Español
La Secretaria General del Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL), la ganadera Isabel Vilalba, participó en la tarde de ayer en Santiago de Compostela, junto a representantes de otras organizaciones agrarias en la reunión convocada por la Consellaría de Medio Rural (CMR) para abordar distintas problemáticas que están afectando a las granjas de producción láctea.
Desde el SLG echan en falta por parte de la Xunta «medidas concretas para frenar la estrategia de presión de las industrias hacia las granjas, a pesar de encontrarnos en un escenario de continuas bajadas en el precio de la leche, agravado por las pérdidas vinculadas a problemáticas como la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) o la plaga de gusanos que afecta a los prados y cultivos».
«Históricamente en Galicia se está pagando leche con mejores calidades 5 o 6 ct/l. por debajo de otras producidas en otras partes del Estado con menos calidades. La Consellería, por su parte, afirmó que considera que esta situación no es tolerable, pero insiste en recomendar que las agrupaciones de personas ganaderas y las Organizaciones de Productores de Leche (OLP) negocien los precios, a pesar de comprobarse con claridad que las industrias tienen capacidad de imponer los precios, y dado que la Consellaría sigue sin aportar herramientas para defender la posición del sector productor, no tienen necesidad de aceptar ningún tipo de negociación», explica Isabel Vilalba.
Como ejemplo, la Secretaria General del SLG, criticó la «actitud irresponsable de industrias como Leche Río, que con el objetivo de emplear la leche como producto reclamo en la gran distribución está protagonizando una política muy agresiva de precios y que, al ser la industria gallega que lidera la recogida en nuestro país, está provocando bajadas también por parte de otras empresas».
Estrategias de coacción por parte de las industrias
Al mismo tiempo, denuncia lo que considera «estrategias de coacción por parte de las industrias, que colocan a las ganaderas y ganaderos en la situación de tener que aceptar contratos a muy corto plazo, en ocasiones cada dos meses, a pesar de estar estipulado que los contratos deberían tener una duración de por lo menos 12 meses -salvo renuncia por parte de la persona ganadera, que de darse es por amenazas de bajada de precio-, lo cual dificulta la viabilidad de las granjas al no poder trabajar con perspectivas económicas estables en el tiempo».
Esta situación se ve favorecida, según la responsable del Sindicato Labrego, «por la inexistencia del establecimiento de indicadores oficiales por parte de la administración, así como de su tradicional dejadez a la hora de seguir y sancionar las prácticas abusivas de las industrias lácteas en la cadena de producción».
Junto a los problemas para acceder a precios de la leche que cubran costes de producción y remuneren el trabajo, desde el SLG-CCLL pusieron también encima de la mesa los perjuicios económicos derivados de cuestiones vinculadas a la enfermedad hemorrágica epizootica (EHE) y a la gestión de plagas.
