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Alrededor de la mitad del monte vecinal gallego, unas 300.000 hectáreas, es gestionado por la Xunta a través de convenios o consorcios con las comunidades de montes. Esos acuerdos concluirán todos a más tardar en 2017, un escenario que genera incertidumbre sobre el futuro. Las juntas rectoras de las comunidades que tienen convenios con la Administración autonómica están preocupadas por dos cuestiones principales. En primer lugar, por las deudas que le reclama la Administración a parte de los montes vecinales; en segundo lugar, por conocer qué sucederá con la gestión de los montes hasta ahora conveniados con la Xunta. La Consellería de Medio Rural, que trata de tranquilizar al sector, anuncia la puesta en marcha de un nuevo contrato de gestión con los montes vecinales.
El director xeral de Ordenación e Producción Forestal, Tomás Fernández Couto, pronosticó ayer que la cancelación de los consorcios y convenios con las comunidades, así como la puesta en marcha de un nuevo contrato de gestión de los montes vecinales, será un “proceso pacífico”, según indicó en la comisión de Agricultura del Parlamento en respuesta a una pregunta de la diputada del Bng Tareixa Paz.
Deudas
La parlamentaria nacionalista se hizo eco en su pregunta del malestar existente entre las comunidades de montes. Desde la óptica de Paz, hay un descontento generalizado entre los montes vecinales por el funcionamiento de los convenios y consorcios. “En cuanto a las deudas que la Xunta le reclama a parte de los montes vecinales, las comunidades afectadas aseguran que en ocasiones se les reclama dinero por inversiones que no se puede probar que existieron. Otras veces entienden que hay un cálculo abusivo y arbitrario de los fondos dedicados por la Administración a la puesta en valor del monte”, señala la diputada del Bng.
«Las comunidades aseguran que la Xunta les reclama dinero por inversiones que no se puede probar que existieron» (Tareixa Paz)
Ante esta situación, Tareixa Paz es partidaria de explorar la posibilidad de la condonación de deudas, prevista en la ley estatal de Montes del 2003. “Desconocemos la veracidad de las reclamaciones de las comunidades de montes, pero algo debe haber cuando la propia ley estatal prevé la posibilidad de condonar las deudas de los montes con convenios o consorcios con la Administración”, señaló.
La sugerencia de la diputada nacionalista fue rechazada por el director general de Ordenación e Producción Forestal. “No hay ningún motivo para una condonación automática de las deudas. Sería una medida que resultaría discriminatoria con el resto de la ciudadanía”, valoró Tomás Fernández Couto.
«Anticipamos dinero para la puesta en valor del monte. Son anticipos reintegrables; no ayudas a fondo perdido» (Tomás Fernández Couto)
El director xeral precisó en el Parlamento que los escenarios con las cuentas de las comunidades eran fundamentalmente tres: “Hay comunidades sin deuda, hay comunidades en las que, por problemas como incendios reiterados, no se pudo producir ningún aprovechamiento y, por tanto, no se les reclamará ninguna deuda; y hay comunidades con deudas con la Administración. Esas deudas se producen porque la Administración se hizo cargo del monte para anticipar las inversiones precisas para su puesta en producción; pero estamos hablando de anticipos reintegrables, no de subvenciones a fondo perdido”, advirtió.
Fernández Couto sí admitió que en algunos casos pueden producirse errores en las cuentas, que habrá que revisar. “Puede haber, por ejemplo, inversiones amplias que benefician a más de un monte, como pistas forestales, en las que haya discusión sobre el porcentaje que tiene que pagar cada monte”, indicó. En cualquier caso, desde Medio Rural se descarta una condonación generalizada de las deudas.
«No vamos a obligar a los montes con deudas a entregarle la gestión a empresas. Eso no sería legal ni posible» (Tomás Fernández Couto)
Nuevos contratos de gestión
La segunda cuestión que preocupa al sector es cómo va a ser en el futuro la gestión de los montes actualmente conveniados o consorciados con la Administración. En la comisión de Agricultura del Parlamento, la diputada Tareixa Paz pidió que Medio Rural aclarase si obligará a las comunidades de montes con deudas a entregar la gestión de su monte a empresas. El director xeral de Ordenación e Produción Forestal, Tomás Fernández Couto, negó tal posibilidad: “Ni sería legal, ni posible, ni lo vamos a hacer”, aseguró.
El escenario que prevé Medio Rural pasa por permitir la gestión de los montes por las propias comunidades o por suscribir nuevos contratos de gestión. “La fórmula del nuevo contrato de gestión se analizará en el Consello Forestal y en la Mesa da Madeira” -órganos en los que participan los colectivos que representan a los montes vecinales-. “El nuevo contrato de gestión se aprobará en un proceso pacífico y consensuado”, aseguró Fernández Couto. “Nuestra idea es dejar la gestión de los montes en los que ya no somos necesarios y movernos o continuar en aquellas comunidades que, bien por su descapitalización, bien por la falta de una junta rectora operativa, no puedan acometer inversiones en el monte”, explicó el director general.
Los nuevos contratos podrán abarcar pastos, frutos del bosque y caza, no sólo producción de madera
Los nuevos contratos de gestión -avanzó Fernández Couto- abarcarán más cuestiones que la producción maderera, aspecto en el que se centraban los convenios y consorcios actuales: “El nuevo contrato de gestión podrá abarcar cuestiones como la gestión de los pastos, la producción de frutos (castañas, setas, etc.) o incluso la venta de caza a través de cotos comerciales”.
En cuanto a cómo será la gestión de las comunidades de montes que tengan deudas con la Administración, el director general trató de tranquilizar al sector: “Aquellas comunidades que tengan recursos y quieran hacerse cargo de la gestión de su monte, podrán hacerlo”, anunció. “Otra cosa es que cualquier comunidad quiera trasladarle la gestión a una empresa de servicios, que es algo que ya pueden hacer ahora las comunidades que no tienen convenios y consorcios”, indicó.
