Unións Agrarias quiere mostrar su conformidad con la decisión de la Comisión Europea de recomendar la revisión del estatus de protección del lobo en la UE, aunque niega que esta medida sea una “rebaja de la protección” del cánido, ya que quedará igualmente bajo el estatus de especie protegida, pero con una flexibilización de las medidas de gestión aplicables, para una mejor adaptación la cada una de las realidades del territorio de los 23 Estados Miembros en los que está presente tras su expansión y recolonización de territorios rurales en las últimas décadas.
Esta flexibilización y adaptación a la problemática específica de cada región en cada Estado Miembro fue lo que demandó Unións Agrarias en el suyo reporte a la propia Comisión Europea entregado el pasado septiembre, dentro de la ronda de consultas abierta por la propia Comisión para recabar las opiniones de distintos agentes sociales del rural y de los sectores agroganaderos afectados por la expnasión y por el daño directo de los lobos.
De aprobarse la recomendación en los próximos meses por el Consejo y el Parlamento Europeo, supondría una vuelta a la posibilidad de la caza de la especie bajo determinados supuestos, en aquellas zonas donde se considere que la caza no es amenaza alguna para la conservación de las poblaciones locales de lobos, pero que por el contrario será positivo para garantizar la convivencia del lobo con la ganadería extensiva, o evitar la muerte generalizada de perros, o incluso limitar situaciones de amenazas y riesgos de seguridad para las poblaciones locales.
Uniones Agrarias quiere destacar que, «a diferencia de otras Comunidades Autónomas, la caza nunca fue el pivote fundamental de la política de la gestión del lobo en Galicia, aunque sí una herramienta útil para resolver conflictos puntuales y situaciones de riesgo para el ganado, animales domésticos o personas, y que la organización agraria considera que es positivo que siga siendo una de las herramientas de gestión disponible para resolver conflictos puntuales en los que estén implicados crecimientos descontrolados de manadas o la existencia de ejemplares conflictivos o peligrosos para las explotaciones».
En este sentido, recuerda que «la conservación del lobo es una tarea de toda la sociedad, y no se puede pretender que caiga exclusivamente sobre las economías familiares de agricultores y ganaderos, que en el caso de Galicia, con más lobos que todo Portugal, Francia, o Escandinavia, son los que ponen al menos la mitad de la dieta de los aproximadamente 800 ejemplares censados en el año 2022 con que cuenta nuestro territorio, con ataques al ganado que están a repuntar un 10% este año 2023 con respeto al año anterior». La presión del lobo es especialmente intensa en el caso de la ganadería vacuna extensiva, y en el ganado equino, cuya continuidad está en peligro en muchas de las zonas tradicionales de caballo gallego, ante la dificultad de sacar potros adelante por las muertes y bajas producidas por los ataques del lobo.
Al mismo tiempo Unións quiere llamar la atención sobre el gran número de solicitudes de ayudas por daños de lobo que está rechazando la Consellería de Medio Ambiente en las últimas convocatorias, «negándose a aplicar el principio de la duda razonable en favor de los ganaderos con reses que presentan síntomas de muerte violenta en el campo por ataque de depredadores, exigiendo de los afectados unas formalidades y una carga de pruebas que están impidiendo la indemnización de los ataques del ganado de manera creciente, generando un lógico malestar entre los ganaderos afectados».
Por último Unións Agrarias reitera que «nadie en el rural gallego aboga por la persecución de este animal, ni su exterminio, sino por medidas realistas de gestión que permitan asegurar a la convivencia de las poblaciones abundantes de lobos en Galicia, con la ganadería y la producción de carne de calidad en extensivo, siendo precisas fórmulas en las que sea el conjunto de la sociedad quien solidariamente corra con los gastos de la puesta en marcha de medidas preventivas y del coste de mantener a estos animales, ya que no es justo permitir que siga recayendo exclusivamente sobre las explotaciones ganaderas de Galicia y de los hombres y mujeres que trabajan en ellas».