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El Consello da Xunta avanzó esta semana las líneas del mercado voluntario de carbono que quiere crear el Gobierno autonómico en 2024. El sistema consistirá en una plataforma en la que se podrán registrar proyectos que garanticen un secuestro adicional de carbono de la atmósfera. El objetivo es que comunidades de montes, silvicultores, ganaderos e incluso constructores puedan vender esas toneladas de carbono en un mercado voluntario. Los compradores del carbono serán principalmente empresas y entidades que quieran compensar su huella de carbono de manera voluntaria.
El centro del sistema se enfoca a iniciativas forestales basadas en una silvicultura que garantice un secuestro adicional de carbono, principalmente montes ordenados sujetos a podas y claras. Una segunda línea serán proyectos de agricultura y ganadería regenerativa que demuestren un secuestro de carbono adicional, en comparación con las explotaciones convencionales.
Es decir, en ambos casos, las toneladas que se podrán comercializar en el mercado voluntario no serán todas las que capten de la atmósfera árboles y cultivos, sino solo las adicionales, las que el sistema pueda certificar que se capturaron a mayores, en función de prácticas silvícolas o agrícolas beneficiosas para el clima. En cualquier caso, la normativa del sistema está aún sin concretar.
Construcción en madera estructural
El mercado voluntario de carbono que promueve la Xunta se anuncia con una tercera pata, ya no para premiar la captura adicional de carbono de la atmósfera, sino el almacenamiento a largo plazo del carbono capturado. Es el caso de los edificios que se construyan en madera estructural, que podrán comprometer una permanencia prolongada de ese carbono fuera de la atmósfera, superior al ciclo natural que tendrían los árboles en monte o a esa misma madera en otros usos.
La posibilidad de que las promotoras inmobiliarias pongan en el mercado créditos de carbono de los edificios con madera estructural (CLT, madera laminada) sería una manera de incentivarlas a cambiar los materiales tradicionales (ladrillo, hormigón, cemento, acero) por la madera. Por cada tonelada de madera estructural en construcción, en sustitución de hormigón y cemento, se calcula que se reduce en 4 toneladas de CO2 equivalente la huella climática del edificio.
La introducción de los edificios en madera en el mercado de carbono permitiría además compensar parte de los sobrecostos que enfrentan promotores y compradores, en comparación con los edificios en materiales tradicionales. La idea de un mercado voluntario de carbono con proyectos de construcción ya está en marcha en otros países europeos, como los escandinavos, donde según la Xunta, la tonelada de carbono procedente de los edificios se comercializa a alrededor de 26 euros / tonelada.
Conviene recordar que la Administración autonómica anunció recientemente que a partir del 2024, por lo menos un 20% de los edificios públicos se harán en madera, una tendencia que se espera que se extienda a la iniciativa privada.
Créditos estándar y eco
Tras el Consello de la Xunta de ayer, el presidente, Alfonso Rueda, explicó que la idea del mercado voluntario de carbono de Galicia es que haya dos tipos de crédito, los estándar, que contabilizarán solo las toneladas de carbono equivalentes reducidas, y los eco, que identificarán a los proyectos que generen otros beneficios ambientales, como la conservación de la biodiversidad o la prevención de fuegos. El objetivo es que este último tipo de créditos alcance más valor en el mercado.
Como referencia, los créditos de carbono agrícolas y forestales en los mercados europeos rondan los 20 euros por tonelada, si bien en Galicia los proyectos ya en marcha, en base al Registro de absorción de CO2 del Ministerio de Transición Ecológica, suelen moverse en cifras superiores, en el entorno de los 25 euros por hectárea.
La iniciativa de la Xunta se presenta cómo una alternativa al Registro de Absorciones de CO2 del Ministerio de Transición Ecológica
En Galicia, hasta ahora los proyectos que podían comercializar carbono eran sólo los que se inscribían en el Registro de Absorciones de CO2 del Ministerio de Transición Ecológica, que admite dos tipos de iniciativas: la restauración de montes afectadas por incendios forestales y la forestación de superficies que estuvieran desarboladas desde 1989.
El Registro, que nació en el 2014, tuvo unos primeros años con escasos proyectos, pero en los dos últimos años fueron más de un centenar las iniciativas gallegas que se inscribieron, la mayoría de montes forestados con pinos, acompañados de franjas de frondosas caducifolias.
A diferencia del mercado propuesto por la Xunta, los proyectos inscritos en el Ministerio computan todo el carbono absorbido de la atmósfera. Si se tiene en cuenta que cada hectárea de pinos puede capturar durante su ciclo hasta 250 – 300 toneladas de CO2, los beneficios para las comunidades de montes y silvicultores eran claros.
La pega del Registro del Ministerio es que los proyectos que tienen cabida son muy limitados. Con todo, durante los últimos años se sucedieron los acuerdos de compra venta de créditos voluntarios de carbono, protagonizados por una parte por comunidades de montes, y por otra por empresas que querían compensar su huella.
En paralelo, también surgió un mercado de empresas intermediarias de esos créditos, si bien la Xunta trató de regular la cuestión para evitar prácticas especulativas que perjudicaran a los propietarios forestales.
