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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por el vicepresidente primero y consejero de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, mantuvo hoy un encuentro con el Consejo de Administración de Ence, que presentó su proyecto para crear uno Polo de Economía Circular y Biomateriais en el ayuntamiento coruñés de As Pontes de García Rodríguez.
En declaraciones a los medios al término de la reunión, el vicepresidente económico precisó que la empresa contempla instalar una planta de biocombustibles y papel tisú con una inversión en torno a los 330-350 millones de euros, según estimaciones de la compañía, y con la previsión de crear más de 1000 empleos entre directos, indirectos e inducidos. Un proyecto, dijo, que complementa la actividad que la pastera desarrolla en Pontevedra y que, por lo tanto, no implicaría el cierre de la celulosa pontevedresa, completando la cadena de valor y cierra el ciclo de la madera de eucalipto en Galicia.
Conde destacó que se trata de una iniciativa absolutamente independiente de la planta de Lourizán y trasladó «la máxima colaboración de la Administración autonómica para acompañar a la empresa en sus necesidades a la hora de evaluar la viabilidad técnica, ambiental, financiera y económica de este nuevo proyecto».
Pendiente de las ayudas europeas
Del mismo modo, manifestó su confianza en que cuente también con el apoyo del Gobierno a través de los fondos europeos, por ejemplo, con las ayudas previstas en los Pertes de Economía Circular y de Energías Renovables; si bien, ya avanzó que la Xunta va a evaluar las posibilidades de integrarlo en el Fondo de Transición Justa que el Ejecutivo central aun tiene pendiente de transferir a Galicia.
Por último, desde la Xunta recuerdan también que Ence tiene sobre la mesa un programa de inversiones de 395 millones de euros para mejorar la eficiencia de su planta de la ría de Pontevedra y, al respeto, el vicepresidente Francisco Conde aludió a la «unidad de acción» que existe entre la propia empresa, la Xunta de Galicia, los trabajadores, la industria auxiliar, logística y de transporte y la Autoridad Portuaria de Marín para que la factoría de Lourizán pueda continuar su actividad en su emplazamiento actual.
