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El secretario general de UUAA, Roberto García, acaba de registrar una solicitud de reunión con el conselleiro de Educación, Román Rodriguez, para trasladarle la preocupación con la que los titulares de las explotaciones agroganaderas gallegas están viviendo el inminente procedimiento de regulación catastral.
Tal como está denunciando en las últimas semanas la organización agraria el “Catastrazo”, que se está desarrollando en Galicia desde el año 2013 en aplicación de la Resolución de la Dirección General del Catastro, supone un intento del Ministerio de Hacienda de sanear las cuentas de los Ayuntamientos a través de la revisión y subida de los bienes del Catastro de Urbana y Rústica en toda España en general, y en los ayuntamientos de Galicia en particular.
En este sentido, UUAA entiende esta revisión “es desproporcionada ya que en el caso de Rústica, el Ministerio pretende multiplicar la recaudación por 10 mediante EL Catastrazo, una vez que finalizara el proceso de regularización”.
Pero además, con esta modificación entra a figurar de manera formal en el patrimonio de agricultores, ganaderos en activo o jubilados, el valor catastral de las construcciones de la granja, con todos los efectos fiscales que conlleva.
Se puede dejar sin becas de estudio a muchos hijos e hijas de agricultores y ganaderos
Así en la convocatoria de Becas de Estudios 2016, del Ministerio de Educación, se fija un “umbral patrimonial”, según el cual, “la suma de los valores catastrales de las fincas rústicas pertenecientes a los miembros computables de la familia, dividido entre él número de miembros de la unidad familiar, no puede superar los 13.130 euros por cada miembro computable”.
Esto puede dejar sin posibilidades de acceso a las becas, a muchos hijos e hijas de los agricultores y ganaderos, una vez que dicha revisión del Catastro de Rústica, dé de alta y actualice los valores de las instalación rústicas anexas a las explotaciones, que hasta lo de ahora no se venían considerando a los efectos del Catastro.
“Es falso que el hecho de contar con una nave en el patrimonio de la explotación, muchas veces en situación de grave endeudamiento familiar o de falta de rentabilidad económica de la actividad agroganadera, suponga ningún tipo de situación de privilegio económico o patrimonial que haga innecesaria a la beca, antes bien al contrario”, advierten desde Uniones Agrarias.
En este sentido, desde la organización agraria consideran que “este umbral patrimonial es un absurdo económico, social y moral, que debe de ser cambiado de inmediato por el Ministerio de Educación, de manera que en la apertura del nuevo plazo de solicitud de becas, ningún hijo de agricultor o ganadero de Galicia, quede sin posibilidad de estudiar por falta de medios económicos, invocando esta injusta medida”.
