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La Audiencia Nacional ha emitido la sentencia sobre el llamado cártel de la leche, con la que se pronuncia sobre la decisión de la Comisión Nacional de la Competencia de sancionar con 80 millones de euros a un grupo de industrias lácteas. El fallo de la Audiencia confirma la multa a cinco industrias y estima parcialmente los recursos de otras tres industrias por errores en los periodos de cálculo, por lo que le pide a la Comisión Nacional de la Competencia que recalcule la sanción para estos tres casos.
La sentencia confirma las multas a Calidad Pascual, con 8,5 millones de euros, a Lactalis, con 11,6 millones de euros y a Nestlé, con 6,8 millones de euros. Esos son los principales importes, a los que hay que sumar los 929.000 euros de la sanción a Schreiber Foods -fabricante de yogures para Mercadona-, y los 53.300 euros a Celega, proveedora de Schreiber.
Las otras empresas que habían sido inicialmente sancionadas por Competencia, Capsa, Danone y Puleva, vieron parcialmente estimados sus recursos, ya que la Audiencia le pide a Competencia que recalcule las multas, al entender que alguno de los periodos de sanción están prescritos. En el caso de la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, se le retira la multa, que había sido de 60.000 euros.
El fallo judicial, por tanto, considera acreditado que por parte de las empresas existió un intercambio de información sobre precios, a fin de acordarlos, así como otras prácticas irregulares, como los pactos sobre granjas proveedoras. Todos estos comportamientos, entiende la Audiencia, perjudicaron el poder de negociación de los ganaderos durante el periodo 2000 – 2013, por lo que se consideran acertadas las sanciones de Competencia por fijación de precios y reparto del mercado.
Contra esta decisión de la Audiencia Nacional, las industrias lácteas podrán interponer recurso ante el Tribunal Supremo, si bien se presenta como una vía complicada.
Reclamaciones de indemnizaciones
El fallo de la Audiencia Nacional que confirma las multas dictadas por Competencia abre la puerta a que las granjas cursen las correspondientes peticiones de indemnizaciones contra las industrias lácteas multadas. Solo en Galicia se calcula que alrededor de 7.000 granjas han iniciado el proceso para presentar las correspondientes reclamaciones a través de los juzgados del mercantil, un proceso que estaba solo pendiente de arrancar a que llegara este fallo de la Audiencia Nacional.
Valoraciones desde Unións Agrarias
Tras trascender la sentencia judicial, el secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, subraya que la sentencia confirma «la comisión del delito de pactar precios» por parte de todas las industrias sancionadas en su día por Competencia. «Imaginamos que las industrias tratarán de alargar el proceso judicial, pero esta sentencia abre ya la vía para que desde los servicios jurídicos de Unións Agrarias -en colaboración con Eskariam- presentemos más de 5.000 demandas, en nombre de otras tantas granjas, para reclamar la cantidad apropiada indebidamente por parte de las industrias», concluye.
