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El Sindicato Labrego Galego denuncia que durante el mes de septiembre, la Tesorería General de la Seguridad Social estuvo mandando unas cartas a personas trabajadoras en la actividad agraria por cuenta propia reclamándoles cantidades de dinero correspondientes a cuotas de cotización de diferentes períodos entre los años 2019 y el 2021, en lo que estuvieron de baja durante más de 60 días. El pasado viernes 29 de septiembre, la Seguridad Social hizo el cargo de estas cuotas en las cuentas de las personas trabajadoras.
Sin embargo, las cotizaciones que le reclaman ahora fueron pagadas en su momento por las mutuas, que tenían el deber de hacerse cargo de ellas en virtud de la modificación que se hizo en su día del artículo 308.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que establecía que las mutuas se harían cargo de las cotizaciones de las personas trabajadoras por cuenta propia a partir del día 60 de incapacidad temporal.
Por parte del Sindicato Labrador Gallego-Comisiones Labradoras (SLG-CCLL) aseguran que ya están trabajando para reclamar contra las mutuas y la Tesorería General de la Seguridad Social para que sean las mutuas las que se hagan cargo de estas cotizaciones.
Aunque el texto de la Ley mencionaba que se harían cargo de esta cobertura “con cargo a las cuotas por cese de actividad”, la redacción del mismo no vincula el derecho con la cotización por cese de actividad. Sin embargo, tanto las mutuas como la Tesorería General de la Seguridad Social obviaron esta interpretación y están reclamándole diferentes cantidades de dinero a las labradoras y labradores que no tenían esta cobertura y estuvieron de baja más de dos meses entre lo 2019 y el 2021. La actual redacción del texto legal se hizo más clara a partir del año 2022 y ahora le da cobertura a todas las personas trabajadoras aunque no estén cotizando con pleno derecho la cese por actividad.
De hecho, a pesar de que en el período entre 2019 y 2021 existen diferentes interpretaciones, en una resolución publicada en el año 2022 por el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Xustiza de Asturias, falla a favor de la persona trabajadora y en contra de la mutua, determinando que debe ser esta última la que tiene que hacerse cargo de las cotizaciones a partir del día 60 de una incapacidad temporal en todos los casos, con independencia de tener o no la cobertura de cese de actividad. «Por tanto, es totalmente improcedente que tanto las mutuas como la Tesorería General de la Seguridad Social carguen sobre las labradoras y labradores las cotizaciones de las que ya se habían hecho cargo en su día, optando tanto la Administración como las propias mutuas por una interpretación de la normativa a su favor y en la contra de las personas trabajadoras», advirten.
El SLG-CCLL reclamará las cuotas de la SS cobradas a las personas labradoras que estuvieron de baja más de 60 días en una resolución publicada en el año 2022 por el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Xustiza de Asturias, falla a favor de la persona trabajadora y en contra de la mutua, determinando que debe ser esta última la que tiene que hacerse cargo de las cotizaciones a partir del día 60 de una incapacidad temporal en todos los casos, con independencia de tener o no la cobertura de cese de actividad.
Esta situación de indefensión se ve agravada por el deber de relacionarse de forma telemática con la Seguridad Social, que le impide a las personas acudir a las oficinas de forma presencial para recibir información sobre su situación o realizar cualquier trámite, como aplazamientos o reclamaciones. Además de dificultar su relación que administración pública, la exclusión del derecho a ser atendidas presencialmente implica que muchas de las personas trabajadoras autónomas se vean obligadas a recurrir a servicios externos con coste económico para poder hacer estos trámites, lo que en la práctica supone una privatización más de un servicio público.
Junto a la paralización del cobro de cuotas y el reintegro inmediato de las ya cobradas, por parte del Sindicato Labrego Galego demandan que se recupere de manera inmediata la atención presencial en todos los trámites realizados por la Administración pública, y condenan «la discriminación y graves perjuicios que para la ciudadanía en su conjunto está suponiendo la imposición excluyente del actual modelo de digitalización».
