El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación autorizó un pago adicional de 85 millones de euros correspondiente a las ayudas directas de la campaña 2025 de la Política Agraria Común (PAC). La medida permitirá distribuir los fondos europeos que quedaron disponibles tras el cierre provisional de los expedientes de pago, segundo informó al departamento ministerial. Los recursos proceden de los remanentes no utilizados, calculados a partir de la información facilitada por las comunidades autónomas, responsables de la gestión y pago de estas ayudas en sus respectivos territorios. El importe se distribuirá a través de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS), tal y como establece la normativa europea y estatal. Para eso, el coeficiente de incremento lineal, que inicialmente se había fijado en un 1 % de forma provisional, se eleva ahora de manera definitiva hasta algo más del 3,6 % sobre los pagos realizados hasta el momento. Todos los beneficiarios de esta ayuda percibirán antes de 15 de octubre un ingreso complementario correspondiente a la actualización de ese coeficiente. El objetivo es aprovechar al máximo los fondos europeos disponibles y garantizar que los productores españoles reciban el conjunto de la financiación comunitaria prevista. Hasta el momento, agricultores y ganaderos españoles recibieron 4.712 millones de euros en ayudas directas de la campaña 2025, lo que representa el 96,3 % del presupuesto previsto. El Ministerio recuerda que el proceso de pagos de la PAC comenzó el 16 de octubre de 2025 y deberá concluir antes de 15 de octubre de este año, fecha en la que finaliza el ejercicio financiero del fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Un total de 21123 ganaderos y agricultores gallegos presentan la solicitud única para las ayudas de la PAC 2026, un 67% menos que hace diez años. La superficie para la que se solicita ayuda es de 462.423 hectáreas, lo que supone un descenso en relación a las 468893 hectáreas para las que se solicitaron ayuda en 2025. En el conjunto de España, un total de 563.095 agricultores y ganaderos ha presentado la solicitud única de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) correspondiente a la campaña 2026, la cuarta en la que se aplica el Plan Estratégico de la Política Agraria Común de España (PEPAC) 2023-2027. “El 82 % de los solicitantes ha pedido acogerse a algún ecorrégimen y se confirma, un año más, la buena acogida de esta práctica”, destacan desde el Ministerio de Agricultura. La superficie declarada, con 22,03 millones de hectáreas, se mantiene en una cifra similar a la del 2025 cuando sumó 22,07 millones de hectáreas. El importe total de las ayudas directas correspondientes a la campaña 2026 asciende a 4.897 millones de euros. Las comunidades autónomas podrán iniciar el pago de anticipos en los plazos previstos por la normativa, y la práctica totalidad de las ayudas deberá abonarse antes del 30 de junio de 2027. El número de solicitantes de las ayudas, con un 3,3 % menos frente al año anterior, refleja la tendencia de los últimos años: un menor número de explotaciones, si bien de mayor dimensión, lo que refleja el mantenimiento de la actividad económica y medioambiental del sector, así como su creciente profesionalización. La solicitud única es el trámite mediante el que se unifican la presentación de las solicitudes de ayudas directas de la PAC y de las intervenciones de desarrollo rural que se concedan por superficie o por cabeza de ganado. La gran mayoría de las solicitudes incluye, al menos, una ayuda directa prevista en el PEPAC 2023-2027: la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y sus pagos complementarios (redistributivo y para jóvenes), los ecorregímenes o las ayudas asociadas. ECORREGÍMENES Y AYUDAS ASOCIADAS   Los datos de la campaña 2026 confirman la consolidación de los ecorregímenes, principal novedad introducida por la PAC 2023-2027 para incentivar prácticas agrarias voluntarias beneficiosas para el medio ambiente. Según la información comunicada por las comunidades autónomas al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), el 82 % de los agricultores y ganaderos que solicita la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad ha solicitado también un ecorrégimen, un punto porcentual más que en la campaña 2025. En términos de superficie, los ecorregímenes abarcan 19,2 millones de hectáreas, equivalentes al 88 % de la superficie declarada para la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. Esta cifra es muy similar a la registrada en la campaña anterior, si bien Baleares y Murcia presentan un descenso de la superficie acogida a estas intervenciones. La amplia implantación de estas prácticas contribuye de forma significativa al cumplimiento de los objetivos ambientales y climáticos de la PAC, al mejorar la estructura y fertilidad de los suelos, aumentar su capacidad de captura de carbono y favorecer la biodiversidad de los ecosistemas agrarios. En las ayudas asociadas se observa un incremento de la superficie declarada para cultivos proteicos y tomate para transformación. Por el contrario, disminuye de forma significativa la superficie correspondiente a remolacha azucarera y, en menor medida, la de uva pasa, arroz, frutos secos y algodón, mientras que la superficie declarada de olivar se mantiene estable. Los datos publicados tienen carácter provisional. La información detallada sobre la solicitud única y el avance de superficies declaradas para la campaña 2026, desglosada por comunidad autónoma y por intervención, puede consultarse en el siguiente enlace. Avance de solicitudes únicas presentadas y superficies declaradas en la campaña 2026 | Portal Web del FEGA

Distribución de las solicitudes únicas de la PAC y de la superficie declarada por comunidad autónoma:

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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia la fuerte subida que ha experimentado el precio del gasóleo agrícola durante las últimas semanas, un nuevo incremento que vuelve a disparar los costes de producción de las explotaciones agrarias españolas en plena campaña de recolección del cereal y de la fruta, y a punto de comenzar la vendimia y la preparación de las siembras de otoño. Por un lado, la nueva escalada de tensión en Oriente Medio y el recrudecimiento del conflicto en torno al estrecho de Ormuz han vuelto a disparar la cotización internacional del petróleo. Si el 15 de junio el barril Brent cotizaba en 83,17 dólares, favorecido por las expectativas de distensión y la reapertura del tráfico marítimo en Ormuz, durante julio la situación ha vuelto a deteriorarse. Tras varios ataques contra petroleros en el mar Rojo, el Brent ha llegado a superar la barrera de los 100 dólares por barril, alcanzando máximos de 101,19 dólares, para estabilizarse sobre los 97-98 dólares. Pero, además, el incremento que soportan los agricultores españoles se ha visto agravado por un segundo factor: el 30 de junio finalizó la reducción temporal del IVA sobre los productos energéticos, aprobada mediante el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo. Esta medida había rebajado el tipo impositivo del 21% al 10% para las gasolinas, gasóleos y biocarburantes. Desde el 1 de julio, el IVA ha vuelto a aplicarse al tipo general del 21%, incrementando automáticamente el precio final que pagan agricultores y ganaderos por cada litro de combustible. De esta forma, el pasado viernes, 24 de julio, el coste del gasóleo B en poste alcanzó 1,169 €/litro (1,414 €/litro con IVA), un 33% superior al precio registrado apenas veinticinco días antes, de 0,872 €/litro (0,959 €/litro con IVA) a fecha 29 de junio. Una combinación de factores —el repunte del precio internacional del petróleo y la recuperación del tipo general del IVA— que ha provocado un incremento desorbitado del coste del gasóleo agrícola. Para COAG, “resulta inaceptable que cada episodio de inestabilidad geopolítica se traduzca casi de manera inmediata en un encarecimiento del combustible que utilizan agricultores y ganaderos, mientras que la evolución de los precios percibidos por sus producciones nunca responde con la misma rapidez ni en la misma intensidad”. "La guerra vuelve a librarse a miles de kilómetros de nuestras explotaciones, pero quienes terminan pagando una parte importante de la factura son los agricultores y ganaderos españoles. Cada crisis internacional acaba repercutiendo de forma inmediata en nuestros costes de producción, mientras nuestros ingresos siguen muy lejos de compensar estos incrementos", denuncia Javier Fatás, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG.

La ayuda al gasóleo alivia parcialmente el impacto, pero no evita la pérdida de rentabilidad

El Gobierno de España acordó prorrogar hasta el 30 de septiembre la ayuda extraordinaria al gasóleo agrícola, aprobada mediante el Real Decreto-ley 18/2026. Pero a diferencia del periodo comprendido entre marzo y junio, en el que la bonificación era fija de 0,20 €/litro, desde el 1 de julio el importe pasa a ser variable y, por tanto, dependerá de la evolución semanal del precio del gasóleo agrario, cubriendo solo hasta el 70% del diferencial respecto al precio anterior al conflicto y con un límite máximo de 0,20 €/litro. Aunque COAG considera positiva esta prórroga, advierte de que la ayuda puede resultar insuficiente si continúa la escalada de precios y recuerda que el incremento del combustible afecta a todas las labores agrícolas: cosecha, transporte, laboreo, riegos, preparación de tierras y próximas siembras.

Vigilancia ante posibles comportamientos especulativos

COAG recuerda que no es la primera vez que una crisis internacional provoca una rápida traslación al precio del gasóleo agrícola y considera imprescindible que las administraciones mantengan una vigilancia permanente sobre la evolución de los márgenes comerciales en la distribución de carburantes. La organización insiste en que el sector agrario no puede convertirse, una vez más, en el pagador de las tensiones geopolíticas internacionales y reclama mecanismos que eviten que los agricultores soporten incrementos de costes desproporcionados respecto a la evolución real de los mercados energéticos. Asimismo, COAG solicita que, mientras persista esta situación de elevada volatilidad, el Gobierno mantenga activadas todas las herramientas de apoyo al sector y no descarte reforzar las ayudas si el conflicto internacional continúa trasladándose al precio de los principales insumos agrarios. La organización seguirá vigilando la evolución del precio del gasóleo agrícola y su repercusión sobre la rentabilidad de las explotaciones, alertando de cualquier comportamiento que pueda responder a movimientos especulativos más que a una alteración real del suministro.

Bernardo Baldés y Mar Pérez Fra, durante su intervención en la jornada sobre la PAC celebrada en Visantoña El pasado 17 de julio la Federación Rural Galega celebró en Visantoña, Santiso, un seminario para evaluar la situación de cara al nuevo período de la Política Agraria Común después de 2028. En él participaron representantes parlamentarios que explicaron los debates y posiciones que se están dando en los ámbitos legislativos, así como dos profesores de la Universidad de Santiago que analizaron los enfoques que se esconden tras la propuesta presentada por la Comisión Europea en febrero de 2025 y que dio inicio a las deliberaciones para el diseño presupuestario de la UE para el período 2028-2034. "Varias son las cuestiones que quedaron claras. En primer lugar, que la propuesta de la Comisión parte de la idea de liquidar la PAC como parte sustancial y diferenciada de la política europea al diluirla en un paquete más amplio donde también se integrarían la política pesquera, las políticas de seguridad y control de fronteras y otros ámbitos de actuación europeos", afirma Elís Somoza, presidente de Fruga.

La propuesta de la Comisión parte de la idea de liquidar la PAC como parte sustancial y diferenciada de la política europea

"Queda clara la apuesta de los actuales líderes europeos por priorizar el gasto armamentístico en las grandes corporaciones estadounidenses, manteniendo la posición de sumisión de las élites europeas a los mandatos del imperialismo, para lo que es preciso seguir alimentando la campaña de intoxicación informativa sobre el peligro ruso y chino para continuar avanzando en la escalada armamentística en detrimento de otro tipo de gastos, como en este caso la política agraria. Menos recursos para el medio rural y la actividad agraria y eliminación de la política agrícola como uno de los ejes fundamentales y singulares de la política común europea", argumenta. Mayor poder de decisión de los Estados Otra de las modificaciones sustanciales para el nuevo período es la práctica eliminación de unas normas y orientaciones comunes para el conjunto de los Estados miembros y el traspaso de las decisiones sobre esas orientaciones y la determinación de los objetivos de gasto a los propios Estados. "Así pues, será en nuestro caso el Estado español el que defina los objetivos y prioridades en el diseño del reparto de fondos. Cabe señalar que el Gobierno del Estado ya ha iniciado contactos con organizaciones de ámbito estatal para ir avanzando en ese diseño y en las negociaciones necesarias para definirlo", aclara Fruga. "En Galicia sabemos perfectamente, por aprendizaje histórico, que cuando las negociaciones se realizan a nivel estatal las prioridades gallegas quedan olvidadas. Sabemos que las organizaciones de ámbito estatal (Asaja, UPA-Unións Agrarias o COAG-SLG) defienden prioritariamente otras realidades y sectores que nada tienen que ver con los nuestros. Que solo la presencia de una voz gallega en las negociaciones permitirá que nuestra realidad diferenciada sea escuchada y tenida en cuenta", reclama Elís.

Cuando las negociaciones se realizan a nivel estatal las prioridades gallegas quedan olvidadas

Por ello, la Federación Rural Galega demanda al Gobierno gallego que ejerza como tal y defienda los intereses del agro y del medio rural gallego en las negociaciones que se están iniciando para determinar el diseño de la PAC para el nuevo período. "Es preciso que el Gobierno gallego convoque a las organizaciones sociales gallegas y a los representantes de los distintos sectores para elaborar una propuesta gallega para la PAC 2028-2034 y que esa propuesta, elaborada con la participación de los sectores afectados, sea defendida en el ámbito de la negociación estatal", pide. Del mismo modo, Fruga iniciará contactos con los distintos grupos del Parlamento gallego y con los representantes gallegos en el Congreso de los Diputados para que exijan la participación de la voz gallega en las negociaciones y la defensa de la propuesta gallega para la nueva PAC.

Contribuir al desarrollo local, a la conservación y a la gestión sostenible. Esos son los criterios que se aplicarán para apoyar proyectos vinculados al Parque Natural de As Fragas do Eume y su entorno que contarán con el apoyo técnico, promocional y económico de la Fundación RIA. La convocatoria abierta se pondrá en marcha en el mes de septiembre. Con la colaboración de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), se busca una planificación estratégica para identificar las iniciativas viables, con capacidad de aplicación y que puedan generar efectos duraderos en el territorio. Desde RIA señalan que la convocatoria “permitirá incorporar iniciativas y agentes al proceso. Su ámbito abarcará los municipios que forman parte del Parque Natural: Cabanas, A Capela, Monfero, Pontedeume y As Pontes de García Rodríguez.” Las iniciativas podrán abordar cuestiones relacionadas con: - Arquitectura y la movilidad - Recuperación y rehabilitación de espacios - Infraestructuras o elementos patrimoniales - Actividad económica y productiva - Transformación y comercialización de recursos locales - Divulgación - Educación ambiental - Participación ciudadana Podrán participar personas, empresas, cooperativas, asociaciones, fundaciones, comunidades de montes, centros educativos y formativos, universidades, administraciones públicas y otras entidades o agrupaciones vinculadas al territorio. En el proceso de selección se van a valorar especialmente las propuestas que contribuyan a la conservación y a la mejora de la gestión del territorio, refuercen el reconocimiento de las fragas como un activo estratégico para el desarrollo local e incorporen modelos de colaboración abiertos. En la convocatoria se indica que tendrán prioridad las iniciativas con una vocación práctica y transformadora, capaces de conectar diferentes ámbitos de actuación y de mantener sus efectos en el tiempo. Los proyectos seleccionados recibirán acompañamiento técnico para facilitar su desarrollo, acceso a nuevas oportunidades de financiación, apoyo a la comunicación y difusión de las iniciativas y apoyo económico. La convocatoria forma parte de un proceso más amplio impulsado por la Fundación RIA con la Fundación MOP, basado en la definición de acciones piloto que mejoren la gestión del Parque Natural de As Fragas do Eume y el desarrollo sostenible de su entorno. El objetivo es identificar necesidades compartidas y avanzar en la definición de acciones concretas que contribuyan a la conservación activa del parque y al desarrollo sostenible de la comarca. Porque, asegura RIA, se trata de un espacio protegido que convive, sin embargo, con una realidad territorial compleja. La Fundación RIA se define como “una agencia independiente sin ánimo de lucro que opera en la investigación, análisis y planificación territorial estratégica de Galicia, con el objetivo de preservar sus valores naturales y culturales y mejorar la calidad de vida.” La fundación impulsa procesos vinculados a la ordenación del territorio, el paisaje, la movilidad sostenible, la circularidad, el patrimonio construido, la actividad productiva, los sistemas alimentarios y el desarrollo rural. La Fundación MOP apoya desde 2024 el trabajo de la Fundación RIA en procesos de planificación y diseño estratégico desarrollados en colaboración con distintas administraciones públicas, tanto en entornos urbanos como rurales. Esta colaboración permitió impulsar metodologías de análisis territorial, participación y gobernanza orientadas a la definición de proyectos con capacidad de generar un impacto positivo y duradero en el territorio.

El director general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, visitó hoy las instalaciones de la cooperativa Aranxes en Aranga, una entidad dedicada a la producción agraria y ganadera, que fue beneficiaria en 2025 de una ayuda de más de 200.000 euros para la adquisición de maquinaria agrícola en régimen asociativo. En concreto, esta empresa recibió una aportación para la adquisición de un tractor y de dos trituradoras agrícolas. Estas nuevas máquinas tienen múltiples beneficios para el desarrollo del trabajo agroganadero, como la reducción de los costes de producción, una mayor seguridad para el operario, la posibilidad de desarrollar una agricultura de precisión y lograr una mayor eficiencia medioambiental. Cabe destacar que en los últimos años Aranxes recibió más de 1,8 millones de euros en ayudas para maquinaria en régimen asociativo. Estas ayudas tienen como objetivo promover el uso compartido de maquinaria y equipamientos agropecuarios en régimen asociativo y fomentar la introducción de nuevas tecnologías. Además, favorecen la racionalización de los costes de mecanización, incrementan los mecanismos de seguridad en el trabajo, reducen las emisiones contaminantes y fomentan el ahorro energético, con el fin de mejorar la calidad de vida en el medio rural. En la visita, Balseiros recordó que la Consellería de Medio Rural sigue apostando por iniciativas que fortalecen el cooperativismo agrario como una herramienta clave para incrementar la competitividad de las explotaciones y dinamizar el territorio. De este modo, el apoyo a la modernización del sector consigue una mejora de la rentabilidad de las explotaciones, pero también de la calidad de vida de las personas que viven y trabajan en el medio rural gallego. Un ejemplo del potencial de este ámbito productivo es Aranxes, que cuenta con unas 800 hectáreas de cultivos y produce más de 15.000.000 litros de leche al año. Convocatoria de 2025 Cabe recordar que el pasado año se destinaron a estas ayudas 6 millones de euros, con los que se beneficiaron en total 61 empresas. En concreto, se impulsaron dos convocatorias: la primera, con 3,6 millones de euros para 27 cooperativas; y una segunda, de la que se beneficiaron otras 34 entidades con una inversión adicional de 2,4 millones.

El director general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, y el director de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria, Martín Alemparte, mantuvieron hoy una reunión con representantes de Unións Agrarias (UUAA), la Asociación Agraria de Galicia (Asaga) y de los consejos reguladores de las denominaciones de origen vitivinícolas para abordar la necesidad de seguir reclamando al Gobierno central que permita la aplicación de tratamientos fitosanitarios específicos con drones en el caso del gusano defoliador del maíz y las enfermedades fúngicas que afectan a la vid, especialmente en aquellas zonas de difícil acceso o condicionadas por la propia orografía, como es el caso de la Ribeira Sacra. En esta reunión, los directores informaron de que las autorizaciones excepcionales para la aplicación de estos productos por vía aérea solicitadas por la Consellería do Medio Rural al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación fueron denegadas. También se dio cuenta de la normativa estatal que regula este tipo de procedimientos y que, tal y como expusieron los representantes del Gobierno autonómico, «está basada en la aplicación con aeronaves tripuladas y no con drones, que tienen un menor impacto ambiental y permiten suministrar los productos fitosanitarios con mayor precisión». En este sentido, los directores aseguraron que «la Xunta seguirá defendiendo los intereses de los profesionales del sector agrario y volverá a insistir en la necesidad de que el Ministerio reclame ante la Unión Europea la adaptación de la normativa para permitir este tipo de aplicación en situaciones normales, sin necesidad de que se haya declarado una plaga; además de poder contar con tratamientos específicos para el gusano defoliador del maíz y las enfermedades de la vid que puedan suministrarse por vía aérea». Siguiendo esta línea, recordaron que «el uso de estos aparatos reduce de forma considerable los costes de producción, aumenta la eficiencia y, a diferencia de los medios mecánicos, tiene un menor impacto sobre los cultivos».

Valoración de Unións Agrarias

Unións Agrarias-UPA mantuvo hoy una reunión con la Consellería do Medio Rural para trasladarle sus demandas en relación con la posibilidad de aplicar tratamientos fitosanitarios con drones. La organización solicita la colaboración de la administración autonómica para defender ante el Ministerio de Agricultura una posición gallega clara que aporte soluciones viables ante casos de especial complicación, como la propagación de la plaga del gusano soldado o la viticultura heroica de la Ribeira Sacra. Unións Agrarias entiende que, “en un territorio como el gallego, marcado por el minifundio, la dispersión y una orografía compleja, el empleo de drones constituye una alternativa útil y eficaz que puede y debe utilizarse, especialmente en casos de aparición de plagas emergentes o en cultivos en los que la aplicación convencional está mostrando límites evidentes”. “No se está proponiendo emplear más productos fitosanitarios ni modificar los objetivos europeos de reducción de su uso, ni tampoco sustituir la lucha integrada contra las plagas. Lo que se propone es mejorar la forma de aplicación: conseguir con el mismo producto o menos una aplicación más eficaz, con menor deriva y mayor seguridad para los trabajadores, los cultivos y el medio ambiente”, explica Unións Agrarias. Si bien a día de hoy la aplicación aérea está prohibida con carácter general, la normativa admite la autorización de excepciones en los casos en los que no exista una alternativa viable. Una vía que Unións Agrarias insta a utilizar para aportar soluciones de manera inmediata mientras no sea posible modificar el marco legal europeo que frena el uso de drones al equipararlos con la aviación convencional. “Lo que solicitamos es que la estrategia inmediata se plantee no como una autorización general para los drones, sino como la tramitación de expedientes concretos con producto, cultivo, plaga, zona, plazo y condiciones técnicas claramente delimitadas”, explica la organización agraria y ganadera, que busca aportar seguridad jurídica y desbloquear las complicaciones a las que se enfrenta el sector. Así, Unións Agrarias solicitó a la Xunta una posición común de Galicia ante el Ministerio de Agricultura basada en dos compromisos: defender en Bruselas una actualización normativa que diferencie los drones de la aviación agrícola convencional y reconozca su carácter de herramienta de precisión cuando se apliquen bajo condiciones técnicas estrictas; y, mientras ese cambio no llegue, utilizar con decisión y seguridad jurídica las excepciones que ya permite la normativa vigente. Viticultura heroica y maíz forrajero El primer ámbito prioritario en el que es necesario contar con la posibilidad del uso de drones es la Ribeira Sacra. Unións Agrarias recuerda que “la aplicación manual de tratamientos en viñedos de fuerte pendiente supone riesgos laborales evidentes, exposición directa de los trabajadores, dificultades de ejecución y pérdida de eficacia en los tratamientos. Además, la falta de mano de obra y el incremento de los episodios de calor hacen cada vez menos razonable mantener como solución ordinaria la aplicación manual en determinadas parcelas”. “En este caso, el uso de drones permitiría mejorar la seguridad, reducir los tiempos de trabajo, disminuir el volumen de caldo empleado, actuar con mayor rapidez frente a enfermedades como el mildiu y dejar trazabilidad digital de las aplicaciones”, expone la organización. En lo que respecta al maíz forrajero, Unións Agrarias recuerda que “la propagación de la plaga del gusano soldado supone un reto que no está siendo posible combatir con éxito con los medios actualmente disponibles”. La incidencia de esta plaga es particularmente problemática cuando el maíz ya ha alcanzado una altura que dificulta o impide la entrada de maquinaria sin causar daños en el cultivo, por lo que la alternativa se reduce a aplicaciones desde los bordes con cañones pulverizadores, con menor eficacia y mayor riesgo de deriva, o a la aplicación manual, que no puede considerarse una solución razonable para superficies agrarias reales. Además, si la plaga no se controla correctamente y quedan individuos reproductores de una campaña para otra, la presión de la plaga puede ir en aumento.

El Sindicato Labrego Galego organiza en las próximas fechas un curso online de prevención de riesgos laborales en la actividad agroganadera. La inscripción es gratuita y las personas participantes pueden formarse desde casa con un teléfono móvil, una tableta o un ordenador. Fechas: del 10 de agosto al 20 de septiembre (40 h) C͟o͟n͟t͟e͟n͟i͟d͟o͟s: - Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo. - Riesgos generales y su prevención. - Primeros auxilios. - Elementos básicos en la prevención de riesgos laborales. - Riesgos específicos en la actividad agraria. - Perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales. Inscripciones: formacion@sindicatolabrego.gal (981 554 147) o contactar con el local del SLG de la comarca más próxima. La actividad cuenta con la financiación de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración de la Xunta de Galicia.

Xornada de formación no CFEA de Sergude La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, destacó este viernes el éxito de matriculación en los ciclos formativos de la rama agraria de cara al próximo curso 2026-2027. Así, según señaló, hubo 659 solicitantes para un total de 428 plazas y 236 de ellas ya están comprometidas, entre matrículas formalizadas y reservas. De esta forma, indicó la conselleira, se aprecia el interés que está despertando el rural gallego y trasladó además que “la formación es la matriz del impulso económico, también en el rural”. Gómez destacó estas cifras en una visita al Centro de Formación y Experimentación Agraria (CFEA) de Lourizán, en Pontevedra, en la que estuvo acompañada por el director de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria, Martín Alemparte, así como por el director del centro formativo, Juan Antonio Ortega. La titular de Medio Rural subrayó que, precisamente, Lourizán es el CFEA con los mejores resultados, ya que sus dos ciclos representan los mayores niveles de cobertura, con un 90,9 % en el de Gestión Forestal y por encima del 81 % en el de Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural. Asimismo, tal y como explicó Gómez, en el centro Pedro Murias de Ribadeo el nuevo ciclo superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal alcanza ya cerca del 82 % de cobertura, con 18 alumnas y alumnos, entre matrículas formalizadas y reservas, para un total de 22 plazas. En lo que respecta al CFEA de Sergude, en Boqueixón, sus ciclos de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal tienen una cobertura de más del 77 %, y el centro de Becerreá registra también una evolución satisfactoria, con una cobertura del 68 % en su ciclo de Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural, y próxima al 60 % en el de Gestión Forestal. “En cualquier caso, aunque estas cifras no son definitivas, sí son indicativas de una tendencia muy favorable, destacando también que se están dando pasos adelante en la continua incorporación de mujeres a sectores productivos del rural. Así, en los últimos cinco cursos académicos los CFEA de Medio Rural formaron a 2.746 personas, de las cuales el 41,4 % fueron mujeres y el 58,6 % hombres”, destacan desde la Consellería. Además, Gómez reafirmó “la apuesta de la Xunta por la formación agraria como uno de los pilares sobre los que se sustenta la vía para garantizar el relevo generacional en el rural gallego”. “Una política que, —añadió—, apuesta también por el fomento de la actividad, con ayudas para la juventud y los nuevos activos que deciden incorporarse y también con iniciativas como el Banco de Explotaciones”.

El director general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, visitó las instalaciones de Agrosoneira, en Vimianzo, beneficiaria de una ayuda de casi 290.000 euros para desarrollar una nueva línea de granulación en su fábrica de piensos. Esta subvención pertenece a la línea de ayudas para la transformación y comercialización de productos agrarios. Durante esta visita, Balseiros destacó la importancia de esta línea de apoyo, que contribuye a generar un valor añadido en el territorio, incentivando a las entidades beneficiarias a llevar a cabo inversiones materiales o inmateriales para la creación, ampliación y modernización de las instalaciones agrarias gallegas. Entre los principales objetivos se encuentran mejorar las tecnologías y los procedimientos de desarrollo de nuevos productos, alcanzar una calidad superior que permita la apertura de nuevos mercados y aumentar el valor de las producciones agrarias. En este sentido, se busca la creación y modernización de instalaciones colectivas para la comercialización en origen de productos agrarios, entre otros aspectos. Esta línea de ayudas cuenta este año con un presupuesto total de casi 19 millones de euros hasta 2028, que se enmarcan en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac). Así, desde 2016 se destinaron más de 195 millones de euros para apoyar 614 proyectos. Además, esta iniciativa cuenta con dos líneas subvencionables: una dirigida a inversiones con objetivos ambientales y otra centrada en la concesión de aportaciones que aumenten el valor de las producciones agrarias

Las nuevas tecnologías serán clave para atraer gente joven a la ganadería El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha concluido la asignación de la reserva nacional de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agraria Común (PAC), correspondiente a la campaña 2025, por un   importe total de 10.421.917 euros. Con la asignación complementaria a la que ya se hizo el Fondo Español de Garantía Agraria en febrero, estos derechos benefician en total a 2.094 agricultores y ganaderos, principalmente jóvenes (81 %), que reciben una asignación media de 4.977 euros por titular. Por tipo de solicitud, la asignación se ha repartido de la siguiente manera: En la asignación de la reserva nacional de este año destaca de nuevo la concedida a los jóvenes, que suponen el 81 % de los beneficiarios de este pago, 1.705 agricultores y ganaderos, con una asignación media de 5.290 euros y un importe total de 9.020.253 euros. Estos jóvenes agricultores, además, se benefician de una ayuda complementaria, que supone un importe por hectárea igual al valor medio de la región donde esté ubicada la superficie de la explotación, hasta un máximo de 100 hectáreas. Por su parte, los nuevos agricultores han recibido un total de 1.181.074 de euros, a repartir entre 257 beneficiarios, lo que supone una asignación media de 4.596 euros por beneficiario. También se han concedido derechos a un total de 132 beneficiarios por el caso de agricultores en desventaja, con una asignación media de 1.671 euros por cada uno. Según la información remitida por las comunidades autónomas a la base de datos de gestión de derechos de pago básico del FEGA, la distribución territorial final de la reserva nacional 2025 es la siguiente: En la campaña 2025 no se han registrado solicitudes correspondientes a agricultores participantes en programas de reestructuración, posibilidad contemplada en la Reserva Nacional desde 2023. Los jóvenes y nuevos agricultores mantienen la prioridad en las asignaciones de la reserva nacional de la nueva ayuda básica a la renta para la sostenibilidad para el periodo 2023-2027, por lo que este mecanismo se confirma como una herramienta fundamental para favorecer el relevo generacional en la actividad agraria.

El Consejo Rector de la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA) celebró hoy su reunión ordinaria en las instalaciones de Caixa Rural Galega, en Lugo, donde abordó distintos asuntos de interés para el cooperativismo agroalimentario gallego y analizó las principales líneas de actuación de la entidad para los próximos meses. Al final de la sesión, AGACA y Caixa Rural Galega formalizaron un convenio de colaboración mediante el que la entidad financiera apoyará el desarrollo de diferentes proyectos europeos impulsados por AGACA, contribuyendo a la cofinanciación de la parte que corresponde asumir a la Asociación y reforzando así su capacidad para captar y ejecutar iniciativas de innovación al servicio de las cooperativas agroalimentarias gallegas. La colaboración permitirá impulsar proyectos estratégicos relacionados con la sostenibilidad, la innovación, la economía social, la formación y la mejora de la competitividad del sector cooperativo. Estas iniciativas ofrecen a las cooperativas acceso a noticias herramientas, conocimiento, intercambio de experiencias con entidades de otros países europeos y soluciones innovadoras para afrontar los retos actuales del sector agroalimentario. Con este acuerdo, Caixa Rural Galega se convierte en un aliado estratégico para hacer posible el desarrollo de estos programas. Por su parte, AGACA se compromete a dar visibilidad a la colaboración de la entidad financiera en las actuaciones y actividades vinculadas a los proyectos, siempre de acuerdo con la normativa y con los requisitos de comunicación establecidos por los respectivos programas europeos. Sobre AGACA La Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA) es la entidad que representa al cooperativismo agroalimentario de Galicia. Agrupa cooperativas de distintos sectores productivos y actúa como interlocutora ante las administraciones y otras instituciones, promoviendo la defensa de los intereses del cooperativismo, la prestación de servicios especializados y la cooperación entre las entidades asociadas. Su actividad abarca ámbitos como la formación, el asesoramiento, la innovación, la comunicación y la participación en iniciativas de desarrollo del sector agroalimentario. Sobre Caixa Rural Galega Caixa Rural Galega es una entidad financiera cooperativa con amplia implantación en Galicia y una larga trayectoria de apoyo a las personas, a las empresas y al sector agroalimentario. Su modelo de banca de cercanías se basa en la atención personalizada, en el compromiso con el territorio y en el impulso al desarrollo económico y social del medio rural. A través de una amplia oferta de productos y servicios financieros, Caixa Rural Galega acompaña a las cooperativas, explotaciones agrarias, pymes y particulares.

El Ayuntamiento de San Sadurniño abrió el plazo de inscripción para participar en la Feria Rural, que se volverá a celebrar el sábado 29 de agosto en los senderos de la Finca. La convocatoria permitirá que productores, artesanos, viveros y entidades del territorio reserven su espacio en un evento que se consolidó como uno de los principales escaparates de la actividad económica y social del rural en la comarca. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 16 de agosto, tanto de forma presencial —en el caso de las personas físicas— como a través de la sede electrónica municipal, trámite obligatorio para las personas jurídicas. La organización prevé repetir el formato de las últimas ediciones, con un protagonismo especial para la producción agroalimentaria de proximidad, la artesanía y el concurso de la fruta autóctona, además de un programa de actividades paralelas que aún está en preparación. Cada expositor podrá solicitar un espacio máximo de diez metros lineales por cinco de fondo. Las tarifas establecidas son de 10 euros para los puestos de hasta cuatro metros de frontal y de 25 euros para aquellos que ocupen entre cinco y diez metros. Las entidades sin ánimo de lucro podrán participar gratuitamente, siempre que no superen los cinco metros de frontal. Además, quien necesite suministro eléctrico deberá abonar un suplemento de 15 euros. Los puestos de alimentación, artesanía y viveros que no dispongan de infraestructura propia también podrán solicitar al Ayuntamiento la instalación de una carpa, con un coste de 100 euros para las de tres por tres metros y de 150 euros para las de cinco por cinco. Por su parte, mantener el vehículo junto al puesto durante la feria por necesidades de reposición o conservación de la mercancía tendrá un recargo de 20 euros. El formulario de inscripción incorpora la aceptación de las normas de participación, entre ellas la obligación de respetar los horarios de montaje, mantener el puesto abierto hasta, al menos, las 20.00 horas y responsabilizarse de la limpieza del espacio ocupado y de la correcta gestión de los residuos generados durante la jornada. En el caso de los productos ecológicos, será necesario aportar la correspondiente certificación oficial, mientras que los artesanos deberán acreditar su inscripción como taller artesano y presentar imágenes representativas de los productos que pondrán a la venta. El Ayuntamiento hará público el listado de puestos admitidos el 24 de agosto. A partir de esa fecha, las personas seleccionadas deberán formalizar el pago de la cuota correspondiente para completar la inscripción y poder acceder al recinto ferial en la mañana de 29 de agosto. La Feria Rural de San Sadurniño se convirtió en los últimos años en un punto de encuentro entre productores, artesanos y consumidores, además de un escaparate para el potencial del medio rural y de los proyectos ligados al territorio. La organización espera repetir en esta edición una elevada participación tanto de expositores como de público.