de la mesa ecorregímenes imposibles de cumplir para los agricultores y ganaderos de estos territorios.
Así, sobre la condicionalidad, se considera que deberían reducirse o adaptarse determinados requisitos no acomodados para la Cornisa y que resultan muy difíciles de cumplir en las explotaciones gallegas y de los demás territorios cantábricos.
En cuanto a los ecorregímenes, se insiste en que los del Plan Estratégico de la PAC (Pepac) no están adaptados a estas zonas y apenas tres de las siete prácticas actuales tienen viabilidad en el territorio cantábrico. De esta forma, se proponen mejorar los relativos al pastoreo extensivo, a las islas de biodiversidad y a la rotación de especies mejorantes e introducir otros nuevos.
Entre estos últimos estarían el de cultivos tradicionales de bajos insumos, con especial referencia al grelo; el de cultivos existentes, como la patata y las especies hortícolas -que en Galicia se producen de manera más sostenible- o el de pastoreo con vacuno de aptitud cárnica, ovino, cabrún y mismo equino en zonas con elevado riesgo de incendios forestales. En relación con estas propuestas, el conselleiro advirtió que todas ellas ya fueron trasladadas al Ministerio a lo largo de la negociación del nuevo PEPAC y que ‘están avaladas por las organizaciones profesionales agrarias, sin que se hubiesen tenido en cuenta. A mayores, José González también explicó que se está procurando una alianza común para fijar una posición conjunta en cuestiones estratégicas para el futuro del campo, a nivel estatal y comunitario. En esta línea, se refirió al documento, actualmente en elaboración, que cuenten diferentes demandas, entre ellas la revisión de toda la normativa nacional derivada de las directivas europeas de la nueva PAC, con especial énfasis en la necesidad de reducir la burocracia.
Instar al Gobierno a modificar la Ley de la Cadena Alimentaria
También se quiere procurar consensos para reclamar igualdad en las reglas de juego en los comprados para todos los productores, de forma que en los tratados internacionales con terceros países se incluyan cláusulas espejo que garanticen un trato idéntico para todos los productos. Sobre los precios, se urge al Gobierno a la modificación de la Ley de la cadena alimentaria para que se cumpla de una manera efectiva. Por parte de la Xunta, en concreto, se reclama la introducción de mecanismos como los diseñados por Galicia -Contaláctea y Contacarne- y trabajar en coordinación con las comunidades autónomas para que los precios que perciben los agricultores y ganaderos cubran sus costes, más el margen de beneficio correspondiente. Otra demanda estratégica tiene que ver con la mejora de la fiscalidad para el campo.