Los pagos por los ecorregímenes de la PAC cubrirán en Galicia cerca de 23.000 solicitudes en la actual campaña, con un importe de casi 15 millones de euros, que se abonarán en el plazo establecido, según avanzó este miércoles la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en respuesta a una pregunta sobre esta cuestión en el Pleno del Parlamento. La conselleira explicó que pidieron estas aportaciones casi el 67% de los solicitantes gallegos de la PAC, que el importe a pagar representa en torno la un 7% del total de las ayudas de la Política Agraria Común en Galicia y que “estas aportaciones están dentro del plazo normal de pago”. Añadió que los pagos pendientes de la campaña 2023 “se efectuarán dentro del plazo fijado, antes del 30 de junio de 2024”. Todo esto, advirtió Gómez, a pesar de lo “poco atractivo” de los ecorregímens para los productores gallegos. Así, la conselleira señaló que “esta novedad de la PAC, lejos de representar un polo de captación de fondos, se instauró en detrimento de nuestra comunidad, ya que muchos de los ecoesquemas o no tienen aplicación en Galicia o cuentan con requisitos muy dificultosos de conseguir que no les compensan a las explotaciones, en consideración de los bajos importes que percibirían”.

Modificación de la PAC

Por eso, censuró el enfoque dado por el Gobierno central a esta cuestión, con una “mirada puesta en el sur de España” y sin mirar hacia Galicia. En esta línea, María José Gómez recordó que la Xunta demandó, en todas las propuestas de modificación de la PAC solicitadas al Ministerio -desatendidas, en su mayor medida- el cambio de los ecorregímenes. Así, manifestó que se procuró una postura común con las comunidades de la Cornisa cantábrica, así como con las principales asociaciones profesionales agrarias y cooperativas de Galicia, a favor de una modificación y adaptación de la PAC a la totalidad del territorio, frente a su orientación claramente “mediterránea”. En esta línea, Gómez añadió que “Galicia no sólo demanda la adaptación de los ecorregímenes, sino que también reclama su simplificación, y por eso aplicó en la convocatoria de 2023 todas las agilizaciones que permite la normativa estatal”. “Así, se redujo a un total de 90 días el período mínimo en el continuo del pastoreo; se estableció en los meses de julio y agosto el período de no aprovechamiento de las superficies de pastos permanentes y temporales objeto de siega sostenible y se consolidó un período obligatorio de cuatro meses -desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo- en el que la cubierta vegetal debe permanecer viva”, explicó.

Las protestas de agricultores y ganaderos han llevado tanto a la Comisión Europea como a los Gobiernos de la mayoría de países a reaccionar. En España, el Ministerio de Agricultura ha anunciado un paquete de 43 medidas que cuentan con el beneplácito de organizaciones agrarias como UPA o Unión de Uniones, pero que son consideradas insuficientes por COAG y Asaja. Algunos de los cambios más destacados afectan a las granjas de vacuno, modificando las últimas normativas aprobadas, bien en los plazos de su entrada en vigor o en los requisitos exigidos, flexibilizando de este modo su aplicación. Repasamos a continuación los principales cambios tanto para ganaderías de leche como de carne:   El veterinario de explotación se retrasa un año Una de las modificaciones anunciadas tendrá aplicación inmediata. Es la relativa a la designación de veterinario de explotación por parte de todas las granjas de ganado vacuno con más de 5 UGM. La obligatoriedad de nombrar a un facultativo como responsable de la granja antes del próximo día 18 de mayo se pospone un año, hasta el 1 de junio de 2025, “con el objetivo de proporcionar más tiempo a los titulares de las explotaciones para adaptarse a la normativa”, argumenta el Ministerio.

La designación de un facultativo de referencia será obligatoria a partir del 1 de junio de 2025 y desde el 1 de julio de 2025 se llevará a cabo la identificación electrónica de los animales nacidos en la granja

Asimismo, se prorroga durante un año la exigencia de contar con Plan Sanitario Integral. Se trata de un documento previsto en el Real Decreto 364/2023 que integra medidas sanitarias, de higiene, bioseguridad y uso racional de medicamentos, que deberá ser elaborado por el veterinario de explotación y que forma parte del Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones (SIGE), al que deberán adherirse las granjas de vacuno que cuenten con 20 o más UGM. Se modificará también el Real Decreto 787/2023 aplazando un año la obligatoriedad de la identificación electrónica en bovino, prevista para los animales nacidos a partir del 30 de junio de este año y que pasará a aplicarse a los animales nacidos a partir del 30 de junio de 2025. Plan de Bienestar Animal a partir de 2027 Otro de los cambios afecta a aspectos relativos a la normativa de bienestar animal incluidos en el Real Decreto 1053/2022 de Ordenación de Granjas Bovinas. El Plan de Bienestar Animal, exigible a todas las explotaciones de vacuno, se aplicará a partir de 2027 en todos los casos, eliminando su entrada en vigor con anterioridad en el caso de las granjas de nueva creación (que estaba previsto para 2026) y en las ya existentes de mayor tamaño (el 1 de enero de 2025 en las de más de 180 UGM).

El Ministerio regulará las características que deberán tener los patios exteriores al que deberán tener acceso los animales estabulados

Durante este impasse de tiempo, el Ministerio procederá a clarificar diversos aspectos de la normativa, relativos a la movilidad de los animales entre las explotaciones y el acceso a un ambiente exterior, ya que en lugares con climatoloxía adversa como Galicia la viabilidad de estos patios exteriores había sido puesta en duda por los representantes del sector.  En cuanto a las explotaciones que realizan pastoreo con sus animales, el Gobierno se compromete a la puesta en marcha de un Foro de ganadería extensiva, en el que participarán también las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas con el objetivo de que sus conclusiones sirvan para reorientar la legislación aplicable y proponer medidas para garantir la continuidad y rentabilidad de las granjas haciendo frente a desafíos sanitarios como la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica. El MAPA avanza, en este sentido, que participará en la financiación de los gastos sanitarios que se deriven del tratamiento de la EHE por parte de las explotaciones. Cuaderno digital voluntario e incentivado Como ya había anunciado el Ministerio, la puesta en marcha del cuaderno digital, prevista para el mes de septiembre de este año en explotaciones de más de 30 ha declaradas en la PAC, tendrá carácter voluntario. Se concederán ayudas tanto a la creación y prestación de servicios de asesoramiento digital a los agricultores y ganaderos, así como a la formación e intercambio de conocimientos, de modo que estos servicios sean gratuitos para los productores. Del mismo modo, el Ministerio reitera, aunque sin concretarlos, que concederá incentivos directos a los agricultores y ganaderos que utilicen el cuaderno digital de manera voluntaria, simplificando además el contenido e información que se deberá volcar en él. Más tiempo para enterrar el estiércol en las fincas En relación al Real Decreto 1051/2022 de Nutrición Sostenible de Suelos Agrícolas, el Ministerio ofrece “flexibilizar las condiciones de apilamiento de estiércoles en la explotación y la ampliación del plazo para la aplicación en el suelo mediante enterramiento”, fijado actualmente en la normativa en las 12 horas posteriores, aunque sin aclarar un nuevo plazo. Para la aplicación de purines, también se propone “flexibilizar los requisitos en determinadas zonas en donde no es posible el uso de medios de aplicación mejorados”, lo que abre la puerta a permitir la utilización de cisternas convencionales en fincas de pequeño tamaño y a autorizar como alternativa a inyectores y tubos colgantes otros sistemas como el plato invertido.

La obligatoriedad de contar con planes de abonado y analíticas de suelos se retrasa a septiembre de 2025

En cuanto a los plazos establecidos en la normativa para que las explotaciones de más de 10 ha de superficie se doten de planes de abonado, en los que se realice una estimación de los nutrientes necesarios en cada finca, se retrasa un año esta obligación, de modo que queda establecida a partir de septiembre de este año para granjas situadas en zonas vulnerables a nitratos y a partir de septiembre de 2025 en el resto de los casos. Tal como se recoge en la normativa, el plan de abonado deberá contar con análisis de suelo de cada parcela así como con analíticas sobre la composición de los abonos orgánicos que se apliquen. También se aplaza un año la necesidad de contar con asesoramiento técnico, de forma que las explotaciones situadas en zonas no vulnerables deberán contar con un asesor en fertilización (o en su caso con una aplicación informática validada oficialmente) a partir del 1 de septiembre de 2026.

Marcha atrás en la condicionalidad reforzada y modificación de los ecorregímenes de la PAC

Se podrá sembrar durante tres años maíz y en el cuarto rotar con pradera Otro de los bloques principales en los que el Ministerio actuará para satisfacer las demandas de los productores será en la aplicación de la PAC, mediante diversas modificaciones del Plan Estratégico español (PEPAC). Estos cambios tocan algunos de los aspectos clave introducidos para el nuevo período 2023-2027, como son el cumplimiento de la condicionalidad reforzada para el derecho a cobro de las ayudas, de la que se exime a las granjas de menos de 10 ha y se suaviza para el resto de explotaciones, o los incentivos establecidos mediante prácticas beneficiosas para el medio ambiente (ecorregímenes), cuyos requisitos se vuelven también menos exigentes.

De la exención de la condicionalidad reforzada en las explotaciones de menos de 10 hectáreas se beneficiarán 345.000 productores, más de la mitad del total de perceptores de la PAC en España

Algunos de estos cambios (como las excepciones establecidas a la cobertura mínima del suelo en tierras de cultivo, la eliminación de la obligatoriedad de mantener un 4% de superficie no productiva o los cambios en las rotaciones de cultivos exigidas) tienen efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024, por lo que se aplicarán ya a la actual campaña de solicitud de la PAC de este año, que ya está en marcha. Rotación de cultivos El cambio más significativo para las explotaciones lácteas gallegas se introduce en la BCAM 7 sobre rotación en tierras de cultivo, de forma que se da la posibilidad de cumplir con esta exigencia bien mediante la rotación de cultivo en la parcela tras tres años del mismo cultivo o bien mediante la diversificación, con los mismos umbrales de cultivos principales definidos para el pago verde en el período PAC anterior.

No será necesario dejar un 4% de la superficie sin cultivar para poder cobrar la PAC

En caso de que la explotación opte por la rotación, el año de referencia para comenzar a computar será 2023 en vez de 2021, de modo que una granja podrá sembrar únicamente maíz en la misma finca en 2023, 2024 y 2025 siempre que rote en 2026. Asimismo, se admitirá el uso de un cultivo secundario dentro del mismo año (por ejemplo una rotación intraanual maíz-hierba) para cumplir en una campaña con el requisito de rotación sin que la explotación haya tenido que hacer uso de este cultivo secundario en las dos campañas anteriores, tal como se establecía hasta ahora.

La obligación de rotación de cultivos se iguala a las condiciones del pago verde anterior

En cuanto a los ecorregímenes, el porcentaje de elementos no productivos necesarios para el cobro del ecorregimen de islas de biodiversidad se reduce del 7% al 4% de la superficie de pastos la explotación. Del mismo modo, para cumplir con los requisitos fijados en el ecorregimen de siega sostenible, el ganadero podrá decidir el período de 2 meses en el que no realizará la siega y no se limitará el número de cortes fuera de ese período. Una única inspección anual por granja El Ministerio propondrá a la Comisión Europea que se elimine la obligación de que los agricultores tomen fotos georreferenciadas de las distintas parcelas para demostrar el estado de sus cultivos, por lo que cuando la Administración responsable (en el caso de Galicia el FOGGA) requiera estas fotos para realizar un control, su envío será voluntario, y en caso de negarse el agricultor a realizar esta tarea, la Administración deberá realizar el control por otros medios. Cuando haya indicios de incumplimiento, se descontará la parcela objeto de la incidencia, sin que se apliquen penalizaciones.

Los titulares de las explotaciones no tendrán obligación de enviar fotos georeferenciadas de las parcelas para demostrar los cultivos existentes

De igual forma, se pretende que las comunidades autónomas alcancen el compromiso de coordinar a sus servicios de inspección de manera que se unifiquen todos los controles a realizar en una explotación en una única visita que concentre los distintos aspectos a comprobar, con independencia del tipo de control y normativa de aplicación. A nivel fiscal, los ecorregímenes mantendrán su exención de tributación hasta 2027 y se ampliará de 20.000 a 25.000 euros el límite de cobro de ayudas de minimis para agricultura y ganadería tanto a nivel de subvenciones convocadas a nivel estatal como de comunidades autónomas u otras administraciones.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), remitió el pasado viernes a las Comunidades Autónomas, como Autoridades Regionales de Gestión, una propuesta de modificación del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), que servirá de base para comenzar el diálogo informal con la Comisión Europea. “El documento, que ha sido debatido en reuniones técnicas y en las sesiones del órgano de coordinación del PEPAC celebradas los días 4 y 13 de marzo, se ha elaborado en base a las propuestas remitidas por las Autoridades Regionales de Gestión, así como a las contribuciones realizadas por las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias en estos últimos meses, y tiene en cuenta la experiencia del primer año de aplicación del plan. Para su elaboración se ha considerado además la necesidad de garantizar la coherencia del Plan Estratégico en su conjunto y la capacidad de alcanzar los logros y objetivos establecidos en el mismo”, aseguran desde el Ministerio que dirige Luis Planas. El documento recoge flexibilidades para agricultores y ganaderos, en particular en lo relativo a la condicionalidad reforzada y a los ecorregímenes. En lo relativo a la condicionalidad reforzada, la propuesta incorpora ya las flexibilidades que ha incluido la pasada semana la Comisión Europea en su propuesta de modificación de los reglamentos de base de la PAC. “Esta propuesta supone un claro avance y responde a mayoría de las solicitudes realizadas por España en los últimos meses y en el Consejo de Ministros de Agricultura del pasado 26 de febrero”, aseguran.

El Ministerio no contempla superimir la BCAM 10

Así, y en uso de la mayor subsidiariedad que se otorga a los Estados miembros,  se propone flexibilizar los requisitos sobre Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) que deben cumplir los agricultores y ganaderos para poder percibir íntegramente las ayudas de la PAC. En concreto, se solicita la flexibilidad en los relativos a la gestión de la labranza (BCAM 5), a las normas para mantener una cobertura mínima del suelo (BCAM 6), a la rotación de cultivos (BCAM 7) y se propone suprimir la obligación de tener que destinar una parte de la superficie explotación a superficies no productivas (BCAM 8). Sin embargo no se contempla por parte del Ministerio de Agricultura la supresión de la BCAM 10, una normativa para evitar la contaminación del suelo por nitratos -cuyo origen principalmente son las granjas de porcino- pero que repercutirá negativamente en las ganaderías de vacuno de leche, especialmente las de Galicia y de la Cornisa Cantábrica, con medidas como la obligatoriedad de realizar analíticas de suelo a todas las fincas o de implantar planes de abonado. Por otra parte, desde el Ministerio de Agricultura se propone flexibilizar de forma significativa el diseño de los ecorregímenes, ayudas que remuneran a aquellos agricultores y ganaderos que lleven a cabo prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. “De entre estas flexibilidades, cabe destacar las propuestas que se realizan para favorecer una mayor acogida de las prácticas en superficies de pastos por parte de los ganaderos de la Cornisa, y en particular en las prácticas de siega sostenible e islas de biodiversidad”, destacan desde el Ministerio.  Se proponen flexibilidades importantes para las prácticas de cubiertas vegetales e inertes en cultivos leñosos, en especial en las plantaciones de secano, en las que resulta más difícil establecer estas cubiertas. Se permitirá establecer estas cubiertas en calles alternas, el pastoreo en las mismas, y laboreo vertical en determinados periodos. En el documento trasladado por el ministerio se contemplan además numerosas propuestas de modificación en relación con las intervenciones de desarrollo rural que han sido presentadas por parte de las Autoridades Regionales de Gestión, que abarcan desde la inclusión de nuevas intervenciones, a cambios en el diseño de las mismas o en las asignaciones financieras. El contenido final y la aplicación del conjunto de propuestas está condicionada por un lado a la aprobación de la modificación del PEPAC por parte de la Comisión Europea, y por otro a la adopción por parte del Parlamento Europeo y del Consejo del texto que ha sido adoptado en el día de hoy por la Comisión Europea. El momento de aplicación de cada una de las flexibilidades dependerá de los textos finalmente aprobados, si bien una buena parte de las nuevas propuestas en materia de condicionalidad se aplicarán con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024, y por tanto, tendrán ya efecto para la solicitud única de este año.

El conselleiro de Medio Rural en funciones, José González, se reunió hoy de forma telemática con sus homólogos de las comunidades de la Cornisa cantábrica para avanzar en una amplia alianza común -en la que también participan las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas de Galicia- con el fin de reclamar, de manera conjunta, mayor flexibilidad en la PAC y su adaptación a la realidad de estos territorios. En la videoconferencia convocada desde Galicia participaron, además del representante de la Xunta, Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias; Pablo Palencia, consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria y Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y Bittor Oroz, viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Agroalimentaria, ambos del Gobierno Vasco. Según explicó el conselleiro gallego, lo que se pretende con estas reuniones -la de hoy y la del lunes con los representantes del sector- es continuar incorporando consensos para reforzar la posición de Galicia y el resto de los territorios de la España húmeda delante de la negociación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para modificar el Plan Estratégico de la PAC, el llamado PEPAC. Este encuentro coincide en el tiempo con el que celebra en Madrid el Órgano de Coordinación del PEPAC, en el que participan las comunidades autónomas -entre ellas Galicia- y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En esta reunión de carácter técnico se puso de manifiesto, a juicio de la Xunta, que la Comisión Europea está siendo mismo "más ambiciosa" que el Ministerio a la hora de abrirse a la flexibilización de la PAC, gracias a la presión negociadora de las comunidades autónomas. Por eso, en este sentido José González señaló que de lo que se trata es de intentar consolidar una alianza cantábrica, porque estamos viendo que, de la misma forma que en la negociación de la PAC la unión de estos territorios fue positiva, entendemos que ahora tenemos que volver a tener esa unión, remarcó. Así, -indicó el conselleiro- al igual que se hizo con las organizaciones agrarias, se les pidió a estas comunidades que trasladen sus propuestas para enriquecer la batería de medidas en las que está trabajando Galicia, con demandas claves para el futuro del sector, alrededor de las políticas estatales y comunitarias. De este modo, como ejemplos de reclamaciones concretas, el conselleiro mencionó la reducción de la carga burocrática que soportan agricultores y ganaderos derivada de la nueva PAC, la voluntariedad del cuaderno digital de las explotaciones y la no aplicación de la normativa vinculada a la figura del veterinario de las explotaciones. Sobre las trabas de la burocracia, José González subrayó que estas se ven muy agravadas por circunstancias coincidentes en la Cornisa cantábrica, caso del minifundismo, la pluviometría, el relieve y el tamaño de las explotaciones o los tipos de suelo, entre otras. En esta línea, José González advirtió que las propuestas de modificación del PEPAC realizadas hasta ahora por el Ministerio de Agricultura son 'insuficientes' y no se adecúan ni a Galicia ni al resto de la Cornisa cantábrica, ya que tienen mucho más en cuenta a la España mediterránea que a la húmeda.

Adaptar los ecorregímenes y la condicionalidad reforzada a los territorios

En el mismo sentido, el conselleiro insistió en demandar la modificación de los ecorregímenes y la llamada "condicionalidade reforzada", para adaptarse a la realidad específica de la Cornisa y no perjudicar sus agricultores y ganaderos. En esta línea, González advirtió que no hay ningún productor que esté en contra de las exigencias medioambientales de la PAC, pero se están poniendo arriba de la mesa ecorregímenes imposibles de cumplir para los agricultores y ganaderos de estos territorios. Así, sobre la condicionalidad, se considera que deberían reducirse o adaptarse determinados requisitos no acomodados para la Cornisa y que resultan muy difíciles de cumplir en las explotaciones gallegas y de los demás territorios cantábricos. En cuanto a los ecorregímenes, se insiste en que los del Plan Estratégico de la PAC (Pepac) no están adaptados a estas zonas y apenas tres de las siete prácticas actuales tienen viabilidad en el territorio cantábrico. De esta forma, se proponen mejorar los relativos al pastoreo extensivo, a las islas de biodiversidad y a la rotación de especies mejorantes e introducir otros nuevos. Entre estos últimos estarían el de cultivos tradicionales de bajos insumos, con especial referencia al grelo; el de cultivos existentes, como la patata y las especies hortícolas -que en Galicia se producen de manera más sostenible- o el de pastoreo con vacuno de aptitud cárnica, ovino, cabrún y mismo equino en zonas con elevado riesgo de incendios forestales. En relación con estas propuestas, el conselleiro advirtió que todas ellas ya fueron trasladadas al Ministerio a lo largo de la negociación del nuevo PEPAC y que 'están avaladas por las organizaciones profesionales agrarias, sin que se hubiesen tenido en cuenta. A mayores, José González también explicó que se está procurando una alianza común para fijar una posición conjunta en cuestiones estratégicas para el futuro del campo, a nivel estatal y comunitario. En esta línea, se refirió al documento, actualmente en elaboración, que cuenten diferentes demandas, entre ellas la revisión de toda la normativa nacional derivada de las directivas europeas de la nueva PAC, con especial énfasis en la necesidad de reducir la burocracia.

Instar al Gobierno a modificar la Ley de la Cadena Alimentaria

También se quiere procurar consensos para reclamar igualdad en las reglas de juego en los comprados para todos los productores, de forma que en los tratados internacionales con terceros países se incluyan cláusulas espejo que garanticen un trato idéntico para todos los productos. Sobre los precios, se urge al Gobierno a la modificación de la Ley de la cadena alimentaria para que se cumpla de una manera efectiva. Por parte de la Xunta, en concreto, se reclama la introducción de mecanismos como los diseñados por Galicia -Contaláctea y Contacarne- y trabajar en coordinación con las comunidades autónomas para que los precios que perciben los agricultores y ganaderos cubran sus costes, más el margen de beneficio correspondiente. Otra demanda estratégica tiene que ver con la mejora de la fiscalidad para el campo.

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), dependiente del Ministerio de Agricultura, acaba de publicar los importes unitarios provisionales revisados de los pagos por ecorregímenes, una de las principales novedades de la Política Agrícola Común (PAC) que ha entrado en vigor esta campaña 2023. Se trata de regímenes voluntarios para el agricultor, consistentes en prácticas en favor del clima y el medio ambiente, las cuales van más allá de la línea de base (condicionalidad reforzada), y que los agricultores y ganaderos que las cumplan recibirán un pago directo anual por hectárea. El pago anual de estas ayudas se podrá realizar en dos periodos: un anticipo del 70 % del importe total al que tiene derecho cada agricultor o ganadero, que se podrá realizar del 16 de octubre al 30 de noviembre del año de solicitud de la ayuda, y un pago del saldo que se realizaría entre el 1 diciembre y el 30 de junio del año natural siguiente al de solicitud. Para este pago del saldo el FEGA deberá establecer los Importes Unitarios (IU) provisionales revisados, para hacer efectivo el primer pago del saldo a partir del 1 de diciembre, el cual podrá alcanzar hasta el 90% del importe total de la ayuda. En este sentido, los importes unitarios provisionales revisados de esta campaña 2023 se han establecido con los datos de superficies solicitadas por los agricultores y ganaderos en su solicitud única de ayudas de la PAC, y comunicadas al FEGA por parte de las comunidades autónomas (CCAA). Es importante destacar que las superficies solicitadas utilizadas para el cálculo de los IU provisionales revisados son diferentes a las superficies utilizadas para el cálculo de los importes provisionales establecidos para abonar el anticipo en el mes de septiembre, dado que las solicitudes ya han sido depuradas en esta fase de gestión. A la hora de calcular los IU provisionales revisados, al igual que cuando se calcularon los IU provisionales en septiembre, es preciso tener en cuenta que en las prácticas de siembra directa y de cubiertas vegetales, la normativa establece un complemento de plurianualidad de 25 €/ha, que debe ser pagado íntegramente a los titulares que hayan contraído el compromiso de realizar nuevamente estas prácticas en la próxima campaña. Asimismo, para el cálculo se ha tenido en cuenta la condición de insularidad de las superficies de las Islas Baleares en los Ecorregímenes en los que se aplica. En base a todo lo anterior, los importes unitarios provisionales revisados para el primer pago del saldo quedan fijados en: Posteriormente, a partir de la nueva información que remitan las comunidades autónomas correspondiente a la superficie total determinada tras los controles para el cobro de las ayudas en abril del próximo año, se establecerá el importe unitario definitivo, con el cual se podrá realizar el segundo pago del saldo de las ayudas al 100%.

Descarga aquí la nota informativa del FEGA

¿Qué ecorregímenes han pedido las explotaciones gallegas? ¿Por qué se reducen finalmente las cuantías previstas inicialmente? Encontramos la respuesta si tenemos en cuenta el importante volumen de solicitudes que se observan en el conjunto del Estado, donde casi 9 de cada 10 hectáreas declaradas en la PAC se enmarcan dentro de algún ecorregimen.  Las explotaciones agroganaderas gallegas, sin embargo, han recibido con menos entusiasmo una de las principales novedades de la PAC en este primer año de aplicación, a pesar de que la Xunta incluso se esforzó a animar a los productores a acogerse a ellos indicando que en esta campaña no se van a realizar controles sobre su cumplimiento. Pero finalmente solo 291.968 hectáreas están adscritas a alguna de estas prácticas a favor del clima y el medio ambiente del total de 468.827 hectáreas incluidas en las declaraciones únicas de la PAC de este año en Galicia, presentadas por 24.395 titulares de explotaciones, lo que significa que en 4 de cada 10 hectáreas prefirieron no acogerse a estos pagos extra, que implican exigencias a mayores de las incluidas en la condicionalidad de la PAC, aunque de vinculación anual en la mayoría de los casos.

La Xunta incluso animó a los productores a acogerse a alguno de los ecorregímenes indicando que este año no se van a realizar controles sobre su cumplimiento

El principal ecorregimen solicitado por las explotaciones agroganaderas gallegas ha sido el de pastoreo extensivo, para el que han sido solicitadas 228.467 hectáreas, principalmente por parte de ganaderías de vacuno de carne, y que representan el 64% de la superficie total destinada a pastoreo en la comunidad (pastos permanentes y temporales), una cifra muy inferior a la media del conjunto del Estado (92%).  La segunda práctica con más hectáreas solicitadas, fundamentalmente por parte de ganaderías de vacuno de leche que siembran maíz, ha sido la de la rotación de cultivos en tierras, con un total de 57.429 hectáreas, lo que equivale al 56% de las tierras totales de cultivo declaradas en la PAC en Galicia, un porcentaje que está 10 puntos por debajo de la media de toda España (de los 10,47 millones de hectáreas de tierras de cultivo 6,94 se acogieron a este ecorregimen) y es sensiblemente inferior a la de comunidades de la cornisa cantábrica como Cantabria (71%) o el País Vasco (95%), aunque similar a la de Asturias (55%).

Ha tenido más 'éxito' entre los productores gallegos el ecorregimen de pastoreo que el de rotación de cultivos

Las cubiertas vegetales en cultivos leñosos permanentes, por ejemplo viñedo o frutales, ocupan un total de 3.197 hectáreas, de las que 2.135 se sitúan en parcelas de elevada pendiente (+10%) o cultivadas en bancales. Finalmente, al ecorregimen de espacios de biodiversidad se han acogido un total de 2.873 hectáreas en Galicia.

“Vamos a cobrar por vaca la mitad que los ganaderos de leche; no nos parece justo”

Santiago Rego, presidente de la asociación Gandeiros Galegos da Suprema, con sus vacas en Mazoi (Lugo) Los productores de vacuno de carne en extensivo se sienten “engañados” por el Ministerio y “nuevamente perjudicados” por las decisiones tomadas en relación a la PAC. “Nos dicen que vamos a cobrar una cantidad y en función de eso cada uno hizo sus cábalas y tomó sus decisiones y ahora modifican los importes, una vez ya que no tenemos margen de maniobra”, se queja Santiago Rego, presidente de la asociación Gandeiros Galegos da Suprema. “Viene a salir lo que nosotros veníamos denunciando desde hace meses, que vamos a cobrar por vaca la mitad que las explotaciones de leche. No tenemos nada en contra de nuestros compañeros ganaderos de leche, pero no nos parece justo”, dice. Recuerda además que la prima por vaca de carne, fijada para este año en 81,53€, llevaba congelada desde el año 2014, por lo que considera “incomprensible que en vez de aumentarla, incluso se disminuya”; mientras la que se cobra por vaca lechera pasó en el mismo período de 120€ a 157€ en la actualidad, lo que equivale a una revalorización del 30%.

Con respecto a la última campaña la ayuda por vaca nodriza desciende un 4%, mientras la prima por vaca lechera aumenta un 30%

El descenso en el importe final de la ayuda asociada a vaca nodriza, que cae un 10% con respecto a lo previsto inicialmente para el período de la PAC 2023-2027 y un 4% respecto a lo cobrado en la última campaña, y la merma del 28% del valor del ecorregimen de pastoreo, que queda fijado en 44,72€, va a suponer una nueva pérdida de ingresos para las explotaciones en un momento de costes de producción elevados y estancamiento en el precio de venta de los terneros. Por eso, desde la asociación Gandeiros Galegos da Suprema exigen a las Administraciones “una línea de subvenciones para compensar la pérdida de ayudas en los ecorregímenes y en la vaca nodriza”. “En los ecorregímenes también nos penalizan, no se está fomentando lo que dice la PAC, que es la extensificación para cuidar el medio ambiente y combatir incendios; no se está primando eso que se está vendiendo”, denuncia. “Mucha gente va a dejar de pedir el ecorregimen” La importante reducción en la cuantía del ecorregimen de pastoreo, considera Santiago, “va a desincentivar a la gente a pedirlo el año que viene”. “Este año era un poco de prueba y al ver la cuantía final del importe y los requisitos que tienes que cumplir, entre otros el de llevar un cuaderno de pastoreo, muchas explotaciones van a dejar de solicitarlo”, argumenta. Santiago achaca el menor porcentaje de hectáreas acogidas a este ecorregimen en Galicia (64%) en comparación con el total del Estado (92%) a diversos factores, entre otros al tipo de explotaciones, más pequeñas y menos profesionalizadas, o a la estructura de la propiedad. “No es lo mismo hacer pastoreo aquí que hacerlo en Castilla o Extremadura, aquí tenemos el minifundio y el problema del lobo”, añade. “La ayuda por la sequía no da ni para comprar un rollo de hierba” Los productores de Suprema se sienten “doblemente engañados por el Ministerio”, después de que la ayuda anunciada para paliar los efectos de la sequía también hay visto reducido su importe final. “Se anunciaron 100 euros que después se quedaron en 35,87 euros por vaca nodriza, es una cantidad ridícula”, dice.

La paja está a 200€ la tonelada, el rollo de hierba seca a 40€ y el de silo a 60. ¿Quién aguanta el ganado en invierno con estos costes?

Se prevé su cobro por las ganaderías en octubre pero de poco va a servir para aliviar la situación de las granjas. “La tonelada de paja está a más de 200€, los rollos de hierba seca a 40 euros y los de silo llegan incluso a los 60. La ayuda no da ni para comprar un rollo por vaca y en todo el invierno una vaca come muchos rollos”, se queja Santiago. “Se prevé que este invierno haya falta de ganado” Ante la falta de forraje y los altos precios, explica, muchas explotaciones han optado por disminuir el número de cabezas por lo que piensa que “en los próximos meses van a escasear los terneros de Suprema”. “Se prevé que en invierno haya falta de ganado. Vamos para una época en la que siempre sobraba carne, pero este año no va a ser así”, pronostica.

Ternera Gallega permitirá cebar en el prado los terneros de Suprema pero exigirá el acorralamiento de los animales

Las modificaciones en el Reglamento de la IGP Ternera Gallega, acordadas en el seno del Consejo Regulador y que previsiblemente se harán públicas el mes que viene, exigirán una finalización mínima de 2 meses de los animales, bien sea en interior o, si es en el exterior, con acorralamiento. "Va a encarecer el coste final de los terneros para las explotaciones que no estaban cebando, pero es algo necesario para potenciar una Suprema mejor, porque no se puede seguir devaluando el sello marcando animales que no cumplen”, defiende Santiago Rego. Finalmente, también habrá cambios en relación a la ayuda comprometida por la Xunta para primar la Suprema, una medida arrancada por los productores al conselleiro tras las movilizaciones llevadas a cabo en Lugo esta pasada primavera. La ayuda se obrará en el 2024 y no será finalmente por kilo de carne, sino por canal certificada, para poder encuadrar esta subvención dentro del PDR, según explican desde Gandeiros Galegos de Suprema.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para establece el marco normativo necesario para aplicar las correspondientes penalizaciones a todo el conjunto de intervenciones integradas en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (PAC). Las penalizaciones se definen como las reducciones a aplicar a las ayudas en caso de que se detecte un incumplimiento de los requisitos de subvencionabilidad, compromisos u otras obligaciones, con el objetivo de garantizar una protección eficaz de los intereses financieros de la Unión Europea (UE). La norma aprobada mantiene el statu quo de forma general y se han flexibilizado algunas cuestiones. En particular, se contempla un periodo transitorio en la aplicación de las penalizaciones de los nuevos ecorregímenes en favor del clima y del medio ambiente, de forma que, en el año 2023, al ser el primero de desarrollo de esta medida, no se aplicarán penalizaciones, y para el año 2024 se reducirán a la mitad. Se reducen también a la mitad las penalizaciones a aplicar en caso de intervenciones en la que se hayan controlado a la totalidad de las personas beneficiarias mediante el sistema de monitorización de superficies. Este nuevo real decreto completa el marco legislativo de la PAC, y desarrolla lo establecido por la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de ésta y otras materias conexas en lo que se refiere a las penalizaciones. El real decreto aprobado ayer introduce también determinados ajustes técnicos en algunos de los aprobados anteriormente para el desarrollo de la PAC, con el fin de mejorar la aplicabilidad de los mismos.