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La Consellería de Medio Rural ha anunciado estos días en el Parlamento la próxima apertura de una línea de ayudas para financiar el coste de los deslindes de los montes vecinales, de interés allí donde existan problemas para clarificar los límites. El anuncio se hizo en la comisión de Agricultura del Parlamento, donde el grupo popular, a propuesta del Bloque, reiteró su compromiso con la convocatoria de una orden de ayudas para la ordenación de montes.
Sobre la propuesta de ayudas para el deslinde de los montes vecinales, hubo consenso de todos los grupos de la cámara en apoyarlas, si bien desde la oposición se advirtió de la necesidad de mayores medidas de apoyo a los montes vecinales. Así, el grupo de En Marea recordó que hay muchas comunidades con dificultades de gestión o directamente sin junta rectora, por lo que entienden que las medidas a adoptar deberían ser más profundas.
Nuevo plazo para los planes de ordenación
Las ayudas para planes de ordenación forestal llevaban sin convocar desde hace cuatro años, una situación que preocupa en las comunidades, pues la legislación las obliga a dotarse de ese instrumento de gestión si quieren seguir cortando madera y acceder a ayudas públicas.
El plazo límite para que los montes vecinales dispongan de un plan de ordenación no estaba muy claro. Según interpretaba el Bloque y buena parte del sector, la Lei de Montes obliga a que las comunidades cuenten con esa herramienta en marzo del 2018, seis años después de la entrada en vigor de dicha Lei.
En el reciente Consello Forestal, celebrado el pasado mes, Medio Rural anunció que regularía una ampliación del plazo hasta inicios del 2019, pero en la comisión de Agricultura de esta semana se puso sobre la mesa otro escenario.
Desde el grupo popular se interpreta ahora que el plazo de seis años que marca la Lei de Montes para que las comunidades se doten de un plan de ordenación forestal comienza a contar no a partir de la entrada en vigor de la Lei de Montes sino del Decreto 50/2014, por el que se regulan los aprovechamientos forestales. Esa interprestación trasladaría la exigencia del plan de ordenación al 8 de mayo del 2020.
Agencia de la Industria Forestal
Sobre la Agencia de la Industria Forestal, por la que se interesó el grupo de En Marea, el grupo popular señaló en el Parlamento que está en una “fase previa de elaboración”. La Administración aseguró que escuchará a todas las partes implicadas antes de tomar una decisión sobre el traspaso de créditos presupuestarios para el nuevo organismo autónomo.
También deberá decidir el traspaso de personal público y la probable adscripción del Centro de Investigación Forestal de Lourizán a la Agencia.
