El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado hoy el trámite de audiencia e información pública del proyecto de modificación del Real Decreto 1049/2022 relativo a la aplicación de la condicionalidad reforzada y condicionalidad social de la Política Agraria Común (PAC), que se encuentra disponible en este enlace. Los ciudadanos y organizaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus aportaciones en el modelo de documento adjunto, en formato Word, en el plazo máximo de 7 días hábiles a partir del día siguiente de esta publicación, a través del buzón de correo electrónico bzn-normasPAC@mapa.es indicando claramente la referencia RD modif RD 1049/2022 condicionalidad 2024 en el asunto de sus comunicaciones. El proyecto de real decreto que se somete a audiencia pública concreta las propuestas relativas a la simplificación y flexibilización de la condicionalidad de la PAC, que forman parte del conjunto de 43 medidas comprometidas por el Gobierno para dar respuesta a las preocupaciones manifestadas por agricultores y ganaderos. En concreto, el proyecto de real decreto modifica el alcance de cuatro Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales de la tierra (BCAM) y flexibiliza la aplicación de controles y penalizaciones en materia de condicionalidad. En relación con la BCAM 5 (Gestión de la labranza) se añaden nuevas excepciones para su cumplimiento en las parcelas de menor tamaño, así como para determinados cultivos leñosos ya implantados, que serán de aplicación a partir de la solicitud única de la PAC de 2025. En la BCAM 6 (Cobertura mínima del suelo), el proyecto de real decreto contempla que se pueda llevar a cabo la práctica del abonado en verde y que sobre los rastrojos de los cultivos herbáceos se puedan realizar labores poco profundas. Además, se permite hacer uso de las cubiertas inertes en el caso de las plantaciones de cultivos leñosos implantadas en parcelas con una pendiente superior al 10 %. Estas flexibilidades serán de aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2024. Asimismo, se contempla como alternativa a las actuales obligaciones sobre la rotación de cultivos (BCAM 7) que los agricultores puedan realizar únicamente una diversificación anual de los mismos en su explotación. Esta alternativa podrá ser ya tenida en cuenta de cara a la solicitud única de este año, cuyo plazo de presentación se ha ampliado hasta el 31 de mayo. La obligatoriedad de destinar un porcentaje de la superficie de la explotación a superficies o elementos no productivos a la que se refiere la primera obligación de la BCAM 8 se elimina, de forma que aquellos agricultores que así lo decidan, puedan cultivar estas superficies. Esta medida también será de aplicación en la campaña de 2024. El proyecto de real decreto recoge además que, en materia de condicionalidad reforzada, todos aquellos beneficiarios de ayudas cuya explotación sea igual o inferior a 10 hectáreas de superficie agraria declarada, quedarán exentos de los controles, así como de las penalizaciones. Esta modificación será de aplicación ya también en este año. La audiencia pública permanecerá abierta hasta el 7 de mayo de 2024, inclusive. En este enlace está hay disponible una nota explicativa de los cambios propuestos.  

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que, entre otras medidas, recoge la ampliación de la presentación de la solicitud única de la Política Agraria Común, hasta el 31 de mayo. En concreto, se modifica el Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, para ampliar, hasta el 31 de mayo, el plazo de presentación de la solicitud única de las ayudas directas y de las ayudas por superficie y animales de desarrollo rural de la Política Agraria Común (PAC) para el año 2024. Inicialmente este plazo expiraba el 30 de abril. También se amplía el plazo de modificación de la solicitud única, que podrá realizarse hasta el 15 de junio. Esta ampliación de plazo tiene como objetivo garantizar que todos los agricultores y ganaderos puedan presentar su solicitud de la PAC del año 2024 con la incorporación de las medidas de flexibilidad de determinados aspectos de la normativa comprometidas por el Gobierno y que están actualmente también en proceso de tramitación. La expectativa por estos cambios ha motivado que el ritmo de presentación de solicitudes sea más lento de lo habitual. Además de ampliar el plazo de presentación de la solicitud, se propone la ampliación de plazo de modificación de la solicitud única, que podrá realizarse hasta el 15 de junio, cuando la fecha inicialmente prevista es el 31 de mayo. La flexibilidad en los requisitos y condiciones para el acceso a las ayudas de la PAC es una de las medidas incluidas entre el conjunto de 43 propuestas del Gobierno para mejorar la situación de agricultores y ganaderos.

Más información

La Comisión Europea tiene abierta hasta mañana lunes, 8 de abril, una consulta pública dirigida a los agricultores y ganaderos sobre su actividad diaria de carea a introducir cambios en la Política Agraria Común. El objetivo de esta consulta es comprender la carga que suponen para los agricultores los procedimientos y normas vinculados a la ayuda financiera en el marco de la política agrícola común (PAC), así como otras normas de la UE aplicables a la alimentación y la agricultura en la UE. La consulta ayudará a la Comisión a conocer las fuentes de preocupación y complejidad en la manera en que se aplican estas políticas y regímenes en los países de la UE, a fin de detectar los ámbitos en los que podrían introducirse mejoras. Los resultados de la encuesta se publicarán como parte de un análisis detallado en otoño de 2024. Algunas de las preguntas son: -¿Cuanto tiempo le dedica cada año a tareas administrativas vinculadas a la aplicación de las ayudas de la PAC y a las obligaciones de presentación de informes? -¿Los agricultores utilizan dispositivos móviles para proporcionar fotografías geoetiquetadas? -¿Como califican los agricultores la complejidad de los diferentes procedimientos y normas de la PAC aplicables en las explotaciones? -¿Los agricultores utilizaron ayuda externa para preparar las solicitudes de ayuda de la PAC en 2023?

Un total de 229 agricultores y ganaderos gallegos recibirán nuevos derechos de ayuda básica a la renta dentro de la PAC, tras el reparto realizado por el Ministerio de Agricultura de derechos de la Reserva Nacional correspondientes a la campaña de 2023. Representan únicamente el 6,8% de los productores beneficiados en el conjunto del Estado.  En cuanto a las hectáreas con nuevos derechos, las asignadas a Galicia son 3.977, el 3,75% del total repartido entre agricultores y ganaderos de todas las comunidades autónomas. El montante económico de ayudas aparejado es de 618.069 euros, el 5,16% de los casi 12 millones de euros distribuidos en ayudas.  Las comunidades de Castilla-La Mancha (35.117 hectáreas y 2,6 millones de euros), Castilla y León (28.999 hectáreas y 2,8 millones de euros), Cataluña (9.215 hectáreas y 1,4 millones de euros) y Extremadura (5.200 hectáreas y 1,4 millones de euros) acaparan el grueso de los derechos asignados.  Estos derechos, asignados por el Ministerio de Agricultura a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), corresponden a la campaña 2023, por un importe total de 11.957.619 euros que van a beneficiar a 3.378 agricultores, lo que supone una asignación media de 3.540 euros por beneficiario. En el apartado de consulta pública de derechos de ayuda básica a la renta de la página web del FEGA se encuentra disponible desde el resultado del cálculo de la asignación de los derechos de ayuda básica a la renta de la Reserva Nacional 2023, según la información remitida al FEGA, hasta la fecha actual, por las autoridades competentes de las comunidades autónomas. Los resultados se considerarán como definitivos cuando la comunidad autónoma correspondiente comunique la resolución estimatoria de la asignación. De igual forma, en este apartado se puede acceder al resultado de la conversión con los derechos definitivos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad asignados a cada productor. Puede consultarse más información sobre el proceso de conversión en el siguiente documento del FEGA: Nota explicativa sobre conversión de los derechos ABRS y pago redistributivo V2 (18/10/2022) Criterios de reparto El proceso de asignación se ha llevado a cabo conforme a lo previsto en la normativa nacional sobre la asignación de derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agraria Común (PAC). Para llevar a cabo esta asignación se han tenido en cuenta las peticiones recibidas y las disponibilidades de la reserva nacional. El valor de los derechos nuevos asignados se corresponde con el valor medio regional de los derechos de la región de ayuda básica a la renta en la que estén localizadas las parcelas de los solicitantes de reserva nacional.

Reciben derechos por primera vez aquellos productores que ejercen la actividad desde 2015 y no han recibido nunca derechos de pago básico y los que participan en programas oficiales de restructuración de tierras

En el caso de que el agricultor que ha solicitado derechos a la reserva nacional ya disponga de derechos, y su valor sea inferior al valor medio regional, los valores unitarios anuales de dichos derechos se incrementan hasta el valor medio regional. Prioridad para agricultores jóvenes Los jóvenes agricultores son los principales beneficiarios de estos derechos, con una asignación media de 4.538 euros. Además, podrán beneficiarse de la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores y agricultoras que, a partir de la campaña 2023, supone un importe por hectárea igual al valor medio regional de la región donde esté ubicada la explotación (hasta un máximo de 100 hectáreas y sin estar condicionado al número de derechos que posea). En el caso de jóvenes agricultoras con control efectivo sobre la explotación, el importe de esta ayuda será un 15% superior al valor medio regional que corresponda.

Los jóvenes agricultores son los principales beneficiarios, con 63.880 derechos asignados y una asignación media de 4.538 euros

Los agricultores en desventaja, que suponen un nuevo caso de reserva nacional a partir de 2023, cuentan con una asignación media de 2.048 euros. Este apartado está destinado a aquellos agricultores que ejercen la actividad agraria al menos desde 2015 y no han participado nunca del sistema de derechos de pago básico. La asignación media para los nuevos agricultores es de 5.242 euros por beneficiario, mientras que la correspondiente a los responsables de explotación que participen en programas de reestructuración (otro nuevo caso de reserva nacional a partir de 2023) es de 1.766 euros.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado a las organizaciones profesionales agrarias un conjunto “sólido” y “ambicioso” de 43 propuestas de medidas que, según el, “dan respuesta a las principales preocupaciones expresadas por los agricultores y ganaderos en las movilizaciones celebradas durante el último mes”. El ministro ha explicado que, con estas medidas, agrupadas en siete ámbitos, se da respuesta a las inquietudes puestas sobre la mesa en las distintas reuniones que ha mantenido con las tres organizaciones agrarias representativas del sector, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de Pequeños Agricultores (UPA). Entre las propuestas presentadas se incluyen ya las recogidas en la propuesta de la Comisión Europea, que ha recibido el apoyo del Consejo de Ministros del a UE la pasada semanas y que ha sido remitido al Parlamento europeo por la vía de urgencia. El conjunto de las 43 propuestas se agrupa en siete bloques: simplificación y flexibilización de la PAC; cuestiones relativas al comercio transfronterizo de productos agroalimentarios; refuerzo de la aplicación de la ley de la cadena; mejora del sistema de seguros agrarios; medidas fiscales, de financiación y laborales; apoyo a la sanidad animal y la ganadería extensiva; y reforzamiento de las políticas para facilitar el relevo generacional en coordinación con las comunidades autónomas.

MEDIDAS DE SIMPLICACIÓN DE LA PAC

Entre las 15 propuestas de este bloque se incluyen medidas de flexibilización en la aplicación de las Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales (BCAM) sobre gestión de labranza (BCAM 5), coberturas de suelo (BCAM 6), rotación de cultivos (BCAM 7) y barbechos (BCAM 8), que podrán tener aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2024, de forma que sea ya efectiva para las solicitudes de ayudas cuyo plazo está actualmente abierto. Además, se eximen de controles a las explotaciones de menos de 10 hectáreas de superficie, lo que beneficia a unos 345.000 agricultores, el 55 % de los perceptores de ayudas de la PAC en España. Igualmente, se flexibilizan y simplifican los criterios para la aplicación de ecorregímenes; se adoptan medidas para incentivar la aplicación del cuaderno digital de explotación, que pasa a tener carácter voluntario, y se propone a la Comisión Europea la eliminación de la obligatoriedad de presentar fotos georreferenciadas con las solicitudes de ayuda para demostrar el estado de los cultivos.  También se flexibiliza la aplicación del real decreto sobre nutrición de suelos y se establece el principio de inspección única, en coordinación con las comunidades autónomas, para evitar que una misma explotación sea sometida a más de una en un año. En materia de ganadería, se prorroga la fecha para la obligatoriedad de disponer de un plan sanitario integral en las explotaciones y para la identificación electrónica de los bovinos y se flexibilizan ciertos requisitos del decreto de ordenación bovina.

CUESTIONES RELATIVAS AL COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS

El Gobierno se compromete a defender en todos los foros comunitarios que en los acuerdos comerciales con terceros países se incluyan la aplicación de cláusulas espejo para que los productos que se importen estén sometidos a las mismas condiciones de producción que la UE exige a sus Estados miembros. El ministro Planas ha señalado a este respecto que “la Unión Europea está cada vez más cerca de este objetivo, que es una larga reivindicación de Estados como España y Francia, y que sí cuenta ya con una mayoría en el Parlamento Europeo, aunque no en el Consejo”. Ha señalado que “la UE aplica ya el reglamento de deforestación o las tasas de carbono en frontera para los países que no tienen reducción de emisiones de CO2, que son medidas equivalentes a lo que supone la aplicación de las normas en materia de utilización de productos fitosanitarios, que es en lo que consisten las cláusulas espejo”. Entre las medidas propuestas por el ministerio se incluye el compromiso de exigir a los alimentos importados límite cero de residuos de productos no autorizados en la UE. Además, se contempla el reforzamiento de los controles en frontera de las importaciones y el establecimiento de un grupo de trabajo permanente con las organizaciones agrarias para hacer un seguimiento de las importaciones y las exportaciones.

REFUERZO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE LA CADENA

El Gobierno mejorará y reforzará la capacidad inspectora de la actual Agencia de Información y Control Alimentaria (AICA) al convertirla en agencia estatal, con lo que contará con mayor estructura para incrementar las relaciones comerciales objeto de control. El ministro ha destacado que entre las propuestas barajadas por Comisión Europea para la reforma del reglamento sobre prácticas comerciales desleales se incluye la introducción de elementos ya aplicados en España, lo que evidencia el carácter pionero de la ley de la cadena reformada en 2021.

SEGUROS AGRARIOS

El Gobierno se compromete a tomar las medidas necesarias, en diálogo con las organizaciones agrarias, para garantizar el futuro del sistema de seguros agrarios en una situación en la que las adversidades debidas al cambio climático han disparado en los dos últimos años la siniestralidad y el nivel de indemnizaciones. El ministerio mantendrá el apoyo a la contratación de pólizas y confía que con la aportación que también hagan las comunidades autónomas se pueda llegar al máximo subvencionable permitido por la Unión Europea (el 75 % de la prima comercial).

MEDIDAS FISCALES, DE FINANCIACIÓN Y LABORALES

En este ámbito el ministro Planas ha puesto énfasis en las aportaciones del ministerio para las distintas líneas de apoyo a la financiación del sector agrario, que permitirían movilizar unos créditos por importe de 700 millones de euros. Así, la dotación extraordinaria de 20 millones de euros, más otros siete para avales en la línea de crédito ICO-MAPA-SAECA, permitirá movilizar 200 millones en créditos para jóvenes agricultores. Además, el ministerio aportará 50 millones de euros para garantizar operaciones de crédito de entre 100.000 y 200.000 euros que, según las estimaciones, podrían generar la concesión de créditos por 500 millones de euros. El ministro ha recordado que se mantiene el tipo reducido para los hidrocarburos de uso agrícola, además de la deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 35 % en los carburantes y combustibles y del 15 % en los fertilizantes. En consideración de la actual coyuntura del sector agrario, se establecerá una reducción del 15 % en el rendimiento neto para la declaración de la renta por el sistema de módulos y se adaptará el cómputo de los ingresos para la aplicación del límite máximo de tributación por este sistema, entre otras medidas.

SANIDAD ANIMAL Y GANADERÍA EXTENSIVA

El ministerio aportará financiación para los gastos destinados a las campañas del plan de actuación contra la tuberculosis que no puedan ser cubiertos por fondos comunitarios y para los gastos veterinarios que se deriven de la lucha contra enfermedades animales emergentes, como la hemorrágica epizoótica (EHE). En la primera quincena de abril se constituirá el foro sobre ganadería extensiva para analizar los principales problemas y desafíos que afectan a este tipo de producción, tanto sanitarios como económicos y de rentabilidad.

INICIATIVA CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA EL RELEVO GENERACIONAL

El ministerio convocará una Conferencia Sectorial monográfica extraordinaria para abordar con las comunidades autónomas el problema de la necesidad del relevo generacional en las actividades agrarias para elaborar una propuesta conjunta de actuaciones que lo favorezcan, así como el empleo más eficiente de los recursos de la PAC.

La Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia considera que los acuerdos alcanzados ayer en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE para flexibilizar las exigencias medioambientais de la nueva PAC son "un paso en la buena dirección pero es obvio que sigue quedando muchísimo trecho para satisfacer las demandas de Galicia". En concreto, desde el departamento que dirige José González valoran positivamente la simplificación de ciertos aspectos de la PAC, "que como señaló Galicia desde el comienzo de su negociación presentaba dificultades que la hacían muy difícil de cumplir y dificultaban la viabilidad de las explotaciones". Sin embargo, desde la Consellería lamentan que "hoy estamos muy lejos de lo que aseguró ayer el ministro Luis Planas: tener reglas claras y seguridad jurídica para los agricultores y ganaderos". "Mas bien al contrario", advierten. Así, subrayan que "estamos en el ecuador del plazo de solicitud única de las ayudas de la PAC y no tenemos la certeza de las modificaciones que se van a adoptar ni cuales de ellas van a ser ya efectivas en la campaña 2024". Además, desde Medio Rural recuerdan que 2la aplicación informática SGA empleada por los beneficiarios de la mayoría de las Comunidades Autónomas y desarrollada por el Gobierno a través del FEGA, no contempla los cambios normativos que se están produciendo, por lo que nos genera una obvia preocupación cerrar estas solicitudes sin estar plasmados los cambios" . "Tampoco sabemos, por ejemplo, si la modificación propuesta para reducir la necesidad de fotografías geoetiquetadas va a tener vigencia en esta campaña, y además, remarcar que resulta insuficiente para las explotaciones gallegas, que en algunos casos tendrán que volver a presentar cientos de imágenes de este tipo", añaden. Ante esta situación, la Xunta considera que "hoy tiene todo el sentido volver a reclamar una moratoria temporal de las políticas comunitarias cuestionadas en este proceso mientras se terminan de perfilar estos cambios y determinan su profundidad (que, por el bien del sector, deben alcanzar el nivel de estructurales)".

"Hay que ajustar los ecorregímenes a la España húmeda"

Por otra parte, desde lo gobierno gallego echan en falta "mucha más contundencia en estas negociaciones por parte del Gobierno central, al que también le insistimos en pedir atención a lo que reclaman CCAA cómo Galicia ante la modificación del nuevo Pepac, en cuestiones tan fundamentales como ajustar los ecorregíimenes a la España húmeda" Como resumen, la Consellería de Medio Rural concluye que "es absolutamente necesario seguir trabajando en Bruselas y Madrid para revertir la tendencia de aumento de la burocracia soportada por nuestras explotaciones, en una tendencia al alza en los últimos años y que fue acentuada con el nuevo Pepac. Un plan que también acusa una clara vocación mediterránea que el Gobierno debe corregir para adaptarse a las particularidades de Galicia y el resto de comunidades de la cornisa cantábrica, con las que la Xunta avanza en una hoja de ruta compartida con las organizaciones agrarias y cooperativas gallegas". .

El conselleiro de Medio Rural, José González, considera que la propuesta que le acaba de enviar el Ministerio de Agricultura a las Comunidades Autónomas para flexibilizar la aplicación de la PAC en España "es un avance pero sigue teniendo defectos importantes". "Ahora se están recogiendo cuestiones que estaban siendo reclamadas insistentemente por Galicia como que sea de carácter volunturio el cuaderno digital o una mayor flexibilidad en el empleo de fitosanitarios. Pero seguimos viendo defectos importantes como la exigencia de la figura del veterinario de explotación, que no vemos lógico que cada explotación tenga que haber contratado uno, lo que es inviable en Galicia. Y vamos a seguir apoidando también la ganadería en extensivo como mecanismo para defensa frente a los incendios forestales por lo que reclamamos para Galicia un ecoesquema de pastoreo en extensivo por su beneficio también para la prevención de los fuegos forestales", explica el conselleiro. El titular de Medio Rural asegura que "seguiremos reclamando ante el Ministerio los cambios en el Plan Estratégico de la PAC de España que consensuamos a nivel gallego con las organizaciones agrarias y cooperativas, unas reivindicaciones para las que estamos intentando sumar apoyos a través de una alizanza cantábrica, con comunidades como Asturias, Cantabria y el País Vasco, que tienen problemáticas similares a las de Galicia". Por último, José González recuerda que "ya en la primera negociación de la nueva PAC 2023-2027 advertimos, sin que se nos escuchara, de que esta era una PAC con trabas burocráticas y exigencias medioambientales que no se adaptaban a la realidad de territorios como Galicia, al no tener en cuenta nuestra realidad en cuestiones como el minifundio, la orografía, la pluviometría....etc".

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), remitió el pasado viernes a las Comunidades Autónomas, como Autoridades Regionales de Gestión, una propuesta de modificación del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), que servirá de base para comenzar el diálogo informal con la Comisión Europea. “El documento, que ha sido debatido en reuniones técnicas y en las sesiones del órgano de coordinación del PEPAC celebradas los días 4 y 13 de marzo, se ha elaborado en base a las propuestas remitidas por las Autoridades Regionales de Gestión, así como a las contribuciones realizadas por las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias en estos últimos meses, y tiene en cuenta la experiencia del primer año de aplicación del plan. Para su elaboración se ha considerado además la necesidad de garantizar la coherencia del Plan Estratégico en su conjunto y la capacidad de alcanzar los logros y objetivos establecidos en el mismo”, aseguran desde el Ministerio que dirige Luis Planas. El documento recoge flexibilidades para agricultores y ganaderos, en particular en lo relativo a la condicionalidad reforzada y a los ecorregímenes. En lo relativo a la condicionalidad reforzada, la propuesta incorpora ya las flexibilidades que ha incluido la pasada semana la Comisión Europea en su propuesta de modificación de los reglamentos de base de la PAC. “Esta propuesta supone un claro avance y responde a mayoría de las solicitudes realizadas por España en los últimos meses y en el Consejo de Ministros de Agricultura del pasado 26 de febrero”, aseguran.

El Ministerio no contempla superimir la BCAM 10

Así, y en uso de la mayor subsidiariedad que se otorga a los Estados miembros,  se propone flexibilizar los requisitos sobre Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) que deben cumplir los agricultores y ganaderos para poder percibir íntegramente las ayudas de la PAC. En concreto, se solicita la flexibilidad en los relativos a la gestión de la labranza (BCAM 5), a las normas para mantener una cobertura mínima del suelo (BCAM 6), a la rotación de cultivos (BCAM 7) y se propone suprimir la obligación de tener que destinar una parte de la superficie explotación a superficies no productivas (BCAM 8). Sin embargo no se contempla por parte del Ministerio de Agricultura la supresión de la BCAM 10, una normativa para evitar la contaminación del suelo por nitratos -cuyo origen principalmente son las granjas de porcino- pero que repercutirá negativamente en las ganaderías de vacuno de leche, especialmente las de Galicia y de la Cornisa Cantábrica, con medidas como la obligatoriedad de realizar analíticas de suelo a todas las fincas o de implantar planes de abonado. Por otra parte, desde el Ministerio de Agricultura se propone flexibilizar de forma significativa el diseño de los ecorregímenes, ayudas que remuneran a aquellos agricultores y ganaderos que lleven a cabo prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. “De entre estas flexibilidades, cabe destacar las propuestas que se realizan para favorecer una mayor acogida de las prácticas en superficies de pastos por parte de los ganaderos de la Cornisa, y en particular en las prácticas de siega sostenible e islas de biodiversidad”, destacan desde el Ministerio.  Se proponen flexibilidades importantes para las prácticas de cubiertas vegetales e inertes en cultivos leñosos, en especial en las plantaciones de secano, en las que resulta más difícil establecer estas cubiertas. Se permitirá establecer estas cubiertas en calles alternas, el pastoreo en las mismas, y laboreo vertical en determinados periodos. En el documento trasladado por el ministerio se contemplan además numerosas propuestas de modificación en relación con las intervenciones de desarrollo rural que han sido presentadas por parte de las Autoridades Regionales de Gestión, que abarcan desde la inclusión de nuevas intervenciones, a cambios en el diseño de las mismas o en las asignaciones financieras. El contenido final y la aplicación del conjunto de propuestas está condicionada por un lado a la aprobación de la modificación del PEPAC por parte de la Comisión Europea, y por otro a la adopción por parte del Parlamento Europeo y del Consejo del texto que ha sido adoptado en el día de hoy por la Comisión Europea. El momento de aplicación de cada una de las flexibilidades dependerá de los textos finalmente aprobados, si bien una buena parte de las nuevas propuestas en materia de condicionalidad se aplicarán con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024, y por tanto, tendrán ya efecto para la solicitud única de este año.

El conselleiro de Medio Rural en funciones, José González, se reunió hoy de forma telemática con sus homólogos de las comunidades de la Cornisa cantábrica para avanzar en una amplia alianza común -en la que también participan las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas de Galicia- con el fin de reclamar, de manera conjunta, mayor flexibilidad en la PAC y su adaptación a la realidad de estos territorios. En la videoconferencia convocada desde Galicia participaron, además del representante de la Xunta, Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias; Pablo Palencia, consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria y Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y Bittor Oroz, viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Agroalimentaria, ambos del Gobierno Vasco. Según explicó el conselleiro gallego, lo que se pretende con estas reuniones -la de hoy y la del lunes con los representantes del sector- es continuar incorporando consensos para reforzar la posición de Galicia y el resto de los territorios de la España húmeda delante de la negociación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para modificar el Plan Estratégico de la PAC, el llamado PEPAC. Este encuentro coincide en el tiempo con el que celebra en Madrid el Órgano de Coordinación del PEPAC, en el que participan las comunidades autónomas -entre ellas Galicia- y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En esta reunión de carácter técnico se puso de manifiesto, a juicio de la Xunta, que la Comisión Europea está siendo mismo "más ambiciosa" que el Ministerio a la hora de abrirse a la flexibilización de la PAC, gracias a la presión negociadora de las comunidades autónomas. Por eso, en este sentido José González señaló que de lo que se trata es de intentar consolidar una alianza cantábrica, porque estamos viendo que, de la misma forma que en la negociación de la PAC la unión de estos territorios fue positiva, entendemos que ahora tenemos que volver a tener esa unión, remarcó. Así, -indicó el conselleiro- al igual que se hizo con las organizaciones agrarias, se les pidió a estas comunidades que trasladen sus propuestas para enriquecer la batería de medidas en las que está trabajando Galicia, con demandas claves para el futuro del sector, alrededor de las políticas estatales y comunitarias. De este modo, como ejemplos de reclamaciones concretas, el conselleiro mencionó la reducción de la carga burocrática que soportan agricultores y ganaderos derivada de la nueva PAC, la voluntariedad del cuaderno digital de las explotaciones y la no aplicación de la normativa vinculada a la figura del veterinario de las explotaciones. Sobre las trabas de la burocracia, José González subrayó que estas se ven muy agravadas por circunstancias coincidentes en la Cornisa cantábrica, caso del minifundismo, la pluviometría, el relieve y el tamaño de las explotaciones o los tipos de suelo, entre otras. En esta línea, José González advirtió que las propuestas de modificación del PEPAC realizadas hasta ahora por el Ministerio de Agricultura son 'insuficientes' y no se adecúan ni a Galicia ni al resto de la Cornisa cantábrica, ya que tienen mucho más en cuenta a la España mediterránea que a la húmeda.

Adaptar los ecorregímenes y la condicionalidad reforzada a los territorios

En el mismo sentido, el conselleiro insistió en demandar la modificación de los ecorregímenes y la llamada "condicionalidade reforzada", para adaptarse a la realidad específica de la Cornisa y no perjudicar sus agricultores y ganaderos. En esta línea, González advirtió que no hay ningún productor que esté en contra de las exigencias medioambientales de la PAC, pero se están poniendo arriba de la mesa ecorregímenes imposibles de cumplir para los agricultores y ganaderos de estos territorios. Así, sobre la condicionalidad, se considera que deberían reducirse o adaptarse determinados requisitos no acomodados para la Cornisa y que resultan muy difíciles de cumplir en las explotaciones gallegas y de los demás territorios cantábricos. En cuanto a los ecorregímenes, se insiste en que los del Plan Estratégico de la PAC (Pepac) no están adaptados a estas zonas y apenas tres de las siete prácticas actuales tienen viabilidad en el territorio cantábrico. De esta forma, se proponen mejorar los relativos al pastoreo extensivo, a las islas de biodiversidad y a la rotación de especies mejorantes e introducir otros nuevos. Entre estos últimos estarían el de cultivos tradicionales de bajos insumos, con especial referencia al grelo; el de cultivos existentes, como la patata y las especies hortícolas -que en Galicia se producen de manera más sostenible- o el de pastoreo con vacuno de aptitud cárnica, ovino, cabrún y mismo equino en zonas con elevado riesgo de incendios forestales. En relación con estas propuestas, el conselleiro advirtió que todas ellas ya fueron trasladadas al Ministerio a lo largo de la negociación del nuevo PEPAC y que 'están avaladas por las organizaciones profesionales agrarias, sin que se hubiesen tenido en cuenta. A mayores, José González también explicó que se está procurando una alianza común para fijar una posición conjunta en cuestiones estratégicas para el futuro del campo, a nivel estatal y comunitario. En esta línea, se refirió al documento, actualmente en elaboración, que cuenten diferentes demandas, entre ellas la revisión de toda la normativa nacional derivada de las directivas europeas de la nueva PAC, con especial énfasis en la necesidad de reducir la burocracia.

Instar al Gobierno a modificar la Ley de la Cadena Alimentaria

También se quiere procurar consensos para reclamar igualdad en las reglas de juego en los comprados para todos los productores, de forma que en los tratados internacionales con terceros países se incluyan cláusulas espejo que garanticen un trato idéntico para todos los productos. Sobre los precios, se urge al Gobierno a la modificación de la Ley de la cadena alimentaria para que se cumpla de una manera efectiva. Por parte de la Xunta, en concreto, se reclama la introducción de mecanismos como los diseñados por Galicia -Contaláctea y Contacarne- y trabajar en coordinación con las comunidades autónomas para que los precios que perciben los agricultores y ganaderos cubran sus costes, más el margen de beneficio correspondiente. Otra demanda estratégica tiene que ver con la mejora de la fiscalidad para el campo.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy la disposición del Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) por la que se notifican las resoluciones de ayudas de pago a zonas con limitaciones naturales en áreas de montaña y en áreas distintas de montaña. El Fogga aprobó un total de 17.946.647 euros en la campaña de 2023 dentro de estas aportaciones, que están cofinanciadas al 75 % por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). De esta cifra, cerca de 12 millones corresponden a los pagos compensatorios en áreas de montaña y los casi 6 millones restantes a áreas distintas de montaña. El número total de beneficiarios asciende a 10.523 en nuestra comunidad autónoma. En la web del Fogga se publicarán los listados de concesión y de denegación de estas líneas, indicando las personas beneficiarias, el importe y, de ser el caso, las causas de denegación. Las personas interesadas pueden acceder a esta información a través del siguiente enlace: https://fogga.xunta.gal/gl/pac/consultas_pac/beneficiario_de_axudas_pac/campana-2023. Además, se ponen a disposición de las personas interesadas las resoluciones completas de las solicitudes mediante la aplicación para teléfonos móviles «Sga@pp», disponible en Google Play o en App Store, y en el «Portal de ayudas PAC» a través del siguiente enlace: https://fogga.xunta.gal/gl/pac/consultas_cpac/portal_de_axudas_pac En este portal, cada persona interesada podrá acceder al contenido de su resolución individualizada mediante certificado digital, DNI-y o el empleo de Chave365. Contra las resoluciones, las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el presidente del Fogga en el plazo de un mes desde el día siguiente al de esta publicación.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy la resolución del Fondo Gallego de Garantía Agraria (Fogga) con la relación de solicitudes aprobadas y denegadas de las ayudas relativas a las intervenciones ambientales y climáticas del Plan estratégico de la PAC 2023-2027 para la campaña 2023. Estas ayudas, que gestiona el organismo pagador adscrito a la Consellería de Medio Rural, se corresponden con las medidas de desarrollo rural asimiladas al Sistema Integrado de Gestión y Control, en concreto a las partidas de agroambiente y clima. El Fogga aprobó un total de 26.207.224,70 euros en la campaña de 2023 dentro de estas aportaciones, que están cofinanciadas al 80% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). El número de beneficiarios asciende a 6.345 en nuestra comunidad autónoma. La relación de solicitudes estará publicada en la web del Fogga, en el siguiente enlace: https://fogga.xunta.gal/gl/pac/consultas_pac/beneficiario_de_axudas_pac/campana-2023. Además, se pone a disposición de las personas interesadas las resoluciones completas de las solicitudes mediante la aplicación para teléfonos móviles «Sga@pp», disponible en Google Play o en App Store, y en el «Portal de ayudas PAC» a través del siguiente enlace:https://fogga.xunta.gal/gl/pac/consultas_pac/portal_de_axudas_pac Contra las resoluciones, las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el presidente del Fogga en el plazo de un mes desde el día siguiente al de esta publicación.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha coordinado el pago de más de 3.475 millones de euros de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a los primeros pagos de la nueva PAC 2023-2027, que entró en vigor el 1 de enero de 2023, cuyo plazo de pago anticipado se inició el pasado 16 de octubre. Este importe, pagado a 31 de diciembre, es similar al efectuado en otras primeras campañas en las que se ha puesto en marcha una nueva Política Agraria Común, debido a las especificidades que implican estos años de transición. En el caso concreto de la campaña de la PAC 2023, el periodo de presentación de solicitudes comenzó en marzo, un mes después de lo habitual, ya que la normativa exigía realizar la conversión de derechos de pago básico a derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad antes de realizar la apertura del plazo de presentación. Además, la nueva PAC ha incorporado nuevas intervenciones, como los ecorregímenes, o nuevos requisitos, como los establecidos en este periodo de cara al cumplimiento de la condición de agricultor activo, que requieren controles adicionales a realizar por parte de las comunidades autónomas con anterioridad al pago de las ayudas, con el fin de garantizar así el uso adecuado de los fondos de la Unión Europea. De igual forma, se han reforzado los controles para evitar que se puedan solicitar ayudas directas de forma fraudulenta sobre superficies que el solicitante no tiene a su disposición (ya sea en propiedad o en régimen de usufructo, arrendamiento o aparcería). Todas estas cuestiones han implicado adaptaciones en el calendario de pagos de las diferentes intervenciones, por lo que resulta preciso esperar a que finalice el periodo de pago de las ayudas directas, el 30 de junio de 2024, para que se completen los 4.875 millones de euros que deben percibirán los 622.400 agricultores y ganaderos que presentaron su solicitud única en 2023. Total en euros invertidos por régimen de ayudas. / Fuente: Ministerio de Agricultura A partir del 1 de diciembre se autorizó el abono de hasta el 90 % de la ayuda básica a la renta y sus pagos complementarios. También desde el 1 de diciembre se pudo transferir hasta el 90 % del pago de los ecorregímenes y los regímenes de ayudas asociadas a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal, arroz, remolacha azucarera, tomate para transformación, frutos secos en áreas con riesgo de desertificación, producción tradicional de uva pasa y olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental, así como de ayudas asociadas a la ganadería, excepto las ayudas al engorde de terneros. Una vez se haya llevado a cabo la asignación de derechos procedentes de la Reserva Nacional de Ayuda Básica a la Renta (el 1 de abril de 2024 como fecha límite), así como el cálculo de importes unitarios definitivos, remanentes y transferencias entre intervenciones (antes del 1 de mayo de 2024), se autorizará el abono del 10 % restante, cuyo plazo para hacerse efectivo concluye el 30 de junio de 2024. Respecto al pago específico al algodón y las ayudas al engorde de terneros, los requisitos de admisibilidad de estas ayudas no podrán ser verificados hasta el inicio del año 2024, ya que el cálculo del importe unitario se basa en las unidades de producción (hectáreas y número de animales) que cumplen todos los requisitos de estos regímenes de ayudas. Al igual que en los demás regímenes, el plazo para hacer efectivo los pagos para estas dos ayudas concluye el 30 de junio de 2024. De este modo, la distribución por comunidades autónomas, de los pagos ya realizados de las ayudas directas de la campaña 2023 sería la siguiente: Total en euros invertidos por Comunidad Autónoma. / Fuente: Ministerio de Agricultura Cada comunidad establece su propio calendario de pagos en función de la planificación y ejecución de los controles que tienen que realizar sobre todos los expedientes para verificar los requisitos de admisibilidad de las ayudas.

El Consejo de Ministros ha modificado en su reunión de este miércoles varios Reales Decretos que afectan al sector agroganadero, entre ellos diversos aspectos de la aplicación en España de la Política Agrícola Común, así como la ratificación del aplazamiento al mes de septiembre de 2024 de la entrada en vigor del Cuaderno Digital.   Justo un año después de su publicación en el BOE, el Gobierno decide modificar estas normativas “en base a la experiencia adquirida en el primer año de vigencia de la nueva PAC” con el objetivo de “facilitar una mejor comprensión y aportar seguridad jurídica a los agricultores y ganaderos”, asegura en nota de prensa el departamento que dirige Luis Planas. Una de las principales novedades es la relativa a los controles por parte de la Administración, ya que se anuncian “controles in situ de conteo de animales en ayudas relacionados con la actividad de pastoreo”, tanto en explotaciones que hayan solicitado el ecorregimen de pastoreo extensivo como en aquellas que hayan pedido la ayuda agroambiental de fomento de pastos.

Se prevén nuevos métodos de control de las prácticas ligadas a pastos para aquellos titulares que no mantengan un Cuaderno Digital de explotación

Con este incremento de inspecciones, el Gobierno pretende fomentar la adopción voluntaria del Cuaderno Digital por parte de las ganaderías extensivas, ya que, avanza el Ministerio, “se prevén nuevos métodos de control de las prácticas ligadas a pastos para aquellos titulares que no mantengan un Cuaderno Digital de explotación”. Explotaciones de vacuno de carne inscritas en distintos sistemas productivos El resto de cambios en la PAC, aclara el Ministerio, son “de índole técnica”, como ajustes en la práctica de rotación de cultivos con especies mejorantes para explotaciones de menos de 10 hectáreas. En el caso de las ayudas asociadas a vacuno de carne, se introduce una excepción para explotaciones que cuenten con varias unidades de producción inscritas en distintos sistemas productivos (por ejemplo vacas nodrizas y cebadero), ya que se exigía la calificación de la explotación como extensiva para el cobro de ayudas asociadas a la producción de carne. También se clarifica la redacción de los artículos relativos a la condición de agricultor activo y se limitan los arrendamientos de derechos sin tierra. Se establece además preferencia de acceso a la Reserva Nacional a las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y se recoge esta particularidad también para el pago del complemento a jóvenes. En viñedo, finalmente se permitirá el laboreo en la dirección de la máxima pendiente de la finca en plantaciones que hubieran sido realizadas antes de la entrada en vigor de la nueva PAC el 1 de enero de 2023 pero no en nuevas plantaciones.    

Se confirman los plazos de entrada en vigor del Cuaderno Digital, a partir del 1 de septiembre de 2024

A falta de su publicación en el BOE en los próximos días, el Gobierno mantiene los plazos de entrada en vigor del Cuaderno Digital a partir del 1 de septiembre de 2024, según el tamaño de la explotación y las demás condiciones establecidas en una Nota Aclaratoria publicada el pasado mes de agosto. Así, la entrada en vigor del Cuaderno Digital de explotación se llevará a cabo el 1 de septiembre de 2024 para las explotaciones que trabajen más de 30 hectáreas de tierras de cultivo y un año más tarde (1 de septiembre de 2025) para el resto. Las explotaciones más pequeñas (las que cuentan con una superficie igual o menor a 5 hectáreas, siempre que la superficie de regadío no supere una hectárea), así como aquellas explotaciones que únicamente dispongan de pastos en los que no se realicen aplicaciones de fertilizantes, quedan exentas de su uso obligatorio.

Galicia se sitúa en la cola de los anticipos de ayudas directas de la PAC que las Comunidades Autónomas deberían haber hecho efectivo antes de finalizar el mes de noviembre. Si se comparan las cantidades que han anticipado las administraciones regionales con los pagos realizados directos en la pasada campaña, los agricultores y ganaderos gallegos recibieron menos del 30 % de los abonos. Unión de Uniones constata que del anticipo del 70 % de ayudas directas de la PAC se ha quedado en torno a un 41 %, por lo que la mayor parte de las regiones se sitúa muy por debajo de ese porcentaje. La Comisión Europea autorizó a los Estados miembros a realizar dicho anticipo ante las dificultades de la presente campaña. Este anticipo podía hacerse efectivo entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre, fecha en la que los organismos ya pueden realizar los pagos ordinarios. El anticipo debería llegar a suponer el adelanto de unos 3.350 millones de euros a los agricultores y ganaderos, según la estimación del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, las solicitudes de prefinanciación de las Comunidades Autónomas ya rebajaron inicialmente esa cifra hasta los 2.759,4 millones de euros, lo que ya supondría algo menos del 58 %.

Solo Castilla y León y Navarra se han aproximado al 70 %, mientras que Asturias, Cataluña y Cantabria no han realizado ningún pago

Según los datos de pagos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA), a fecha de 26 de noviembre las Comunidades Autónomas habían abonado solo 1.952,6 millones de euros, lo que representa apenas un 41 % de las ayudas directas. “Anuncian el anticipo del pago de la PAC del 70% a bombo y platillo y luego se queda al final en pura propaganda”, critican desde la organización. Las únicas regiones que se han aproximado al 70 % son Castilla y León y Navarra. Por el contrario, Asturias, Cantabria y Cataluña no han realizado ningún pago. En el vagón de la cola se sitúan, junto con la comunidad gallega, Baleares, Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia, que realizaron abonos por debajo del 30 %. La Roja, Castilla La Mancha, Aragón y País Vasco estarían en un margen del 30 al 40 %, mientras que Andalucía habría anticipado cerca de un 50 %. Cabe destacar que, según Unión de Uniones, la mayor parte de las cantidades abonadas se corresponden con adelantos de la ayuda básica, la redistributiva y el complemento a jóvenes. En muy pocas comunidades autónomas (Castilla y León, Comunitat Valenciana, Navarra, fundamentalmente), se han pagado anticipos sobre los ecorregímenes o las ayudas asociadas. Desde la organización explican que las administraciones se excusan en que el período de solicitud se amplió hasta el 30 de junio y ha dejado menos plazo para que se hagan los controles necesarios para el pago. “Sin embargo, lo que no dicen es que, en muchos sitios, aunque la ventanilla se abría oficialmente el 1 de febrero, no se pudieron presentar expedientes hasta mediados de abril”, recuerdan. Añaden que los plazos han sido los mismos para las que han pagado y para las que no. Unión de Uniones considera que es una cuestión de previsión, de agilidad administrativa y de voluntad política.