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Objetivos pendientes para reducir la carga de exigencias sobre el agro

Las explotaciones agroganaderas han visto aplazada la obligatoriedad de contar con un veterinario de explotación y con un Plan Sanitario Integral, así como de la introducción obligatoria de identificación electrónica para bovino inicialmente prevista para los animales nacidos a partir de 30 de junio de 2024. De acuerdo con el compromiso adquirido y rubricado hace dos semanas entre Ministerio de Agricultura y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos-UPA, las tres medidas han quedado ya oficialmente aplazadas por un año. Sin embargo, la organización confía en la que su retirada se convierta en definitiva, y en los próximos días pueda volver a sentarse con el departamento que dirige Luis Planas para cerrar esta y otras mejoras para las explotaciones ganaderas del país. Unións Agrarias UPA celebra el alivio que para las explotaciones ganaderas gallegas supone la retirada de las tres polémicas medidas, así como la flexibilización de otras normativas. Estas medidas, señala la organización agraria, suponían un aumento de la carga económica y burocrática y que nada aportaban en materia de seguridad o bienestar animal. Si bien la retirada del veterinario de explotación, del plan sanitario y de la identificación electrónica que ya está en vigor se ha aprobado únicamente para el plazo de un año, en los próximos días la organización volverá a las mesas de negociación con el Ministerio para conseguir estabilizar estas medidas en el tiempo, puesto que -señala- actualmente las ganaderías ya cuentan con cobertura veterinaria suficiente gracias a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS). Unións Agrarias-UPA destaca la necesidad de seguir avanzando para acometer mejoras que garanticen una mejor rentabilidad para las explotaciones ganaderas gallegas. Así, la organización continuará trabajando en Madrid para dar forma a una batería de medidas que permitan seguir avanzando en esa línea, como la implementación de una línea de ayudas vinculada al saneamiento ganadero , que permita cubrir tanto la reposición como el lucro cesante provocado por la pérdida de animales a las explotaciones. La organización confía en que la mesa de negociación que se pondrá en marcha en los próximos días le permita avanzar también en la adaptación del Decreto de ordenación de explotaciones ganaderas y, más concretamente, en lo referente a la categoría en la que están encuadradas las ganaderías y en lo que tiene que ver con el cumplimiento del bienestar animal. https://www.campogalego.es/principales-cambios-tras-la-flexibilizacion-de-las-normas-para-granjas-de-vacuno/

La identificación electrónica en bovinos pasará a ser obligatoria para animales nacidos a partir del 30 de junio de 2025

La identificación electrónica pasará a ser obligatoria para animales nacidos a partir del 30 de junio de 2025 El Ministerio de Agricultura ha abierto procedimiento de consulta pública de la modificación del Real Decreto 787/2023 que regula el sistema de trazabilidad, identificación y registro de determinadas especies animales terrestres en cautividad, para dar cabida a las medidas de flexibilización comprometidas por el Gobierno con las organizaciones agrarias en esta materia. Entre las 43 medidas diseñadas por el Gobierno para mejorar la situación de agricultores y ganaderos, y recogidas en el documento que la semana pasada firmó el ministro Luis Planas con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y con Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, se incluyen algunas determinaciones sobre las obligaciones de los titulares de las explotaciones de ganado.
La consulta pública estará abierta hasta el próximo 6 de mayo en la página web del Ministerio
Una de estas medidas es el aplazamiento de la obligación de la identificación electrónica de bovinos, que motiva la modificación del mencionado real decreto. De este modo, la identificación electrónica en ganado bovino, prevista para los animales nacidos a partir del 30 de junio de este año, pasará a aplicarse a los animales nacidos a partir del 30 de junio de 2025. Igualmente, se modifica el calendario de aplicación de la normativa sobre el veterinario de explotación. La obligatoriedad de nombrar a un facultativo como responsable en granjas de 5 o más UGM antes del próximo día 18 de mayo se pospone un año, hasta el 1 de junio de 2025.
La designación de veterinario de explotación y la identificación electrónica de animales se retrasa un año
Como consecuencia de este aplazamiento, se prorroga también durante un año la exigencia de contar con Plan Sanitario Integral, que deberá ser redactado por el veterinario de explotación. Se trata de un documento previsto en el Real Decreto 364/2023 que integra medidas sanitarias, de higiene, bioseguridad y uso racional de medicamentos en la explotación. https://www.campogalego.es/principales-cambios-tras-la-flexibilizacion-de-las-normas-para-granjas-de-vacuno/

Principales cambios tras la flexibilización de las normas para granjas de vacuno

Las protestas de agricultores y ganaderos han llevado tanto a la Comisión Europea como a los Gobiernos de la mayoría de países a reaccionar. En España, el Ministerio de Agricultura ha anunciado un paquete de 43 medidas que cuentan con el beneplácito de organizaciones agrarias como UPA o Unión de Uniones, pero que son consideradas insuficientes por COAG y Asaja. Algunos de los cambios más destacados afectan a las granjas de vacuno, modificando las últimas normativas aprobadas, bien en los plazos de su entrada en vigor o en los requisitos exigidos, flexibilizando de este modo su aplicación. Repasamos a continuación los principales cambios tanto para ganaderías de leche como de carne:   El veterinario de explotación se retrasa un año Una de las modificaciones anunciadas tendrá aplicación inmediata. Es la relativa a la designación de veterinario de explotación por parte de todas las granjas de ganado vacuno con más de 5 UGM. La obligatoriedad de nombrar a un facultativo como responsable de la granja antes del próximo día 18 de mayo se pospone un año, hasta el 1 de junio de 2025, “con el objetivo de proporcionar más tiempo a los titulares de las explotaciones para adaptarse a la normativa”, argumenta el Ministerio.
La designación de un facultativo de referencia será obligatoria a partir del 1 de junio de 2025 y desde el 1 de julio de 2025 se llevará a cabo la identificación electrónica de los animales nacidos en la granja
Asimismo, se prorroga durante un año la exigencia de contar con Plan Sanitario Integral. Se trata de un documento previsto en el Real Decreto 364/2023 que integra medidas sanitarias, de higiene, bioseguridad y uso racional de medicamentos, que deberá ser elaborado por el veterinario de explotación y que forma parte del Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones (SIGE), al que deberán adherirse las granjas de vacuno que cuenten con 20 o más UGM. Se modificará también el Real Decreto 787/2023 aplazando un año la obligatoriedad de la identificación electrónica en bovino, prevista para los animales nacidos a partir del 30 de junio de este año y que pasará a aplicarse a los animales nacidos a partir del 30 de junio de 2025. Plan de Bienestar Animal a partir de 2027 Otro de los cambios afecta a aspectos relativos a la normativa de bienestar animal incluidos en el Real Decreto 1053/2022 de Ordenación de Granjas Bovinas. El Plan de Bienestar Animal, exigible a todas las explotaciones de vacuno, se aplicará a partir de 2027 en todos los casos, eliminando su entrada en vigor con anterioridad en el caso de las granjas de nueva creación (que estaba previsto para 2026) y en las ya existentes de mayor tamaño (el 1 de enero de 2025 en las de más de 180 UGM).
El Ministerio regulará las características que deberán tener los patios exteriores al que deberán tener acceso los animales estabulados
Durante este impasse de tiempo, el Ministerio procederá a clarificar diversos aspectos de la normativa, relativos a la movilidad de los animales entre las explotaciones y el acceso a un ambiente exterior, ya que en lugares con climatoloxía adversa como Galicia la viabilidad de estos patios exteriores había sido puesta en duda por los representantes del sector.  En cuanto a las explotaciones que realizan pastoreo con sus animales, el Gobierno se compromete a la puesta en marcha de un Foro de ganadería extensiva, en el que participarán también las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas con el objetivo de que sus conclusiones sirvan para reorientar la legislación aplicable y proponer medidas para garantir la continuidad y rentabilidad de las granjas haciendo frente a desafíos sanitarios como la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica. El MAPA avanza, en este sentido, que participará en la financiación de los gastos sanitarios que se deriven del tratamiento de la EHE por parte de las explotaciones. Cuaderno digital voluntario e incentivado Como ya había anunciado el Ministerio, la puesta en marcha del cuaderno digital, prevista para el mes de septiembre de este año en explotaciones de más de 30 ha declaradas en la PAC, tendrá carácter voluntario. Se concederán ayudas tanto a la creación y prestación de servicios de asesoramiento digital a los agricultores y ganaderos, así como a la formación e intercambio de conocimientos, de modo que estos servicios sean gratuitos para los productores. Del mismo modo, el Ministerio reitera, aunque sin concretarlos, que concederá incentivos directos a los agricultores y ganaderos que utilicen el cuaderno digital de manera voluntaria, simplificando además el contenido e información que se deberá volcar en él. Más tiempo para enterrar el estiércol en las fincas En relación al Real Decreto 1051/2022 de Nutrición Sostenible de Suelos Agrícolas, el Ministerio ofrece “flexibilizar las condiciones de apilamiento de estiércoles en la explotación y la ampliación del plazo para la aplicación en el suelo mediante enterramiento”, fijado actualmente en la normativa en las 12 horas posteriores, aunque sin aclarar un nuevo plazo. Para la aplicación de purines, también se propone “flexibilizar los requisitos en determinadas zonas en donde no es posible el uso de medios de aplicación mejorados”, lo que abre la puerta a permitir la utilización de cisternas convencionales en fincas de pequeño tamaño y a autorizar como alternativa a inyectores y tubos colgantes otros sistemas como el plato invertido.
La obligatoriedad de contar con planes de abonado y analíticas de suelos se retrasa a septiembre de 2025
En cuanto a los plazos establecidos en la normativa para que las explotaciones de más de 10 ha de superficie se doten de planes de abonado, en los que se realice una estimación de los nutrientes necesarios en cada finca, se retrasa un año esta obligación, de modo que queda establecida a partir de septiembre de este año para granjas situadas en zonas vulnerables a nitratos y a partir de septiembre de 2025 en el resto de los casos. Tal como se recoge en la normativa, el plan de abonado deberá contar con análisis de suelo de cada parcela así como con analíticas sobre la composición de los abonos orgánicos que se apliquen. También se aplaza un año la necesidad de contar con asesoramiento técnico, de forma que las explotaciones situadas en zonas no vulnerables deberán contar con un asesor en fertilización (o en su caso con una aplicación informática validada oficialmente) a partir del 1 de septiembre de 2026.

Marcha atrás en la condicionalidad reforzada y modificación de los ecorregímenes de la PAC

Se podrá sembrar durante tres años maíz y en el cuarto rotar con pradera Otro de los bloques principales en los que el Ministerio actuará para satisfacer las demandas de los productores será en la aplicación de la PAC, mediante diversas modificaciones del Plan Estratégico español (PEPAC). Estos cambios tocan algunos de los aspectos clave introducidos para el nuevo período 2023-2027, como son el cumplimiento de la condicionalidad reforzada para el derecho a cobro de las ayudas, de la que se exime a las granjas de menos de 10 ha y se suaviza para el resto de explotaciones, o los incentivos establecidos mediante prácticas beneficiosas para el medio ambiente (ecorregímenes), cuyos requisitos se vuelven también menos exigentes.
De la exención de la condicionalidad reforzada en las explotaciones de menos de 10 hectáreas se beneficiarán 345.000 productores, más de la mitad del total de perceptores de la PAC en España
Algunos de estos cambios (como las excepciones establecidas a la cobertura mínima del suelo en tierras de cultivo, la eliminación de la obligatoriedad de mantener un 4% de superficie no productiva o los cambios en las rotaciones de cultivos exigidas) tienen efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024, por lo que se aplicarán ya a la actual campaña de solicitud de la PAC de este año, que ya está en marcha. Rotación de cultivos El cambio más significativo para las explotaciones lácteas gallegas se introduce en la BCAM 7 sobre rotación en tierras de cultivo, de forma que se da la posibilidad de cumplir con esta exigencia bien mediante la rotación de cultivo en la parcela tras tres años del mismo cultivo o bien mediante la diversificación, con los mismos umbrales de cultivos principales definidos para el pago verde en el período PAC anterior.
No será necesario dejar un 4% de la superficie sin cultivar para poder cobrar la PAC
En caso de que la explotación opte por la rotación, el año de referencia para comenzar a computar será 2023 en vez de 2021, de modo que una granja podrá sembrar únicamente maíz en la misma finca en 2023, 2024 y 2025 siempre que rote en 2026. Asimismo, se admitirá el uso de un cultivo secundario dentro del mismo año (por ejemplo una rotación intraanual maíz-hierba) para cumplir en una campaña con el requisito de rotación sin que la explotación haya tenido que hacer uso de este cultivo secundario en las dos campañas anteriores, tal como se establecía hasta ahora.
La obligación de rotación de cultivos se iguala a las condiciones del pago verde anterior
En cuanto a los ecorregímenes, el porcentaje de elementos no productivos necesarios para el cobro del ecorregimen de islas de biodiversidad se reduce del 7% al 4% de la superficie de pastos la explotación. Del mismo modo, para cumplir con los requisitos fijados en el ecorregimen de siega sostenible, el ganadero podrá decidir el período de 2 meses en el que no realizará la siega y no se limitará el número de cortes fuera de ese período. Una única inspección anual por granja El Ministerio propondrá a la Comisión Europea que se elimine la obligación de que los agricultores tomen fotos georreferenciadas de las distintas parcelas para demostrar el estado de sus cultivos, por lo que cuando la Administración responsable (en el caso de Galicia el FOGGA) requiera estas fotos para realizar un control, su envío será voluntario, y en caso de negarse el agricultor a realizar esta tarea, la Administración deberá realizar el control por otros medios. Cuando haya indicios de incumplimiento, se descontará la parcela objeto de la incidencia, sin que se apliquen penalizaciones.
Los titulares de las explotaciones no tendrán obligación de enviar fotos georeferenciadas de las parcelas para demostrar los cultivos existentes
De igual forma, se pretende que las comunidades autónomas alcancen el compromiso de coordinar a sus servicios de inspección de manera que se unifiquen todos los controles a realizar en una explotación en una única visita que concentre los distintos aspectos a comprobar, con independencia del tipo de control y normativa de aplicación. A nivel fiscal, los ecorregímenes mantendrán su exención de tributación hasta 2027 y se ampliará de 20.000 a 25.000 euros el límite de cobro de ayudas de minimis para agricultura y ganadería tanto a nivel de subvenciones convocadas a nivel estatal como de comunidades autónomas u otras administraciones.

“La obligación de contar con un veterinario de explotación no va a suponer ningún problema para las granjas que están en una ADSG”

José Antonio Varela Señarís, durante a su intervención en las jornadas organizadas por Agromuralla En el mes de mayo entra en vigor la obligación legal de que las explotaciones ganaderas designen un veterinario de explotación, encargado de elaborar, coordinar y supervisar el cumplimiento del Plan Sanitario Integral de la granja. José Antonio Varela Señarís, del Servicio de Seguridad Alimentaria en las Producciones Ganaderas de la Consellería de Medio Rural, detalló recientemente en unas jornadas organizadas por Agromuralla cuáles son las implicaciones de la nueva normativa para las explotaciones gallegas, tanto de leche como de carne. La entrada en vigor del Real Decreto 364/2023 obliga a la mayoría de explotaciones a designar, antes del próximo 18 de mayo, un Veterinario de Explotación y a contar con un Plan Sanitario Integral. Estarían exentas las granjas de pequeño tamaño, consideradas como tales las que cuenten con menos de 5 vacas reproductoras, 30 terneros para cebo, 20 cabras u ovejas, 5 caballos, 5 cerdas reproductoras o 25 cabezas de ganado porcino para cebo.
Las granjas con 5 yeguas, cerdas o vacas reproductoras deberán contar con veterinario de explotación y Plan Sanitario Integral
Las explotaciones de vacuno que tengan entre 5 y 20 vacas deberán tener veterinario de explotación y Plan Sanitario Integral pero no tendrán que adoptar el Sistema Integrado de Gestión (SIGE), que es obligatorio a partir de 20 UGM. ¿Quién puede ser veterinario de explotación? El titular de la explotación es el encargado de designar a un veterinario de explotación, que tendrá que aceptar ese nombramiento. A partir de ese momento aparecerá en el REGA. “La designación del veterinario de explotación se va a poder hacer a través de un modelo que estará disponible en la Oficina Virtual Agraria”, avanzó José Antonio Varela.
La designación del veterinario de explotación se va a poder hacer a través de un modelo que estará disponible en la Oficina Virtual Agraria
“El facultativo designado como veterinario de explotación puede ser por ejemplo el veterinario de la ADSG, porque ya está haciendo una parte de lo requerido, al desarrollar el programa sanitario de la granja”, explica José Antonio. A mayores tendría que hacer un trabajo documental, relativo a los distintos aspectos a cumplimentar, como el Plan Sanitario Integral o el Programa de higiene y bioseguridad de la explotación. Puede ser también un veterinario que no pertenezca a la ADSG que lleva la explotación, por ejemplo el veterinario clínico o el que se encarga del control reproductivo. “El plan sanitario de la ADSG le serviría igualmente para incorporar a la documentación requerida en el Plan Sanitario Integral”, aclara. “El veterinario de explotación sería como el arquitecto en una obra, pero después puede haber trabajos que haga otra gente, es decir, puede haber subcontratas”, compara.
El problema se presenta en las explotaciones que no están en una ADSG, porque contar con un veterinario de explotación les va a suponer un coste
“El problema es si esa explotación no está en una ADSG”, admite el representante de la Consellería. “Ese veterinario va a tener que desarrollar los programas nacionales obligatorios de determinadas enfermedades, como por ejemplo IBR si a partir del año que viene se establece como obligatorio. Ahí es donde está el problema, porque ese trabajo de aplicar ese programa sanitario le va a suponer un coste a la explotación”, indica. ¿Cuántas explotaciones va a poder llevar un veterinario de explotación? La entrada en vigor de la normativa del veterinario de explotación supone una sobrecarga de trabajo para los facultativos que en este momento prestan servicio a las granjas de leche y de carne. “El veterinario de explotación no tiene por que responsabilizarse de todo lo que sucede en la granja, no es el responsable de los medicamentos que prescribe el veterinario clínico o el que se encarga del control de mamitis y calidad de la leche, pero sí es el responsable de documentarlo”, asegura. “Eso implica que si un veterinario de una ADSG lleva 50 explotaciones en este momento igual tendría que reducir el número de granjas a 40 para poder asumir ese trabajo documental que le supone ser a mayores el veterinario de explotación”, admite José Antonio Varela. Se quiere limitar, por parte de la Administración, el número de granjas que va a poder llevar un mismo veterinario de explotación, bien por número de ganaderías o de cabezas de ganado, para que su función no sea de puro trámite y se limite solo a cubrir papeles, sino que tenga tiempo para asesorar a los titulares de las explotaciones en las mejoras a implementar y para hacer el seguimiento en el proceso de aplicación.
Con la falta de veterinarios que hay hoy no sé cómo se va a poder resolver esa sobrecarga de trabajo
“Se va a poner un tope máximo por persona y quizás las ADSG tengan que contratar a más veterinarios para poder asumir también ese papel de ser veterinarios de explotación. Va a ser un problemón muy gordo, porque con el problema que hay hoy de falta de facultativos no sé cómo se va a resolver eso”, reconoce el representante de la Xunta. Por eso, la Consellería ha solicitado al Ministerio que flexibilice la obligación de contar con veterinario de explotación para cobrar la PAC, al igual que ya hizo con el Cuaderno Digital de explotación, que ha pasado de obligatorio a voluntario. Plan Sanitario Integral y visitas zoosanitarias El veterinario de explotación que figure designado como tal en el REGA tiene la responsabilidad de llevar a cabo el diseño, redacción y supervisión (a través de las visitas zoosanitarias) del Plan Sanitario Integral de la granja, que consta de tres partes fundamentales: Programa de higiene y bioseguridad, Programa de controles sanitarios obligatorios y Seguimiento trimestral del consumo de antibióticos. “El contenido mínimo del Plan Sanitario Integral debe incluir las medidas sanitarias que se llevan a cabo para prevención y control de enfermedades, así como en materia de higiene y bioseguridad, uso racional de medicamentos y plan de vacunación”, explica José Antonio.
Todas las explotaciones tendrán que recibir al menos una visita zoosanitaria del veterinario de explotación entre mayo de 2024 y mayo de 2025
Todas las explotaciones, salvo las apícolas, tendrán que recibir al menos una visita zoosanitaria del veterinario de explotación entre mayo del año 2024 y mayo del año 2025, que servirá para tipificar y clasificar las explotaciones. El veterinario tendrá que dejar un informe de esa visita, que está reglamentada, y cumplir con una serie de ítems de control establecidos. El nivel de riesgo en el que esté encuadrada la explotación determinará la frecuencia de las visitas zoosanitarias de control posteriores por parte del veterinario de explotación: cuando el riesgo es alto se llevará a cabo una cada 6 meses, si la granja está categorizada como de riesgo medio recibirá una visita anual y en las de riesgo bajo será cada año y medio. Uso racional de medicamentos A través del formulario de designación de veterinario de explotación en la Oficina Virtual Agraria se autorizará también a la persona designada a entrar en PRESVET para elaborar los informes trimestrales de uso de antibióticos de la granja, dentro del Plan de Uso Racional de Medicamentos Veterinarios. Con los datos de todas las ganaderías se va a establecer un Indicador de Referencia Nacional (IRN) por especies de ganado y tipo de explotación, que se publicará en el BOE a más tardar el 1 de junio de cada año. En función del consumo habitual de antibióticos de la explotación respecto al indicador nacional de referencia, si el valor de la granja supera en más de un 5% el valor medio establecido, se deberán aplicar una serie de medidas correctoras.
Si una explotación tiene un buen programa de higiene y bioseguridad y un buen manejo nutricional y de ensilados reducirá drásticamente la necesidad de usar antibióticos
“Si la explotación está por encima de la media, el veterinario deberá dejarle un informe con recomendaciones a aplicar en la granja para reducir ese consumo de antibióticos. Pero yo creo que una explotación que tenga un buen programa de higiene y haga un buen manejo del ganado, buenos ensilados, etc, no va a tener ningún problema porque con esas medidas el consumo de antibióticos se reduce mucho en una granja”, asegura el representante de la Consellería.

Documentación necesaria dentro del SIGE, obligatorio para ganaderías de más de 20 UGM

El Sistema Integrado de Gestión de Explotacions (SIGE) incluye distintos aspectos que el veterinario de explotación tendrá que elaborar o recopilar para integrar y presentar: bioseguridad e higiene, bienestar animal, sanidad, medio ambiente, formación, etc. Toda esta documentación deberá actualizarse al menos cada 5 años y siempre que la explotación modifique de manera sustancial sus instalaciones o prácticas de manejo. Deberá incluirse, por lo menos, una descripción de las condiciones estructurales y ambientales de la granja, de la alimentación del ganado y de las prácticas de manejo que se realizan. También debe detallarse el Plan Sanitario Integral de la granja; el Plan de Gestión Ambiental, que incluya un plan de residuos, la optimización del uso del agua y el consumo energético y el control de ruidos, polvo y olores.
El veterinario de explotación será el encargado de elaborar todos aquellos apartados del SIGE relacionados con sanidad, bienestar animal, higiene y bioseguridad
A mayores, las ganaderías deberán contar también con un Plan de Bienestar Animal, que entrará en vigor dentro de 4 años y se aplicará a granjas de más de 5 UGM, en las que se deberán evaluar los factores de riesgo existentes para el bienestar de los animales y el Plan de Formación llevado a cabo tanto por el titular de la explotación como por sus empleados en materia de bienestar animal, medio ambiente y manejo del ganado.

Continúan las reuniones técnicas en el Ministerio para simplificar las normas en el agro

Las conversaciones entre el Ministerio de Agricultura y las organizaciones agrarias comenzaron a encauzarse a mediados de febrero, pero desde aquella no se produjeron avances suficientes, al entender de las organizaciones agrarias, que para la semana mantendrán nuevos encuentros técnicos con el Ministerio. Tanto las organizaciones del campo como la Consellería de Medio Rural le piden a Agricultura una mayor flexibilidad en las cuestiones que afectan a Galicia. Por el momento, el Ministerio ofreció el aplazamiento de la entrada en vigor de una serie de medidas, según se indica desde el Sindicato Labrego, que es partidario de que haya exenciones para las pequeñas y medianas explotaciones, “pues la oferta del Ministerio no es solución de fondo”, valoran. La propuesta del Ministerio, según explica el Sindicato Labrego, incluye los siguientes puntos: - Retrasar dos años el plan de abonado y flexibilizar la aplicación y almacenamiento de estiércoles. - La ordenación porcina y bovina, en lo relativo al bienestar animal, entraría en vigor en el 2027. - La identificación electrónica de bovinos y el Plan Sanitario Integral se retrasaría un año más. - Valoración de la figura del veterinario de explotación en un foro de ganadería extensiva que se celebrará en abril. Desde el Sindicato Labrego aprecian, además, una insuficiente concreción sobre las medidas ligadas a la Ley de la Cadena Alimentaria. Cuestionan también la propuesta de la Comisión Europea de retirar el objetivo de reducir a la mitad el uso de fitosanitarios, pues el Sindicato Labrego considera que eso va en perjuicio del consumidor y en beneficio de modelos agroindustriales que no se corresponden con el caso de Galicia. Contactos de Medio Rural con el sector Desde la Consellería de Medio Rural, su titular, José González, anunció hoy que está manteniendo reuniones con las consellerías de la Cornisa Cantábrica para presentarle al Ministerio un posicionamiento común sobre las cuestiones a cambiar. González mantendrá también el lunes una reunión con las organizaciones agrarias para debatir las propuestas. Desde Medio Rural piden una suspensión temporal de medidas y centran sus propuestas en tres grandes bloques: - Flexibilizar la PAC. Crear ecorregímenes más adaptados a Galicia y potenciar las asociaciones de defensa sanitaria ganadera (Adsg), en lugar del veterinario de explotación. - Control de las importaciones: exigencia de cláusulas espejo a los productos de fuera de la UE y etiquetado claro de estos productos ante los consumidores. - Vigilar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

“Las normas hay que adaptarlas a las circunstancias de cada zona y la PAC también”

Hablamos con Javier Miranda, productor de huerta de Riotorto, con Manuel Legaspi, ganadero de leche de A Pastoriza, y con Andrés Fernández, que tiene una explotación de vacuno de carne en A Fonsagrada, para poner cara a las reivindicaciones del campo y conocer cómo les afectan en su día a día las normas que Bruselas dicta y el Gobierno español y la Xunta aplican. Los tres están participando en la creación de una Plataforma a nivel gallego que cuenta ya con más de 250 integrantes, surgida de los distintos grupos de whatsapp de agricultores y ganaderos que proliferaron en las últimas semanas, una iniciativa a través de la que buscan canalizar sus demandas para las distintas Administraciones. Se quejan de la sobrecarga normativa, del papeleo y la burocracia, pero también del desconocimiento que tanto la ciudadanía como las propias Administraciones que legislan tienen sobre la producción de alimentos y la realidad de los distintos sectores.
A la sociedad hay que explicarle que todos contaminamos y que el foco más grande de contaminación está en las propias ciudades
“A la sociedad hay que explicarle que todos contaminamos y que el foco más grande de contaminación son siempre las concentraciones, sean de granjas o de gente en las ciudades, por muchas depuradoras que haya”, dicen. Por eso critican la doble vara de medir en relación a la contaminación industrial o de los núcleos urbanos y que se ponga el foco en las emisiones ganaderas. También se quejan de las restricciones al uso de los purines en las tierras. “Por los purines quieren cobrarnos porque dicen que es un residuo, pero aquí toda la vida ha sido un abono. Va a pasar como con las bolsas de plástico, que cuando se daban gratis contaminaban y ahora que se pagan parece que ya no contaminan”, comparan.
El problema de las normativas es que hemos pasado de golpe de hacer lo que nos daba la gana a una legislación muy restrictiva; hay que llegar a un punto medio
“El problema de las normativas es que hemos pasado de golpe de hacer lo que nos daba la gana a una legislación muy restrictiva; lo que tenemos es que llegar a un punto medio”, proponen. “La PAC y muchas de estas leyes vienen desde Europa y en Bruselas no conocen la diversidad que tiene España y lo mismo pasa en Madrid en el Ministerio. Las normas hay que adaptarlas a las circunstancias de cada zona y la PAC también”, defiende Andrés. “La UE lleva 40 años dando bandazos. Cuando yo era pequeño obligaban a la gente a concentrar el ganado en explotaciones más grandes, porque decían que las pequeñas no eran viables, y ahora le ponen límites a esas explotaciones y quieren volver a las granjas familiares, pero el modelo no se cambia de un día para otro”, dice Javier.
El objetivo debería ser hacer atractivo el sector para que la gente joven se quede en esto y eso no se logra estando en contra de las explotaciones
“Una granja de 20 vacas va a necesitar tener una persona para la oficina y con ese tamaño no se lo puede permitir”, añade Manuel. “El objetivo debería ser hacer atractivo el sector para que la gente joven se quede en esto y eso no se logra estando en contra de las explotaciones”, afirma.  
Javier Miranda, productor de huerta de Riotorto

“Cuando me vienen a hacer las inspecciones de fitosanitarios me tratan como si fuese un delincuente”

A sus 38 años Javier Miranda es uno de los principales productores de huerta de Galicia. Trabaja en estos momentos 116 hectáreas con una amplia gama de productos. Comenzó trabajando las fincas de la familia en Riotorto y hoy tiene arrendadas parcelas en varios ayuntamientos de la zona, donde produce patatas, cebollas, repollos, habas, pimientos, calabacines y un largo etcétera, que vende a grandes superficies y cadenas de distribución. Por eso la primera de sus quejas es una pregunta: “¿quién controla la Ley de la Cadena Alimentaria?”. "El propósito de fondo es que el consumidor tenga la información de lo que come. Estoy de acuerdo pero tenemos que poner la información toda, si el producto viene de Perú o de Marruecos tiene que tener la misma trazabilidad y llevar toda esa  información también”, pide.
No sé si soy uno de los mayores productores de huerta de Galicia, pero sí uno de los que más dinero debe a los bancos
Javier reclama mayor control a los productos importados, algo a lo que nadie le mete mano, dice, “porque la mitad de las empresas españolas están produciendo en Marruecos, aunque luego tienen la base en Murcia y traen la mercancía para etiquetar aquí”, cuenta. Aunque “no son productos comparables a los que producimos aquí, te arrastran en precios porque es la ley de la oferta y la demanda a que manda”, argumenta. “El problema es que a los consumidores no los tenemos informados de cuáles son los productos de temporada y quieren comer lo mismo todo el año. La gente está acostumbrada a ir al supermercado y comprar los calabacines de Marruecos a 1,40€ el kilo y cuando llegan los calabacines de aquí se solapan las producciones y tienes que venderlos a también 1,40€ aunque su precio debería ser 1,60€”, dice. Sin armas contra las plagas y enfermedades “Aquí cuesta más producir, porque la renta de las tierras es más alta, los salarios también, y las producciones son menores, porque yo no puedo abonar lo que me dé la gana y tratar con los fitosanitarios que me dé la gana. Por ejemplo, aquí puedes lograr 30 toneladas de patatas por hectárea y allí 80 toneladas”, compara.
El consumidor no sabe cómo se producen las cosas y quiere comer de todo en cualquier época del año
“En la UE de golpe a porrazo cortaron los fitosanitarios que funcionaban y quedamos desprovistos de herramientas eficaces. Prohibieron materias activas como el mancozeb o el dimetomorf para las patatas, que se usaban para combatir los hongos y ahora en lugares como Galicia no tenemos productos efectivos. El año pasado nosotros perdimos 3 hectáreas de producción de patata porque entró el mildiu en junio con lluvia y temperaturas altas y no teníamos con que tratar”, cuenta. “Quieren sacar fitosanitarios, pues que nos den alternativas o nos digan hicimos pruebas con estas variedades que son resistentes. Nosotros no tenemos inconveniente en dejar los fitosanitarios, entre otras cosas porque nos cuestan dinero, que son productos caros y cuando eliminan uno los que quedan duplican el precio”, dice. Además, se queja: “me vienen a hacer las inspecciones de fitosanitarios y me tratan como a un delincuente cuando no lo soy”. “Mis hijos comen de lo que produzco en la explotación y no estoy loco como para envenenarlos”, argumenta contundente. Digitalización Hortícolas Javier Miranda lleva tiempo trabajando con aplicaciones del tipo de cuaderno de explotación, que les permiten tener datos individualizados de producción y tratamientos en cada parcela, pero augura mayores dificultades en otras explotaciones. “La media de edad es muy alta y digitalizar con 60 años es muy difícil. A mí me mandan poner una aplicación en el móvil y me adapto, pero hay mucha otra gente que no. Hay gente mayor que está tirando hasta la jubilación y que es más reacia a los cambios", dice.
Tenemos que convivir los distintos modelos y no se puede exigir lo mismo a todo el mundo, las normas hay que adaptarlas y modularlas
“Las pequeñas explotaciones son necesarias”, dice. “Para mí tiene el mismo mérito un productor pequeño que vende en el mercado en Ribadeo que nosotros que hacemos 40 toneladas de pimiento para una gran superficie. Yo quiero concienciar de que todos somos necesarios porque todos hacemos una función. En Pedrafita no va a haber una explotación de huerta 200 hectáreas pero sí una de 30 o 40 vacas que cuide el paisaje”, compara. “Hay viabilidad para todos los modelos; no todos tenemos por que ser ecológicos y hacer venta directa, porque no todos los bolsillos pueden pagar lo ecológico igual que no toda la gente quiere comer lo industrial. La Administración quiere que también vendamos, pero es imposible saber de todo y hacerlo todo bien. No todas las granjas de Galicia van a ser ahora Xanceda. Nosotros los productores tenemos que estar preocupados en producir y en hacerlo con garantías y de manera eficiente”, defiende. Apostar por el cultivo de huerta en Galicia Javier considera necesario diversificar las producciones agroganaderas en Galicia y apuesta por adaptar la producción de huerta y los cultivos que se plantan a las condiciones climatológicas, que están cambiando . “Por ejemplo, la calabaza cacahuete aquí no tenía una producción elevada pero se da bien, y hay variedades de pimiento que aguantan mejor la sequía porque enraízan mejor”, indica. Para que Galicia se pueda convertir en una potencia en producción de huerta, igual que ya lo es en vacuno de leche o de carne, dice, sería interesante “hacer pozos y empezar a regar en Galicia, pero alguien nos tiene que decir cómo hay que hacer eso”, reclama. “Debería ser posible regar una finca al lado del río Miño con tubería de goteo, que gasta muy poca agua, pero muchas veces dejas de hacer cosas por no entrar en la pelea con la Administración, por ejemplo con los permisos y las concesiones”, indica. Formación y asesoramiento público Javier reclama que la labor de asesoramiento no debe quedar solo en las manos de las casas comerciales o en la contratación de técnicos privados por parte de las explotaciones, sino que debe corresponder a la propia Administración.
En las oficinas agrarias tenían que estar los mejores ingenieros agrónomos del país y no unos funcionarios envueltos en cuatro papeles que solo quieren fiscalizarte
“Yo voy a la Oficina Agraria Comarcal y veo funcionarios envueltos con cuatro papeles que están únicamente para fiscalizar lo que hacemos y que te transmiten dejadez en vez de animarte, cuando en las oficinas agrarias tenían que estar los mejores ingenieros agrónomos del país”, pide. Porque “no se hace un agricultor o un ganadero de un día para otro”, afirma, “es necesario apoyo y formación” y también “hacer atractivo el sector para que la gente se quede en esto”, dice. Pero en vez de eso, asegura, “están cargando la Administración de inspecciones, cuando las Administración está para informar, no para sancionar, pero aquí a los productores nadie nos informa”, denuncia.
Manuel Legaspi, ganadero de leche de A Pastoriza

“Me parece perfecto que controlen los antibióticos, pero no es lógico que no nos dejen poner un bote de calcio a una vaca que lo necesita”

Manuel Legaspi es uno de los socios de la SAT Os Foros, en la parroquia de Álvare, en A Pastoriza. Están ordeñando en este momento 260 vacas y trabajan 120 hectáreas de terreno para cultivos forrajeros. Para él lo peor es “la burocracia y el papeleo que hay que llevar”. “Lo de ser nosotros nuestros propios inspectores andando por las fincas sacando fotos georreferenciadas fue una idea fantástica, como no tenemos otra cosa que hacer”, ejemplifica. A partir de este mes de mayo las ganaderías que tengan más de 5 vacas deberán designar un veterinario de explotación que haga el control y seguimiento de la granja, elabore informes trimestrales de consumo de antibióticos y notifique a la Administración cualquier incidencia en materia de bioseguridad o bienestar animal.
El veterinario de explotación no sé hasta que punto es viable para muchas ganaderías
SAT Os Foros cuenta con una persona con formación veterinaria en la propia explotación, por lo que cumplir con esta nueva normativa no les va a suponer mayor problema más allá de una mayor dedicación de tiempo a cumplimentar la documentación requerida, pero Manuel reconoce que “el veterinario de explotación no sé hasta que punto es viable en muchas ganaderías, más aún con la falta de veterinarios que hay en el sector”, asegura. Considera que se está llevando a las granjas hacia un control excesivo y sin sentido. “Me parece perfecto que quieran controlar los antibióticos, eso nos parece lógico a todos, pero ahora los ganaderos no podemos ni poner un bote de calcio o de suero a una vaca que lo necesita y esas cosas sí que son absurdas”, opina. Tener en cuenta las singularidades Para la aprobación y aplicación de cualquier tipo de normativa, Manuel considera que se deberían tener en cuenta las diferencias existentes entre granjas y las peculiaridades de los distintos territorios. “Debería adaptarse la normativa, la cornisa cantábrica no es igual que Castilla; hay muchas singularidades que hay que tener en cuenta”, dice. En el caso del Real Decreto de Nutrición Sostenible de Suelos Agrarios, SAT Os Foros entra dentro de las excepciones que permite la norma. “Tenemos la mayoría de las fincas con pendiente, casi todas superan el 10% y si ya le cuesta al tractor llevar la cisterna sola con su propio peso, ya no digamos si le metes más peso detrás con los inyectores”, argumenta.
Si quieren que produzcamos sin fitosanitarios el consumidor tendrá que pagar más por los productos
“No es entendible que a nosotros nos pongan estos requisitos en fitosanitarios o purines y se traigan productos de terceros países sin la más mínima exigencia. Si quieren que produzcamos sin abonos y fitosanitarios habrá que pagar lo que cuesta ese producto, pero la gente va al supermercado y compra el producto de fuera porque vale 5 céntimos más barato”, opina. En materia de fitosanitarios, Manuel asegura que las explotaciones lecheras hoy en día hacen un uso responsable y “de momento estamos cubiertos con lo que tenemos para cultivos como el maíz”. “Nosotros disponemos de una sulfatadora con GPS y con corte de tramos y echamos lo menos posible, aplicamos solo lo necesario. Eso ha cambiado muchísimo en los últimos años. Antes la gente pensaba que era mejor echar más dosis, pero eso ha ido evolucionando para bien”, dice. Medio ambiente vs producción de alimentos Para cumplir con el ecorregimen de rotación de cultivos con especies mejorantes de la PAC este año sembraron 15 hectáreas de soja mezclada con avena y Manuel critica la obligación, aunque en suspenso este año tras las protestas de agricultores y ganaderos en distintos países europeos, de tener que dejar sin labrar el 4% de la superficie de cultivo de la explotación.
Como no haya ganaderías sí que va a haber zarzas y biodiversidad cuanta quieran
“Es muy curioso que antes tenías que tener las fincas limpias y ahora te obliguen a dejarlas a matorral para criar insectos. Pues como no haya ganaderías sí que va a haber zarzas y biodiversidad”, asegura. “En este momento ya llega a haber un adoctrinamiento de la gente joven para meterles el ecologismo y el veganismo y eso crea una mala imagen nuestra; dicen que somos contaminantes cuando desconocen completamente la realidad de las ganaderías”, se queja. “Mucha gente piensa que las subvenciones que vienen de Europa son para hacer ricos a los ganaderos, pero si eso fuese así no cerrarían granjas todos los días. La demostración de que algo no está funcionando bien es que la gente se marcha del campo”, concluye.
Andrés Fernández, ganadero de carne de A Fonsagrada

“Todo son trabas, burocracia y zancadillas para los que queremos trabajar”

Andrés Fernández es un joven ganadero que se incorporó en el año 2009 a la explotación familiar, situada en la parroquia de Veiga de Logares, en A Fonsagrada. Desde entonces ha profesionalizado la granja, dedicada a la producción de carne de vacuno, y duplicado el número de animales hasta tener hoy 600 cabezas totales, contando las 200 reproductoras y los 250 terneros que tiene en el cebadero. La ganadería la atienden Andrés y su padre y él destaca el valor de una explotación como la suya a la hora de fijar población en el rural y cuidar el territorio. “Estamos asentados aquí con la familia y hacemos una labor medioambiental muy grande, pero todo son trabas, burocracia y zancadillas para los que queremos trabajar y seguir progresando”, se queja. Andrés llevaba más de 5 años sin echar ningún tipo de abono químico en las 140 hectáreas en las que hace pastoreo, así que el año pasado decidió pasarse a ecológico. Pero acabó por ser uno de los damnificados cuando la Xunta se negó a ampliar el presupuesto para dar cobertura al incremento de solicitudes.
Me pasé a ecológico el año pasado y me denegaron la ayuda de la PAC, perdí más de 50.000 euros
“Me denegaron la ayuda el año pasado. Perdí más de 50.000 euros, entre las agroambientales, las de ecológico y las obras de adaptación de las naves para la conversión. Para nosotros fue un palo brutal, tanto económicamente como moralmente, porque estás trabajando y ves que en vez de ayudarte lo que hacen es perjudicarte”, lamenta. Escasa rentabilidad A pesar de aquel “palo”, Andrés sigue manteniendo las vacas y los prados en producción ecológica, aunque los terneros que comercializa, al meterlos después del destete al cebadero, los vende como Ternera Gallega convencional. La diferencia en el precio de venta de la carne es pequeña, dice, porque “no hay salida para la carne ecológica y se vende casi a precio de convencional”, explica. Está cobrando a unos 6€ el kilo, por debajo de los costes de producción. Asegura que el estudio que ha hecho la Fundación Juana de Vega “está incompleto” porque no contempla todos los gastos, entre ellos los del alquiler o la compra de tierras, “que suponen un gasto elevado en las zonas donde la superficie agraria es escasa”, dice, y reclama “que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria”, que impide la venta a pérdidas, y la firma de contratos “que no sean un simple paripé”.
Tener tu vida colgada de un hilo de Europa con la inversión que hemos hecho es bastante deprimente
“Si no fuese por la PAC mi explotación sería inviable; es triste decirlo, trabajando lo que trabajamos, pero es así”, lamenta. Por eso, dice, “tener tu vida colgada de un hilo de Europa con la inversión que hemos hecho es bastante deprimente, porque aunque cumplas con todo lo que te piden igual no te la pagan, como pasó en el año 2022”, recuerda. Pero añade que “sin la PAC los terneros tendrían que valer al doble de lo que se pagan hoy y a ver a qué precio llegaría esa carne al consumidor y qué consumidor podría pagarla y comer ternera”, se pregunta. Nuevos recortes de ayudas de la PAC Teme que el próximo “recorte” en las ayudas de la PAC sea la línea para zonas con limitaciones naturales (las conocidas cómo ZLN). “En el año 2025 van a desaparecer porque son dinero que sale del período anterior y supone una rebaja más en lo que cobramos; en una explotación como la mía son 13.000€”, detalla. Otro de los aspectos de la PAC actual para el período 2023-2027 con el que no está de acuerdo es con la llamada “degresividad”, que hace que a partir de las 60 primeras hectáreas el cobro por superficie se reduzca considerablemente. “Pero a mí me cuesta lo mismo trabajar la hectárea 1 que la 80, me cuesta lo mismo alquilarla y me produce lo mismo, no hay diferencia”, argumenta.
Hacemos una labor medioambiental muy grande que después no quieren pagar
En relación al lobo, al estar en ecológico Andrés no tiene derecho a cobrar la prima por convivencia con grandes carnívoros, “como si el lobo escogiese qué comer”. Hace un manejo preventivo para reducir el riesgo de ataques, como por ejemplo concentrar los partos de todas las vacas en los meses de marzo y abril “para hacer la paridera en los sitios más protegidos, donde tengo las fincas cerradas con malla electrificada”, explica. “Ataques he tenido alguno, pero nunca he dado parte, por no pelear con el guardia de turno, porque o hay evidencias muy claras de que ha sido el lobo o sino te dan para atrás; muchas veces no llegan dispuestos a razonar”, dice. “Si la sociedad quiere que haya lobo, los daños a los ganaderos tienen que pagarse, incluido el lucro cesante. Porque a ti te matan por ejemplo una oveja y te dan 50 euros pero esa oveja iba a dar 2 corderos”, razona. “Nosotros deberíamos estar en las mesas de negociación donde se deciden estas cosas que nos afectan”, concluye.
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