Español
Hasta el 30% de los viticultores gallegos inspeccionados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) vendieron la uva en esta vendimia sin contrato, un porcentaje superior a la media española, que se situó en el 20% de incumplimientos.
Así lo puso de manifiesto José Miguel Herrero, director de la AICA, en la “Jornada sobre la relación bodega-viticultores con la Ley de la Cadena Alimentaria”, organizada por el sindicato Unións Agrarias y que se celebró ayer en la ciudad de Ourense.
José Antonio Herrero recordó que desde el año 2014 la Ley de la Cadena Alimentaria obliga a que las compra-ventas de uva en el sector vitivinícola superiores a 2.500 euros tengan un contrato por escrito, firmado antes de la entrega, con un precio determinado y que la bodega pague al viticultor, como norma general, en un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la última entrega de uva a la bodega. Se establece una excepción para las bodegas cooperativas en relación con sus socios.
En este sentido, el director de la AICA indicó que “hemos hecho en toda España 425 requerimientos a viticultores de forma proporcional al volumen de uva comercializada por cada zona vitícola y en Galicia se han hecho inspecciones en las principales zonas productoras, sobre todo en Rías Baixas y también en el resto de Denominaciones de Origen”.
El resultado, según José Miguel Herrero es que “entre un 25 y un 30% de los viticultores inspeccionados en Galicia no nos han entregado los contratos, por lo que vamos a visitar esas bodegas para comprobar si han incumplido o no la ley”. En el caso de España los incumplimientos en contratos con viticultores rondan el 20%.
Solamente se podrá pagar a 60 días en las Denominaciones de Origen en las que los Consejos Reguladores tengan validación de cosecha
En cuanto a los plazos de pago, el director de la AICA advirtió que “solamente aquellos Consejos Reguladores que tengan en sus pliegos de condiciones la posibilidad de validación de cosecha pueden hacer el doble pago”. El doble plago consiste en un pago base a 30 días desde la última entrega de cada viticultor, y un pago adicional, que es un plus, cuando el Consejo Regulador valida esa uva y la califica, la ampara, dentro de la Denominación de Origen. Desde el momento que se le comunica al viticultor que la uva ha sido amparada o descalificada la bodega tiene un plazo de 30 días para pagarle ese plus.
“Si el Consejo Regulador no tiene la validación de uva en sus pliegos, las bodegas tendrían que pagar las uvas a 30 días desde la última entrega de cada viticultor”, advirtió José Miguel Herrero.
“En febrero empezarán las inspecciones a las bodegas para comprobar que cumplieron los plazos de pago a viticultores”
“De momento, el Consejo Regulador de Rías Baixas nos realizó una consulta y sé que tienen esta posibilidad en sus pliegos, en el resto de los consejos reguladores gallegos no se si lo tienen”, añadió.
Además, Herrero anunció que durante los meses de febrero y marzo la AICA empezará a realizar inspecciones, algunas de ellas sorpresa, en las bodegas para comprobar que cumplieron los plazos de pago con los viticultores.
Sanciones por incumplimiento de las obligaciones de contratos y de plazos de pago
En cuanto al sistema de penalizaciones, el director de la AICA explicó en su ponencia que las sanciones son de 3.000 euros para la ausencia de contrato o las modificaciones unilaterales y de 3.001 a 100.000 euros para los incumplimientos de los plazos de pago. “Pero hay que tener en cuenta que las sanciones se multiplican en función de los contratos que no se han hecho o de las facturas que no se han pagado en plazo, por lo que si una bodega no firmó un contrato con 4 viticultores tendrá que multiplicar la sanción de 3.000 euros por cuatro”, subrayó.
Los representantes de los consejos reguladores critican que “se creó un problema donde no lo había”
La aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria en el sector del vino fue analizada posteriormente en una mesa redonda en la que participaron, además del director de la AICA, la presidenta del Consello Regulador da la D.O. Monterrei, Asunción Rodríguez Zarraquiños; el vicepresidente del Consello Regulador de la D.O. Ribeiro, José Felicísimo Pereira Freijido, y el secretario de Agricultura de Unións Agrarias, José Ramón González.
Presidenta de la DO Monterrei: “Hay bodegas que tienen problemas para cumplir con los nuevos plazos de pago”
En este sentido, la presidenta de la D.O. Monterrei fue especialmente crítica con la ley “por no tener en cuenta las distintas realidades”, sobre todo en el plazo de pago de la uva. “Antes en Monterrei no había problema en el plazo de pago de la uva y ahora si hay algunas bodegas que no pueden afrontar los pagos en ese plazo”, aseguró.
En la misma línea se pronunció el representante de la D.O. Ribeiro. José Felicísimo Pereira reconoció que “el viticultor es la parte más débil pero habría que ver también la situación de las bodegas, porque pagar a 60 días puede ser un plazo muy corto para algunas”. “Lo aconsejable -subrayó- sería que no se dilatasen los pagos de la UVA hasta el verano y llegar a acuerdos con soluciones viables para viticultores y bodegas”.
José Miguel Herrero: “Es una revolución en el sector, pero era necesario acabar con malas prácticas muy antiguas”
A este respecto, el director de la AICA recordó que “la ley de la Cadena Alimentaria prohíbe acuerdos entre las partes para ampliar los plazos de pago”. “Somos conscientes de que es una revolución en el sector, pero era necesario acabar con malas prácticas que llevaban muchos años presentes”, subrayó.
En este sentido, aseguró que “en la Agencia tenemos las puertas abiertas para resolver todo tipo de dudas y estamos dispuestos a ayudar y a asesorar a bodegas y viticultores en cuanto a modelos de contratos”.
José Ramón González (UUAA): “Lo que falta es determinar los costes de producción de la uva en cada DO”
Participantes en la mesa redonda
Por último, el secretario de Agricultura de Unións Agrarias, José Ramón González, advirtió de que “lo que nos falta es determinar unos índices de referencia objetivos, verificables y no manipulables para determinar cuanto nos cuesta producir la uva”.
En este sentido, defendió “la negociación de los contratos de forma colectiva por denominación de origen, y aunque no fijemos un precio, porque la ley lo prohíbe, si que podemos hablar de costes de producción y luego negociar con las bodegas el margen de beneficio”.
