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Los convenios de gestión que mantiene Medio Rural en más de 200.000 hectáreas de montes vecinales se podrán ampliar hasta el 31 de diciembre del 2023, según figura en el borrador de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta. Inicialmente, estaba previsto que los convenios expiraran en diciembre del 2021, pero la Administración decidió finalmente prorrogar el plazo.
La Consellería de Medio Rural está embarcada desde hace años en un proceso de extinción de los convenios públicos que mantiene con los montes vecinales, pero quiere que ese proceso sea por mútuo acuerdo y sin salidas unilaterales.
La idea de la Xunta es que las propias comunidades asuman la gestión de las superficies conveniadas, bien de manera directa, bien por acuerdos con empresas de servicios o inversores. Pero Medio Rural asume que esas vías no siempre serán posibles, por lo que está dispuesta a mantener la gestión en parte de los montes.
En concreto, en los casos de comunidades de montes descapitalizadas, con escasa capacidad de gestión, o de superficies con una función más ambiental que productiva, la Administración proyecta ofrecerle a las comunidades de montes la sustitución de los actuales convenios por un contrato temporal de gestión pública, aún en proceso de definición.
Medidas
De las disposiciones de la ley de acompañamiento de los presupuestos, se interpreta que la Administración le ofrecerá la fórmula del contrato de gestión pública a todos los montes con los que no llegue a acuerdo de extinción de convenio.
El texto del borrador de la ley señala lo siguiente sobre la rescisión de los convenios o consorcios: “Finalización en un plazo que acabará el 31 de diciembre de 2023, momento en que deberá firmarse un contrato temporal de gestión pública que sustituya el consorcio o el convenio finalizado. En el caso de no se formalizar el dicho contrato en el plazo establecido, el titular del monte deberá abonar el saldo deudor del convenio o consorcio finalizado a la Comunidad Autónoma; para eso, podrá abonarlo en un único pago o a través de un plan de devolución plurianual”.
Previamente a la cancelación del convenio o consorcio, la comunidad de montes deberá además tener un instrumento de ordenación o gestión forestal, con un plan de manejo que garantice la continuidad de la actividad en el monte.
